Sindicalización Policial

Por Víctor Hortel.

Para iniciar correctamente el análisis de la protesta protagonizada por personal de la Policía Bonaerense, debemos enfocarnos en el reclamo salarial; de allí que uno de los aspectos a considerar sea el de la posibilidad o no de la “sindicalización” de esa fuerza de seguridad.

Así, al comenzar a escribir esta nota, básicamente mi opinión es contraria a la tan mentada “sindicalización”.

Un amigo sostiene que: “Un juicio apresurado es un prejuicio”, por lo tanto, intentare tomar prudente distancia de la pirotecnia política que se destinan oficialismo y oposición, para no quedar atrapado entre las teorías conspirativas de unxs y las profecías mágicas de otrxs.

Veamos, la “protesta” policial, de estos días, comenzó como un reclamo salarial y derivo en una crisis institucional.

Una vez más, el protagonismo de la protesta fue ejercido por las capas jóvenes de la bonaerense, lxs sub 40, esxs que vienen siendo bastardeadxs y desoídxs, tanto por las cúpulas policiales, como por lxs funcionarixs políticxs.

“Capas jóvenes” de policías, con dudosa y/o cuestionable formación y preparación.

En menor medida, participaron policías retiradxs, exoneradxs, o sancionadxs, que se esconden detrás de un reclamo legítimo para presentar demandas insólitas  y despreciables.

Jóvenes policías armadxs, reclamando una recomposición salarial. Móviles policiales y personal cortando accesos y rodeando la residencia del señor Gobernador y la Quinta de Olivos.

Olores y sones; choripanes y batucada.

Claramente estrenaron una nueva forma de canalizar sus demandas, que por otra parte, visibilizo de modo patente, la falta de conducción, tanto política como institucional, la inorganicidad, el descontrol y los desbordes.

En síntesis, las bases policiales desoyendo a sus “jefes”, cansadxs de que sus jefes desoigan sus reiterados reclamos.

La crisis, producto de la pandemia, y la necesidad que la policía se sume a los dispositivos de prevención y control, fue la oportunidad política que, a criterio de la juventud policial, debían aprovechar para expresar sus demandas. La exposición en la escena pública, amplío la visibilización.

“Esta protesta policial no era una novedad, no cayó del cielo, era un reclamo de largo aliento que todavía puede chequearse en las redes sociales. Hace tiempo que en los foros de policías se venía hablando y denunciando estos problemas. Porque el problema proviene de la gobierno anterior, de la gestión de Ritondo, una gestión muy desprolija, que miraba sistemáticamente para otro lado, que delegó en los propios jefes de la policía el manejo de estos malestares.”[i].  

En este contexto de crisis institucional, lo correcto -antes de hablar de “sindicalización”-, es debatir sobre el “control político” que debe ejercerse por las autoridades políticas y así, terminar y/o limitar el “autogobierno policial”; que incluso, la protesta de estos días ha puesto en crisis.

Los asuntos de la seguridad pública deben ser gobernados por las autoridades democráticamente electas, y no por las policías. Y tal gobierno de los asuntos de seguridad debe hacerse a favor de los sectores sociales más vulnerados de nuestra sociedad.

La construcción de una democracia impone la necesidad de reformular las misiones y funciones de la institución policial en torno al control del delito y la preservación de la paz social, a fin de reconvertir sus bases doctrinales y sus estructuras organizativas y funcionales antiguas y desactualizadas y dotarla de una nueva modalidad de conducción, en mano de las autoridades gubernamentales electas a través del sufragio universal[ii].

La cuestión de la seguridad pública, es una cuestión demasiado importante, como para dejar en manos exclusivas de la policía.

Se debe encarar una reforma integral de la seguridad pública sobre dos ejes fundamentales: a) la construcción de estructuras de gestión política dela seguridad; b) la reestructuración doctrinaria, orgánica y funcional de las instituciones policiales, todo ello en función de revertir el histórico desgobierno político de la seguridad y su consecuente policialización[iii].

