Vicentin: Mera coincidencia

Por Gustavo Feldman.

-Hijos de puta…un avión de dos palos verdes, un yate que es un palacio flotante…y lo pagaron con nuestra soja.

-Te dije que nos iban a cagar…era raro lo que venían haciendo, era mucho lo que ofrecían.

– Lo planearon todo desde un principio, hasta los detalles, aprovecharon la relación con Macri, la juntaron y se la llevaron afuera. Por algo no está el balance del 2019; nadie quiso poner el gancho.

– ¿Y ahora?

– ¿Ahora?, nadie va a cobrar un mango. El concurso es un cuento. El juez es un cagón o está entongado con ellos. Todo abrochado hermano…

¿Sabes cómo es la propuesta?: menos de la mitad, suma congelada en pesos, sin actualización ni intereses; a diez años con un plazo de gracia de dos años más. Ojalá les decreten la quiebra…a lo mejor así se puede recuperar algo de la que se afanaron…en algún lado está la guita…

-La gruesa está afuera. Todo esto lo planearon, y lo ejecutaron. Venían estoqueando el cereal hace rato sin pagarle a nadie.

– Pero ¿quién lo planeo? El Beto sale a dar una vuelta a la manzana y se pierde, Gustavo usa mocasines porque no sabe atarse los cordones solo…

– Y, para mí, el Mono era el que marcaba la cancha.

-Tiene que haber alguien detrás, alguien que sepa de números. Todo el dibujo financiero…los enjuagues entre los socios y las distintas sociedades…la plata que fugaron a Paraguay y Uruguay. Para todo eso hace falta alguien con conocimiento y autoridad dentro de la empresa.

– Me imagino quien es, con tanto conocimiento de finanzas y economía, y con tanto poder dentro de la empresa, había uno solo.

El artículo 172 del Código Penal Argentino tipifica el delito de estafa. Para que haya estafa tiene que haber un ardid o engaño, no solo una mentira; y eso tiene que causar un perjuicio. Y dentro de las estafas o defraudaciones está el abuso de confianza, que   se produce cuando alguien aprovecha de la confianza que otro le dispensa por la particular relación o vinculación que entre ellos existe, para inferirle un daño o perjuicio personal o patrimonial, que por lo general redunda en un beneficio para el estafador o para un tercero.

En el art. 176 de nuestro código penal se tipifica lo que se conoce como insolvencia fraudulenta, que dice:

“Será reprimido, como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:

1º Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;

2º No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa;

3º Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

Y el 179, que también refiere al deudor insolvente doloso, dice:

“Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere alguno de los actos mencionados en el artículo 176.

En buen romance, y   a diferencia de lo que sucede en los delitos patrimoniales tradicionales, aquí existe un ataque hacia los propios bienes (conductas fraudulentas sobre el propio patrimonio), es decir, quien busca colocarse en una situación de insolvencia real o aparente frente a los acreedores para frustrar sus créditos.

El concepto de “fuga de capitales” refiere a la salida ilegal de fondos del territorio nacional. Es decir, la salida de fondos del país en violación al régimen legal cambiario; algunas acciones de esa naturaleza están caracterizadas como delitos penales. La ley de facto 19.359, ratificada por el Congreso argentino hace ya muchos años dice en su artículo 2:

“Las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas con:

a) Multa de hasta DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción, la primera vez;

b) Prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años en el caso de primera reincidencia o una multa de TRES (3) a DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción;

c) Prisión de UNO (1) a OCHO (8) años en el caso de segunda reincidencia y el máximo de la multa fijada en los incisos anteriores;

d) Si la multa impuesta en el caso del inciso a) no hubiese sido superior a TRES (3) veces el monto de la operación en infracción, la pena privativa de libertad a que se refiere el inciso b), será de UN (1) mes a CUATRO (4) años;

e) En todos los supuestos anteriores podrá aplicarse conjuntamente, suspensión hasta DIEZ (10) años o cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios e inhabilitación hasta DIEZ (10) años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios;

f) Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal también será sancionada de conformidad con las disposiciones de los incisos a) y e).

Si alguien percibe como real el diálogo ficticio con el que comienzan estas líneas, o encuentra alguna semejanza con lo que ocurre en la Provincia de Santa Fe por estos días; no es mera coincidencia.