Seguridad

Por Víctor Hortel.

Ningún gobierno puede darse el lujo de no abordar la cuestión de la “seguridad”, dado que la demanda social en tal sentido impone tener en agenda este tema tan sensible.

Los debates y discusiones de los últimos días, indican que es mucho lo que falta acordar en esta problemática, por momentos parece que estamos retrocediendo, por eso, vamos de nuevo.

ESCENARIO

La complejidad de los escenarios de conflicto señala con énfasis la imperiosa necesidad de abordar la cuestión con horizontes de inclusión, en un marco de equidad, que postulen la protección de las mayorías.

En tal sentido corresponde adelantar nuestra opinión en el sentido de apoyar aquellas iniciativas o propuestas que resulten coherentes con los enunciados de una seguridad democrática.

La cuestión de la seguridad comienza a ganar importancia en el país en 1983, cuando al finalizar la dictadura se producen desplazamientos en la concepción de guerra y en las formas de estigmatización. En el primer caso de pasa de la política al delito, mientras que en el segundo de las “organizaciones terroristas” a los “negritos delincuentes”. Así comienza a ponerse de manifiesto una fuerte tendencia al crecimiento de la demagogia e histeria punitiva.

Hay un clima, una cultura institucional militarizada que plantea todo conflicto como una guerra que solo debe conducir al aniquilamiento del enemigo

Tal discurrir histórico ha generado una suerte de inercia social y abroquelamiento de las fuerzas de seguridad que resisten cualquier reforma que de algún modo pretenda interpelarlas en su condición de instituciones punitivas.

CONDUCCION POLITICA

En general, las fuerzas de seguridad se asumen como un instrumento castrense, en un teatro de operaciones, a cargo de un dispositivo bélico que se comanda con criterios militares, donde el único objetivo parece ser la “eliminación” o “aniquilamiento” del enemigo.

La tendencia del sistema político a delegar el manejo de la seguridad en los mandos policiales, sin hacerse cargo de la conducción política de la policía y sin articular un adecuado y eficaz control político de las acciones policiales, no ayudan para revertir el cuadro de situación.

DESDE LA POLÍTICA SE DEBE ASUMIR UN COMPROMISO CIUDADANO EN POS DE REDUCIR LOS NIVELES DE VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD Y A DISMINUIR SIGNIFICATIVAMENTE LA CANTIDAD DE VÍCTIMAS LETALES QUE RESULTAN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EJERCIDA POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.

TIENE QUE HABER UNA CONDUCCION POLITICA DE LA SEGURIDAD.

Entendemos que resulta una responsabilidad política buscar las herramientas que permitan dotar de racionalidad a la labor policial e impidan los desbordes de violencia brutal, que por lo general victimiza a población en situaciones de vulnerabilidad.

Se debe trabajar políticamente a fin de limitar racionalmente la autonomía de las agencias policiales.

Se deben generar las condiciones para que la fuerza policial trabaje a partir de un marco regulatorio, que además de fijar el piso de la actuación policial, indiquen claramente los roles de los funcionarios políticos responsables y  las herramientas de enlaces, articulación y/o negociación política, cuando el conflicto social así lo aconseje.

La conducción política de la seguridad, se trate de la represión del delito o el enfrentamiento de una situación de protesta social, es la única garantía para que se apliquen criterios de racionalidad y de proporcionalidad, que impidan las escaladas de violencia.

Resulta imprescindible implementar el control político de las fuerzas de seguridad.

No se puede “delegar”; delegar pone en contradicción la seguridad con el respeto de los derechos.

No se puede aceptar propuesta alguna que, con la finalidad de “aumentar la seguridad”, tienda a eliminar o desconsiderar derechos.

En igual medida, se debe avanzar con una clara decisión política hacia la implementación de mecanismos de evaluación y control externo de las instituciones policiales, lo que resulta importantísimo para que las fuerzas de seguridad no se comporten como corporaciones o feudos cerrados.

SENSACION DE INSEGURIDAD.

En relación al delito, somos espectadores de una histérica reacción social frente a la seguridad.

La famosa sensación de inseguridad, que resulta amplificada por los medios masivos de comunicación, que son los mismos que se encargan de instalar esa sensación de inseguridad, fundamentalmente a través de la estigmatización mediática del supuesto “enemigo”, figura que por lo general se refiere a los jóvenes excluidos de los barrios carenciados, resulta ser el caldo de cultivo donde florece la demagogia punitiva, que como única solución prevé la delegación en las agendas policiales el manejo del problema.

