Una Argentina libre de hambre es posible

Por Claudio Lozano.

La Argentina atraviesa hace 45 años una verdadera estrategia de desigualdad que comenzó con el golpe militar del ´76 e implicó una profunda reestructuración del capitalismo argentino en el marco de un proceso que combinó endeudamiento, valorización financiera, fuga de capitales y desindustrialización y efectos brutales en el mundo laboral. La consecuencia más evidente en este último plano fue la ruptura de la relación histórica entre el empleo y el acceso a ciertas cuotas de ciudadanía social que socavó la efectividad de los instrumentos tradicionales de política pública que intervenían en el mercado laboral para promover una distribución progresiva de los ingresos como el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), los salarios básicos de convenio, paritarias, entre otros.

Hoy tenemos un mercado laboral sin piso salarial, lo que desarticula el poder de negociación de los trabajadores/as y se expresa en el hecho de que, del total de los/as ocupados/as, el 34% percibe ingresos inferiores al SMVM.

En este marco la irrupción de la pandemia a partir del 2020 puso de manifiesto con mayor crudeza la vulnerabilidad que generan los altos niveles de informalidad presentes en la Argentina. La profundidad de la informalidad laboral en nuestro país se expresó en la amplitud que adquirió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que alcanzó un máximo histórico de cobertura social en edades centrales, pero no fue suficiente para cubrir efectivamente a la totalidad de la informalidad laboral llegando al 79,8% de la población con este tipo de inserciones (10.528.270 personas).

Otro elemento de la coyuntura es el carácter que tuvo la recuperación económica iniciada en la segunda mitad del 2020. A medida que se fueron relajando las restricciones sanitarias, el nivel de actividad detuvo su tendencia a la baja para verificar tasas mensuales positivas. En efecto, a fines del 2020 la actividad económica prácticamente había recuperado los niveles prepandemia. Sin embargo, el proceso de recomposición de la actividad no estuvo acompañada de una reducción sistemática de los niveles de pobreza. Concretamente, la tasa de pobreza que llegó al 47% en el momento de mayor caída de la actividad económica, el segundo trimestre del 2020 es actualmente del 45% con un nivel de actividad superior, similar al verificado en el momento previo a la pandemia. Es decir, el cuadro social no se alteró de forma significativa a pesar de la recomposición de la actividad económica.

Desde nuestro espacio político Unidad Popular, proponemos fijar un umbral de dignidad en materia de ingresos para nuestra sociedad que garantice una Argentina libre de hambre conforme a haber identificado que la intensificación de la pobreza de los últimos años tiene que ver con el fuerte crecimiento de la indigencia. Asimismo, de manera simultánea, proponemos un programa de empleo garantizado que fije un efectivo piso salarial equivalente al SMVM a través de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF).  Es decir, articular la garantía de un empleo por parte del Estado con el desarrollo de políticas públicas destinadas a la reconstrucción productiva y social de la Argentina con el objeto de fomentar la expansión de la demanda en el mercado interno para poner en marcha la utilización de la capacidad instalada ociosa y acelerar la recuperación de la actividad económica. Sobre esta base, fomentar el desarrollo de un Área de Economía Pública y Social que vaya capturando porciones crecientes del excedente económico para ir reorientando el patrón productivo de la economía argentina.

Para concretar la primera iniciativa de una Argentina libre de Hambre se propone la puesta en marcha de un Ingreso Básico Universal (IBU) de carácter universal e incondicional destinado a la población que no tenga garantizado un ingreso formalmente comprobable por el Estado. Específicamente, el programa se orienta a la población que se encuentra en edades centrales, de 18 a 65 años, que no percibe ingresos de una inserción asalariada registrada, y no está inscripto en el Régimen de Autónomos ni en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con excepción de la Categoría A que gana por debajo del SMVM y las asalariadas de casas particulares. Los monotributistas sociales se incluirán directamente en el SSEyF. También se excluye a la población de altos ingresos y/o patrimonios.

El monto transferido del IBU por persona sería equivale a una Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un adulto equivalente, que en el mes de marzo estaba en el orden de los $8.312 y sería de carácter incondicional, es decir sin la exigencia de ningún tipo de contraprestación. El diseño del el IBU destinado a las edades centrales no presenta incompatibilidad con la percepción de la AUH dentro de un mismo hogar con lo cual podría conformarse una Renta Básica Universal (RBU) para la población en situación de informalidad y desocupación desde el nacimiento hasta los 65 años.

Teniendo en cuenta las proyecciones al 2020, la población total de 18 a 65 años asciende a 26,9 millones. Si sustraemos todas aquellas categorías laborales registradas y los grupos atendidos por programas públicos (jubilaciones, PNC, planes de empleo, etc) así como también a la población de altos ingresos, resulta que la cantidad de personas en condiciones de acceder al IBU sería de 12,1 millones.

El segundo instrumento vinculados al SSEyF tiene como objetivo concretar el derecho a trabajar en un empleo, es decir a una inserción laboral. Tiene la forma de un programa de trabajo garantizado vinculado a un proceso de formación permanente de la fuerza laboral y se configura a través de un Área de Economía Popular, Social y Pública en donde el Estado, las pequeñas y medianas empresas y el sector de la economía social y solidaria funcionen de manera articulada. En esa área, las organizaciones populares de la producción y el trabajo autogestionadas deben participar activamente en el diseño, planificación y ejecución del programa.