Luego, consolidada la conducción política de la policía, la autoridades gubernamentales deberán diseñar políticas públicas de seguridad ciudadana, planes, programas y acciones, que permitan a los diferentes estratos sociales recuperar la confianza en la fuerza policial. Fuerza policial que también deberá hacer un gran esfuerzo en revertir el desprestigio institucional, producto de los innumerables casos de violencia institucional, gatillo fácil, desaparición de personas, represión irracional y vinculación cómplice con algunos sectores del delito organizado.

Consecuentemente, al menos hasta aquí, mantengo mi opinión negativa a la sindicalización de la policía, hasta tanto no exista una vigorosa conducción política de los asuntos de la seguridad pública y se termine el autogobierno policial.

Desde otra perspectiva, la visibilización de la protesta, permite advertir, que al interior de la policía bonaerense existe “un campo de conflictos”, que impiden –al menos en este caso- utilizar el concepto de “corporación policial”. Se percibió claramente, que no todxs lxs actores juegan el mismo juego y que las apuestas de algunxs no son las apuestas de otrxs.

Como ya se dijo, el protagonismo fue de las bases jóvenes de la bonaerense, jóvenes, entre 20 y 35 años, que probablemente hayan optado por ser policías como una estrategia de sobrevivencia; como forma de tener un sueldo y obra social.

Pagni, en La Nación, tituló: “El motín de los “pitufos”, refiriendo la incorporación de 50.000 nuevos policías a partir de una decisión del ex gobernador Scioli y afirmando que: “Para muchos chicos del atormentado conurbano, convertirse en «pitufo» sería zafar de una vida miserable. La policía comenzó a nutrirse de la franja social más sumergida”[iv]

En consecuencia, si nuestro gobierno –y cada unx de nosotrxs- se halla comprometidx, en la construcción de un Estado democrático que amplia derechos, cabría preguntarse: ¿porque lxs policías, no podrían tener acceso a un nuevo estatus jurídico que les permita acceder a la ampliación de sus derechos?

Y me pregunto, ¿por qué el personal policial no puede encabezar un reclamo salarial que les permita sentirse “ciudadanxs”, alcanzados por la intervención universal de un Estado que se pretende de “Bienestar”?

La militarización de la policía, obtura la posibilidad que agentes y suboficiales planteen sus problemas salariales o incluso las condiciones o contextos en que deben ejercer sus funciones. Es habitual que el reclamo de agentes y suboficiales, sea percibido como un acto de desafío a la autoridad, que corresponde ser sancionado de modo ejemplificador.

¿No debemos propender a un nuevo estatus jurídico que transforme a lxs policías en sujetos de derecho?

Recuerdo, que durante el gobierno de Scioli, se lanzó una campaña del 911, donde se alentaba a la población en general a llamar al 911 cuando tuviere alguna información que pudiera ser útil para la policía para atrapar delincuentes. Se invitaba así, a que lxs ciudadanxs –se coloquen la gorra- y se transformaran en vigilantes.

Me vuelvo a preguntar; ¿no debemos propender a un nuevo estatus jurídico que transforme a lxs policías en sujetxs de derecho? ¿No debemos aspirar a contar con policías cada vez más ciudadanxs, en lugar de ciudadanxs cada vez más vigilantes?

El pasaje de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, implica que el objetivo de la seguridad no es el orden público, sino la protección de lxs ciudadanxs en el ejercicio de sus derechos. Implica la ciudadanización policial.

En este punto, mi sólida opinión en contra de la sindicalización, presenta algunas fisuras.

Si lxs policías no pueden agremiarse, si tienen prohibida la representación, si no pueden peticionar a través de canales institucionalizados que tengan independencia de la cadena de mandos, como se puede pretender que no sientan como una terrible injusticia la abismal diferencia existente entre la ampliación de derechos que viven lxs ciudadanxs en general y la restricción de derechos que existe para el interior de la fuerza.

