Tragedia de once

Por Nicolás M. Moyano

(CAUSA N° 1710/2012 Alegato de la defensa del Ex Ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido. Representada por los Dres. Maximiliano A. Rusconi, Marcelo Sancinetti, H. Gabriel Palmeiro)

En el presente trabajo expresare precisamente la última etapa del Juicio Oral y Público que pude presenciar en el año 2018. En ese entonces, pude asistir a los alegatos de la defensa del ex Ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido encabezada por los Dres. Maximiliano A. Rusconi, Marcelo Alberto Sancinetti y H. Gabriel Palmeiro.

El día 22 de febrero del año 2012, a las 8:28:23 horas, el servicio 3372 de la formación, identificada con la chapa 16 del tren de la línea Sarmiento, conformada por los coches 2149, 2618, 1040, 2108, 1787, 1808, 2125 y 2160, que corrían por la vía descendente de la Estación Moreno a la de Once de Septiembre, choca contra la cabecera del andén 2 de la estación conocida como “Once”, causando la muerte de 51 personas y 1 persona por nacer.

El impacto de la formación contra la cabecera del andén 2, también causó heridas de distinta consideración a setecientas ochenta y nueve (789) personas.

Dentro de ese grupo, cuatro (4) sufrieron lesiones gravísimas, veintisiete (27) graves y setecientas cincuenta y ocho (758) leves.

Así las cosas, la defensa del Ex Ministro de Planificación Federal expreso que: “Como lo demostraremos con certeza absoluta, el motorman que conducía la formación NUNCA aplicó DE NINGÚN modo NINGÚN freno y así la formación luego de trasladarse a la deriva impactó a una velocidad de aproximadamente 26km/h.”

El día 10 de mayo de 2016 el Juzgado Criminal y Correccional Federal Numero 11 Secretaria 21 en la Causa 1710/2012 conocida como “Once” expresa la situación procesal de Silvia Emilse López, Jorge Gustavo Simenonoff y Julio Miguel De Vido.

Así, al Ex Ministro de Planificación Julio Miguel De Vido se le imputó que durante su gestión no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A, siendo que la inacción de nombrado, en función del rol que desempeñaba, como de las dependencias subordinadas, posibilitaron las circunstancias antes detalladas, siendo que la Autoridad de Aplicación del contrato de concesión suscripto con la firma de T.B.A. S.A, tenía entre sus funciones: “a) Controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario (…)g) Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones impuestas al Concesionario para la prestación de los servicios, su comercialización y el cumplimiento de los planes de inversiones y de mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento. h) Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y operativas de los servicios concedidos (…) j) Requerir información y realizar inspecciones y auditorías. k) Aplicar penalidades (…) Realizar todo otro acto que considere necesario o conveniente para el ejercicio de sus funciones…” (Artículo 6.4.2 del Contrato de Concesión)”.

Con fecha 18 de octubre de 2012 se dispuso el procesamiento de diversas personas vinculadas a la empresa de Trenes Buenos Aires S.A y controlante Comentrans S.A por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, asociación ilícita y defraudación contra la Administración Pública por administración Fraudulenta, mientras se dispuso el procesamiento de algunos funcionarios del Estado Nacional por el delito de abuso de autoridad e incumpliendo de los deberes de funcionario público.

