Propuesta: Canasta Alimentaria Básica Universal (CABU)

Por Juan Valerdi[1].

Una herramienta superadora al Ingreso Básico Universal (IBU) para la realidad argentina.

En los últimos años se viene hablando del Ingreso Básico Universal (en adelante IBU) como una medida gubernamental deseable para tratar de minimizar las consecuencias más graves de la pobreza.

Esta propuesta ha sido discutida en diversos países y apoyada por destacados activistas sociales, políticos e intelectuales, e incluso por el Papa Francisco. En el caso de la Argentina ha importado la idea y se viene debatiendo públicamente a medida que avanzan la pobreza y la inflación. Dada la situación derivada de la pandemia y la cuarentena, el propio presidente Fernández se refirió al tema y a esta posible medida hace pocos días[2]. Más allá de la confusión que se nota en el debate y en las palabras presidenciales respecto de un IBU y una prestación unificada de planes sociales, que son cosas bien distintas, en este artículo voy a proponer una medida más adecuada a la realidad argentina y mucho mejor en cuanto a sus resultados esperables.

Mi propuesta es la implementación de una Canasta Alimentaria Básica Universal (en adelante CABU) para al menos la mitad de la población argentina. El nombre y la idea no representan tan solo un cambio semántico menor ni la fijación de una base de cálculo para el IBU. Se trata de una concepción totalmente distinta de la herramienta con que se trate de atacar la inflación, la pobreza y el hambre en la Argentina. Se propone una herramienta de política pública que, al mismo tiempo, asegure alimentos en la mesa de todos los argentinos que corren riesgo de no tenerlos y que evite el desborde inflacionario habitual que surge cuando el gobierno les entrega dinero a las familias para intentar resolver ese problema. Adicionalmente el sistema de CABU permitiría mejorar la situación de las PyMEs productoras de alimentos no monopólicas y abrir un abanico de posibles mecanismos de promoción estatal para el crecimiento de la oferta de dichos productores y para mejorar sus condiciones de financiación y cobro de sus ventas.

 

Pobreza argentina y el error del IBU, un debate sobre una herramienta importada

En las declaraciones del Presidente Fernández se apunta a una medida que post pandemia de algún modo ataque la pobreza de millones de argentinos. Debemos tener en cuenta que es muy probable que la pobreza esté alcanzando en la actualidad al 50% de los argentinos. La cuarentena impuesta por el COVID 19 no ha permitido hacer mediciones adecuadas en los últimos meses y, dado que aún hay restricciones y no se descartan recrudecimientos de la pandemia, es poco probable que se cuente con mediciones serias pronto.

Independientemente del número exacto lo que está claro es que la pobreza y la indigencia son problemas graves para la Argentina actual y por un tiempo considerable.

La discusión de un IBU que se da en otros países del mundo, como por ejemplo Suiza, tiene más que ver con la inclusión en el consumo y con la reducción de la demanda de trabajo. En ese país incluso se llamó a un plebiscito hace cuatro años y en ese caso la mayoría de la población rechazó, por amplia mayoría, la propuesta de un ingreso mínimo garantizado de 2300 euros mensuales (¡$184 mil!) para todos los ciudadanos suizos. Se puede notar que la discusión del IBU es bien diferente cuando hablamos de Argentina o Suiza.

Bajando entonces el debate a la realidad argentina actual el problema que tenemos que resolver está relacionado con la pobreza y la indigencia y no con la inclusión en el mercado de consumo general. La indigencia significa que un grupo familiar no tiene ingresos suficientes para comprar alimentos. La pobreza supone que, aunque una familia llegue a comprar sus alimentos básicos, los ingresos que le quedan luego de hacerlo no le permiten pagar el resto de los gastos incluidos en una “canasta básica universal” según la definición que de ésta haga el INDEC. Entre estos gastos adicionales a la comida una familia gasta en rubros como Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Indumentaria y Calzado, Atención Médica, Educación, Esparcimiento y equipamiento del hogar.

