Sobre la –supuesta- criminalidad de los gobernantes

Por Maximiliano Rusconi.

No cabe duda que hoy la llamada “grieta” también se ha apoderado del debate sobre la existencia del “Lawfare”. Para quienes están a la derecha de la falla tectónica el “Lawfare” es poco menos que una categoría inexistente, que sólo aparece en boca de quienes del modo más mezquino buscan la impunidad del populismo con relación a los tremendos delitos cometidos cuando, por un error de programación regional, esa ideología ocupó el poder. Para el resto, el “Lawfare” es tan real que o lo ha vivido en carne propia, o ha estado cerca de sentirlo en la espalda o sus consecuencias han dejado marca en la piel de su propio referente político.

Debo decir que mi sensación es muy distinta a la primera y bastante cercana a la segunda. Aquello que es descrito como “lawfare” no es tan nuevo, ha pasado o sucede aún también en el mundo desarrollado, aunque de modo menos intenso y siempre es muy lesivo para el desarrollo comunitario.

Hoy sólo quiero traer a cuento una opinión de un jurista español, miembro del tribunal supremo de España y catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Málaga. Demás está decir que cualquier lazo con el kirchnerismo será tan difícil de probar como el famoso hilo rojo de la conmovedora tradición oriental.

Cómo decíamos, Luis M.  Díez-Picazo es magistrado del Supremo, se doctoró en la Universidad de Bologna, fue letrado del Ministerio de Justicia y ejerció la docencia en el instituto universitario europeo de Florencia y en la Escuela Judicial.

Este prestigioso autor tiene una pequeña, pero muy importante obra, publicada en su primera edición en el año 1996 (¡hace 25 años!) que se titula “La criminalidad de los gobernantes” (Editorial Crítica, Barcelona, 2000).

Allí Díez-Picazo (en el prólogo a la segunda edición publicada en Barcelona en el año 2000) dice: “Hoy mi visión sigue siendo la misma en cuanto a la actitud a adoptar frente a los (supuestos: la aclaración es mía) delitos cometidos por los gobernantes…”. Para describirla el autor español realiza tres breves comentarios que, según creo, nos permiten ver hoy en día, en nuestro país, que aquello que hoy denunciamos como esa arbitrariedad sesgada por la ideología en la justicia penal federal no se presenta como tan inusual en el mundo, más allá del nivel de destrucción del estado de derecho que ha alcanzado en nuestro país. Veamos.

Díez-Picazo advierte en primer lugar sobre una “tendencia a presentar sistemáticamente como ilegal toda actuación del adversario que nos desagrada”, algo que, según el catedrático, “…conduce a lo que Carl Schmitt llamaba la dialéctica amigo-enemigo…que es una concepción política poco compatible con el postulado de tolerancia inherente al pluralismo democrático” (p. 6).

En segundo lugar, Díez-Picazo observa que hemos llevado a que el derecho opere como si fuera un semáforo de sólo dos opciones: o verde o rojo. Que no todo sea dudoso en derecho no implica decir que todo está claro. Y nos describe este autor con fortalecida ironía: “No deja de ser conmovedor ver…hasta ayer mismo versados en los arcanos de la hermenéutica, gritar como cándidas doncellas que la norma jurídica ha sido violada”.

En tercer lugar, no hay que pasar por alto la creciente tendencia a acudir a los tribunales de justicia para “esclarecer la verdad” sobre hechos de relevancia pública… si el juez se comporta como historiador o sacerdote, queda abierta la puerta a prácticas inquisitoriales”. (p. 7).

Con ello Díez- Picazo critica el uso de la supuesta legalidad como ideología.

Con esta breve referencia queda bastante demostrada la tesis de la existencia (y no desde hace poco tiempo) del lawfare como un intento de llevar la lucha política al sistema judicial. La pena es la munición, y el anfiteatro del juicio es el escenario comunitario. Las antiguas exposiciones del suplicio del infractor/pecador ante los ojos comunitarios se han transformado en la exposición mediática de la capacidad de humillación del sistema y sus disfraces. Que el Lawfare sea visto con la gravedad que lo acompaña, que sea identificado como algo que debe cambiar, depende de que suene a los oídos de los juristas democráticos como una tragedia institucional. Necesitamos políticos valientes, jueces de la constitución y que un sector del periodismo vuelva a hacer periodismo sano y se guíe ya no por el camino de las conspiraciones sino por el que les indica ese GPS ético que no es otro que el que surge del diálogo que construyen la consciencia y el corazón ante cada decisión que tomamos en nuestra vida.

Para quienes niegan con socarronas sonrisas siquiera la posibilidad de que algo así pueda suceder, sólo sugerimos y los invitamos a leer los expedientes judiciales en donde ha sucedido esta tragedia. Y, además, los invitamos…a leer…más.