En estas condiciones, con fecha 18 de febrero de 2013 se dispuso la elevación a juicio de la presente causa respecto de Sergio Claudio CIRIGLIANO, Marcelo Alberto CALDERÓN, Carlo Michele FERRARI, Carlos Alberto LLUCH, Sergio Daniel TEMPONE, Jorge ÁLVAREZ, Guillermo Alberto D’ABENIGNO, Jorge Alberto DE LOS REYES, Alejandro Rubén LOPARDO, Carlos Esteban PONT VERGÉS, Daniel Fernando RUBIO, Víctor Eduardo ASTRELLA, Oscar Alberto GARIBOGLIO, Francisco Adalberto PAFUMI, Pedro Roque RAINIERI, Roque Ángel CIRIGLIANO, José DOCE PORTAS, Juan Pablo SCHIAVI, Ricardo Raúl JAIME, Antonio Guillermo LUNA, Pedro OCHOA ROMERO, Laura Aída BALLESTERO, Antonio Marcelo Ricardo SUÁREZ, Miguel WERBA, Daniel Guido LODOLA, Luís Alberto NINONÁ y Antonio Eduardo SÍCARO, en orden a los hechos calificados como infracción al artículo 173, inciso 7° en función del artículo 174, inciso 5° y en el artículo 196, párrafos 1° y 2° del Código Penal y respecto de Marcos Antonio CÓRDOBA en orden al hecho tipificado por el artículo 196, párrafos 1° y 2° del Código Penal (fs. 1943/1997), mientras que con fecha 13 de julio de 2013 se dispuso la elevación a juicio respecto de Mario Francisco CIRIGLIANO, en orden a los hechos calificados como infracción al artículo 173, inciso 7° en función del artículo 174, inciso 5° y en el artículo 196, párrafos 1° y 2° del Código Penal (fs. 1943/1998 y 2448/2464).

Así, concluido el debate oral y público llevado a cabo en la causa nro. 2127/ 2186, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 resolvieron condenar a diversas penas a Sergio Claudio CIRIGLIANO, Marcelo Alberto CALDERON, Jorge ALVAREZ, Juan Pablo SCHIAVI, Sergio Daniel TEMPONE, Carlo Michele FERRARI, Jorge Alberto DE LOS REYES, Carlos Esteban PONT VERGES, Víctor Eduardo ASTRELLA, Laura Aida BALLESTEROS, Guillermo Alberto D´AVENIGNO, Francisco Adalberto PAFUMI, Antonio Marcelo Ricardo SUAREZ y Roque Ángel CIRIGLIANO por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado, a Ricardo Raúl JAIME, José DOCE PORTAS, Oscar Alberto GARIBOGLIO y Alejandro Rubén LOPARDO por considerarlos participes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y a Pedro Roque RAINERI y Daniel Guido LODOLA por el delito de estrago culposo agravado, mientras que se dispuso absolver a Luis Alberto NINONÁ, Daniel Fernando RUBIO, Miguel WERBA, Carlos Alberto LLUCH, Mario Francisco CIRIGLIANO, Pedro OCHOA ROMERO y Antonio Eduardo SÍCARO.

En dicha sentencia se dispuso remitir testimonios a este Tribunal para que se investigue la posible responsabilidad penal en los hechos de Julio Miguel DE VIDO, Jorge Gustavo SIMEONOFF, Julio Cesar PASTINE, Ernesto IANNI, Silvia Emilse LÓPEZ, Francisco VACCA, José Nicanor VILLAFAÑE, Gabriela STORTONI y Horacio FAGGIANI.

Así, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 resolvió decretar el procesamiento sin prisión preventiva de Julio Miguel De Vido, Jorge Gustavo Simeonoff y Silvia Emilse López. Además, mandar a trabar embargo sobre los bienes y dinero de los aquí mencionados.

Así, el 12 de julio de 2016, la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala 2 no hace lugar a las nulidades de las defensas técnicas de De Vido, Simeonoff y López.

Confirma el procesamiento de Julio Miguel De Vido y Gustavo Simeonoff sin presión preventiva. Y, respecto a López, dispuso que en las actuaciones no existe merito suficiente para procesar o sobreseer, debiendo el Sr. Juez de grado proceder conforme se indica en el Considerando V: “Por las razones expuestas, habrá de revocarse el procesamiento dictado respecto de López y adoptarse un criterio expectante a resultas de la actividad probatoria que deberá ser encarada por el a quo.”

Además, confirmo respecto a mandar a trabar embargo sobre los bienes de Julio Miguel De Vido y Gustavo Simeonoff.