Esa “delegación” de la conducción en los mismos cuadros policiales, lo que claramente implica un aumento de su “autonomía”, significa el consecuente aumento de los recursos económicos y la disminución de todo mecanismo de control.

Considerar que el problema de la seguridad es un problema de tratamiento exclusivo de la agencia policial –lo que excluye la participación de otros actores institucionales y/o sociales- fundamentalmente significa una desconsideración hacia los derechos de las personas involucradas.

CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA

La criminología mediática es la que experimenta el ser humano cotidianamente cuando no tiene contacto con la realidad.

La realidad mediática se va formando con información recortada, Zaffaroni, enseña que es como ver pedazos de una película sin principio ni final; nos cortan una parte y la imagen que aparece en pantalla es la realidad, o al menos, a través de ella creemos que estamos en contacto con la verdadera realidad.

Tampoco hay una correcta contextualización de los hechos, se construye así, lo que Stanley Cohen denomina “el pánico moral”, la instalación de un mundo paranoide.

Desde México que sufre un genocidio a manos de los carteles del narcotráfico y las fuerzas de seguridad, pasando por Centroamérica, y aquí en la Argentina, circula el mismo discurso, la misma publicidad y la misma generación de pánico.

Aunque los índices de homicidios es visiblemente menor en el Cono Sur, y la frecuencia de los hechos sea otra, el “pánico moral’ es el mismo.

Nuestros políticos están presos de la fabricación de la realidad por parte de los medios, porque responden al discurso vindicativo, sea por oportunismo o por miedo. Y no se trata de una cuestión de ideología política; hay una creación de la realidad  por los medios que genera un nuevo autoritarismo, muy diferente de aquel del periodo de entreguerras. Si antes era el poder estatal el que manejaba la cuestión mediática, ahora es al revés.

Jonathan Simón, profesor de la Universidad de California, plantea que existe una lucha entre tipos de Estados: específicamente entre el modelo providente e inclusivo –como el del Franklin Delano Roosevelt-, y el Estado gendarme y excluyente –como el de Reagan/Bush-. Aquí está la clave del asunto. Se trata de pensar si concebimos un Estado que promueva un sistema inclusivo, aun con todos sus defectos, problemas, eventuales fracasos y tropiezos, o bien un Estado cuya única función sea mantener bajo control a los excluidos.

Naturalmente el modelo excluyente requiere construir y señalar como únicos enemigos a un grupo, haciendo de ellos chivos expiatorios. Ello ocurre por ejemplo con los negros o latinos. Un razonamiento desde esta lógica lleva a plantear que a estos grupos hay que mantenerlos encerrados porque impiden dormir con la puerta o ventana abierta, perturban las vacaciones, no permiten dejar la casa sola. Entonces qué hacer?  Encerrarlos y terminar así con el problema. Y si no se puede, hay que matarlos y se acabó.  Así se construye un grupo como peligroso y fuente de todos los males.

En el actual modelo de Estado cambia la figura del ciudadano medio. Mientras que para el Estado del bienestar el ciudadano medio es el trabajador, en el Estado Gendarme es la víctima, pero no cualquier víctima, sino la que ese puede mostrar y causar empatía. Incluso, en algunos casos, la víctima se convierte en lo que la criminología llama “victima-héroe”, aquella que genera tal empatía que puede decir lo que los comunicadores sociales no se animan a decir.

La cuestión es que a la víctima no se le puede contestar, porque hacerlo sería muy cruel. Hasta que en algún momento la victima ya no sirve más.

Existe siempre para la criminología mediática un estereotipo del llamado “ente temible”. Por lo general, para América Latina es el adolescente de barrio precario, llámese favela, pueblo joven, o villa miseria. Es el pibe del barrio marginal, y es por ello “descartable”, se lo utiliza hasta que aparezca algo mejor.

Definiciones en torno a la Seguridad

En sentido restringido, la seguridad es la contrapartida de la inseguridad, e involucra a los hechos que están previstos como delitos y pueden causar daño a otras personas o a sectores enteros de la población. Esto remite a la problemática que está relacionada con estos aconteceres criminales, es decir, los distintos tipos de delitos que ocurren en la sociedad actual.

Cuando se habla de la seguridad o inseguridad, vinculado al tema de la criminalidad o de la cuestión delictiva intencionalmente se reduce la cuestión de la seguridad exclusivamente a la criminalidad.

