Periodismo, delitos de imprenta y libertad de… ¿extorsión?

Por Maximiliano Rusconi.

En los últimos tiempos algunas decisiones judiciales han generado en quienes defienden el estado de derecho y en quienes sufren con la mescolanza entre el verdadero periodismo y algunas trágicas acciones de inteligencia clandestina con vocación extorsiva, un renovado resoplido de esperanza.

Esas decisiones, si se me permite pasar en limpio su contenido, han dejado en claro algunos extremos sobre los que habría que re dignificar al periodismo (me refiero al verdadero) como lo que genuinamente debe ser: la reserva de oxígeno de la vida democrática de las instituciones y la más importante herramienta que tiene el bien común para enfrentar a los eventuales excesos del poder formal.

Los extremos o puntos salientes de esas decisiones facilitan el camino para decantar un conjunto de reglas éticas del periodismo como actividad esencialmente de información pública en un sistema democrático.

En primer lugar, debe estar claro que la libertad de expresión y su prima hermana, la libertad de prensa, no son avenidas de impunidad para hacer cualquier cosa bajo un pomposo paraguas protector, sino que son solo (y nada menos) garantías para defender a la actividad periodística frente a la hostilidad del poder institucional y económico. Quien crea que bajo esas libertades se puede amparar la comisión de delitos y la mafiosa hermandad con los poderes constituidos, debe salir ya de su error.

En segundo lugar, el periodista debe ser garante de que su actividad no se encuentre asociada a individuos que generan un diálogo paralelo con una eventual fuente de información o protagonista de la noticia y que formulan los conocidos mensajes de amenazas extorsivas.

En tercer lugar, el periodista no debe usar información respecto de la cual pueda tener alguna duda sobre su origen ilícito. El famoso chequeo de la fuente no es solo sobre la veracidad de la información, sino y también sobre la legitimidad de su origen. Ejemplo: si la información surge de una tortura, un apremio ilegal, una violación a la intimidad de alguna persona, no hay, ni debe haber ninguna libertad de prensa ni de expresión que ampare su difusión.

En cuarto lugar, si con la publicación de esa supuesta noticia lo que hace el periodista y la empresa periodística es darle apariencia de legitimidad a información nacida de un ilícito (y que por ello mismo no podría usarse por ninguna persona como impulso judicial) para facilitar su “inocente” uso una vez publicada, ellos (empresa periodística y periodista) son responsables, hacia atrás, de encubrir el ilícito de origen y hacia adelante de la ilícita persecución judicial que, en cualquier caso, sería nula en el origen.

Las asociaciones de periodistas le harían mucho bien al país y sobre todo al propio periodismo si en vez de proteger estas desviaciones lamentables, se dedicaran a reconstruir la dignidad de una actividad sobre cuya necesidad para la vida democrática nadie duda. Aquí no hay ninguna grieta, o, mejor dicho, la grieta la genera el propio código penal.