¿Por qué se quieren esconder las empresas beneficiarias del programa ATP?

Por Juan Valerdi.

La decisión de publicar datos de los beneficiarios del programa ATP.

El 25 de mayo el Gobierno nacional decidió que dará a conocer al público la lista de empresas que reciben ayuda del estado para pagar sueldos. Esta decisión tiene que ver con el programa conocido como ATP, que desde abril de 2020 implica pagos de hasta $33 mil por empleado (dos sueldos mínimos) a más de 300 mil empresas que solicitaron acceder al programa y cumplieron con los requisitos. Este programa implica que el estado pague hasta el el 50% del sueldo de 2,5 millones de empleados.

Las operaciones para evitarlo.

Las operaciones de prensa para evitar la difusión de esa información empezaron desde el mismo día en que se hizo la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa (DA) 887/2020. Esta DA definió qué datos se harán públicos, aunque omitió la fecha en que se haría efectiva esa difusión. Por eso es clave explicar la importancia de esta decisión del Gobierno Nacional y por qué muchas empresas van a tratar de evitar que se lleve a cabo por todos los medios posibles. Cuando hablo de evitar me refiero a los medios legales y formales como recursos de amparo y demás acciones realizables en la justicia. Pero también me refiero especialmente a operaciones de prensa a través de los medios masivos de (in)comunicación y de supuestos especialistas legales y tributarios que gozan de auspicios suculentos a sus análisis. Los argumentos de la resistencia a la difusión de los datos pasan por el famoso «secreto fiscal» y la «protección de datos». Estos dos caballitos de batalla se han usado históricamente con las más diversas excusas y trampas legales para evitar que la población sepa que empresas evaden, eluden o pagan impuestos y por cuánto. Un dato que los empresarios dicen podría poner en evidencia información utilizable por su competencia para sacar ventaja en los mercados y argumentos del mismo nivel de ridiculez a nivel personas físicas que dicen que los ladrones o secuestradores podrían aprovechar esa información para marcar potenciales objetivos. Ambos argumentos parecen provenir de un mundo en el cual la situación financiera holgada de empresas o personas pudiera ser ocultada con éxito cuando ni siquiera el gobierno de EEUU puede evitar filtraciones de sus secretos de estado.

Las razones para ocultar.

La verdadera razón por la que las empresas y personas no quieren que se difundan sus datos de cumplimiento fiscal y movimientos financieros es porque tienen algo que ocultar, no ante la competencia o los delincuentes sino ante la población. Es el reverso del derecho de libertad de expresión esgrimido por la prensa de medios masivos para justificar, muchas veces, sus fake news y operaciones de extorsión pública.

En el caso en particular de las empresas que recibieron beneficios del programa ATP gubernamental para pagar parte de los sueldos de sus empleados no hay duda que el objetivo de evitar la difusión de sus datos tiene que ver con ocultar porque tienen la «cola sucia». Existen requisitos que podrían ser violados por las empresas beneficiarias y no pueden ser detectados con certeza o facilidad por los organismos correspondientes. En caso de hacerse público el listado de beneficiarios del ATP el trabajo de verificación de ese cumplimiento podría ser ampliado a periodistas de investigación y profesionales o particulares con acceso a las más diversas fuentes de información. Esto abriría además la posibilidad de que los casos de violación de los requisitos para obtener los beneficios de ATP llegaran a la justicia de mano del periodismo y particulares sin pasar por el filtro de los organismos de control. Porque no podemos obviar que, en organismos como el BCRA, la CNV y la AFIP aún hay funcionarios que trabajan para cuidar los intereses de las empresas más que para resguardar los del estado o la población, en especial cuando los últimos 4 años el estado fue colonizado por un gobierno que realizó una especie de privatización de los resortes estatales en favor de las grandes empresas de sectores concentrados, energéticas y transnacionales. Esto sin duda ha debilitado fuertemente el poder de fiscalización y control del estado, reconstruirlo y depurarlo de empleados desleales a los intereses del estado lleva años, incluso una vez que la decisión política de hacerlo se ha tomado de modo firme.

