¿Se debe sacrificar al Gobierno para preservar a las instituciones de un horizonte de anomia?

Por Alberto Lettieri. Historiador.

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La reflexión sobre el régimen político tiene una larga tradición en la historia de la humanidad. En general se ha aceptado que el objetivo central de cualquier gobierno consiste en garantizar el orden y fomentar la prosperidad de una sociedad, ya que, como decía Maquiavelo, “Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”.

Sin embargo, si bien abundaron las tipologías sobre formas “buenas” y “malas” de gobierno, o utopías sobre sociedades ideales, los pensadores modernos y contemporáneos se han centrado más en la efectividad que en la definición de un modelo teórico de validez universal. Así, por ejemplo, Max Weber afirmaba que el mejor gobierno era aquel que garantizaba la consolidación del orden y el recambio de los gobernantes en tiempo y forma sin poner en riesgo el sistema. Y Nicolás Maquiavelo sostenía que el objetivo principal del Príncipe consistía en conservar el Estado, después de lo cual podrá dedicarse a buscar el honor, la gloria y la fama. Actuar de manera inversa equivaldría a fomentar la anomia, el colapso, la dilución de las instituciones y la guerra civil.

Por esta razón, si bien la aspiración de todo gobierno consiste en construir autoridad política (consenso sumado al poder), es el poder el que, en definitiva, garantiza en última instancia el orden. De ahí la importancia que asignaba Weber al monopolio de la coacción legítima como herramienta esencial del Estado Moderno. Si el gobernante ordena, pero la sociedad no obedece, el horizonte de catástrofe resulta inevitable.

Otro elemento central para el análisis de la república moderna es la distinción entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Esto es, un gobernante puede ser perfectamente legítimo en lo referido a los mecanismos legales de acceso a su función –vg., el sufragio universal u otras formas alternativas-, pero lo que garantizará el orden, su autoridad y su legitimación a lo largo de su mandato será la legitimidad de ejercicio. Esto es, la aprobación de los gobernados respecto de las decisiones que se adopten durante la gestión. Esto es lo que permitió, por ejemplo, que nadie dudara de la legitimidad de Néstor Kirchner, pese a haber asumido con poco más del 20% los sufragios, mientras que otros gobernantes –pongamos por caso a Fernando de la Rúa- fueron cuestionados y debieron abandonar sus funciones antes de tiempo, destrozada su legitimidad por las decisiones adoptadas.

¿Qué relación tienen estas consideraciones con la Argentina actual? Alberto Fernández accedió a su candidatura presidencial por decisión de Cristina Fernández, y esta elección fue luego convalidada por casi el 49% de los sufragios. Aquí aparece la tradicional figura del Papa Negro: alguien que ejerce funciones ejecutivas, mientras el liderazgo es retenido por otro actor o actriz político que permanece en las sombras. ¿A quién se interpela y se le reconoce la capacidad última de decisión? ¿A quien ejerce la presidencia, sin contar con un liderazgo propio ni un programa preciso, o a quién goza de estas últimas cualidades, pero no ejerce la función institucional?

Si ya esta cuestión resulta traumática en el caso del gobierno de un partido, mucho más lo es cuando se trata de una coalición. Sobre todo, si esa coalición se articuló con el fin de obtener un resultado electoral –la derrota de la candidatura de Mauricio Macri-, sin haber definido un programa de gobierno ni definir una dinámica interna que contemplara la participación y discusión entre los integrantes.