Si uno piensa en una gobernabilidad democrática de la seguridad, hay que poner énfasis en el trabajo para terminar con los delitos complejos, que aparecen como cercanos de aquellos que llamamos vulgarmente delitos callejeros, o los que producen inseguridad en la forma más inmediata

DELITOS COMPLEJOS Y COMUNES

Los delitos complejos, generalmente se cometen desde posiciones de poder político o económico y requieren un gran nivel de organización y recursos (contrabandos, fraudes impositivos, tráficos, genocidios etc.); precisamente por ese nivel de organización y recursos en la generalidad o mayoría de los casos existe una clara participación de fuerzas policiales vinculadas a sectores políticos.

Los delitos complejos, además de organización y recursos requiere de bandas criminales que articulan entre los sectores políticos, agencias de seguridad y sectores empresariales –que producen gran acumulación de capital y financian actividades empresariales y políticas- son estructuras delictivas que, con efecto cascada, caen sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y, además, transforman a esos miembros del sector vulnerable, en autores directos de muchos de los delitos callejeros. Delitos tradicionales de estructuras delictivas que requieren organización, recursos y articulación entre actores: tráfico de drogas, de armas, trata de personas.

Resulta difícil por no decir imposible que estos delitos se puedan ejecutar y expandir sin la participación de los sectores políticos y de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía y de la participación judicial.

El crimen organizado, los delitos complejos, tienen otra lógica de construcción y entonces debe ser abordado en forma diferente.

Los delitos comunes, no cuentan con un gran nivel de organización y, en su mayoría, son delitos contra la propiedad.

Muchas veces se restringe el término inseguridad al problema del delito común, sobre todo cuando se habla de los medios de comunicación o de la sensación de inseguridad.

En realidad son sensaciones que se miden en la población y que reflejan los medios, pero que están solamente vinculadas al imaginario del daño que puede causar el delito más simple y el de menos nivel de organización, pero que puede resultar el más generalizado y el que tiene como víctima en forma muy directa a la población en general.

DELITOS Y POLITICAS NEOLIBERALES

Durante la vigencia del Estado benefactor, keynesiano, interventor, la violencia y el delito urbano, resultaban problemas secundarios, incluso la delincuencia organizada estaba histórica y prácticamente limitada al caso “mafioso” al estilo de la familia italiana.

Cuando se instalan las políticas neoliberales, el delito pasa a ser un problema real, pues en poco tiempo, cuatro o cinco años, se multiplica por cinco la cantidad de hechos delictivos.

Cuando la derecha plantea el problema del delito, no lo hace solo desde una mera construcción discursiva, sino que se apoya en un fenómeno real, que se desarrolla durante los 80 y 90. Se trata de un aumento sustancial de la conflictividad social en materia de producción de delito y por supuesto de represión.

En el marco del neoliberalismo crece el delito organizado, los tráficos ilegales y todo el enmarañamiento del accionar policial, político e incluso del accionar de ciertos sectores de la sociedad. Es un proceso complejo por el cual el límite entre lo lícito y lo ilícito se vuelve borroso, donde aumentan los niveles de violencia, tanto de la delincuencia organizada, como de aquella con bajo nivel de organización. Hay que reconocer la existencia de esta realidad, pero no en los mismos términos que la derecha, en cuanto  a cuáles son sus causas y mucho menos en cuanto a cuáles son las políticas frente a esta situación.

Algo fundamental es comprender la articulación que existe entre las dimensiones del delito y la desigualdad, especialmente desde la delicada óptica de los derechos humanos. Necesitamos políticas integrales de prevención para abordar las causas de la inseguridad. Se deben aplicar programas de protección de los derechos de los sectores más empobrecidos, así como limitar las intervenciones criminalizantes que cargan más violencia sobre los mismos sectores que se dice querer proteger.

Hay que dar una profundidad a la discusión, quienes son las víctimas y quienes aportan la mayor cantidad de víctimas. Esto tiene que ver con la construcción social de la inseguridad, y con la lógica de exclusión, económica, pero también territorial que permite que las cárceles constituyan lugares de profesionalización del delito.

El sistema penitenciario se realimenta continuamente de los mismos sujetos que participan de los delitos, y de esta forma, se los profesionaliza en un camino sin retorno. El fenómeno se relaciona en el segmento joven con una lógica de construcción de identidad social. Para una gran cantidad de jóvenes el único camino para construir una identidad social es pertenecer a una organización criminal, a una banda, lo cual a su vez los somete y mantiene en la lógica de la exclusión.

Como peronistas, militantes de la justicia social, los derechos humanos, y un Estado presente y eficaz, militemos los temas de la seguridad, que es un tema demasiado importante, como para dejar en manos exclusivas de las fuerzas de seguridad.