Pedido de informes del Relator Especial de Naciones Unidas

Por Alessandra MInnicelli.

En el año 2019, distintas organizaciones de abogados y organismos de Derechos Humanos, se dirigieron al informe del Relator de las Naciones Unidas, para la independencia de los Magistrados y Abogados Dr. García Sayán, para exponer hechos graves vinculados con la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Gobierno del Presidente Macri.

Concurrieron a audiencia especial una delegación integrada, entre otros, por Jose Schulman, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) acompañado por el Dr, Maximiliano Rusconi.

El funcionario comprometió evaluar las presentaciones y emitió un detallado informe que hizo llegar al gobierno nacional el 1ero de noviembre de 2019, que no fue contestado ni por el Gobierno del Presidente Macri, ni por el Gobierno del Presidente Fernández.

El Relator Especial, además de expresar su preocupación sobre los puntos allí expuestos, comunicó que era su obligación intentar clarificar esas alegaciones y solicitó cooperación del Estado Argentino a fin de que brinde información sobre las alegaciones consignadas en el informe. En dicho informe, se expresó la preocupación respecto de cierta información recibida calificada como “suficientemente fiable”, respecto de la presunta existencia de un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina por medio de una serie de actos concatenados de intimidación y presión”. Esos actos habrían socavado la independencia de los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino (Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo de la Magistratura) y obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectaban los intereses del Poder Ejecutivo, así como “disciplinando” a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo.

En el reciente fallo, del 7 de octubre del cte., esos hechos de sospechas de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que fueron recogidas en instancias internacionales, no pasaron desapercibidos. 

Puede leerse en el voto de la Dra. López Iñiguez del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8 (CFP 14305/2015/TO1/24) que relata esta situación y detalla los casos sobre los que el Relator Especial llamó la atención del Estado Argentino:

  1. La utilización del Consejo de la Magistratura, especialmente la Comisión de Disciplina y Acusación, para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra los intereses del Poder Ejecutivo así como el uso de la Comisión de Selección de Magistrados para la selección de determinados jueces, mediante la paralización de los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno y el traslado de magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos en la legislación. En este punto, requirió información al Estado Argentino respecto de las subrogancias de magistrados no conformes a la legislación alegando que afectaban las garantías de inamovilidad, intangibilidad e independencia de los magistrados.
  2. La designación de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto: El Sr. García Sayán expresó su preocupación por las designaciones de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resueltas el 14 de diciembre de 2015 por Decreto nro. 83/2015. Dichos nombramientos fueron hechos sin respetar el proceso de selección y nombramiento de jueces de la Corte Suprema establecido en la legislación, tales como las audiencias públicas, la participación de la sociedad civil o la aprobación del Senado de la Nación. Tal como se consigna en el informe, tales designaciones, por haberse producido en “condiciones precarias de legalidad” podrían sugerir que dichos magistrados no estarían libres de conexiones o influencias políticas. 
  3.  El ataque a la Procuradora General de la Nación: El Relator Especial requirió al Estado Argentino información sobre las alegaciones respecto de que el gobierno de Mauricio Macri y otros actores habían solicitado repetidas veces la renuncia e Alejandra Gils Carbó e intentaron su destitución utilizando diversas estrategias que incluyeron intentos de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y declaraciones sobre la intención de llevar a cabo reformas institucionales por Decreto de Necesidad y Urgencia, ente otras. Todo ello, fue enmarcado en una intensa campaña mediática destinada a desprestigiar a la Procuradora, en la que, según lo que se condigna en el informe, habrían participado el Grupo Clarín y La Nación. 
  4.  La designación del juez Culotta en la Competencia Electoral de la provincia de Buenos Aires: En el informe se llama la atención respecto de la designación del magistrado Culotta, Juez Federal de Tres de Febrero para cubrir una subrogancia en la competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires. Esa decisión del Consejo de la Magistratura, que es cuestionada por arbitraria y discrecional, le dio al nombrado juez competencia en materia electoral en la totalidad del distrito electoral más importante del país en el momento de disputarse las elecciones nacionales en 2017. Según la información puesta de manifiesto por el Relator Especial, el juez Culotta poseía vínculos de amistad con el presidente Macri, con su abogado personal y con el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas. El relator destacó que, una vez realizados los comicios nacionales y el recuento de votos, el juez Culotta solicitó que no se le renovara dicha subrogación. 
  5. La designación del juez Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal: En el informe se mencionan las particularidades y, sobre todo, la celeridad del traslado del juez Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal decidido por la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura y refrendado por el Poder Ejecutivo También se ponen de manifiesto los vínculos que existirían entre el juez Mahiques y el gobierno provincial y nacional de ese entonces. 
  6. La designación del juez Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal: el juez de tribunal oral federal Leopoldo Bruglia fue designado para cubrir una subrogancia en la Cámara Federal sin especificar las razones de su selección, ni realizado los procedimientos constitucionales, legales y jurisdiccionales que la avalaran. Tiempo después, se aprobó, en el Consejo de la Magistratura, su traslado definitivo sin cumplir los requisitos establecidos en la legislación relativa al procedimiento de designación de jueces, tales como la aprobación del Senado, la validación de sus conocimientos y la celebración de un concurso público de antecedentes. 
  7. El ataque a los jueces y abogados del fuero laboral: El informe menciona un “ataque sistemático” contra jueces del fuero laboral que dictan sentencias contrarias a los intereses gubernamentales, así como contra quienes allí litigaban. Se asociaron dichos ataques a otros provenientes de los principales medios de comunicación, quienes también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero, como un obstáculo para sus intereses. 
  8. La manipulación de fiscales en la causa “Correo Argentino SA s/concurso preventivo”: En el informe se hace referencia al reemplazo intempestivo del fiscal que investigaba la causa de mención, en la que se encuentra imputado el ex presidente Macri, por un fiscal allegado a Mauricio Macri. También, a los intentos de desprestigiar a la fiscal Boquín en los medios de comunicación.
  9. El ataque al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla: El Relator Especial también cuestionó al Estado Argentino en virtud de la reacción del gobierno de Mauricio Macri que habría buscado desacreditar al magistrado y restarle apoyo institucional en virtud de las decisiones adoptadas en la causa en la que se investiga una presunta re de espionaje ilegal y extorsión, con posibles conexiones con funcionarios públicos -fiscales, jueces federales y provinciales, y funcionarios del poder ejecutivo- y periodistas. Además, se mencionó que la solicitud de juicio político contra el juez Ramos Padilla habría supuesto un intento de influir y obstaculizar una causa judicial de relevancia, dado que no habría ningún argumento para justificar un “mal desempeño”, “negligencia grave”, “manifiesta arbitrariedad” o “incumplimientos reiterados de la Constitución” que diera lugar a la destitución, tal como requiere la legislación.