El gran desafío del Frente de Todos consistía en transformar una coalición electoral en una coalición de gobierno, habida cuenta de la inexistencia de un partido hegemónico –como lo fue el PRO en la experiencia de Cambiemos- capaz de definir una línea de acción concreta. Esta tarea de definición de mecanismos de negociación internos y de reparto de porciones de poder no consiguió concretarse, ni, mucho menos, la elaboración de un diagnóstico común que permitiera definir un proyecto de gobierno y un plan de acción compartido para desarrollarlo. Si a esto le sumamos la situación de tierra arrasada que legó el macrismo, la pandemia internacional y la escasa experiencia ejecutiva, capacidad y vocación de liderazgo presidencial, el atolladero resultaba aún más complicado. Y, por si fuera poco, la pandemia y la necesidad de llegar a un acuerdo con los acreedores de la colosal deuda contraída por Cambiemos -en su mayoría esquivando las disposiciones legales que exigían la participación del Congreso Nacional- y la reconstrucción del aparato productivo, en un marco de pobreza y exclusión inédito, demandaban un liderazgo sólido y unívoco, un programa concreto de acción y una afilada capacidad de negociación que brillaron por su ausencia hasta la fecha.

Desde un principio, Alberto Fernández pareció más interesado en alcanzar el “honor, la gloria y la fama” que la efectividad y el orden, invirtiendo la secuencia lógica recomendada por Maquiavelo. Puso como precondición para definir un plan de gobierno la renegociación exitosa de la deuda externa. En los términos acordados –con un reconocimiento de casi el 98% del capital nominal, queda la sensación de que se perdieron casi 10 meses de gestión, postergando la toma de decisiones asociadas al crecimiento productivo de la Argentina. Y si bien la pandemia puede considerarse como un factor determinante e imprevisto al momento de impulsar un relanzamiento económico, no debe olvidarse que, antes de su impacto en nuestro suelo –a fines del mes de marzo-, no se contaba con programa ni plan alguno. De algún modo, la cuarentena ofició como una justificación para esa dilación. De ahí las críticas que aseguraban que el presidente se había “enamorado” de esa cuarentena.

La insistente necesidad presidencial de aparecer constantemente en los medios de comunicación, asumiendo simultáneamente las funciones presidenciales, de Jefatura de Gabinete y hasta de vocero de sí mismo, sólo consiguieron desgastar una imagen que había crecido de manera inédita en las encuestas a partir de sus anuncios iniciales de su opción por la vida por encima de la economía. Si esta fue la estrategia elegida para incrementar su autoridad y consolidar el orden, evidentemente no fue la correcta. Sus constantes indefiniciones y contradicciones –como en el caso Vicentín, el inoportuno lanzamiento de la Reforma Judicial o sus afirmaciones de que se no recurriría al cepo cambiario, por ejemplo-, no sólo fueron diluyendo su aceptación en la opinión pública, sino que también pusieron en cuestión su propia autoridad en la jerarquía de mandos. ¿Quién era, en definitiva, quien tomaba las decisiones? ¿No quiso, no supo o no pudo mantener el diálogo con la oposición más moderada? ¿Fue propia la decisión de apartar a los gobernadores peronistas de toda participación en su gabinete, pese a sus compromisos previos, o su preferencia por los movimientos sociales por encima de los sindicatos? En un sistema presidencialista tan vertical como el argentino, las responsabilidades, en última instancia, recaen en quien ejerce el Ejecutivo. El éxito o el fracaso serán de Alberto Fernández. El peronismo, una vez más, ha quedado prácticamente marginado de toda capacidad de decisión.

Las contradicciones permanentes –tenía un plan pero no lo revelaba, luego descreía de los planes, más tarde estaba en elaboración-, sus propias desmentidas sobre convicciones existenciales –de privilegiar la vida a la economía pasó a combinarlas, negando sus afirmaciones precedentes-, o su confesión de sentirse más próximo a Bob Dylan que a las “Veinte Verdades”, o a Alfonsín más que a Perón, generaron desasosiego, no sólo dentro del peronismo sino en los espacios empresariales y en las bases peronistas a lo largo del país. De identificarse con el cuidado de la vida terminó por aceptar que la sociedad no obedecía a sus indicaciones, y terminó por optar por la responsabilidad social individual. De los anuncios en triunvirato con Rodríguez Larreta y Axel Kicillof concluyó en anunciar la última extensión de las restricciones a través de una especie de spot publicitario, abandonando la escena.

