¡Perdón….no sean cínicos!. (me cansé)

Maximiliano Rusconi.

Pido disculpas previas porque estas líneas serán un poco autoreferenciales.

Mis (pocos) amigos, mi familia, algunos alumnos, mis asistentes en la facultad y mis admirados maestros (los que viven y los que se han ido), saben que en los últimos 30 años (es decir casi toda la vida democrática contemporánea de nuestro país) he sido casi siempre (en el plano de las ideas), un coherente opositor.

Aclaro lo del plano de las ideas porque ha sido poca o nula mi participación genuinamente política en el sentido tradicional. No soy un militante en el sentido que normalmente le otorgamos a la expresión, aunque me gusta pensar que (como mínimo y con toda humildad) me encapricho bastante (no se si eso es militancia) con mis ideales (como dice Alejandro Lerner, buenos o malos, pero míos y tan humanos como la contradicción).

Normalmente, en los cambios de gobierno me pasa que los que se van (particularmente algunos funcionarios) no tienen la tentación de compartir el tiempo libre con quien se ha mostrado crítico, aún cuando haya sido sólo en monólogos inentendibles dichos en solitarias caminatas (cada vez más cortas) al estilo de la famosa imagen del loco malo. Y los que llegan todavía recuerdan que no formé parte del coro de aplaudidores en la última ronda en la que fueron gobierno.

Normalmente mis lazos de compromiso, cariño y solidaridad son más individuales. En estos procesos me pongo del lado del que (haya tenido o no mucho poder) cuando acude a mí con alguna consulta está recibiendo, justo en ese momento, en su espalda, todo el poder de persecusión penal, mediático y hasta político.

La parte indignante, que me conmueve, que me obliga a reaccionar enérgicamente, reside en que esa justicia penal se desarrolla a través de un camino que, según puedo observar (equivocado o no), no es más que el sendero del terror penal, de una política de persecusión criminal que sólo tiene por función el castigo, desplazamiento, anulación, condicionamiento, de cualquier expresión ideológica opositora.

Hace años, muchos, cuando ocupaba la función de Fiscal General de la Nación, un periodista de la prestigiosa revista inglesa The Economist me invitó a expresar lo que sintiera en relación con la detención de algún funcionario que, como siempre pasa, era visto en ese momento como uno de los grandes ejemplos de corrupción en la función pública.  Para su sorpresa, yo me mostré desilusionado de que en mi país “la culpabilidad solo nazca cuando el poder muere” (“GUILT is born only when power dies.”, ver la edición del 11 de abril del 2002).

Una frase que maravilló al reportero, pero que no tenía más valor que referirse de un modo semánticamente alternativo a la idea del “chivo expiatorio”, o “caido en desgracia”, etc.

Para comenzar con las afirmaciones políticamente incorrectas, debo decir que nada de lo que sucede en estos supuestos vendavales de lucha contra la corrupción me huele bien.

Obviamente, no se trata de que esté mal buscar la mayor transparencia y honestidad posible en la gestión de los asuntos públicos. Ello, claro, está muy bien. Lo que está mal es creer que todo el problema de la desinstalación de prácticas deshonestas en el sector público lo vamos a resolver en el despacho de un juez federal amigo.

Lo que está mal es el fraude y el engaño a la llamada “gente”.

Lo que está mal es usar como excusa la preocupación por los delitos cometidos por funcionarios públicos sólo para debilitar la fuerza convocante de un sector ideológico o político.

Lo que está mal es acusar a un Juez de ser amigo de los otros sólo para poner con los mismos métodos a un juez que será amigo de los nuestros.

Lo que está mal, señor lector, es aplaudir cualquier encarcelamiento y humillación mientras recaiga en la espalda, el honor, el patrimonio, la familia o la imagen de alquno de los que está enfrente, aunque no haya ni una sóla razón jurídica para tamaño desatino.

Bajo este paragüas marketinero de la “lucha contra la corrupción” hemos soportado que se designen dos jueces de la Corte Suprema de Justicia a través de un mero decreto presidencial violando el camino constitucional nada menos que en lo que respecta a la máxima responsabilidad jurisdiccional.

Luchar contra la corrupción ha sido, por ejemplo, detener a un empresario que voló en avión privado desde su provincia para presentarse ante una convocatoria del Juez que luego armó una fantasiosa historia para inventar un peligro de fuga que no sólo nunca existió, sino que fue armado con un guión de ficción junto con algún ministro del Poder ejecutivo; o también detener de modo espectacular y cinematográfico a un sindicalista que estaba subiendo la escalera del…… ¡edificio de Comodoro Py!

Luchar contra la corrupción ha implicado tener que soportar que el Juez elija el perito más permeable a sus prejuicios, que haga a un lado al resto del cuerpo pericial, que se junte privadamente con su perito preferido (violando todas las reglas éticas) y que admita que él, su debilidad, copie (mejor dicho, plagie) inapropiadamente documentos no científicos que encuentra en internet y los acomode para sostener cualquier disparate que sirva para la destrucción del enemigo.