Los alimentos y bebidas representan el gasto de casi la mitad de sus ingresos para la mayor parte de la población que menores ingresos tiene en la Argentina quedando para otros “gastos no alimentarios” la otra mitad de sus ingresos. Es decir que cuando hablamos del problema de la pobreza fundamentalmente tenemos que ocuparnos de la compra de comida y obviamente en el caso de la indigencia todo el problema inicial está ahí. Por ello aprovecho este espacio para proponer una medida superadora del Ingreso Mínimo Universal en un contexto como el que define la realidad argentina actual. Lo expuesto hasta ahora me lleva a pensar que la solución del problema del hambre y la pobreza en la argentina no solo no pasa por un IBU, sino que ese es un instrumento y discusión importados, que en Argentina podrían incluso agravar el problema que tratan de solucionar. Hay que aclarar que dada la situación fiscal de Argentina y las palabras del presidente y de otros funcionarios el IBU más que llevar a dar dinero adicional a las familias pobres lo que haría es unificar los distintos planes sociales y fondos de ayuda del gobierno poniéndole tal vez un piso al monto total resultante. La solución planteada por el gobierno con un eventual IBU sigue siendo darle dinero a quienes están en situación de pobreza o indigencia para que puedan comprar comida y, en el mejor de los casos, pagar otros gastos asociados a una vida digna. La situación de falta de ingresos que lleva a la pobreza puede ser transitoria por los efectos de la cuarentena o permanente por carencia de oportunidades de trabajo y nivel de educación. Esta cuestión no es menor cuando tenemos en cuenta que se estima que al menos el 40% de la actividad económica argentina pasa por la ENO (economía informal + subterránea + ilegal)[3] y que las actividades informales dependen de que la gente esté en la calle para generar ingresos a quienes viven de ellas. La cuarentena ha cortado entonces los ingresos de casi la mitad de la economía argentina y las secuelas de esta situación se hacen notar en estos meses, pero es de preverse que sigan presentes por un buen tiempo.

Mi propuesta de Canasta Básica Universal (CBU)

Si el objetivo que quiere lograr el gobierno es asegurar que cada familia en riesgo tenga asegurada su provisión de alimentos ¿por qué en vez de transferirles dinero no les provee directamente las mercaderías? Ante esta pregunta hay una respuesta burocrática razonable y es que el estado tendría una pesadilla logística para distribuir los productos. Pues qué tal si para resolver este planteo dejamos que “el mercado” siga cumpliendo el rol logístico pero que el estado sea quien asegura el pago de las mercaderías sin transferir dinero a quienes deben recibir esos alimentos. Qué tal si, con las sobradamente suficientes herramientas tecnológicas actuales, el estado cargara en una simple tarjeta como la SUBE (y en una aplicación de celular) “créditos” expresados y gastables en bienes físicos de mercaderías y no en valores en dinero. Tantas unidades de Kg. de harina, tantas de paquetes de fideos, tantas unidades de litros de aceite, tantas unidades de litros de leche, etc. La carga podría ser semanal o mensual y “gastable” en cualquier comercio que venda alimentos, los cuales deberían aceptarla obligatoriamente, incluso podría ser acumulable con ciertas restricciones.

El comercio a su vez obtendría “créditos” en unidades físicas de esos bienes que podría usar para pagar a los proveedores de los mismos con una aplicación cargada en su celular. Podría ocurrir que muchas de las familias beneficiarias no tengan celulares donde cargar su aplicación por eso conviviría con una tarjeta, pero esto no sería imaginable en quienes manejan la caja de un comercio de alimentos. Los distribuidores también tendrían “créditos” por los bienes que entregaron a los comerciantes. De esta manera finalmente las empresas productoras tendrían que cobrar del gobierno por los bienes producidos y entregados a la red de beneficiarios. De hecho, las empresas productoras podrían usar, si quisieran, parte de los fondos que tienen que cobrar para pagar impuestos.