Tanto por convicción como por estilo, como así también por muchas de las decisiones adoptadas, Alberto Fernández aparece, cada vez más, como un radical que como un peronista. Esto no sería malo de por sí, el problema es como terminaron los últimos gobiernos radicales y su insistencia en adoptar medidas muy similares a las que los condujeron a la catástrofe y al final anticipado. Así lo reconoció hace tiempo Ricardo Alfonsín, quien habló de que el del actual presidente era un Plan radical. Días atrás, el ex presidente Eduardo Duhalde afirmó que estaba “groggy”, y lo comparó con Fernando de la Rúa. Casi con ternura Duhalde se incluyó él mismo en la trilogía de shockeados, algo que contrasta con cualquier evidencia histórica.

El problema central que afronta la democracia argentina consiste en construir una conducción sólida y dialoguista que permita afrontar la gravísima crisis que nos afecta. Cuando el propio Duhalde, unos días antes, planteó sus dudas sobre la realización de las elecciones de medio término, y deslizó la idea de que se estaba gestando un Golpe de Estado –que algunos trocaron por Golpe de Mercado-, se encendieron las alarmas en la sociedad.

¿Realmente la Argentina se encuentra en situación tan crítica?  Un simple paneo por los países latinoamericanos permite comprobar que la estabilidad institucional no es un logro consolidado por estas tierras. Brasil con su golpe institucional a Dilma Rousseff, el Golpe policial-militar a Evo Morales en Bolivia, la compleja situación que atraviesan Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela… La lista sigue. El diagnóstico es similar: inestabilidad política y social, agravada ahora en un escenario de pandemia con final impreciso, pero con consecuencias muy evidentes y dañinas a escala planetaria.

Desde hace tiempo, Guillermo Moreno viene marcando sus diferencias con las decisiones adoptadas, señalando sus errores y contradicciones, y anticipando escenarios emergentes de esas acciones que sistemáticamente se vienen cumpliendo y que sólo parecen conducir a la anomia y a un final anticipado de la actual gestión, siempre y cuando no se adopte con premura un drástico golpe de timón. No es su objetivo voltear al Gobierno, sino llamar la atención sobre la gravedad de la situación. Sus alertas sobre la necesidad de elaborar un diagnóstico adecuado y definir un plan efectivo de gobierno cayeron, hasta ahora, en el vacío. Tanto como el Plan que elaboró con otros economistas del PJ y que se hizo llegar al presidente, sin obtener más respuesta que el silencio.

Otros actores, pertenecientes al ala dura de Juntos por el Cambio, intelectuales orgánicos del liberalismo a ultranza y comunicadores de los medios que brindan generoso blindaje a la oposición, se frotan las manos ante la alternativa de un final anticipado del gobierno de Alberto Fernández. Sin tapujos, Patricia Bullrich anticipó que aspiraba a recuperar el gobierno el año próximo, cuando, se sabe, sólo están programadas elecciones de medio término. Pero en la Argentina queda claro que esas elecciones legislativas tienen impacto decisivo en la gobernabilidad. Bastaría con recordar las experiencias de Raúl Alfonsín o de Fernando de la Rúa.