No obstante lo novedoso del método, la protesta policial de estos días, apelo a formas o modos, ya implementados en anteriores ocasiones: levantamiento policial, acuartelamiento, ausentismo, ocupación del espacio público; todo lo cual nos lleva a pensar que ciertas rutinas de la protesta, exigen a las autoridades políticas, abandonar visiones ingenuas.

 La policía negocia y pacta todo el tiempo su subordinación. Ello pues, cuando no existe conducción ni planificación política en materia de seguridad ciudadana, la conducción se limita a la negociación constante de los acuerdos con las cúpulas policiales

Por tanto, en la medida que la nueva policía no encuentre canales formales donde expresar sus problemas y manifestar sus legítimas demandas, continuará con una escenográfica de la protesta similar a la utilizada por la vieja policía.

Es del caso señalar, que una de las responsabilidades de la conducción política, exige la existencia de un área de gestión dedicada especialmente a abordar los problemas vinculados no solo al retraso salarial sino también, a la mejora de las condiciones laborales, para hacer frente a todos los problemas que derivan de las condiciones en que lxs policías prestan servicios.

Me pregunto entonces, ¿si la “sindicalización” no puede constituir una forma de darle previsibilidad y racionalidad a la protesta policial?

La sindicalización no es el punto de partida sino uno de los objetivos que hay que alcanzar con la reforma policial, es decir, el resultado de la desmilitarización de la agencia policial. La sindicalización, que supone el reconocimiento explícito del derecho a la protesta, hay que pensarla como parte de un proceso de laborización de las policías. Si queremos una policía al servicio de los ciudadanos, hay que procurar que los policías estén cada vez más cerca del ellos”.[v]

Sin perjuicio que la función policial es un servicio esencial que debe ser garantizado por el Estado, el/la policía, como cualquier otrx ciudadanx, es un/a trabajadxr, al que deben serle reconocidos determinados derechos.

Debe entenderse bien, la sindicalización no debe darse aisladamente, sino en el marco de una profunda reforma, que además de integral, modifique el paradigma de la seguridad.

La sindicalización podría contribuir a la idea de ciudadanizar a las policías, permitiendo que el resto de la sociedad pueda encontrar en el/la policía a un/a ciudadanx con el/la cual puede dialogar y no un/a enemigx. 

También la sindicalización podría constituir un mecanismo donde lxs policías denuncien los abusos de sus superiores, o más aún, un mecanismo que rompa con los “códigos de silencio” que impone la corporación cuando actúa más allá de los derechos humanos.

Incluso, podría pensarse en otras herramientas, además de la sindicalización. “Existen otras formas de representación en el mundo como por ejemplo la figura del ombudsman policial. Incluso, en algunos países donde se permiten los sindicatos existen algunas limitaciones: tienen limitado el derecho de huelga, tienen que manifestarse en el espacio público sin armas y uniformes, tienen que garantizar las guardias en las dependencias y el servicio de calle. Acá hay todo un abanico de posibilidades que se pueden debatir”[vi].

La sindicalización exigirá –sin duda alguna- un extremo esfuerzo de “la política”, pues tal proceso de construcción de ciudadanía en las bases policiales está plagado de riesgos y peligros.

La tarea no debe asustarnos. Más riesgoso y peligroso es no hacer nada. Si “la política”, desaprovecha la oportunidad que surge de esta crisis, entonces los conflictos continuaran por senderos impensados, librados a la manipulación de oscuros personajes, más inclinados a afectar a la democracia y la gobernabilidad, que preocupados por los derechos de lxs buenxs policías.

Para oponerse a la sindicalización policial, se suele alegar dos argumentaciones básicas. La primera, que la policía cumple con un servicio público esencial que necesita cadena de mando y la segunda, que dada la fisonomía corporativa de la policía, la sindicalización, sólo reafirmaría su autonomía.