Algunas ventajas de la propuesta

Respecto de la entrega de mercaderías compradas masivamente por el estado esta propuesta tienen varias ventajas. Como se vio hace poco tiempo la compra de grandes volúmenes de comida no solo tienen problemas de corrupción y mafias de larga data en argentina sino también en la distribución. Ambos problemas son de casi imposible permanencia en el sistema propuesto de CABU ya que los valores a los que pagaría el estado 1kg de harina o 1 litro de aceite de girasol o 1 kg de azúcar serían públicos y definidos en base a los costos demostrables de producción y a una oferta abierta a todos los proveedores sin restricciones. Ya que todo productor que llegara a las góndolas con sus productos llegaría tanto para las compras habituales con dinero como las realizadas con el sistema de la CABU y por lo tanto no podría haber licitaciones arregladas o con sobreprecios ni existirían costos ni problemas logísticos para el estado. El “libre mercado” seguiría resolviendo esos problemas con la eficiencia que lo caracteriza, pero ahora con los precios que fija el estado en una negociación transparente y abierta a todo proveedor.

Otra de las más importantes ventajas de este sistema es respecto de la práctica actual y habitual de entrega de dinero por parte del estado. Cuando se elige esta opción tan conocida existen varios riesgos y contras. Una de ellas es que las compras de las mercaderías con los fondos entregados terminen alimentando la inflación definida por los formadores de precios, sean estos productores, distribuidores o vendedores. No voy a ampliar este tema aquí por falta de espacio, pero es innegable ese problema y más cuando las familias pobres alcanzan los niveles de masividad actuales de argentina junto con los niveles de concentración de la producción, distribución y comercialización.

En una economía como la argentina donde los niveles de informalidad y evasión son más que considerables este sistema lleva a un blanqueo absoluto de la totalidad de las mercaderías compradas dentro del sistema. Sin importar el tamaño o ubicación del comercio expendedor la venta del producto queda registrada en el sistema y será pagada por el estado exenta de todo impuesto que no tenga que ver con la producción. De esta manera el estado no solo blanquearía una parte importante de la economía con mayores niveles de evasión actual, sino que, además podría eximir realmente de impuestos a las compras de alimentos esenciales. Las experiencias de bajar el IVA a los alimentos en contextos de alta inflación y concentración de las cadenas de producción y venta demostraron ser fuente de ganancias para empresas e intermediarios y no rebajas de precios para la población, como expresé públicamente al momento de aplicarse las mismas[4].

Una ventaja no menor que podría derivarse de este sistema es la posibilidad de que el estado promocione la producción local, la promoción de las PyMEs y la desintermediación de productos alimenticios. Teniendo acceso a los datos de consumo y a un sistema de pagos propio el estado podría utilizarlos para promover pagos diferenciales, rebajas de impuestos, préstamos a tasa subsidiada. Innumerables herramientas de promoción podrían ser aplicadas a los productores de alimentos en función de su tamaño, ubicación generación de empleo y demás variables productivas. Las provincias y municipios podrían sumar sus acciones promocionales trabajando con conjunto con el gobierno nacional, accediendo a los datos de consumo, producción y sumando incluso promociones o productos mediante acuerdos con los comercios locales o regionales. Todas las herramientas de promoción, descuentos y ofertas que despliega el sector privado mediante sus herramientas y datos de marketing estarían disponibles de modo simple para las autoridades de todos los niveles de gobierno e incluso para las asociaciones regionales de los mismos. Los productores organizados en cooperativas podrían vender al público en condiciones de competencias mejoradas por un estado que tuviera en cuenta la diferencia entre las ganancias que fugan y las que quedan en manos de los propios productores y trabajadores.

Una ventaja no menor sería que los pequeños productores tendrían la posibilidad de evitar que sus pagos sean “pedaleados” por los intermediarios y las grandes cadenas de comercialización. Es obvio que el estado debería pagar puntual y rápidamente las mercaderías entregadas a los beneficiarios, pero es difícil que no lo haga más rápido que las cadenas que muchas veces pagan a 90/180 días.

Una ventaja no menor sería tener una respuesta contundente frente a las voces reaccionarias que dicen que los fondos entregados en planes sociales van a parar a alcohol y drogas. Con este programa no habría duda que los fondos gubernamentales destinados a asegurar los alimentos mínimos de la población terminan destinándose a ese único fin.

