Rumasa

Por Gustavo Feldman.

Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda del PSOE triunfante en España en 1982, reveló recién en 1997 que: «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves».

En febrero de 1983, puntualmente el 23 de ese mes y año,  el Consejo de Ministros del Gobierno de España dispuso  la expropiación  del grupo RUMASA -propiedad de la familia RUIZ MATEOS; grupo económico,  constituido por más de 700 empresas, con más de 60.000 empleados y una  facturación que rondaba los 2000 millones de euros anuales a la paridad que hubiera correspondido en esos días, en ese momento expresado en  pesetas. El tema se conoció como el otro “23 F”, en referencia al 23 de febrero de 1981 y el Tejerazo.  Rumasa se había transformado en un agujero negro, obstruyendo permanentemente la actividad estatal de supervisión. Sobre todo, en el ámbito de su actividad financiera. Al momento de la expropiación el grupo había ingresado en una vorágine de expansión e inversión y en la toma de riesgos no controlados. Desde 1978 que no registraba una auditoría externa de sus actividades. Adeudaba al Tesoro Nacional Español la friolera de 10.000 millones de pesetas. La expropiación se dispuso pocos meses después del triunfo del PSOE en 1982 que ungió a Felipe González Márquez Presidente del Gobierno y a Alfonso Guerra, Vicepresidente. Fue “el Guerra” el padre político de la expropiación, y hasta en un momento blandió su renuncia si no se seguía adelante con la operación como se había concebido originalmente.

El Gobierno español optó por la expropiación integral antes que la intervención de su sector financiero, sólo de los bancos del grupo

El Gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y finalmente el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago por sus acciones.

Pocos días después de concretada la decisión José María Ruiz Mateos, alma mater del grupo, fugó a Londres y luego a Alemania, y tiempo después fue extraditado por orden de la Audiencia Nacional.

La batalla judicial se dio en dos frentes, en uno se dirimía la constitucionalidad de la medida del Gobierno y terminó con un fallo del Tribunal Constitucional español que ratificó que la expropiación había sido, en términos constitucionales, acorde a Derecho; en el otro la responsabilidad penal de Ruiz Mateo. Este segundo debate judicial favoreció al encartado, quien termino absuelto al cabo de los años.

La influencia del Opus Dei en el grupo era ostensible, 8 de los 15 directores pertenecían a esa orden, y el apoyo económico de RUMASA al Opus Dei también. De hecho, con esos aportes se financiaba y sostenía a la Universidad de Navarra y a las cinco universidades latinoamericanas que en ese entonces tenía la Orden.

La expansión del grupo Rumasa fue exponencial. El Banco de España-nuestro Banco Central- indicó a fines de los setenta al Grupo desacelerar racionalmente esa expansión. Asimismo, ordenó una auditoria. Además de los cuatro hermanos Ruiz Mateo y una hermana, luego se supo que el Opus Dei era un verdadero socio oculto dentro del Grupo. Hasta el día de hoy en la madre patria se concluye que tras la expropiación la Obra entregó a Ruiz Mateo en pro de su propia supervivencia.

El fuerte del Grupo era el sector vitivinícola, por un lado, y la banca por el otro. Su expansión fue hija de la adquisición de empresas en bancarrota que se salvaban, se reactivaban y terminaban siendo superavitarias. Paralelamente se elaboró y concretó un complejo entramado de empresas y sociedades controlantes y controladas, en las que se daba una gran coincidencia y repetición de personas físicas tanto como accionistas como en la directiva de ellas. La diversificación fue realmente intensa:

Una larga cadena hostelera partencia a RUMASA; “Hoteles Agrupados, S.A. (Hotasa)”, poseía estos hoteles; “Las garzas” y “Las ocas” en Benidorm, “Los bardinos” en Las Palmas de , “Los bracos” en Logroño, “Los chihuahuas” y “Los pingüinos” en Menorca, “Los dogos” en Puerto de la Cruz, “Los galgos” y “Las alondras” en Madrid, “Los gallos” en Córdoba, “Los gorriones” en Fuerteventura, “Los lebreros” en Sevilla, “Los loros” en Ibiza, “Los patos” en Benalmádena, , “Los podencos” y “Los tordos” en Mallorca , y el “San Felipe” en Tenerife…

En el área vitivinícola  Bodegas Paternina, Garvey, Bodegas Franco-Españolas, René Barbier, Segura Viudas, Conde de Caralt, Fernando A. de Terry, Bodegas Berberana, Bodegas Lan, Paternina, Palomino & Vergara .