Finalmente, el 10 de octubre se dictó sentencia y el 10 diciembre de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Y Federal 4 dio a conocer los fundamentos de la sentencia en el que había fijado 5 años y 8 meses de prisión para el Ex Ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Aquí, el tema central a desarrollar será analizar la magnitud de ejercer la defensa técnica en caso tan importante ocurrido en nuestro país. Es decir, como llevar adelante la defensa de una figura pública como lo es un Ministro. Que consecuencias pudo/puede llegar a tener y la responsabilidad que asume la defensa, etc.

Respecto al análisis crítico, resultará muy fructífero analizar la “condena social” que se generó, el poder de los medios de comunicación y sobre todo la actuación del Ministerio Público Fiscal y las Querellas.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analizará el ejercicio de la defensa técnica ante un caso de gran magnitud mediática y condena social. Como llevar adelante la defensa de una figura pública como lo es un Ministro. En este caso, el ex Ministro de planificación Federal e Inversión Pública, Julio Miguel De Vido.

Así, hare un análisis, respecto a la “condena social”. El poder de los medios de comunicación, la actuación del Ministerio Publico Fiscal y las Querellas.

Espero y deseo que, quienes se tomen el tiempo de leer este trabajo, el tema central y el análisis, les resulte tan interesante como a mí.

EL CASO

El día 22 de febrero del año 2012, a las 8:28:23 horas, el servicio 3372 de la formación, identificada con la chapa 16 del tren de la línea Sarmiento, conformada por los coches 2149, 2618, 1040, 2108, 1787, 1808, 2125 y 2160, que corrían por la vía descendente de la Estación Moreno a la de Once de Septiembre, choca contra la cabecera del andén 2 de la estación conocida como “Once”, causando la muerte de 51 personas y 1 persona por nacer.

El impacto de la formación contra la cabecera del andén 2, también causó heridas de distinta consideración a setecientas ochenta y nueve (789) personas.

Dentro de ese grupo, cuatro (4) sufrieron lesiones gravísimas, veintisiete (27) graves y setecientas cincuenta y ocho (758) leves.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CONDENA SOCIAL

Este caso, ha introducido una conmoción social inmensa en nuestro país, en donde los medios de comunicación y la sociedad han jugado un papel preponderante.

El proceso penal, si tiene algún valor en una democracia constitucional, sirve al propósito de permitirnos conocer de maneras respetuosas con los principios constitucionales que lo rigen. En este sentido, la principal preocupación de cualquier ciudadano interesado en un caso, debiera radicar en estar informado acerca de qué pudo, y en qué medida, ser conocido.

Resulta interesante este punto, ya que el poder mediático influye en el pensamiento y opinión de la sociedad a la que se debe. Claro, lo que sucede es que en nuestro país la información judicial es totalmente distorsionada en su contenido cuando la redacción de noticias y los periodistas, desconocen los derechos de las personas vinculadas a un proceso penal y los roles de los jueces. Esto repercute en la opinión pública, llega a generar una condena social que muchas veces condiciona las decisiones judiciales.

Claro, antes los hechos que conmueven, la sociedad tiene esa natural tendencia a generalizar, a evitar todo análisis profundo, se prefiere etiquetar, “las penas están para ser cumplidas, nadie tiene porqué salir antes” ese es el slogan de moda.

Un pensamiento de esta magnitud, establece que la pena privativa de la libertad es una pura canalización de venganza, un sentimiento social de castigo puesto en práctica y sin importar, en absoluto, que es lo que pasa con el condenado. Un pensamiento de una sociedad violenta, que responde con agresividad ante los conflictos.

Pero claro, la influencia que ejercen los medios de comunicación sobre la opinión pública termina generando una presión a los legisladores que, por ejemplo, modifican el ordenamiento jurídico. Algo “loco de pensar”, pero que sucede.

Aun así, la información es una necesidad social, esta parte como base para la libertad de expresión y de comunicación social. En la actualidad, es una necesidad primordial de los individuos dentro de la sociedad. Todos los hechos generan una repercusión directa en sus vidas, en la opinión que la comunidad formule y el conocimiento de esos hechos sirve para que se desempeñen eficazmente como ciudadanos, comprometidos en ámbitos como el familiar, laboral e inclusive el ámbito social.

