“Y por casa, ¿cómo andamos?”

Por Alessandra Minnicelli.

Ya sabemos todos, por informes institucionales, por acciones judiciales, por distintos medios académicos, políticos y periodístico y escuchamos de boca de nuestros gobernantes que el prestamos tomado ilegalmente con el FMI por el gobierno Macrista y prestado ilegalmente por el FMI, forzando, alterando o violando sus estatutos, y nuestras normas de administración financiera, nunca entro al país, nunca se aplicó para nuestro desarrollo productivo, nunca tuvo como objetivo la mejora de nuestra calidad de vida. Simplemente SE FUGÓ, lo fugaron unos pocos, amigos, aliados, socios económicos o políticos de Mauricio Macri, contratistas y prestadores de servicios públicos de nuestro país, etc etc etc.

Si buscamos una caracterización a estos delitos, diríamos que se tratan de delitos complejos, no podrían mirarse nunca como persecución, encarcelamiento a armado de causas a opositores políticos o a un proyecto político, como ocurre con las causas del lawfare que hemos tratado en otros arts. de este espacio de identidad colectiva. No, Nada de eso, esto se trata de delitos de criminalidad económica donde el tema no se resuelve solamente “encarcelando al autor de la conducta ilícita”, y no se resuelve por varios motivos, entre ellos porque el actual sistema de administración de justicia en nuestro país, no muestra signos de responder respeto a la persecución de delitos complejos, y tampoco ha mostrado eficacia, capacidad o voluntad de llegar a las cabezas de las organizaciones criminales. Desconozco los motivos, tampoco quien controla a los controladores nos aporta razones. 

Lo cierto es que no imagino posibilidad de condenas para la criminalidad económica cometida en la toma y destino de la deuda actual con el FMI, a menos que la actuación sea conjunta entre los tres poderes del Estado con medidas orientadas a reparar el perjuicio producido a todos los argentinos.   

Nunca hay una única forma de pensar o resolver las cosas y parece haber una tendencia a “olvidar” algunas herramientas jurídicas creadas por el propio PEN, en el año 2019, como lo son el decomiso y la extinción de dominio, que como herramientas jurídicas distan muchos de resguardar garantías individuales, pero como herramientas políticas, nos dan muchas garantías a los argentinos cuando el fenómeno de criminalidad económica, asume las características que vengo señalando. 

Es para esto -y seguramente sin pensar en esto-  que se idearon. No tengo dudas, que el recupero de activos es una herramienta de política criminal, vigente, – y visionaria por parte del Presidente Macri – diseñadas durante su gobierno para perseguir opositores políticos que hoy puede aplicarse para contrarrestar sus delitos de criminalidad económica. 

Si pensamos que su principal función es impedir que los bienes ilícitos sean fugados a paraísos fiscales, o reinvertidos en mercados prohibidos o incorporados a la economía formal, si pensamos que hoy resulta necesario que nuestro País implemente urgentes políticas para actuar sobre esta clase de bienes – a mi criterio arbitraria  – la normativa sobre extinción de dominio, puede ser la punta del ovillo para el inicio de la lucha contra la delincuencia económica organizada que ha fugado divisas del País, además de las provenientes del Préstamos del FMI porque tiene los tres vectores: decomiso, blanqueo de capitales y recuperación de activos y, porque además , es la forma de resarcir al pueblo argentino en su retroceso productivo , en la pobreza actual, en el saqueo a sus recursos , y en forma secundaria  combatir el beneficio económico que genera ese tipo de actividad delictiva ya que el poder económico en nuestro País ostenta blindaje, protección e inmunidad desde todos los ángulos y en toda la cancha.

Los fugadores son siempre los mismos, tienen nombre y apellido y si no son contratistas o proveedores del Estado, son prestadores de servicios públicos y “algunos muchos” de ellos también son “delatores premiados” o “extorsionados para declarar contra los K” y tienen cuantiosas sumas de dinero depositadas en cuentas en el exterior.   

Hay respuestas normativas, institucionales y políticas para enfrentar desde el Estado Argentino estos fenómenos de delincuencia organizada y coordinada, hay soluciones y políticas que implementar y herramientas que el aparato institucional – bien, mal o regular – ha dado para enfrentarlo y que no pueden ser de aplicación selectiva y con distinta vara. Para esto no necesitamos ayuda del FMI, solo necesitamos convicción y decisión política y no dejarla tirada en ninguna puerta.