¿Por qué no hay que cerrar la Defensoría del Público?

Por Hugo Gulman.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara baja por los diputados Hernán Lombardi  y Sabrina Ajmechet, de Juntos por el Cambio, propone cerrar la Defensoría del Público, creada en 2012, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La diputada planteó que la Defensoría sólo recibe denuncias, aunque sin capacidad para imponer sanciones, limitándose exclusivamente a realizar recomendaciones. Por su parte, el diputado del PRO, responsable de más de medio millar de despidos en los medios públicos durante su gestión ministerial entre 2016 y 2019, manifestó a través de un tuit que el organismo sólo ejerce censura  y persigue a quienes piensan diferente.

La Defensoría del Público es un organismo que ha servido de ejemplo y ha funcionado como disparador para la creación de entidades similares en otros países: se ha incorporado esta figura de la Defensoría del Televidente, de las Minorías en Brasil o las Defensorías de las Audiencias en México, por ejemplo. Además, fue reconocida por la OEA con el Premio a la Innovación en Políticas Públicas efectivas en materia de comunicación.

¿Cuáles son sus funciones?

•          Recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios regulados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También puede actuar de oficio -es decir, por iniciativa propia- ante violaciones a la Ley.

•          Difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática.

•          Contemplar las facultades y obligaciones de quienes producen y emiten y también de quienes son receptores de medios. La figura del Defensor del Público oficia de intermediaria.

•          Dar seguimiento y llevar un registro de esas consultas y denuncias e informar públicamente sobre los resultados de su labor.

•          Convocar a organizaciones, centros de estudios y otras entidades para crear un ámbito participativo de debate sobre los medios de comunicación.

•          En el mismo sentido, la Defensoría tiene que convocar a audiencias públicas en todo el país para evaluar con la ciudadanía el funcionamiento de los medios a la luz de las disposiciones de la LSCA.

•          Puede cuestionar la legalidad de normas vinculadas a su competencia y proponer modificaciones. Puede presentar recomendaciones a las autoridades competentes en relación a los servicios de comunicación audiovisual y a los titulares y profesionales de los medios de comunicación.

Para quien fue la primera defensora del público de la Argentina, la periodista Cynthia Ottaviano, es necesaria porque estamos inmersos en la era digital con una sociedad mediatizada y eso requiere mecanismos institucionales acordes a estos tiempos. Para lograrlo hay que generar espacios de participación para la ciudadanía y adecuar las pedagogías a través de los medios, en el marco de una comunicación concentrada, con un discurso único que pretende ser dominante.

A medida que las sociedades avanzan, requieren de herramientas institucionales acordes a esos avances. La Defensoría del Público es una de ellas. En el primer período se concretaron, entre otras, estas acciones:

•          Entre 2012 y 2016 fueron capacitadas 72.000 personas.

•          Se  analizaron 9396 reclamos y denuncias

•          Se entregaron centenares de becas de investigación y capacitación.

•          Se realizaron concursos ‘Consuma los derechos’ en los que recibieron 114            proyectos

•          Audiencias públicas para determinar políticas públicas (se realizaron 17 entre 2012 y 2016).

•          Acompañamiento a radios del ámbito comunitario, alternativo, popular, indígenas, escolares.

•          Se recibieron cientos de denuncias relacionadas con los derechos de la niñez y la adolescencia, de las mujeres, de las personas con discapacidad.

“Los que quieren cerrar la Defensoría del Público quieren cerrar el acceso a la educación, quieren eliminar la participación ciudadana, quieren obstruir la posibilidad de especializarse y profundizar los conocimientos en el campo de las ciencias sociales y cerrar también la posibilidad de concursar, crear, promover los derechos humanos y el derecho a la comunicación en la Argentina”, planteó Ottaviano, doctora en comunicaciones, periodista, docente, y la primera defensora del público de la Argentina.

Servicios públicos y derechos humanos

En nuestro país, durante la pandemia quedó demostrado que Internet debe ser considerada un derecho humano y, como tal, un servicio público. Quienes no contaron con internet no han podido acceder al trabajo, a la educación e incluso a la salud, dado que buena parte del sistema sanitario requirió de atención a través de las redes.

Sin embargo, las empresas monopólicas proveedoras del servicio no le dieron demasiada importancia e incluso, amparados en jueces amigos, fijaron los precios con aumentos de tarifas sin recibir sanciones. Entre sus atributos, la Defensoría no puede castigar, aunque a diario se detectan mentiras y noticias falsas en los medios, sin siquiera una sanción social. 

Ottaviano fue la titular durante los últimos tres años de la presidencia de Cristina Kirchner y el primer año de la de Mauricio Macri, quien siempre rechazo la Defensoría. Ahora dos integrantes de su bloque presentan un proyecto para eliminarla, pero las presiones durante su gestión se produjeron desde el primer día, con decretos a medida de las corporaciones que sostenían al presidente. “Hablan de institucionalidad, pero solo la quebrantan. Intentaron clausurarla definitivamente, pero se había realizado una tarea tan virtuosa que no lo lograron, aunque discontinuaron la labor”, afirmó.

La televisión vulnera constantemente innumerables derechos: humanos, a la comunicación, a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Identidad de Género, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la Ley de Vincular con la discapacidad, discursos de odio y discriminaciones políticas. “No necesitamos sanciones, necesitamos los mecanismos de reparación o reconocimiento de daños, que es lo que hubo en aquellos años virtuosos”, explicó la docente.

La Defensoría del Público es un organismo autónomo que no depende de la lectura político partidaria, pero cuando Cynthia Ottaviano se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender los derechos de las audiencias en el marco de la Carta de Clarín, la estigmatización y el hostigamiento fue constante y permanente. Le llegaron a ofrecer que siguiera en el cargo con el mismo salario, le decían. Pero ajustándose a las instrucciones que le indicasen.

Propuestas

Los especialistas insisten con que para recuperar los derechos avasallados es necesario poner en funcionamiento una serie de políticas públicas que dinamicen y fortalezcan el sector. El problema mayor es la concentración, porque va permeando en el sentido común de gran parte de la población que, en muchos casos, a través de sus decisiones atenta contra sí misma.

•          Recuperar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, injustamente podada por decretos que solo respondieron a las necesidades y urgencias de las corporaciones.

•          Una ley que declare Internet como derecho humano a la comunicación y                                      servicio público con todo lo que de eso deviene.

•          Un plan de alfabetización comunicacional nacional en carácter urgente, para que la sociedad aprenda y se informe acerca de la era digital.

•          Redistribución de los gravámenes para garantizar la sostenibilidad de los medios comunitarios, alternativos y populares, los medios indígenas, los universitarios y los escolares.

•          Una ley que regule la publicidad oficial para dejar de concentrar.

•          Regular el trabajo de las aplicaciones y las plataformas como Netflix y otras, porque la soberanía también se juega en el campo de la comunicación.

“Se necesitan políticas públicas que logren traspasar los gobiernos y las decisiones que son absolutamente arbitrarias, y un Estado presente que redistribuya y empodere aquellos lugares donde hay mayor participación ciudadana y donde hay mayor discusión de derechos”, precisa la doctora Ottaviano.

En definitiva, detrás del argumento de que las situaciones de discriminación por razones de género o etnia deben ser tratados desde otros organismos, el proyecto de Lombardi y Ajmechet esconde la intención de preservar su gran negocio: la hegemonía con la menor competencia posible y la mayor capacidad operativa con las nuevas tecnologías.