Por esta razón, resulta de gran importancia que los medios de comunicación no difundan información distorsionada. Deberían sumar fructíferamente a la sociedad y no por la negativa.

Claro, lo expuesto hasta el momento, debe ser soportado por el imputado y su defensa técnica. Que, no resulta para nada fácil, llevar a cabo una defensa técnica contra la frente del Estado y una condena social que arde.

Así, partiendo que el derecho penal atribuye un resultado a una persona que en el mundo real coloca una acción u omisión que explica de modo absoluto y totalmente protagónico el resultado, cabe preguntarles, ¿para ustedes, lectores, ¿quién realizo la acción u omisión en este caso?

A prima facie, la sociedad y los medios de comunicación han caratulado a este hecho como consecuencia de “corrupción”, que los Ministros han “malversado los fondos del Estado para enriquecerse”, entre otras consideraciones sin fundamento alguno.

I.a) AFECTACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA

En el presente caso, existió una indefinición del hecho y una violación al principio de congruencia. Ello afecto gravemente el derecho de defensa, es decir, es necesario una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos a lo largo de todo el proceso para el desarrollo efectivo del derecho de defensa.

De esta, de acuerdo al hecho intimado, no es posible determinar en qué consistió en concreto la participación, en este caso, de Julio Miguel De Vido, de manera individualizada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que se atribuye -todas cuestiones absolutamente ausentes–, elementos imprescindibles para que el imputado pueda enarbolar un descargo que sea reflejo de aquello que se le atribuye, dándole la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa, frente a lo que resulta ser sólo una atribución de un universo de generalidades.

Así, en concreto, se ha visto lesionado el derecho de defensa al coartarse la posibilidad de cuestionar los hechos o dar explicaciones, ya que nada de lo que se le ha dicho puede entenderse como un relato claro, preciso y circunstanciado. Dicha circunstancia es un serio déficit que altera al buen orden del proceso, al no respetarse las formas sustanciales que los conllevan: acusación, prueba, defensa y sentencia, todo lo cual deriva en la necesidad de anular aquél acto, en los términos del artículo. 298 del CPPN, el artículo. 14.3 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, articulo. 8.2 b) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Ello, en relación a lo que los acusadores llaman “Hecho 2”, lo cierto es que tanto el artículo. 191, 1º como el 196 del Código Penal requieren que se causare o produjere un descarrilamiento. Por lo tanto, es preciso determinar si el descarrilamiento que da lugar a las actuaciones seguidas contra el Sr. De Vido ha sido causado por alguna conducta que pueda serle imputada.

Esta es, precisamente la actividad que ninguno de los acusadores realizó. El principio general de la imputación de los delitos culposos, en cuanto a que “la violación del deber de cuidado debe ser determinante del resultado”, es reconocido como tal por la doctrina de manera amplia y precisa. Valga por todas las opiniones al respecto la de Jescheck/Weigend: “Sin embargo, para la imputación del resultado [del delito culposo] no es suficiente con que éste no se hubiera producido sin la conducta del autor”.

“De esta manera se requiere una especial conexión de antijuricidad, que no es sino una aplicación de la teoría de la imputación objetiva al delito culposo. Esta conexión de antijuricidad presupone dos elementos: que el resultado hubiera sido evitado por una conducta adecuada al cuidado debido y que la norma infringida por acción culposa tuviera la finalidad de evitar resultados como los producidos en el caso concreto”.

La aplicación de estos principios al caso del accidente, exige precisar el hecho, que, en las acusaciones de las querellas y el Fiscal, no resulta suficientemente claro.

Es decir, no se puede imputar cualquier cosa a cualquier persona suponiendo elementos no acreditados. Así, como directa consecuencia de la garantía constitucional en juego, la Corte ha dejado sin efecto decisiones que prescindieron de explicar racionalmente la responsabilidad del acusado a partir de pruebas concordantes (Fallos: 329:5628, “Miguel”). Lo único que se puede pretender de esta defensa es en una verdadera «prueba diabólica» (Fallos 315-II:1361), donde se demuestre que no se hizo lo que no se hizo, lo que resulta materialmente imposible.