El salario social se destina a la población en edades centrales que puedan dedicar una jornada horaria completa al programa, contemplando la opción de medias jornadas para el caso de los jóvenes en etapa de formación. La inscripción sería libre y abierta de forma permanente. En relación con los programas de empleo ya existentes, el SSEyF absorbería a los titulares actuales de planes de empleo, de formación y de capacitación al brindar mejores condiciones de ingresos (por ejemplo, Potenciar Trabajo y Progresar).

Estimar el costo fiscal de los dos instrumentos propuestos, tanto el Ingreso Básico Universal (IBU) como el Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF), implica la consideración de dos posibles escenarios. El primero es un escenario inmediato, que se basa en la puesta en marcha de una política de ingresos potente en el marco de la emergencia sanitaria que tenga como objetivo garantizar una Argentina libre de hambre. El segundo escenario consiste en proyectar una política de ingresos que, además de erradicar el hambre, pueda impulsar con mayor fuerza el desarrollo económico y social de nuestro país.

En el primer escenario, la cobertura estimada del IBU sería de 12,1 millones de personas. En términos presupuestarios, este escenario tendría un costo bruto de 3,7% del PBI. Pero si descontamos los ahorros que se llevarían a cabo por reconvertir las políticas alimentarias hoy vigentes -como la Tarjeta Alimentar- y centralizarlas en el IBU, el costo neto de dicho programa sería del 3,2% del PBI. Sin embargo, en tanto esta política impacta sobre consumo y por ende genera un proceso de autofinanciamiento por la expansión de la recaudación estimada, la inversión presupuestaria neta equivale al 2,1% del PBI.

Por su parte, el costo bruto del SSEyF bajo este primer escenario sería del 1,7% del PBI. Al ahorrar lo que se invierte actualmente en el Progresar y en el Potenciar Trabajo, y teniendo en cuenta el autofinanciamiento generado, estaríamos hablando de un costo neto del 0,8% del PBI. De este modo, el costo total de la propuesta sería del 2,8% del PBI en un escenario inmediato.

Adicionalmente, creemos que en el marco de una estrategia nacional se podrían reorientar el gasto provincial en asistencia social y los programas de empleo provinciales hacia los planes nacionales que aquí proponemos. Dado que dichos programas provinciales tienen un costo del 0,8% del PBI, el costo neto total de la política de ingresos que aquí proponemos -bajo un Escenario Inmediato- sería del 2% del PBI.

El segundo escenario para la estimación del costo fiscal tiene que ver con metas proyectadas que involucra también transformaciones en el plano productivo.  En este sentido, estimamos que ampliar el alcance del SSEyF, más allá del Potenciar Trabajo y en el Progresar, requeriría incluir a cerca de 4 millones de personas brindando una salida laboral a quienes demandan empleo, pero actualmente se desenvuelven en inserciones informales y precarias de bajos ingresos o son desocupados. Como consecuencia de la ampliación del programa de empleo garantizado, la cobertura del IBU en este escenario tendría un alcance menor y debería cubrir a 9,2 millones.

Así, el costo bruto estimado del IBU sería del 2,8%, y dado que el ahorro en políticas alimentarias sería del orden del 0,5% -y con un autofinanciamiento del 0,9% del PBI-, el costo neto del IBU ascendería a 1,5% del PBI.

En tanto el SSEyF amplía el universo de potenciales beneficiarios, el costo bruto del mismo subiría al 4% del PBI. Si a ello le restamos el ahorro que generaría unificar los planes de trabajo, formación y capacitación laboral (que suman en total 0,6% del PBI) y el impacto recaudatorio de su puesta en marcha (con un autofinanciamiento estimado de 1,3% del PBI), el costo neto del SSEyF quedaría en torno a 2,2% del PBI.

En definitiva, la puesta en marcha de una política de ingresos basada en un Ingreso Básico Universal y un Salario Social de Empleo y Formación en el Escenario Proyectado tendría un costo neto total de 2,9% del PBI. Éste resulta de sustraer al costo total de la política de ingresos propuesta (3,7% del PBI) los gastos relacionados con la asistencia social y los programas de empleo en las provincias (0,8% del PBI), que pasarían a integrarse a la estrategia nacional.      

Si consideramos, por otra parte, que la propuesta redunda en un impacto favorable en términos de demanda -condición necesaria para superar este el estancamiento actual de la economía argentina- así como en el aumento de la producción y del empleo (también del formal), es posible proyectar una reducción del costo fiscal en el mediano plazo respecto a lo que aquí estimamos. Por otra parte, este diseño de política pública para los ingresos, empleo y la producción, por su carácter universal y transformador, al tiempo que favorece las condiciones de vida de nuestro pueblo, implica una inversión en términos de productividad futura de la mano de obra en la Argentina. De este modo, resaltamos el hecho de que con tan sólo 2,9% del PBI se pueden generar 4 millones de puestos de trabajo y garantizar una Argentina Libre de Hambre.