Sobre la deriva mezquina de los principios del estado de derecho (cuando son mal interpretados)

Por Maximiliano Rusconi.

En varios sectores del planeta existen personas que hasta antes de ayer no expresaban ninguna preocupación por los principios del estado de derecho, considerándolos incluso un verdadero obstáculo para el desarrollo y que ahora han avanzado varias casillas en el juego de la retórica y son los primeros en ensayar defensas personales, corporativas o pseudo institucionales invocando en voz alta y con ademanes enérgicos los mismos principios que antes de ayer (y hacia atrás hasta el infinito) negaban con energía.

Ello descoloca al pragmatismo de los propios (que temen que pasado mañana tamaña actuación se les venga en contra) y a la autoestima de los ajenos (que a veces sienten, con razón, que las personas pueden ser engañadas acerca de quienes son unos y otros).

El grave problema, por lo menos según mi intrascendente opinión, es que quienes así actúan parten de desconocer el alcance de los principios que hoy subrayan y, más temprano que tarde, ocultarán.

En este sentido conviene recordar que la libertad de prensa no puede amparar a cualquier tipo de mentira sistemática, agraviante, tendenciosa y dolosa.

Hace (exactamente) diez años, en el marco de una opinión publicada en el diario “El País” se pudo decir: “Perder credibilidad es lo peor que le puede ocurrir a un medio de comunicación. No se puede aceptar que los periodistas recurran a medios ilícitos para conseguir exclusivas impactantes en aras de una mayor audiencia. Menos aún, cuando los métodos empleados son constitutivos de delito…Hoy la prensa se debate entre el escándalo, la opacidad, la desinformación cuando no la transgresión de la ética. Hay que decir bien alto que en periodismo no todo vale. ¿Conseguir una información a toda costa? No. Rotundamente, no cuando hablamos de prácticas ilícitas que rozan el delito” (Ética y periodismo: no todo vale”. MARÍA DOLORES MASANA, 28/07/2011. Tribuna, Diario el País. Puede verse en https://elpais.com/diario/2011/07/28/opinion/1311804005_850215.html).

La fuente del periodista debe ser resguardada a toda costa, pero no puede ni debe ser ilícita. ¿Parece obvio no?

También es muy importante tener en cuenta que si bien la independencia judicial es uno de los pilares del sistema institucional de una república ello no puede soslayar el deber de los jueces de actuar de modo respetuoso del estado de derecho. Para que no se tilde a las opiniones que se expresan de ¨tendenciosas” sólo conviene recordar que el código penal argentino recoge ciertas figuras muy ilustrativas:

El artículo 269 reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

Allí mismo se dice que: “Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres (3) a quince (15) años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua”.

Por otro lado, el artículo artículo 270 castiga al juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado.

Asimismo el principio de autonomía del Ministerio Público Fiscal no puede proteger a los fiscales que actúan deliberadamente de modo injusto o ilegítimo.

El código español de ética del Ministerio Público, por ejemplo, establece el deber de omitir cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad o que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la justicia, a sus servidores y a la propia Fiscalía.”

Recuerda este instrumento deontológico que, “las y los fiscales habrán de mostrarse prudentes en sus manifestaciones y no solo respecto de las opiniones que se formulan por escrito u oralmente sino, también, en la realización de actos que tengan contenido simbólico; cautela que debería extenderse a los temas que abordan públicamente”.

Incluso dispone con énfasis que “las y los fiscales se comprometen a ejercer con prudencia el derecho a la libertad de expresión que como ciudadanas y ciudadanos les corresponde, respetando en todo momento las obligaciones derivadas del secreto profesional, la reserva, discreción y consideración a los derechos de los individuos, prestando especial cuidado en evitar actuaciones o emitir juicios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad, así como la imagen y crédito del Ministerio Fiscal”.

Y afirma: “Las y los fiscales se comprometen a mantener la lealtad constitucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y/o que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia.

Una de las peores cosas que pueden suceder en una república es que alguien nos lleve a creer que hay sectores de una comunidad que, al poder invocar principios rimbombantes, han adquirido impunidad para hacer cualquier cosa (sobre todo las ilícitas).