¿Por qué no demoler el edificio de Desarrollo Social?

Por Hugo Gulman.

Teóricamente, la función de los legisladores porteños es proponer acciones que generen mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y quienes la visitan o ingresan a diario a cumplir sus actividades.

Roberto García Moritán, integrante de Juntos por el Cambio y uno de los sesenta elegidos para tal misión, presentó un proyecto ambicioso y oneroso, aunque parece no haber contado con los imprescindibles estudios económicos, de factibilidad e impacto ambiental, ni determinados conocimientos jurisdiccionales y legales, que le hubieran ahorrado la molestia de dedicar un tiempo que será, finalmente, tan útil como escribir en el agua.

Se trata de demoler el histórico edificio que fue el Ministerio de Obras Públicas, también de Salud y donde actualmente funciona el Ministerio de Desarrollo Social. El propósito que aduce es mejorar la circulación de los vehículos, facilitar el tránsito y descentralizar las protestas sociales, que en muchas oportunidades se concentran frente a esa sede ministerial, que fue el cobijo de fragmentos muy sentidos de la historia política argentina.

El edificio, declarado como Monumento Histórico Nacional en 2002, está emplazado en la avenida 9 de Julio, entre Av. Belgrano y Moreno. Se edificó en 1936 y fue el primer y único rascacielos de la 9 de julio. Su fachada es similar a la de otro ícono de la arquitectura porteña: el Edificio Kavanagh.

Monumento Histórico Nacional es la mayor categoría que se le puede asignar a un bien dentro de nuestro país y, naturalmente, por esa razón cuenta con protecciones en el ámbito de la ciudad. Por las características del proyecto, la Comisión de Cultura de la Legislatura deberá girarlo a la Comisión de Preservación de la Ciudad, que responderá indubitablemente que una ley nacional impide cualquier modificación sin la intervención de la Comisión Nacional.

Mónica Capano, Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, consideró que quienes han asesorado para la elaboración de este proyecto deben buscar instancias de capacitación para entender cómo funciona el la tutela patrimonial y la protección patrimonial en el país. “Pensar que sea demolido un edificio de ese valor patrimonial es algo nunca visto y estoy absolutamente asombrada”, opinó.

Al tratarse de un monumento histórico nacional no se puede derribar, y si hubiera necesidad de hacer una obra, refacción, algún tipo de intervención o de mantenimiento, deben enviar toda la documentación a la Comisión, que determinará si es viable o no, además de ir evaluando todo el procedimiento. La posibilidad de demolición, según la especialista, escapa a toda lógica en el caso de un bien patrimonial, porque “si demolemos el edificio de ex Obras Públicas también podrían pensar en demoler el Obelisco porque también molesta para transitar”.

El trasfondo de la ley, detrás de la vaga intención del ordenamiento del tránsito, oculta el disciplinamiento de la protesta social, fundamentado en que este ministerio, al atender a los sectores de mayor vulnerabilidad, debe ubicarse en sectores más alejados del centro de la ciudad por donde circulan ‘otros sectores’, al decir del diputado,  casi como un ghetto.

Por otra parte, no parece casual que este proyecto se haya presentado el 31 de agosto, día en que se conmemora el renunciamiento de Eva Perón, anticipado en una marcha multitudinaria y nunca vista hasta ese momento en la República Argentina, plasmado en la recordada fotografía de Juan Perón abrazando a Evita, que se apoya en su hombro para llorar. “Esa foto forma parte de la memoria de nuestra historia y acá también hay una búsqueda de borrar de la memoria, lo cual es muy grave desde todo punto de vista”, reflexiona Capano.

La mirada ambiental es otro punto grave a tener en cuenta que Moritán tampoco consideró. Es enorme la polución que producen los derrumbes en las ciudades y más aún un edificio de tal magnitud, sea hecho a través de explosiones o cualquier otro método.  Los especialistas, como la licenciada Capano y otros ambientalistas y arquitectos, lo critican desde todos los ángulos y apelan a la sensatez de legisladores y legisladoras de la ciudad para que sea archivado y eviten discutir planteos que no tienen ningún asidero. 

Los legisladores pueden no conocer en profundidad acerca de temas que tienen la intención de abordar, pero sus asesores sí deben ahondar y tomar conocimiento de los detalles para informarlo y redactar con precisión cada artículo, para estar a la altura de las altas dietas que reciben con el dinero de los los impuestos de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, para resolver un problema de circulación, Moritán propone derribar uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, que desde 2011 lleva en las caras norte y sur dos imágenes del rostro de Eva Perón realizadas en acero, que miden 31 metros por 24.  

Otro punto importante es que el edificio es propiedad de la Nación, motivo por el que antes de demolerlo deberían expropiarlo. En las expropiaciones primero hay que ver la figura legal porque se encuentra emplazado en una ciudad que ni siquiera cuenta con el rango de provincia. Podría derivar en un juicio de protección por tratarse de un bien de la nación y deberían demostrar cuál es la utilidad pública para avanzar.  Incluso si fuera viable, la ciudad no hace expropiaciones, remarca Capano. “¿Por qué no expropiaron Cromañón a pesar de que hay miles de pedidos? ¿Y la casa de Filiberto, que hace añares está ahí y que se ha perdido totalmente? ¿Y el Hotel Bauen, que contó con  una ley votada por el Congreso de la Nación que fue vetada por Mauricio Macri?”, pregunta retóricamente la funcionaria  

Para ser considerado monumento histórico, un edificio debe reunir diferentes características. Por una parte, el valor arquitectónico, hasta no hace mucho tiempo el patrimonio estaba centrado en la materialidad; entonces quizá se reservaba esta categoría a bienes con valores estéticos. Pero en este caso no podemos obviar todo lo que significa el valor simbólico e histórico que tienen muchos bienes según los hechos que han ocurrido.

Una clara demostración es la Confitería El Molino, que a pesar de tener una ley de 1997, en un tiempo en el que aún no se hablaba del patrimonio inmaterial, se lo protegió por la vida cultural respirada dentro de ese edificio, no por los personajes que lo transitaban. “A veces creemos que la materialidad encierra una carga simbólica y unas memorias que son las que se recuerdan y a través de esta figura de monumento tendemos a asociar el monumento con la materialidad. Etimológicamente, el monumento es aquello que señala y que marca y una serie de capas. El patrimonio es un palimpsesto, una serie de capas de significación que se van atravesando y que las distintas generaciones muchas veces lo van mirando desde una óptica propia, pero que trae de arrastre todas esos sedimentos que ha dejado ahí la historia.  ”, concluyó Mónica Capano.