¿Qué hay atrás del humo?

Por Julio De Vido (h).

La agenda agropecuaria de esta semana estuvo sumergida en la realidad que enfrentan distintas regiones de nuestro país con respecto a los incendios que se están desarrollando en el centro-norte del territorio en zonas a su vez heterogéneas en cuanto a la capacidad de uso de dichas tierras.

Sierras, pampas, deltas o humedales y el chaco son solo por mencionar algunas de las áreas que se vieron afectadas por focos originados o no en prácticas antrópicas en un contexto de marcada falta de precipitaciones en todas ellas.

Sin embargo, detrás de estos eventos la actividad agropecuaria continúa con igual o mayor ritmo que en la mayoría de los centros urbanos que se ven en condiciones parciales o totales de aislamiento tras el fuerte brote de Coronavirus en el interior, réplica de lo que sucede en el incontrolable foco del AMBA.

Bios

La semana pasada el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán Juan Luis Fernández publicó un artículo de opinión en el diario Ámbito titulada “El inexplicable embate contra los biocombustibles”, el porqué de lo inexplicable se podría resumir en el primer y en último pasaje del artículo:

Nacieron por la decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner.

La destrucción de los biocombustibles, que quede claro, no será consecuencia de ninguna pandemia.

Por otro lado, el embate tiene su origen de los dos lados del mostrador al que tanto se suele hacer referencia como ilustración en cuestiones de pujas e intereses. Por un lado, el sector político y quienes tienen, o al menos hasta la designación del nuevo secretario de Energía tenían injerencia en la articulación de políticas y precios para con los biocombustibles a quienes directamente y sin eufemismos se los llamaba “los petroleros”.

Del lado del sector privado nos encontramos con una mesa de cuatro refinadores integrados con el sector productor petrolero con objetivos claros y una fina coordinación a la hora de operar contra quienes ellos distingan como enemigos. Este es el caso de los biocombustibles ya que, en los papeles, tienen que cumplir con los cortes obligatorios del 10% para biodiesel y 12% para bioetanol y por normativa no pueden también producirlos, hecho que favoreció la instalación de 54 plantas en distintas partes del interior de nuestro país. Apoyando a este sector también se encuentra la recurrentemente deficitaria industria automotriz, la cual extrañamente fabrica autos con motores flex para el mercado brasilero que cuenta con mayores cortes reglamentarios que Argentina sin embargo se opone a todo lo que no sea demandar dólares para la importación de autopartes.

En el medio se encuentran los productores de biocombustibles y la preocupación de las provincias que concentran la mayoría de las plantas que son Tucumán, Santa Fe y Córdoba sobre la prórroga o actualización de las leyes 26.093 y 26.334 que reglamenta al biodiesel y bioetanol respectivamente, urge un sano debate que permita la modernización del marco normativo a la actualidad de un sector que ha demostrado un fuerte crecimiento a nivel nacional y una pujante demanda a nivel internacional y que traspase al lodo en el que lo quiere sumergir el sector refinador de combustibles.

A partir del nuevo marco normativo se podrían desarrollar infinidad de planes de inversión como los que ya ejecuta Porta Hnos. a través de sus mini destilerías de bioetanol que a su vez generan como subproducto burlanda para alimentación animal.

Como dijo Fernández (el ministro Tucumano), la destrucción de los biocombustibles no será consecuencia de ninguna pandemia. Por mi parte agrego, será consecuencia de un sector de la política muy rápido de reflejos para instrumentar un barril criollo de alto costo fiscal para el Estado y no arbitrar en cuestiones de política agroindustrial real como ser la continuación de la política nacional de biocombustibles.

Hidrovía

El viernes en la previa a la oficialización de la extensión de la cuarentena el presidente anunció en Puerto Gral. San Martín la creación de una sociedad del Estado que ocupará el lugar que dejará el consorcio Jan de Nul-Emepa en 2021 tras la finalización de 26 años de concesión del servicio de dragado de la cuenca inferior y más redituable del Rio Paraná y del Rio de la Plata.

Solo en su tramo Gran Rosario-Océano se movilizan 4500 buques con una carga 72 millones de toneladas en productos agropecuarios.

La empresa estatal será controlada en un 51% por el Estado Nacional y en un 49% por las provincias, sin contar aún con el DNU que la reglamente en el anuncio se fundamentó la idea alrededor de la necesidad de reforzar “el espíritu federal” y la explotación del recurso hídrico en las regiones más postergadas de la cuenca del Plata, todo enmarcado en una especie de “mea culpa” presidencial por ver a la Ciudad de Buenos Aires “tan opulenta, tan desigual y tan injusta con el resto del país”.

El éxito o fracaso de la medida en cuanto al “espíritu federal” mencionado residirá en formalizar las actividades que rodean al dragado y a esta misma en empresas que se establezcan, o estén establecidas, en las provincias beneficiadas directamente por la actividad sino estaremos frente a una concesión indirecta a través de los mismos actores que hoy por hoy prestan los servicios, pero, quizás, con distinto nombre. El solo hecho de incluir a las provincias con un porcentaje del paquete accionario en la nueva Sociedad del Estado no garantiza nada ya que con el 51% mediante, Dios sigue atendiendo en Buenos Aires, ciudad y no provincia.

Representación

La irrupción del Consejo Agroindustrial Argentino en el plano político que ya hemos abordado en este portal sigue dando que hablar, esta vez metiéndose de lleno en la elección de nuevas autoridades de la Sociedad Rural Argentina prevista para el 24 de septiembre.

El candidato opositor a la conducción actual, Nicolás Pino, dijo no entender porque la SRA no tiene su silla en el CAA, en contraposición a la posición adoptada por Daniel Pelegrina de no integrar el consejo tras ver disminuido su poder por la virtual disolución de la Mesa de Enlace integrada solo por las cuatro entidades gremiales del agro frente a la amplia composición del CAA que también les dio su lugar a las cámaras representantes de las distintas actividades agropecuarias de nuestro país.