Sobre jueces y pliegos y vencimientos de plazos constitucionales

Por Jorge Pardés.

En los pasillos del palacio de Justicia y sus inmediaciones, está circulando la información de que el Juez de Cámara Dr. Oscar José Ameal, Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en Lo Civil, cumplió 75 años. La Constitución Nacional en el art. 99 inc. 4to dice que se tiene que ir a su casa.

Su pliego fue enviado al entonces Ministro de Justicia, Germán Garabano, para que lo diligencie para su continuidad ante la comisión de acuerdos del Senado Nacional en septiembre de 2019. El mismo quedó en suspenso luego de que el oficialismo perdiera las elecciones a finales de octubre del mismo año.

Por su parte el Presidente de la Nación Alberto Fernández, una vez asumido, retiró los pliegos del  Senado para su evaluación. Quedando así suspendido cualquier tipo de acuerdo en este sentido.

Tiene lógica, ya que el proyecto de reforma judicial del que tanto se viene hablando tendrá en consideración el nombramiento de toda una nueva camada de jueces, sin contar que por el imperio de la pandemia y su extensa cuarentena, todo se encuentra demorado.

El 10 de julio pasado cumplió 75 años el mencionado juez quien no hizo ninguna alusión a la situación del “vencimiento de plazo”.  Pero desde distintos ámbitos del Poder Judicial, en los que es bastante criticado, tanto por sus antecedentes misóginos, como por el mal trato que ostenta contra sus subalternos, comenzaron a pedir su retiro., a reclamar que no se presente su pliego, considerando que se podría aprovechar para sacarlo del ejercicio del poder porque la Constitución así lo estipula.

Pero parece que el magistrado, está dispuesto a dar batalla y cree que sus “relaciones” de poder lo van a sostener en su lugar.

Resulta que el cuestionado juez de Cámara, consiguió una medida pre cautelar -es un tipo de medida poco usual que los jueces dictan cuando no saben muy bien qué hacer con un caso-  de una jueza nueva del Pro que intimó al Presidente de la Nación. Sí, así como se lee, intimó al Presidente Alberto Fernández en persona,  para que en un plazo de  cinco días mande su pliego al Senado.  Pareciera que lo que el Presidente “debe hacer”, según ella, es mandar el pliego al Senado como si fuera una obligación del ejecutivo y no pudiera supeditarlo a su consideración y evaluación.

No fue fácil encontrar esa medida. Fue ocultada todo lo posible, aunque no lo suficiente ya que finalmente se supo.

Por su parte, el gobierno había manifestado avenirse a la letra de la Constitución Nacional y no permitir que ningún juez siga automáticamente luego de cumplir la edad límite establecida por la  carta magna y desestimar, en la medida de lo posible, el envío de pedidos de acuerdos del Senado para ser fieles a esta norma y para renovar los juzgados que ya bastante tienen con el usual “atornillado a la silla” que algunos jueces y juezas  -que salvo en honrosos casos como el del Dr. Raúl Zaffaroni – por lo general se inclinan a defender hasta últimas instancias y un poco más allá también.

Tanto Carlos Fayt, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, como la actual ministra de la Corte Elena Highton de Nolasco, estuvieron exceptuados del cumplimiento de esta norma, por ocupar sus cargos con anterioridad a la reforma de la Constitución de 1994.

Si bien la ministra de la Corte Highton de Nolasco hizo un acuerdo con el Ministerio de Justicia durante el gobierno del ex Presidente Macri, logrando que el gobierno no apele el amparo que presentará y este quedara firme, es de destacar que, inmediatamente vencido el plazo de la apelación de dicho amparo, la Corte Suprema emitió un fallo diciendo que ningún juez o jueza puede permanecer en sus cargos luego de los 75 años, a no ser que tengan acuerdo del Senado.

Ese criterio de la Corte Suprema de Justicia se basó en que si dejaban que con amparos se pudiera cuestionar la constitución del `94, todo lo que viniera sería cuestionable en su totalidad, con lo que obligan a los jueces que quieran continuar, a seguir los pasos que dicta la Carta Magna y supeditar sus deseos al envío por parte del Poder Ejecutivo al Senado para su  la aprobación de los pliegos correspondientes, que por cierto es su potestad y no la de los jueces que superan la edad límite.

No debe dejarse de lado el hecho de que la Corte haya esperado que Highton de Nolasco resolviera por un acuerdo (espurio) con el ejecutivo, ya sea el ministro Garavano o la cuestionada Mesa Judicial, no se puede saber a ciencias cierta quién fue el operador,  para emitir esta resolución que pone en valor la disposición constitucional.

¿Quién ganará la pulseada? ¿Quién tendrá más fuerza? ¿El Presidente de la Nación con su intención de atenerse a la norma constitucional y no dar lugar a las excepciones corporativas de este poder del Estado, más apegado a las tradiciones de la nobleza de la Revolución Francesa?; ¿Tal vez María Alejandra Biotti, la nobel jueza del Pro que acaba de dictar esta medida poco usual a favor del Juez Oscar José Ameal, cuando en noviembre de 2019 dictó un fallo diametralmente opuesto, será quien gane la pulseada?

Cabe destacar que además de ser la misma jueza María Alejandra Biotti quien avaló, con clara discrecionalidad, el Decreto del blanqueo de capitales de los familiares de funcionarios en dirección con la manda del Poder Ejecutivo en ejercicio en ese momento, sólo a modo de dato para ilustrar su tendencia.[1]

¿Cederá el Consejo de la Magistratura a las presiones que le llegan de un lado y del otro?

De todos modos pareciera ser que las mujeres magistradas del Pro van a cumplir un rol disruptivo porque además de la joven y nueva jueza María Alejandra Biotti,  una magistrada afín a Daniel Angelici, María Eugenia Capuchetti, ya instalada en el fuero penal en dependencias de Comodoro Py, recibió el expediente de la causa referida a la mesa judicial de la que el juez federal Sebastián Ramos se desembarazó, mientras se está observando para saber cómo resolverá en relación a sus premonitores

Pareciera ser que les toca a “ellas” ser el mascarón de proa que concrete este rearmado, rayano en una asociación ilícita, que empiezan a protagonizar las nuevas caras, femeninas, del partido del gobierno saliente, que no parece haberse dado cuenta que perdió las elecciones y que van a ser desalojados de los sótanos de la democracia. O por lo menos, eso es lo que esperan la mayoría de los argentinos.

No hay que despreciar otros intereses que revolotean por allí, cual caranchos, esperando no ser descubiertos. Ni ellos ni las componendas que llevaron a los cargos que hoy ostentan muchos de los implicados en esta zaga.

No es fácil la apuesta. Esperemos que triunfe el Estado de Derecho. Sigamos creyendo en nuestras instituciones.

 

 

 

[1] https://www.diariojudicial.com/nota/78746