La otra razón para evitar que se difunda la información, de relevancia no menor, es que en la norma publicada, oportunamente el día de la Revolución de Mayo, se prevé difundir no solo la lista de empleadores beneficiados sino también la de empleados incluidos en ese beneficio.

Los requisitos que podrían incumplir las empresas.

Veamos primero los requisitos a cumplir por las empresas beneficiarias del programa ATP. Estos se resumen en:

a) No podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019.

b) No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente.

c) No podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior.

d) No podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante, o de baja o nula tributación -en los términos de los arts. 24 y 25, D. 862/2019-.

El objetivo del requisito a) de no distribución de utilidades durante dos años plasmado en el punto y complementarios es que la ayuda estatal llegue solo a las empresas que de no recibir la ayuda estarían en graves problemas económicos, se supone que si así fuera no deberían tener margen para distribuir utilidades en el futuro cercano. Si por obra de una milagrosa recuperación de la actividad económica mundial y argentina, empresas que sí se encuentran hoy en una situación grave obtuvieran beneficios en el futuro cercano deberían usarlos para invertir en vez de distribuirlos. De este modo contribuirían en parte a devolver lo que la sociedad les dió en tiempos de problemas y que no quisieron aportar sus propietarios.

El requisito b) apunta a objetivos similares al a) aunque en ese caso se apunta a evitar una forma de apropiación de ganancias y beneficios diferente a la tradicional distribución de dividendos.

El punto c) pretende evitar que las empresas beneficiarias del ATP compren dólares mediante el llamado «contado con liqui» o «dólar bolsa». En este caso las razones son obvias y este requisito se sumaría a los intentos recientes de evitar esas operaciones por medio de restricciones a los tiempos de operación.

Finalmente, el requisito que para mí visión es clave y cuyo control presenta la mayor dificultad es el plasmado en el punto d). Este tiene que ver con evitar que los beneficiarios del programa ATP tengan relación con guaridas fiscales (los mal llamados paraísos fiscales). Este requisito no solo es de extrema dificultad en su control, sino que además peca de un defecto grave que el Gobierno no parece dispuesto a salvar. La Argentina derogó su lista «negra” de guaridas fiscales en el año 2013 bajo presión del club de países ricos llamado OCDE[i]. Por eso hoy es imposible evitar que las empresas a las que el estado les paga parte de los salarios de sus empleados fuguen capitales y eludan/evadan impuestos utilizando los servicios de opacidad y (des)control de guaridas ampliamente reconocidas como tales. Algunas de esas jurisdicciones que estaban incluidas en la lista vigente en argentina de 2001 a 2013, que hoy se supone que son impolutas, son las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, las Islas Seychelles o las Islas Caimán, entre muchas otras. Y por supuesto una de las jurisdicciones que más servicios brinda para el ocultamiento de operaciones y la exención impositiva es Delaware, un estado de los EEUU, pero la Argentina nunca llegó a incluir por ello a EEUU en el listado de guaridas y dudo que lo haga en el futuro si lo repone. Menciono esta última jurisdicción porque es, por ejemplo, donde se encuentra radicada legalmente la sede de una megaempresa de «origen argentino» dedicada a las ventas online y ya denunciada anteriormente por recibir beneficios fiscales millonarios sin cumplir los requisitos para su otorgamiento.

Cabe destacarse que estos requisitos se impusieron solo a las empresas de más de 800 empleados para el beneficio correspondiente en el mes de abril, ampliándose a la totalidad de las empresas para el beneficio correspondiente al mes de mayo, por ello se ha abierto la posibilidad de que las empresas se «bajen» del beneficio en caso de no poder (o no desear) cumplir con los requisitos o querer evitar encontrarse en las listas que se difundan públicamente.

El requisito que debería cumplir un empleado para ser incluido.

El único requisito que debe cumplir un empleado para ser aceptado en el listado que presenta la empresa al solicitar el beneficio de la ATP es que no cobre un sueldo bruto superior a $250 mil mensuales. Esta condición fue agregada para el beneficio correspondiente a mayo luego de que se difundiera en medios de comunicación que altos dirigentes empresariales, con salarios mensuales millonarios, estaban incluidos en las listas de CUITs entregadas por las empresas para recibir el beneficio de $33.750.