En el rubro comercial las   Galerías Preciados y las lujosas tiendas Loewe; así como también las “Mantequerias Leonesas”

Seguros: Minerva, Unión Condal, Atlas, Fénix Peninsular

La médula cuantitativa y cualitativa del Grupo RUMASA estaba en la banca, desplegada en todo el territorio español, y como se dijo, su crecimiento descontrolado y la toma de riesgos no calculados fue el detonante para que los socialistas decidieran la expropiación de TODO EL GRUPO:

Banca: Banca Masavéu, Banco Alicantino de Comercio, Banco Atlántico, Banco Comercial de Cataluña, Banco Condal, Banco de Albacete, Banco de Córdoba, Banco de Expansión Industrial “Exbank”, Banco de Extremadura, Banco de Huelva, Banco de Jerez, Banco de Murcia, Banco de Sevilla, Banco de Toledo, Banco del Noroeste, Banco del Norte (antes Banco de Siero), Banco del Oeste (antes Banco de Béjar), Banco General del Comercio y la Industria, Banco Industrial del Sur “BANKISUR”, Banco Latino, Banco Meridional, Banco Peninsular, Bank Iberunion (en Fráncfort del Meno, Alemania), AVA, Eurobank, Banfisa.

El logo que identificaba al grupo era  la imagen de  una abeja en una pequeña celda o jaula, que  simbolizaba trabajo y perseverancia. RUMASA editaba un pasquín de circulación solo dentro de las empresas del grupo denominado La Colmena.

En Rosario, epicentro de toda la trama Vicentín, se sabía, se intuía y hasta se esperaba, una salida con intervención estatal, sobre todo a partir de que se conocieron las vergonzosas condiciones del APE (acuerdo preventivo extrajudicial) que el Grupo ofreció a sus acreedores para intentar o aparentar intentar honrar la deuda.

En diciembre pasado, los buenos oficios de Roberto Padoán hicieron que la Bolsa de Comercio rosarina adquiriera una partida de Vinos Vicentin para el ágape de fin de año. Pocos días antes se produjo el default y la directiva bursátil, con sede en Corrientes y Córdoba, tuvo que buscar malbec y sauvignon blanc de otra marca para que el brindis no fuera un papelón.

La decisión política de intervenir Vicentín, e iniciar el camino parlamentario de la expropiación fue impactante, para algunos más que para otros. Pero además fue jubilosamente recibida por sus trabajadores y muchos de sus acreedores, pequeños productores y acopiadores en su mayoría.

Capítulo aparte la deuda con los acreedores externos y con los principales Bancos públicos; Nación, Bapro y Ciudad. Más allá de que la noticia a la directiva del grupo y a muchos políticos santafesinos le llegó a través de los medios, la salida con intervención/participación estatal era ineludible

El concepto de “utilidad pública”, condición que debe estar presente por declaración explícita del Parlamento para expropiar, tiene una sustancia más política y social que jurídica; y fundamentalmente responde a una observación y un análisis netamente coyuntural.

En el caso de Vicentín , la expropiación es sinónimo de salvataje-como dijeron los Senadores santafesinos del Justicialismo-, de compromiso y auxilio del Estado nacional a miles de trabajadores y pequeños productores y acopiadores de la provincia y de fuera de ella; tal como explicó el Presidente de la Nación al ratificar la decisión de seguir adelante luego de la torpe intentona de la directiva de Vicentín de frenar la expropiación y de instalar en los medios que esta gestión había prosperado.

Ni siquiera el lenguaje elíptico del Gobernador Perotti pudo generar alguna expectativa de vuelta atrás en la decisión tomada por el Presidente.