Bajo la bandera de la investigación de los delitos cometidos siempre por la administración anterior hemos ocultado en el medio de pomposos juicios orales que un Tren nunca fue frenado por el motorman y hemos evitado que casi 45 millones de argentinos sepan la verdad sobre una tragedia que nos enlutó de por vida. Mientras pasaba eso, algún familiar de una víctima fue elegido para representar políticamente al sector que sacó provecho de esa falsedad.

Todavía tenemos inocentes presos que han sido erróneamente condenados. incluso dejando día a día pedazos de su salud en manos de un sistema inmoral.

En este viaje mezcla de montaña rusa y tren fantasma, hemos visto como el anterior Presidente de la siempre (des) preocupada por la gravedad institucional Corte Suprema de Justicia, no sólo felicitaba al Juez que llevó la instrucción de este desatino (y que confesó en una entrevista que el tren frenaba) sino que también él, la propia cabeza del máximo tribunal, nos contó a todos los argentinos como había sido todo un desafío “armar” un tribunal que pudiera ocuparse y que estuviera a la altura del juicio oral donde se juzgó once 1.

En alguna curva hemos visto fugazmente la imagen de un miembro del Tribunal oral federal que injustamente condenó a Julio de Vido por una parte de lo que se juzgaba en el llamado caso “once 2” –aunque justamente lo absolvió por la falsa imputación del estrago y de las muertes-, que luego fuera trasladado (como si nada) a una de las salas de la sensible políticamente Cámara de apelaciones en lo criminal federal. Como habrá sido el desastre que el gobierno anterior no logró ni el apoyo del vergonzante dueño de la llamada doctrina Irurzun (un modo de justificar encarcelamientos de ex funcionarios kirchneristas).

Nadie escuchó nunca que un funcionario del gobierno anterior le dijo a ese juez: “condená a de Vido en Once 2 y vas a la Cámara de apelaciones”. Jamás sucedió algo parecido a eso.

Hemos soportado la denominada “causa de los cuadernos”, en la cual los cuadernos eran indispensables. Se trató de un expediente judicial que se armó alrededor de un conjunto de relatos de ficción. En ese proceso, luego se demostraría que esos cuadernos fueron quemados en una parrilla por un señor que se lo premia como “imputado colaborador”. Sí, escuchó bien: el imputado colaborador es quien quemó la principal prueba en una parrilla.

Como no hubo cuadernos hemos visto una alocada búsqueda de arrepentidos, que se autoincriminaban con tal de no ir presos, o luego de ir presos, y aceptaban un relato no construido por ellos, sino posiblemente inducido, como tambièn era inducida la no designación del abogado defensor de confianza para cambiarlo por un defensor oficial que se destacó por consentir todo este mamarracho institucional. Un “defensor” que se “lució” no objetando nada de todos los desastres que con sus voces y teclados agotados el resto de los defensores denunciábamos sin más respuesta que faltas de respeto en la mesa de entrada del juzgado y respuestas jurisdiccionales tan llenas de errores jurídicos y descompromiso como de faltas de ortografía y de sintaxis.

Bajo la excusa cínica de la república hemos sido testigos y a veces víctimas del comportamiento de algunas diputadas que legitimaban información ilícita de inteligencia interna, y pactando con fiscales amigos –dos o tres- denunciaban el hecho asegurando el sorteo o, cuando ello ya no fue posible, denunciando partes del mismo hecho en varias presentaciones para segurar que alguna de ellas caiga en el juzgado que debía caer.

Si uno prescinde de tendencias electorales hoy día se está tratando, con más o menos eficacia, con mayor o menos lucidez, de corregir este espanto.

¿Qué parte de este desprolijo conglomerado de intentos agrupados forzadamente bajo el título de reforma judicial puede ser puesto bajo la lupa de las motorizadas y perfumadas manifestaciones opositoras de la capital federal?

Para decirlo claramente, yo les preguntaría a algunos periodistas, políticos de la oposición, pseudo intelectuales de demoralizante papel, profesores universitarios que han decidido coronar sus mediocres trayectorias con este espanto, ¿con qué cosa no están de acuerdo?

Unos y otros deben tener claro que, si este gobierno quisiera desarrollar una caza de opositores utilizando al sistema de justicia penal, no sólo podría hacerlo, sino que necesitaría a este modelo en vigencia sin ninguna modificación.

Los que hoy no tienen el poder son en verdad los más claros beneficiados de darle un poco de racionalidad, transparencia, previsibilidad y prestigio a la justicia penal.

Quisiera concluir con un párrafo de singular belleza escrito por Eladia Blázquez y que vincula nuestro tema con este joven y hermoso lugar para el que escribimos llamado identidad colectiva.

“Merecer la vida no es callar ni consentir
Tantas injusticias repetidas
Es una virtud es dignidad y es la actitud
De identidad más definida“

Eladia Blázquez – Honrar la Vida