Dicho de otra manera, en las palabras de Euclides: «Lo que es afirmado sin prueba, puede ser negado sin prueba». De acuerdo al hecho intimado, no es posible determinar en qué consistió en concreto la participación de Julio Miguel De Vido, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que se atribuye –todas cuestiones absolutamente ausentes–, elementos imprescindibles para los imputados puedan pueda enarbolar un descargo que sea reflejo de aquello que se les atribuye, dándole la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa.

Se ha visto lesionado el derecho de defensa al coartarse la posibilidad de cuestionar los hechos o dar explicaciones.

Dicha circunstancia constituye un serio déficit que altera al buen orden del proceso, al no respetarse las formas sustanciales que los conllevan: acusación, prueba, defensa y sentencia, todo lo cual deriva en la necesidad de anular aquél acto, en los términos del artículo 14.3 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, articulo. 8.2 b) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esa definición, explicación y detalle sobre el punto en cuestión, sobre el hecho investigado, absolutamente necesaria para poder afirmar que estamos en presencia de una intimación realizada en forma correcta, aquí brilló por su ausencia.

Las características del hecho, no se pueden presumir, se deben definir y hacer conocer al imputado, de lo contrario, como aquí ha sucedido, se violenta el derecho de defensa en juicio de Julio Miguel De Vido.

La situación que aquí se denuncia, la falta de descripción concreta y clara de la conducta que se pretende atribuir al Sr. De Vido importa una real imposibilidad de ejercer plenamente el derecho de defensa en juicio, pues no puede hablarse aquí de que exista una “información detallada” del hecho atribuido. Las falencias en la atribución de descripciones fácticas responden, sin lugar a dudas, a la imposibilidad de atribuir al ex Ministro de Planificación, ilícito alguno.

I.b) VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

Para no brindar nombres propios me referiré a las querellas como “M”, “Z” y “O”. (Hare lo mismo en casos donde se nombre a médicos, instituciones médicas, etc).

La querella “M”, en el requerimiento de elevación a juicio imputó la participación necesaria del delito de administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo, en coautoría. Luego, en el alegato, solo imputó por administración fraudulenta en grado de coautor.

Respecto de la querella “Z”, en el requerimiento de elevación a juicio, imputó la participación necesaria del delito de administración fraudulenta en concurso real con delito de estrago culposo, en coautoría. Así, en el alegato, solicito condena por la autoría del delito de administración fraudulenta, en concurso real con la autoría del delito de estrago culposo.

La última de ellas, la querella “O” en el requerimiento de elevación a juicio imputó la participación necesaria del delito de administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo, en coautoría. En el alegato, por una “decisión estratégica” solicito condenar por participación necesaria en el delito de administración fraudulenta, con concurso real con autoría del delito de estrago culposo.

El Ministerio Publico Fiscal, por su parte, en el requerimiento de elevación a juicio imputó la participación necesaria del delito de administración fraudulenta, en concurso real con el delito de estrago culposo, en coautoría. En su respectivo alegato, solicito condena por participación necesaria en delito de administración fraudulenta, en concurso real con la autoría del delito de estrago culposo.

Así, la definición que concede Julio Maier a este principio, al señalar que su violación importa “todo aquello que, en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia de ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo”[1].

Alberto Binder, en idéntica postura, señala que: “el juicio no puede resultar sorpresivo para el imputado. El tribunal debe preocuparse porque no se sorprenda al imputado en ninguna de las fases o dimensiones del juicio porque, en este caso, se estaría afectando su posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa”. [2]

ANÁLISIS DEL “HECHO 2”. ESTRAGO. CRITERIOS ESBOZADOS POR TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 en el juicio “ONCE 1” A LA HORA DE CONDENAR

“El último reporte de GPS se ubica un metro antes del andén y es de 20 km/h.”

“El último reporte de 26 km/h que registró este dispositivo es anterior al de 0 km/h que arrojó el instalado en el coche cabeza y a su vez el de 0 km/h es posterior al de 20 km/h que referimos.”