La propuesta amerita (y así lo haré en el futuro) ampliar las explicaciones de otras ventajas para los beneficiarios, detallar más la aplicación de herramientas tecnológicas disponibles para llevarla a cabo, explicar los mecanismos de transparencia que habilitaría, explicar las formas de generar desarrollo de producciones regionales y sobretodo explicar más detalladamente cómo sería anotar al fin un éxito contra la inflación donde más duele, en los alimentos básicos. Una vez definidas mucha de las cuestiones mencionadas debe discutirse la población que estaría alcanzada por el programa y su financiación, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la CABU reemplazaría en parte a muchos programas sociales y que la extensión puede ser progresiva.

Incluso podría preverse que sea más amplia al principio, debido a la especial situación de la cuarentena, y una reducción paulatina futura a medida que la economía argentina genere las condiciones para reducir la pobreza y aumentar las posibilidades de empleo y de generación de ingresos para la mayoría de la población.

Advertencias y aclaraciones finales

Las resistencias de muchos jugadores económicos y mafias serían fuertes en caso de encararse esta propuesta, pero los argumentos en su favor serían endebles. Si el gobierno se esmera en difundir las ventajas demostrables no solo para los beneficiarios sino para quienes realmente se dedican a producir y pierden sistemáticamente a manos de quienes hacen negocios financieros, evaden/eluden impuestos y roban a productores y consumidores.

Por supuesto que este sistema propuesto tiene posibilidades de corrupción y trampa en todos sus eslabones, sin embargo, esas posibilidades son ínfimas comparadas con las existentes en el sistema actual y las posibilidades de fomentar y ejercer la transparencia son mucho mayores en este sistema que en los actuales.

Son tiempos de extrema necesidad en la argentina y en el mundo, pero al mismo tiempo se abren posibilidades de juego que seis meses atrás eran impensables. Que el gobierno insista, en estas condiciones, en usar herramientas que han demostrado ser ineficaces para luchar contra la inflación y la pobreza sería un error estratégico que no solo le traería altos costos políticos, sino que implicaría costos y peligros sociales imperdonables. Esta propuesta es un camino original, aunque se basa en algunas de las cosas que han hecho los países que hoy son potencias en tiempos difíciles como las guerras y teniendo disponibles una minúscula parte de las herramientas tecnológicas actuales. El sistema “de mercado” tradicional conviviría con esta red de provisión de la CBU, pueden quedarse tranquilos quienes ven cada intento del gobierno por mejorar el bienestar de la mayoría de los argentinos como un avance comunista.

 

 

[1] Juan Valerdi es economista, docente de Macroeconomía de la UNLP. Fue asesor de Presidencia Banco central de Argentina, Presidencia Banco Nación, Presidencia Comisión PyME Congreso Nacional, Consejero del Consejo Asesor de la AFIP, Colaborador de Tax Justice Network, expositor en diversos congresos internacionales de A. Latina y Europa y consultor de programas de UNOPS, PNUD, BID y BIRF.
[2] Nota, del 20/6/2020, donde el Presidente Fernández habla del Ingreso Universal:
https://www.eldestapeweb.com/politica/alberto-fernandez/alberto-fernandez-el-ingreso-universal-es-una-posibilidad-fuerte--202062010590
[3] Para ampliar sobre la ENO en la argentina puede consultarse el documento del autor publicado por el CEFID-AR: 
https://www.academia.edu/24219605/FUGA_DE_CAPITALES_VIII._ARGENTINA_2015._ECONOM%C3%8DA_NO_OBSERVADA_ENO_EN_ARGENTINA._V%C3%8DNCULOS_CON_LA_FUGA_DE_CAPITALES_1
[4]Nota de FM Futura (agosto de 2019) donde el autor se refiere al destino a engrosar ganancias empresarias de las rebajas de IVA que hizo Macri.
https://fmfutura.com.ar/2019/08/lacunza-esta-asumiendo-en-un-contexto-dificil-y-con-un-gobierno-que-no-le-da-margen-de-maniobra.html