¿Qué es el lawfare? ¡Lo que usted hace su señoría!
Por Maximiliano Rusconi.
No todos, pero algunos jueces y fiscales tienen la rara virtud de siempre ver la paja “en el ojo ajeno” y nunca “la viga en el propio”.
No todos…pero algunos jueces y fiscales han sido tan entrenados en la altanería fraudulenta que en escenarios de pretendido lucimiento dan clases grandilocuentes de ética en el tiempo que les sobra cuando dejan de hacer travesuras.
No todos, pero algunos jueces y fiscales procuran una aplicación de la ley penal (para otros) mucho más dura que lo que la propia ley dice, pero buscan el modo de que sus actos ni siquiera sean sometidos a investigación…en contra de lo que la ley dice. Una especie de punitivismo de exportación en contraste con un garantismo egocéntrico.
No todos, pero algunos jueces y fiscales pretenden ocultar acciones inconfesables detrás de un injustificado, pero por lo menos debatible, anti-populismo de bases ideológicas (como dice mi hijo: “ponele”).
Ello explica que algunos elegantes magistrados regalen privaciones ilegales de la libertad de molestos opositores al poder de turno bajo el políticamente correcto pretexto de la lucha contra la corrupción.
Esa es la razón por la que el delito de prevaricato judicial (fallar en contra de la ley a sabiendas, para decirlo vulgarmente) casi nunca llegue a juicio y menos a condena.
De allí podemos deducir el origen de que los jueces casi nunca se ofrezcan a investigar los comportamientos de sus pares (si la idea de familia judicial expresa lo que significa todos los jueces, por lo menos, deberían excusarse).
Lo que venimos diciendo es la verdadera razón de que todos los representantes de factores de poder que le deben a estos “magistrados” el haber mirado para otro lado alguna vez busquen, a pesar de las obscenas imágenes que cada mañana nos ofrece la actualidad política del país, ningunear al problema del lawfare. Se trata de un camino argumental que transforma a los cronistas de los multimedios del poder en reencarnaciones de Julio Verne (pero recargado).
Los funcionarios públicos de la adminitración deberían algún día denunciar cierta desigualdad. Han sido los jueces (de todas las instancias) quienes han usado y abusado de la figura del delito de negociaciones incompatibles con la calidad de funcionarios públicos.
¿Qué dice esta figura? Veamos.
El artículo 265 castiga con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, al “funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”
El subsecretario o director menos pintado sabe que a los jueces les ha encantado interpretar a este delito como un digno delito de peligro abstracto (en el que ni siquiera se debe probar que la correcta administración pública ha estado en peligro concreto), según el cual se castiga a cualquier desvío mínimo de la recta mirada del funcionario que debe intervenir en razón de su cargo.
¿Nos imaginamos que habría pasado si un funcionario que debe adjudicar una obra pública, o cualquier acto propio de su rol, fuera registrado visitando 15 veces el domicilio del beneficiado? Es seguro que el abogado tendría poco éxito (para ser generoso) en su defensa.
¿Y si les exigimos a los jueces la misma vara con la que ellos condenan día tras día a funcionarios de otros sectores del estado?
¿No será el momento de legislar un tipo penal paralelo para los fiscales o jueces que se “interesan” en un caso más de lo debido desviando el correcto camino de su función?
Para quienes mantienen ilusiones mezquinas quiero advertir que ello no implica que los delitos de cohecho, prevaricato, falso testimonio, falsedad ideologica, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, instigación al falso testimonio, falsa denuncia y los diferentes modos de participar en estos espisodios, no hayan sido delitos que deben ser investigados.
