Una denuncia que visibiliza la inseguridad jurídica en tiempos de Macri

Por Lía Méndez[i].

Hace pocos días se conoció la denuncia presentada   ante la justicia por la Interventora de la AFI, por espionaje ilegal   durante la gestión de Mauricio Macri.

Se encontró una carpeta conteniendo una lista con  80 mails que fueron   intervenidos “pinchados”,   pertenecientes a  dirigentes políticos mayormente  opositores , pero también se cuentan algunos oficialistas ,  periodistas e intelectuales.

A la indignación que la noticia  genera, en mi caso debo sumarle el registro particular de  encontrar mi nombre  en esa lista.

En un primer momento fue la lógica sorpresa de hallarse  entre los afectados por esa maniobra, sin embargo no  sorprende  el manejo ilegal de los resortes del  Estado que ha tenido lugar durante todo el gobierno de Cambiemos.

Debo admitir que  agradecí  enterarme  en un momento en que en nuestro país se ha restablecido la vigencia de  las garantías constitucionales.

Hemos vivido cuatro años de una democracia sin Estado de Derecho, es decir sin poder ejercer los derechos con la garantía de que en caso de ser vulnerados, el sistema de justicia actuaría desempeñando  su función primordial de restituir derechos.

Y eso,  porque a la ilegalidad de los actos realizados abusando del ejercicio de  las funciones de Estado, hay que sumarle la falta de seguridad jurídica que padecimos los ciudadanos, cuando al acudir al ámbito judicial en busca de una medida reparadora,  nos encontrábamos muchas veces con que las decisiones judiciales no se basaban en la aplicación de la ley, sino en la ejecución de las órdenes emanadas del poder político.

No voy a empezar a aclarar que había y hay jueces de  actuación impecable. La inseguridad radicaba en sentir que era una lotería, muchas veces digitada, en qué manos caería finalmente el  reclamo, a más de conocer que cuando los jueces fallaban conforme a derecho, eran perseguidos y extorsionados . Eso es INSEGURIDAD JURIDICA.

Con acciones como la que motiva esta nota, se intuye que algo empieza a ordenarse, y que la dirección de la política ordenadora es el respeto por las instituciones democráticas y por la vigencia de los derechos humanos.

Prueba de ello, es el hecho concreto que estamos comentando, donde  un organismo del Estado como la AFI  releva, ordena y descubre un funcionamiento irregular e ilegal en el organismo y,  cumpliendo procedimientos administrativos y legales  formula,  de modo preciso y riguroso la correspondiente denuncia ante el poder judicial.

Seguramente  surgirán nuevas causas referidas a maniobras ilegales, ya que hemos tenido muchas muestras del entramado mafioso del que ha participado el poder político, en connivencia con algún sector del poder judicial y del poder mediático.

Es de esperar que este nuevo camino eche luz sobre tanta oscuridad donde se ha ocultado la responsabilidad frente a la brutal   persecución a  militantes y referentes sociales y  políticos.

Desde la recuperación de la democracia esta ha sido la etapa  en que hemos sufrido el mayor saqueo de recursos y de soberanía junto al  quiebre del Estado de Derecho.

Las nuevas denuncias que   tengan curso a partir de ahora,  en ésta y otras áreas del Estado,  serán  referencia de  hacia dónde nos encaminamos, independientemente de dificultades y errores que puedan cometerse,  permitiendo  reconocer la dirección de las políticas en marcha.

Queda por delante  acometer  la tarea de una profunda transformación de las estructuras del Estado, de pensar en una nueva institucionalidad que no deje espacio para  la violencia y la impunidad.

 

[i] Dirigente política humanista. Miembro del Instituto Humanizar