Me pregunto, hoy, sinceramente se piensa que la cadena de mando no fue seriamente dañada con esta protesta. Realmente ¿consideran que había control político sobre la fuerza?

Como ya se dijo, muchxs jóvenes que protagonizaron la protesta, provienen de sectores populares.  Así, en tiempo de precarización laboral y desocupación, el ingreso a la fuerza policial constituye una estrategia de supervivencia. Ingresar a la policía, les significó sueldo, obra social, antigüedad, vacaciones pagas, aguinaldos, aportes jubilatorios y acceso al crédito; la pregunta entonces es, ¿debe “la política” renunciar a estxs jóvenes policías?

Si como parte de nuestro compromiso político, desarrollamos tarea militante, tanto en los barrios populares, como en las fábricas, o las facultades, ¿porque renunciar a otros espacios o “territorios” habitados por actores juveniles provenientes de los sectores populares?

Por caso, ¿los sindicatos y gremios, además de disputar el sentido de las políticas públicas, no disputan también afiliadxs por abajo? ¿No deberíamos disputarles las policías a las propias cúpulas policiales?

Nuestra Constitución Nacional establece que todo trabajadxr debe poseer representación gremial como organización sindical libre y democrática, no obstante se alega que  la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dejó librado a cada país el establecimiento de pautas en relación a la sindicalización de sus fuerzas de seguridad.

Permitir la sindicalización al personal policial, no implica dar derecho de huelga sin ninguna restricción. Podría compararse la situación con lxs trabajadorxs de la salud, que, si bien tienen derecho a huelga, lo mantienen de acuerdo a las limitaciones y obligaciones impuestas por su actividad.

¿No sería la sindicalización una propuesta progresista y democrática, que brinde a la policía entidad y capacidad de negociación?

En términos normativos, los convenios 87 y 98 de la OIT otorgan cierto margen de discrecionalidad a los Estados para regular el ejercicio de la libertad sindical de la policía, luego las declaraciones y pactos sobre derechos humanos incluidos desde la reforma constitucional de 1994 en el artículo 75, inciso 22 (PIDESC, PIDCP y la CADH) otorgaron un derecho amplio a la libertad de asociación con fines gremiales, siempre con las limitaciones que pueda otorgarle una ley formal al respecto.

Por tanto, relacionado estrictamente con el derecho de huelga, la circunstancia de que una asociación profesional policial tenga vedado el ejercicio de ciertos derechos de negociación colectiva y de huelga no debe ser un obstáculo insalvable para que la asociación gremial pueda defender intereses y derechos profesionales.

Concretamente, la imposibilidad de ejercer en su plenitud derechos sindicales fundamentales, dada la característica especial de la actividad policial, no impide que las fuerzas de seguridad peticionen ante las autoridades y ejerzan su derecho a manifestarse mediante una regulación estricta de las modalidades de acción directa.

Por otra parte, la circunstancia de que las fuerzas de seguridad posean una estructura jerárquica y vertical no es un factor determinante para limitar o aún prohibir la sindicalización, ni es contraria a la democracia y participación necesarias para la vida sindical, debido a que la jerarquización no es exclusiva de las  fuerzas policiales, sino que también atañe a toda la composición estatal[vii].

Los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, exhortan a los Estados a limitar dichos derechos en caso de que lo crean conveniente y en base a razones de seguridad nacional, es decir, ninguno de ellos los prohíbe.  En relación a los que contienen disposiciones amplias podemos encontrar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXII), la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (art. 26) y la Declaración Socio-laboral del MERCOSUR (art. 8).