“Los peritos concluyeron que “en los últimos 100 metros antes de paragolpes se precia una reducción de la velocidad en el registro GPS de 26 km/h a 20 km/h en un punto próximo al de choque.

Dicha reducción en el registro de la velocidad del GPS a último momento podría obedecer a una de las siguientes dos razones: la simultaneidad del registro con el proceso de choque, o a un frenado de último momento que, en todo caso, resultó a destiempo para evitar el choque”, entre otros.

Así, los errores y presunciones desarrolladas por el Tribunal, que, entre otras cosas, determinaron la denuncia e incluso, detención de aquellos peritos que no sostuvieron el criterio buscado por el Tribunal, se reeditaron en el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, en donde intentando sostener elementos disruptivos del fallo previo, sostuvieron la misma tesis, ausente de todo sustento científico y probatorio:

“Es que en la sentencia puesta en crisis ha quedado por demás evidenciado que el siniestro de autos no encuentra únicamente explicación en la temeraria conducción del motorman, sino que por el contrario se explica por una multiplicidad de factores abordados por el tribunal de manera amplia, precisa, detallada y, por demás, suficiente.

Todos y cada uno de esos elementos -insistimos, debidamente comprobados por el a quo- convergieron en el suceso de marras y en su colosal magnitud”. “Sobre este aspecto, entendemos que contrariamente a la llamativa, polémica y censurable metodología escogida por el cuerpo pericial -cuestión sobre la que volveremos más adelante-, los reportes del GPS constituyen un elemento de prueba objetivo y preciso que nos permite conocer la velocidad que llevaba la formación en su ingreso a la estación Once de septiembre, hasta finalmente impactar con el paragolpes del andén nro. 2 y detenerse totalmente”.

“La errática conducta evidenciada por la mayoría de los peritos actuantes a lo largo del proceso y durante las sucesivas jornadas de debate a las que fueran convocados (cfr. las referencias ya detalladas por el tribunal sobre las pertinentes pericias y actas de debate) conduce -cuanto menos- a poner en duda la fiabilidad de sus conclusiones, máxime cuando -insistimos- se cuenta con un dato certero que de manera indubitable avala la conclusión del tribunal. Este reporte fue debidamente incorporado al juicio (página 255 de la sentencia, punto 590), sin que exista motivo legítimo alguno para dudar de su veracidad. Por lo demás, no compartimos lo expuesto por la defensa de Roque Ángel Cirigliano en cuanto a que existiría “…sospecha fundada de que el registro del GPS de 20 km/h se originó con posterioridad al impacto…”

HIPÓTESIS

La defensa del Sr. De Vido, aquí expreso en demostrar que el día 22 de febrero de 2012 de acuerdo a la prueba recabada hasta ese momento, el tren conocido como chapa 16 se encontraba plenamente operativo y por lo tanto, era posible accionar no un sino distintos mecanismos de frenado que podrían haber evitado la tragedia.

Expresando como conclusiones:

“El tren “Chapa 16” estaba en condiciones de frenar”.

“El tren colisiono a 26 km/h”.

“El motorman, teniendo la posibilidad de hacerlo, jamás acciono los frenos”.

Allí, han expuesto ejercicios que demuestran lo sostenido por la defensa:

El GPS –error de análisis en Once 1”

Video tutorial para identificar geodimensionalmente los puntos.

Tutorial de análisis  para calcular velocidades.

Testimonios.

Así, como trate de informar anteriormente, el Tribunal y Casación han confirmado el error que demostró la defensa. Además, la defensa expreso los errores en la sentencia “Once 1” que no debían volverse a repetir. Que, sustentaron sus sentencias en base a una disminución de la velocidad del Chapa 16 asociada a una aplicación tardía o deficiente de los frenos. Que nada de esto sucedió. Los frenos funcionaban, y no existió reducción de velocidad, sino que la misma fue producto del impacto. Es matemática y física.

¿POR QUÉ EL TREN NO FRENO?