Sin embargo, no hay requisitos morales para ser incluido como empleado objeto del beneficio. Por ello ha tomado estado público, en estos días, que uno de los beneficiarios del programa es un notable autodefinido «libertario» de presencia mediática masiva cuyo objeto primordial de crítica y de eliminación deseable es el mismo estado que aportó $33 mil para el pago de su sueldo en abril y probablemente lo haga en mayo y meses posteriores. Lejos de renunciar a recibir dinero del estado este cruzado en contra de los impuestos y de la clase política seguramente apele a argumentos previsibles como que su empleador se encuentra afectado por culpa de las decisiones de cuarentena de ese «estado totalitario y comunista» o algo por el estilo. En ese caso es bueno saber que sus empleadores son la Fundación Universidad de Belgrano, cuya fuente de ingresos educativa sigue cobrando las cuotas de sus alumnos y Proden SA, una empresa del grupo Eurnekian cuya actividad son los «servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial», los que seguramente pueden seguir prestando el «libertario» y sus compañeros de trabajo aún con las restricciones de la cuarentena. Dado que aún no se ha difundido la información de las empresas beneficiarias del programa ATP no se puede saber si el mercenario mediático es parte de los CUITs de la Fundación o de la Consultora, pero si el Gobierno no da marcha atrás con esta medida podrá despejarse la duda pronto. Salvo que la empresa beneficiaria se «baje» del beneficio por alguna razón o que el «libertario» solicite no seguir siendo incluido en el listado de CUITs por cuestiones morales y de consistencia de su discurso anti estatal.

Reflexiones finales.

El control del cumplimiento de los requisitos para beneficiarios del programa ATP es de extrema relevancia debido a las millonarias sumas que el Estado Argentino está invirtiendo para sostener a las empresas que se supone están en grave riesgo e incapacitadas de afrontar sus costos laborales por sí mismas. Los requisitos del programa se han extendido de modo tardío y son difíciles de controlar desde organismos cuyo control estuvo al servicio de las grandes empresas como mínimo en los últimos cuatro años. Por eso la difusión pública de los datos de empresas y empleados beneficiarios del programa ATP es un medio para dar transparencia a los actos de Gobierno en la crisis. Adicionalmente la difusión de esos datos darán la oportunidad a quien quiera ayudar a detectar posibles incumplimientos desde el periodismo, los centros de estudios e incluso a los ciudadanos en general.

Hay que tener en cuenta que los recursos del estado son limitados y los fondos destinados al pago de beneficios del programa ATP para empresas y empleados formales compiten, por ejemplo, con los destinados a la población sin trabajo en el programa IFE, los cuales reciben solo $10 mil por grupo familiar cuando en el programa ATP el estado podría estar destinando $67 mil a una pareja que trabaja en relación de dependencia cuyas empresas empleadoras se han adherido al programa.

Espero con ansiedad la publicación de datos en los próximos días y ojalá se publique otra lista interesante, la de empresas que recibieron el beneficio en abril pero se bajaron del programa en mayo, cuando se definió que se publicarían sus datos o que teniendo menos de 800 empleados tampoco podrían comprar dólares en mercados ilícitos (aunque legales) ni tener relación con guaridas fiscales, las pocas  guaridas que aún quedan fuera de la lista de «países cooperantes» que aún arrastra la argentina, lamentablemente[ii].

 

 

 

[i] Una ampliación de este tema se puede encontrar en el artículo específico escrito por el autor respecto de este tema y publicado en este portal el domingo 16 de mayo: «Las guaridas perfectas son las que no se ven… o no se miran»

[ii] Se puede acceder a un documento donde el autor estudia las «listas negras» de guaridas fiscales comparadas para 13 países latinoamericanos en el siguiente link: https://www.academia.edu/43088576/_Las_redes_de_Guaridas_Fiscales_y_su_impacto_negativo_sobre_la_justicia_fiscal_en_Am%C3%A9rica_Latina_  y los cuadros comparativos de listados en: https://www.academia.edu/43088575/Cuadros_anexos_del_documento_Las_redes_de_Guaridas_Fiscales_y_su_impacto_negativo_sobre_la_justicia_fiscal_en_Am%C3%A9rica_Latina_