La contundencia del mensaje presidencial, después de la amable tertulia con el Ceo Nardelli, la presencia en dicha reunión de Vilma Ibarra, cerebro jurídico de la Presidencia y la aceptación tácita primero y explícita después de la intervención; dieron por tierra con la imaginada impugnación judicial con la que algunos soñaban o especulaban.

El DNU que dispone la intervención como el proyecto de ley de expropiación refieren a VICENTIN SAIC (CUIT 30 50095962 9), es decir la parte del Grupo en el que están las empresas aceiteras, cereales, de agroalimentación; las empresas endeudadas, las empresas pobres con empresarios ricos.

La otra parte del Grupo, la que se aglomera en VICENTIN FAMILY GROUP (el frigorífico FRIAR, LA ALGODONERA, la empresa láctea Arsa, TPR, Puerto Rosario, Los Vinos Vicentin, la productora y exportadora de jugo de uva), hoy no están alcanzados por la intervención y todavía no están sujetas a ser expropiadas. El grupo en total tiene 19 empresas.

La existencia del concurso preventivo no obsta ni a la intervención ni a la expropiación; ni la expropiación obsta a la prosecución del concurso. El discurso efectista, ensayado desde algunas usinas mediáticas, rechazando la secuencia del Gobierno con el argumento que solo el juez del concurso puede determinar una intervención confunde, adrede o no, potestades, funciones y naturalezas jurídicas de una y otra medida; y tampoco servirá para una vuelta atrás.

La deuda con los pequeños acreedores asciende a 350 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el proyecto de ley de expropiación prevé que la indemnización a abonar por el expropiante será compensada con lo que la expropiada adeuda al Banco Nación, más lo que la expropiada adeuda a la Afip; es muy probable que el crédito de los pequeños acreedores (ni los bancos ni los acreedores externos) sea saciado en su totalidad.

Ahora bien, se da un fenómeno que quizás implique un protagonismo adicional del Estado expropiante, tal como ocurrió en la España de principios de los ochenta con RUMASA. Hay empresas de VICENTIN SAIC que tienen un porcentaje accionario en empresas de VICENTIN FAMILY GROUP, con ésta curiosidad, con un porcentaje pequeño, supongamos un 15% han apalancado operaciones en más de un 80%.

Existe un entramado verdaderamente complejo de sociedades controlantes y controladas dentro del grupo, con entrecruzamiento

entre empresas de VICENTIN SAIC Y VICENTIN FAMILY GROUP. Si se advirtiera que la situación de “utilidad pública” de VICENTIN SAIC se daría solamente con una permanencia en VICENTIN FAMILY GROUP o en alguna de sus empresas; esto implicaría la necesidad de avanzar con el esquema expropiatorio respecto de este segundo segmento del Grupo Vicentín o de algunas de las sociedades que lo integran. Un esquema similar al pergeñado técnicamente por Miguel Boyer y fogoneado políticamente por el Vicepresidente español Alfonso Guerra que implicó la expropiación de la totalidad del GRUPO RUMASA y la desestatización ulterior de algunas de las empresas que originalmente lo integraban, analizándose caso por caso, empresa por empresa.

Una última vertiente viene a coronar toda esta trama política, económica, social y legal; el capítulo penal. Es seguro que la investigación ya abierta en Comodoro Py seguirá y ahondará su curso; y que la denuncia-hoy día solitaria- recibida en el Ministerio Público de la Acusación santafecino con sede en Rosario dará lugar a otra pesquisa para determinar si siguió habiendo toma de deuda por parte del Grupo cuando ya se sabía de la cesación de pagos; es decir si existió el dolo que caracteriza a la “administración fraudulenta”.

De seguro las indagaciones que realiza la Comisión de seguimiento del concurso preventivo de Vicentin creada en el seno de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, que preside el Diputado Justicialista Luis Daniel Rubeo, serán un material de análisis insoslayable.

El ceo Nardelli, en una reunión con los integrantes de esta Comisión parlamentaria provincial les confesó que “si no conseguimos 300 millones de dólares que se aporten, la empresa colapsa”

La intervención como medida cautelar y operativa del proceso expropiatorio es el comienzo no el final del “asunto Vicentín”.

 

Fuente de la imagen: https://www.roadshow.com.ar/tag/empresas-subsidiarias/