La defensa del Sr. De Vido ha demostrado que el tren tenía capacidad de frenado. Claro, durante la instrucción se ha limitado la capacidad de las partes en generar prueba a la vez que se ha limitado el horizonte factico a investigar.

Así, durante la instrucción no se han investigado las líneas de celular de M. Córdoba (motorman) ni las asociadas, no se han realizado todos los informes médicos necesarios. El propio perito ****** expreso los límites de la instrucción a la tarea de los peritos. Además, la desconexión del hombre muerto está prohibido por Reglamento interno Técnico Operativo.

Aquí, existe una posibilidad de ausencia o disminución del estado de conciencia del motorman, momentos antes del impacto. Según informe del Cuerpo Médico Forense a fs. 1395 del expediente, hubo una falta de autopreservación. El motorman no reacciono ante el inminente choque, no grito, no alerto a los usuarios, no toco bocina, no levanto los brazos.

Además, el informe del Cuerpo Médico Forense a fs. 3711 del expediente, determino una “…actividad epileptiforme interictal regional frontal izquierda en su cerebro”. Arrojó una anormalidad, pero no se ahondó en investigar una posible afectación en la salud de Córdoba que pudo haber sido determinante en el resultado. Así, ninguno de los especialistas descartó categóricamente que el motorman no manifestara síntomas de epilepsia.

IV.A.   LA SALUD DE CORDOBA

Elevado colesterol – 276 cuando el máximo es 220.

Entrevista realizada por el CMF el 21/06/2012 a fs. 6757 del expediente “Once 1” – Córdoba revela que un año antes del choque le diagnosticaron HIPOTIROIDISMO, para lo cual le recetaron tomar un comprimido T4 por día. Sin embargo, Córdoba NUNCA tomó dicha medicación.

IV.A.1. ALCOHOL EN SANGRE

La Dra. *****, Médica especializada del Cuerpo Médico Forense, en base al estudio de sangre practicado, manifestó que: “El paciente tenía un hematocrito 2 de 37, estaba ligeramente anémico”. También se refirió a que la Gamma GT (glutamil transpeptidasa), estaba levemente aumentada, 54 cuando el máximo es de 43 para posteriormente explicar que estos resultados (la anisocitosis e hipocromía relacionados con una pequeña anemia y la gamma GT aumentadas) “son hallazgos indirectos de ingesta alcohólica o alguna sustancia que actúa sobre el hígado”.

Sin dejar de lado que los peritajes de sangre y orina que el Centro Médico “G” realizó momentos después del suceso, el laboratorio “F” informo que el dopaje de alcoholemia en sangre era de 13 miligramos por decilitro.

Cabe resaltar que en el juicio “Once 1” se produjo una controversia entre el bioquímico del laboratorio “A” y su colega de la firma “C”, fabricante de la maquinaria empleada para practicar el estudio, el Dr. “B”.

Para el primero, los 13 miligramos equivalían a 0 por estar debajo del umbral de sensibilidad del método empleado para detectar alcohol en sangre. Para el Dr. “R”, de ninguna manera 13 miligramos equivalía a 0, por el contrario, expresó: “El trece está dentro de los rangos reportables de trece a trescientos; por debajo de trece, es donde se informa como no detectable”. Cabe destacar que la extracción de sangre se realizó 5 horas después del choque.

El paso del tiempo produce la degradación o eliminación progresiva del nivel de alcohol en sangre, por lo que el nivel de alcohol en sangre al momento del suceso, debiera ser mucho mayor. La fórmula matemática de Widmark para calcular la evolución temporal de la eliminación del alcohol en sangre, que Marcos Córdoba poseía a las 8:30 AM, entre 36 y 50 miligramos por decilitro. Sin embargo, arbitrariamente se tomó en cuenta únicamente la posición del Dr. “G”

¿Por qué la arbitrariedad? A Fs. 6.736 del expediente de “Once 1” obra un oficio del Cuerpo Médico Forense en el que se sugieren realizar más estudios -nunca fueron ordenados- y en el que se expresa: “Exista o no epilepsia, podrían encontrarse déficits cognitivos de otro origen eventualmente vinculables al cambio de conducta ocurrido, en particular, en funciones atencionales y motoras ejecutivas”.