En el marco de la OIT, el Comité de Libertad Sindical, ha expresado, que si bien el artículo 9 prevé excepciones a la regla general del artículo 2 del convenio 87, también debería darse una definición restrictiva de carácter legal de los miembros de las fuerzas de seguridad, que pueden ser excluidos de su ámbito de aplicación[viii]; por tanto al no existir tal definición salvo en casos específicos de negociación colectiva, debe optarse por una posición amplia y ello en virtud del principio “pro homine” del derecho internacional de los derechos humanos.

A su turno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, que los Estados deben garantizar al profesional que integra las fuerzas policiales el derecho de asociarse para la defensa de sus derechos profesionales, haciendo la salvedad de que dicha libertad debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados respecto a toda la población bajo su jurisdicción[ix]. Además, la citada Comisión considera que nuevamente es el Estado quien debe asegurar la profesionalización de los integrantes de sus fuerzas policiales, así como de proporcionarles la formación, infraestructura y equipamiento para el adecuado cumplimiento de sus cometidos institucionales (párr. 221. 222 y 224).

A esta altura, mi opinión en contra de  la sindicalización se desmorona.

Hoy, más que nunca es necesario que los miembros de la policía bonaerenses, tengan la posibilidad de dialogar y negociar con el Estado sobre temas que hacen a sus derechos laborales como las condiciones de trabajo, salario y jornada, temas que actualmente no tienen canales específicos de tratamiento y solución y que merecen considerarse.

Puntualmente el reconocimiento gremial de las fuerzas policiales podría contribuir a su democratización, profesionalización y su correspondiente desmilitarización propiciando su consideración como fuerzas de seguridad civiles. La corrupción y la alta conflictividad que muchas veces son resultado directo de la falta de protección, podrían sortearse a través de la discusión horizontal y la pluralidad en la toma de decisiones.

No es casual que el malestar haya salido a la luz ahora, con este gobierno. Eso no habla mal del gobierno sino, en cierta manera,  muy bien: este gobierno deja margen para que incluso los policías puedan presentar en el espacio público sus problemas. De la misma manera que lo hacen otros sectores y nadie es reprimido. Esto con el macrismo no pasaba porque tenía claramente otra actitud, muy antidemocrática, para con las policías y el resto de la sociedad que tomaba la calle para protestar[x].  

Las decisiones adoptadas por el señor Presidente de la Nación y el señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, son más que auspiciosas; y muestran un horizonte propicio para soñar la policía que todos nos merecemos.


[i] Esteban Rodríguez Alzueta. https://lateclaenerevista.com/protesta-policial-gremializacion-bizarra-fragmentada-y-operada-por-esteban-rodriguez-alzueta/

[ii] Marcelo Saín. “El Leviatán Azul”. Siglo XXI Editores. Bs.As. 2008.

[iii] Marcelo Saín. Ibídem.

[iv] https://www.lanacion.com.ar/politica/el-motin-pitufos-nid2445559

[v] Esteban Rodríguez Alzueta. “La máquina de la inseguridad”. Eme editores. Bs. As. 2016

[vi] Esteban Rodríguez Alzueta. https://lateclaenerevista.com/protesta-policial-gremializacion-bizarra-fragmentada-y-operada-por-esteban-rodriguez-alzueta/

[vii] Dice Weber en ¿Qué es la burocracia? que el principio de jerarquía se da en cualquier organización de tipo

burocrática, como las estructuras estatales, eclesiásticas, partidarias o empresarias. En resumen, es indiferente que la autoridad sea privada o pública para que exista un principio jerárquico (Weber, 2000).

[viii] OIT (2006), La Libertad Sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical

del Consejo de Administración de la OIT, Quinta Edición (revisada), Ginebra: Oficina Internacional del

Trabajo, p. 50.

[ix]  OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009), Informe sobre Seguridad Ciudadana y

Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II., doc. 57, párrafo 93.

[x] Esteban Rodriguez Alzueta. https://lateclaenerevista.com/protesta-policial-gremializacion-bizarra-fragmentada-y-operada-por-esteban-rodriguez-alzueta/