Reitero y reproduzco que el fallo del Memorandum con Irán explicitó que el Relator Especial, además de expresar su preocupación sobre los puntos expuestos, comunicó que era su obligación intentar clarificar esas alegaciones y solicitó cooperación del Estado Argentino a fin de que brinde información sobre las alegaciones consignadas en el informe y adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones a la independencia judicial alegadas. 

El contexto de injerencia del Poder Ejecutivo, no puede pasar desapercibido porque ha minado la totalidad de las causas judiciales armadas para perseguir y encarcelar opositores políticos, sociales y sindicales, ha eso llamamos LAWFARE -aún cuando el término no logre conmover-, existió y existe en nuestro País un “mecanismo“, no solo el amedrentamiento al Poder Judicial y de violación de su independencia, detallado en el informe del relator especial, sino también de guerra judicial, de abuso del debido proceso, para perseguir “selectivamente” a dirigentes, a políticos que participaron del  Gobierno nacional 2003-2015, que se dio la tarea de aplicar un modelo social nacional para salir de una crisis muy severa, logrando transformaciones importantes, enfrentando intereses poderosos en bien del pueblo argentino y en busca de la tarea de reconstruir el país y su potencial industrial y de desarrollo.

La connivencia y el diálogo entre medios de prensa poderosos y de integración monopólica y actuación judicial (oscura, funcional y condicionada) ha llevado a esta forma de “aniquilamiento“ de personas, que no debe prosperar porque es una forma corrupta de actuar que va en contra de la ley, en contra de la democracia, en contra de la administración de justicia y en contra de Estado de Derecho.

El funcionamiento del Estado y de sus instituciones el cumplimiento del ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas) exige una mirada sobre estos delitos cometidos por buena parte de la justicia, del poder político y del poder mediático. AHORA SE IMPONE  ACTUAR PARA ENCARAR Y SOLUCIONAR UN TEMA QUE ADEMÁS DE INEDITO, ES GRAVÍSIMO.