Vicentín y las cacerolas porteñas: ¿Síndrome de Estocolmo o discapacidad comunicacional del gobierno?

Por Juan Valerdi.
Muchas veces la Argentina le plantea problemas de difícil comprensión a los científicos sociales de todo el mundo. El caso Vicentin parece que será uno de esos ellos, o al menos la reacción de una parte de la «clase media» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pongo comillas en «clase media» porque probablemente una porción no menor de quienes se consideran auto encasillados en ella no sea, técnicamente, parte de ese grupo social. Al menos en base a los parámetros de quienes se dedican a usar y explotar esa división social, los publicistas y agentes de marketing al servicio de las multinacionales y grandes empresas de producción de bienes y servicios.

Los mismos científicos sociales han desarrollado «el síndrome de Estocolmo» como explicación de la simpatía e incluso apoyo que reciben los secuestradores por parte de sus secuestrados cuando hay suficiente tiempo de convivencia. ¿Podría ser este el caso para esa parte de la auto percibida clase media porteña respecto de los grupos económicos que sistemáticamente han capturado el estado para su beneficio y en contra de los intereses del 99% de la población? Mi base de formación es económica así que voy a dejarle esa opción a sociólogos, psicólogos y otros profesionales. Pero como modesto protagonista de la comunicación me pregunto si en realidad no estamos ante una demostración de discapacidad comunicacional por parte del Gobierno. Describo para mostrar mi punto algunos hechos como si fuera actos de un drama teatral o de una obra tragicómica, por el absurdo.

Muchas personas votaron por un presidente que claramente fue en contra de su bienestar durante los cuatro años de su mandato. Ese presidente le otorgó, a su mayor aportante de campaña, cientos de millones de dólares de préstamos de bancos estatales. Este grupo económico trata de evitar pagar esos préstamos, junto con las deudas de sus proveedores y miles de productores.

El presidente Alberto Fernández anuncia que va a intervenir la empresa para evitar el clásico «paga Dios» al estado y el posterior rescate obligado, seguramente, a productores y proveedores. Una parte importante de la población desconoce la mayor parte de los detalles de los manejos del grupo empresario e incluso de la historia de esos manejos en el pasado cuando el estado ya actuó en favor de ese grupo empresario para enriquecer a sus dueños a costa del resto de la población. Una parte minúscula de la auto percibida clase media porteña «cacerolea» en contra de «la llegada del comunismo y la venezuelización» y al día siguiente el presidente se reúne en la casa Rosada con el Presidente del grupo empresario en proceso de vaciamiento y objeto de la intervención. Los medios masivos de comunicación que representan los intereses del poder económico local e internacional aprovechan esta reunión para difundir una marcha atrás del Gobierno en la expropiación que aún ni siquiera fue al Congreso Nacional. En las redes sociales a esto se suma la pregunta tramposa de ¿cómo el Presidente de la Argentina dice que una empresa está siendo vaciada y a los dos días se reúne con quién se supone es el artífice principal de ese vaciamiento que la intervención intenta evitar?

Esta sucesión de eventos tuvo lugar entre el lunes y el viernes de esta semana y por eso la mayoría de los argentinos tuvimos que dejar de hablar o preocuparnos por la renegociación de la deuda externa. (La que seguramente se cerrará pronto, con «éxito», en base a un mejoramiento de la ya muy generosa oferta inicial del Gobierno).

Además, apenas es tema de charla entre la población, a pesar de su extrema gravedad, uno de los casos de espionaje interno masivos más escandalosos destapado en los últimos días.

La discusión de estos días no pasa por evaluar el comportamiento histórico de algunos grupos empresarios argentinos, que sistemáticamente se han hecho ricos en base a robarle al estado con complicidad de los funcionarios de turno. Tampoco se festeja la posibilidad de que por una vez el estado reaccione a tiempo y evitando que los ricos sean más ricos a costa de la mayoría de los argentinos. No, los temas de discusión instalados en la agenda por parte de los medios masivos son: ¿intervención del ejecutivo legal o no, comunismo sí o no, mercado o estado, empresa estatal o pública, se ahuyentan inversiones o no, caso excepcional o primer paso para la venezuelización? Y mientras el Gobierno y sus pocos comunicadores salen a responder estos dilemas tramposos la gente no conoce en lo más mínimo el fondo de lo que se está discutiendo, el impacto sobre su bienestar pasado actual y futuro del saqueo que han hecho del estado muchos grupos económicos «argentinos», como Vicentin o como el que construyó el padre del presidente Macri. Los medios masivos de comunicación y sus auspiciantes del poder económico local e internacional han logrado instalar en el «sentido común» que el mercado y las empresas privadas son siempre mejores que la intervención o gestión del estado. Y el Gobierno hoy interviene y plantea la expropiación casi como pidiendo perdón por tanto atrevimiento y aclarando que es una situación excepcional irrepetible e incluso casi temporal hasta encontrar otro actor privado eficiente y honesto que lleve por buen camino al grupo empresario hoy descarriado.