¿Marcha indefectiblemente el gobierno de Alberto Fernández hacia un fracaso con final anticipado? Nadie en su sano juicio, o comprometido con la democracia y los principios y valores de nuestra sociedad, desearía algo semejante. El problema es que el Gobierno insiste en tomar decisiones apresuradas y que cargan sobre sí el apotegma del fracaso. Hace tiempo, varios economistas –entre ellos, el propio Moreno- recomendaron al gobierno cuidar las divisas y utilizar las escasas disponibles en el Banco Central para promover la producción y la recuperación económica. El Gobierno no tomó nota y, lejos de hacerlo, esperó a que el iceberg colisionara con el Titanic para adoptar una decisión sobre el dólar que ya había sido descalificada por sus efectos sobre las últimas gestiones radicales. Para peor, lo hizo dos días después de que el ministro Guzmán descartara toda posibilidad de profundizar el control de cambios y horas antes de la presentación del Presupuesto 2021, que quedó invalidado antes de nacer por esa determinación. De este modo, no sólo cometió un yerro económico. También generó malestar dentro de amplios sectores de votantes propios de clase media, en los inicios de una nueva competencia electoral, con imprevisibles consecuencias sobre la inflación y el humor social. Un primer dato fue la caída de la cotización de la deuda argentina, ante la incredulidad de los mercados de que nuestro país pueda llegar a cumplir los compromisos celebrados en el marco de una política económica diletante e improvisada.

A diferencia del 2001, cuando la figura consultar de Duhalde se levantaba como garantía de continuidad institucional ante los desaciertos de De la Rúa, no aparece en el horizonte político de la Argentina una figura capaz de asumir un papel similar. Cierto es que cuando hablan Cristina Fernández, Macri, Sergio Massa, Rodríguez Larreta, algunos de los Gobernadores e intendentes o el propio Moreno la sociedad los escucha con respetuoso silencio. Ese fenómeno no parece replicarse cuando lo hace el presidente. Más bien da lugar a infinidad de memes y a un murmullo ensordecedor.

A falta de un líder capaz de concitar las expectativas mayoritarias resulta indispensable articular una conducción, sobre la base de un programa económico y político sólido y consensuado. El propio Alberto Fernández podría impulsar una convocatoria que, en caso contrario, cobrará vida por iniciativa propia, tal como lo demostraron las reuniones celebradas entre dirigentes sindicales y la conducción empresarial excluyendo al gobierno. No son pocos los que consideran que hace falta más peronismo en esta gestión. Incluso muchos de quienes la reclaman no son peronistas. Son empresarios, analistas, referentes sociales y políticos de buena fe, preocupados por la debilidad del gobierno actual. No se trata simplemente de un recambio ministerial: es necesario adoptar un programa racional y consensuado.

En este sentido, la alternativa de articular dos mesas de discusión, una al interior del propio peronismo y compuesta por políticos, economistas, gremialistas y empresarios, en interacción con otra similar compuesta por referentes de la oposición comprometida con los intereses nacionales, va ganando terreno dentro de la dirigencia argentina. Lo que queda en claro es la necesidad de no dilatar su conformación, ya que el tiempo apremia.

Muchos son los que desearían que Alberto Fernández se pusiera a la cabeza de esta iniciativa, ya que el run run desestabilizador se incrementa cotidianamente. Otros señalan que los hechos se impondrán por sí mismos, más allá de la decisión presidencial. Y no son pocos los que ya imaginan una Asamblea Legislativa, a la que presentan como un escenario de “fuego purificador” que permita cortar las siete cabezas de la Hydra y devolver a la Argentina a una etapa de crecimiento económico con tasas chinas, consagrando a esa nueva conducción compartida. Algo impensado en las condiciones actuales y con el diseño presupuestario presentado por el Gobierno. No habría que asustarse ante semejante escenario, se asegura, ya que muchos son los cuadros disponibles, probados en la lucha y la gestión. Precisamente aquellos que cuando hablan son escuchados en silencio.

¿Está destinado Alberto Fernández a ser el Duhalde, el piloto de tormentas de la transición, hacia una nueva etapa de bonanza argentina, equiparable a la “década ganada”, o será capaz de dar un golpe de timón y asumir él mismo esa conducción que está vacante, o insistirá con una línea de acción que sólo ha potenciado la declinación en el contexto de pandemia?

Lo que queda en claro es la necesidad de generar un consenso que incluya a los espacios políticos, empresariales y sindicales, para afrontar el desafío. Y con premura, ya que la anomia acecha, y nada beneficioso sería posible esperar de un escenario semejante.