EL ESTANDAR PROBATORIO

La democracia constitucional presupone un acuerdo entre personas libres e iguales para garantizar esa libertad e igualdad en la convivencia colectiva. Dado que la libertad (y la igualdad) es lo que valoramos especialmente en nuestra comunidad, imputar, procesar, condenar y, en consecuencia, privar de la libertad a algún conciudadano requiere el mayor escrutinio con el fin de tomar decisiones justificadas, tanto en términos probatorios como normativos, y evitar el error en la condena.

El objetivo del proceso: evitar condenas erradas. Ningún inocente preso.

El proceso penal es un proceso de conocimiento cuyo valor es eminentemente epistémico (tanto en sentido fáctico como normativo).

Sólo en la medida en que la actividad probatoria sea de calidad, podremos producir conocimiento sobre un hecho pasado y su autoría.

Así, hay tres momentos en los que el sistema de justicia debe responder a la pregunta de: ¿Qué prueba es necesaria y suficiente para..

imputar un hecho a un ciudadano.

someter a juicio a un ciudadano.

condenar o absolver a un ciudadano.

V.A    FALLOS

CORTE CIDH. Caso Zegarra Marín vs. Perú, Sentencia del 15 de febrero de 2017: Estándar de “más allá de toda duda razonable”.

CSJN Casal, Matías Eugenio y otros s/robo simple en grado de tentativa -causa 1681-, sentencia del 20 de septiembre de 2005 (Fallos 328:3399): Estándar de la “sana crítica racional”.

CSJN Carrera, Fernando Ariel s/causa n 8398, sentencia del 25 de octubre de 2016 (Fallos 339:1493): La sana crítica racional en relación a la hipótesis de la inocencia. La Corte sostiene que la Cámara no realizó una valoración de la prueba de manera consistente con el estándar establecido en Casal al realizar un examen parcial de los elementos probatorios a la luz sólo de la hipótesis de la acusación.

V.B.) EL OLVIDADO IN DUBIO PRO REO

“La exigencia de que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena solo puede estar fundada en la certeza del Tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado.

Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción) que ampara al imputado, razón por la que ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aun la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución”.[3]

CONCLUSIONES

Hasta aquí, creo haber podido demostrar una gran parte del trabajo que implica ejercer una defensa técnica eficaz, ante una causa penal de gran magnitud. Ella, no sólo implicaba ejercerla contra la frente del estado, sino, también, contra la condena social que se ha generado.

En lo expuesto, he elaborado una definición del derecho penal que, a mi entender, es primordial para entender y analizar este caso. A su vez, he tratado de brindarles cada detalle para lograr el análisis perfecto del caso.

Si ello fue así, a ustedes, lectores, les pregunto, ¿no es hora de abrir los ojos y dejar de frotar la lámpara de Aladino y comenzar un debate honesto, maduro y libre de prejuicios?

Bibliografía

Maximiliano Rusconi, elementos de la parte general del derecho penal.

Maximiano Rusconi, “Derecho Penal, Parte General, 3ra. ed., Ad-Hoc, Buenos Aires, 2016.

Francisco L. D’albora, Código Procesal Penal de la Nación, anotado, Comentado, Concordado, octava edición por Nicolás F. D’albora.

Binder, Alberto M, Introducción al Derecho Procesal Penal, sexta reimpresión marzo 2013.

Maier, Julio B, Derecho Procesal Penal Argentino, Tomo I, vol. B, Ed. Hammurabi.


[1](Maier, Julio B., Derecho Procesal Penal Argentino, Tomo I, vol. B, Ed. Hammurabi, pág. 336).

[2] (Binder, Alberto, “Introducción al derecho procesal penal”, Editorial Ad Hoc, 2ª., edición, Bs.As., 2005, pág. 163).

[3] Julio B. J. Maier.- Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Pág. 492.