Volver al origen… o no tener destino

Por Maximiliano Rusconi.

Uno de los principales legados políticos e institucionales que ha dejado Néstor Kirchner en los comienzos de su gobierno, ha sido la metodología y los nombres elegidos para integrar la Corte Suprema cuando el máximo tribunal atravesaba una gran crisis de legitimidad -que no le llegaba a los talones del desastre actual-.

La justicia atraviesa una enorme crisis que no desconoce ninguna dimensión posible en esa debacle: se trata de una crisis moral, operativa, de credibilidad, de empatía social y funcional. 

Los jueces desconocen las propias normas que ellos deben aplicar como máxima autoridad republicana. 

Las resoluciones se demoran por décadas, incluso cuando en el origen y en el trayecto hay tragedias que se pretende que sean desdibujadas en el oscurantismo de una burocracia vergonzosa.

Son pocos los funcionarios que están dispuestos a exponerse a la injusta crítica mediática con valentía y casi no se recuerdan casos de trascendencia (aquellos frente a los que la comunidad espera ansiosa una versión real y creíble de los hechos) en los cuales la decisión judicial ponga fin al debate social y comunitario.

Es raro que, en el “mundo judicial”, se escuche decir que fulano o mengano fueron designados jueces o fiscales y ellos se lo merecían: normalmente la conversación deriva en la descripción del árbol de genealogía social, política, económica o de cualquier índole que explicaría ese desembarco. 

Muchas de las sentencias más trascendentes no superarían con éxito el examen más banal de seriedad jurídica.

El sistema de organización judicial (empezando por el máximo tribunal) no responde a ningún parámetro de la ciencia de la organización que pueda ser defendible. El mismo mounstruo ineficaz del siglo pasado sólo fue agrandado en cantidad de ejecutantes, pero ni siquiera ello se lo ha hecho con criterio. 

Hace dos años la Corte Suprema de Justicia, en defensa “propia” y para evitar la necesaria reforma difundió que en el año 2018 dictó 6814 sentencias y resolvió 7843 causas. 

Un simple chequeo del calendario nos brinda el dato de que en el año 2018 hubo 247 días laborables. Si a esos días les quitamos los felices días de las ferias judiciales de Enero y Julio, el número de jornadas en las que los magistrados de la Corte se han trasladado con sus choferes a los respectivos despachos para cumplir con su función se acerca a 200 días. Ello significa que la Corte ha resuelto cerca de 34 casos por día. En ellos tuvo que leer un importante número de páginas de antecedentes, analizar el problema que se definía en el proceso que atravesaba la máxima instancia, desarrollar una propuesta de solución, debatirla entre todos los miembros del eficiente tribunal y si no hubo consenso desarrollar los votos particulares. 

¿Ello puede hacerlo una Corte de esta cantidad de miembros?

Con todo respeto debo decir que hay dos opciones, o los jueces de la Corte son trabajadores heroicos o los argentinos que creemos en ese relato somos estúpidos. Perdón, casi me olvidaba, en verdad hay una tercera opción: que las decisiones sean un desastre jurídico o que estén realizadas por funcionarios o empleados que serán muy buenos, pero no han sido elegidos para integrar el máximo tribunal.

Como en política económica, sanitaria, educacional, aquí en la administración de la justicia de nuestro país pasa algo parecido: debemos elegir el mejor modelo de organización y los mejores hombres y mujeres para poder cumplir con ese nivel de responsabilidad.

Si cuando se ocupan sitios para decidir sobre la cosa pública no hacemos lo que hay que hacer, entonces debemos revisar nuestro derecho a pedir la confianza del pueblo. Pero ahora ya es tarde, sólo queda cumplir con el deber.