En el Congreso Nacional incluso estaremos asistiendo pronto a la puesta en escena de los «defensores de la república» que no estarán más que tratando de cuidar sus espaldas después de haberle dado, por años, cientos de millones de dólares a Vicentin, mientras recibían sus generosos aportes récord de campaña por otra ventanilla.

Y lo más increíble de esta historia es quien fue el presidente del Banco Nación que le daba esos préstamos millonarios aun cuando el grupo ya estaba incumpliendo con sus compromisos financieros con el mismo banco. Javier González Fraga fue quien, sin inmutarse, declaró públicamente que hacerle creer a la clase media que podía comprar celulares, viajar o cambiar el auto era una fantasía, una irrealidad. Lejos de cacerolear en contra de ese personaje y su jefe el presidente Macri, muchos de esos «ilusos» que creyeron esa «fantasía» Kirchnerista cacerolean para defender a un grupo de fugadores de capitales y contrabandistas de granos.

Esta situación y el desbalance mediático, así como la imposición de agenda desviada podría ser más entendible en un mundo donde el neoliberalismo está de fiesta, tiene el control y el poder bien agarrado. Pero no parece tan esperable en un mundo como el actual, pleno de confusión y disputa del poder hegemónico. Un mundo donde países como Italia y Alemania estatizan aerolíneas y donde el corazón del neoliberalismo se viste de proteccionismo y de soberanía productiva. Mucho menos puede ser aceptable en una argentina que se encamina a tener a la mitad de su población bajo la línea de pobreza. O en un país donde el estado paga parte de los sueldos de la mayoría de los grupos empresarios que han impulsado su reducción a la mínima expresión y la rebaja de impuestos como supuesta forma de impulsar la tan prometida lluvia de inversiones.

Es más fácil, parece, conseguir el apoyo de los gobernadores para negociar generosamente la deuda externa que para intervenir un grupo empresario que trata de dejar un tendal entre estado y privados.

Seguramente la intervención fue decidida y anunciada con urgencia y sin mucha preparación previa. La posibilidad inminente de que se empezara a rematar algunos activos de Vicentín a manos de algunas multinacionales y que los pasivos empezaran a perder posibilidades de cobro con seguridad fueron parte de las cuestiones que decidieron apresurar una medida acertada.

Sin embargo, el acompañamiento comunicacional de una decisión de gobierno de semejante trascendencia no puede postergarse o dejarse en manos de la voluntad de los apoyos voluntarios y descoordinados de adherentes dispersos y carentes de apoyo o de un plan comunicacional. Tratar de que, por una vez, el estado no permita el saqueo exitoso de un grupo económico y de que los responsables políticos y empresarios sean juzgados por sus actos amerita un esfuerzo comunicacional que le dé a la población la posibilidad plena de entender lo que está en juego y cómo la afecta. Hace unos días declaré en los medios que el caso Vicentin podía ser un golazo de media cancha del Gobierno o la nueva 125 que sea la semilla del fin del Gobierno actual. Entre otras cosas el resultado de ese dilema depende del esfuerzo mediático y comunicacional.

Lo ocurrido con la 125 debería ser un aprendizaje doloroso para que esta vez se le gane la pulseada a los medios masivos y su explique la profundidad del cambio que se propone. En la 125 muchos de los que cacerolearon lo hicieron esta semana, ellos no aprendieron la dolorosa lección en los cuatro años de Gobierno de alguien que representaba los intereses de los grandes exportadores, entre otros grandes.

Un presidente que les vendía a sus votantes la ilusión de que la honestidad de un privado que ya era millonario llevaría a encaminar al estado hacia el bienestar general y la eficiencia. Ahora el estado tiene la oportunidad de demostrar exactamente lo contrario de la farsa que vendió Macri a sus engañados votantes. El estado no solo puede, sino que debe intervenir exitosamente en la economía cuando el sector privado abusa de su poder para estafar a proveedores, productores y al propio estado. Esperemos que en el debate que recién se inicia y que tendrá su plenitud en el Congreso Nacional al discutir la Ley de expropiación, el Gobierno invierta los recursos humanos y económicos necesarios para comunicar a la población porqué la beneficia el cambio de actitud del estado ante un grupo empresario saqueador. El Gobierno debería hacerlo como si en eso se jugará su futuro y el de la Argentina, porque puede que así sea de algún modo.