Patria o Lawfare

Por Luis Eduardo Esquivel.  Abogado internacionalista. Desde Estados Unidos

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Hace poco más de un mes el Presidente Alberto Fernández anunciaba el cumplimiento de una de las promesas de campaña: la presentación de la reforma judicial. La imagen resulta un poco insólita no sólo por el uso de barbijos y la distancia social, sino también ver a un Presidente que convocaba democráticamente a diferentes actores con el fin de poner la discusión para mejorar el funcionamiento del poder judicial.

Como contraste, regresemos la mirada a un año atrás: se encontraba en el sillón de Rivadavia un Presidente que ingresó a su función eligiendo a jueces de la Corte Suprema por decreto, que organizó una mesa judicial para perseguir y encarcelar opositores, y que en una especie de asociación ilícita entre medios, jueces y políticos violaron sistemáticamente normas propias del Estado de Derecho y la república. Fue este lawfare lo que hizo necesario en forma urgente una reforma judicial.

El lawfare como medio de presión y persecución por parte de la oligarquía no es una herramienta nueva. Tras la Batalla de Caseros utilizaron la persecución judicial a Rosas para concentrar su poder económico, y a la vez imponer una visión de la historia funcional a sus intereses. La historia del lawfare en cierta forma es la historia de la Nación.

Tras cada gobierno que trajo conquistas al pueblo encontramos una reacción judicial, mediática, política y económica para ver una colonia instaurada en el suelo nacional. Rosas, Yrigoyen, Perón, Néstor, Cristina…. Corruptos, bárbaros, populistas, aluvión zoológico…. El libreto se repite una y otra vez. De tal modo, periodistas y jueces actúan más como loros y fotocopiadoras que como profesionales.

Pese a que a veces se quiera ignorar la justicia es uno de los órganos que crean y desarrolla políticas públicas, y para ello pensemos en ejemplos concretos: en 2003 Néstor Kirchner tiene la difícil tarea de reconstruir no sólo la imagen institucional de la Presidencia sino también la de varios órganos del Estado, y así emprende la reestructuración de la Corte Suprema. Esta Corte Suprema fue la que decretó la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, decisión indispensable para poner fin a la impunidad de la genocida dictadura; y pensemos en contraposición lo sucedido tras la reconfiguración de la Corte, decreto macrista mediante, al avalar el “2×1” en delitos de lesa humanidad.

La persecución judicial a compañeros y compañeras, funcionarios de la gestión de 12 años, durante los 4 años del macrismo desnuda la clara relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Recordemos que un par de años antes, Cristina Kirchner presentó al Congreso -como es debido- una serie de proyectos para democratizar la Justicia, y fue atacada por opositores, medios, “especialistas”, quienes aplaudieron y/o callaron cuando Macri y su equipo quisieron arrasar con la Justicia y convertirla en un ministerio más. Recordemos las acciones presentadas contra el impulso de democratización de Cristina y cómo se impidió su aplicación, y los efectos nefastos que tuvo esto.

Una primera lectura del proyecto actual de Reforma Judicial pareciera reflejar un proyecto más técnico que sustantivo en comparación a los proyectos presentados en 2013, pero no por ello resultan medidas menos necesarias. El 10 de diciembre el peronismo llegó a la Casa Rosada con un escenario similar al 2003, no sólo se debía poner a la Argentina de pie, sino que era necesario la reconstrucción de las instituciones.

Pasamos de ver Presidentes que lanzaban satélites al espacio, que negociaban de igual a igual con las potencias en los foros internacionales, que estrechaban vínculos con sus pares de la región, a ver un Presidente que demostró una ineptitud en el manejo del Poder y pareciera seguir instrucciones algún que otro organismo extranjero, que reconocía sentir temor a la libertad ante reyes ibéricos, y un desprecio constante al pueblo que gobernaba. Asimismo, impulsó una política de desprecio y odio hacia otras instituciones: sindicatos, partidos políticos, y militancia, etc. Tras un mensaje de defensa de la República limaron la legitimidad del Poder Judicial y Legislativo, cuestionando la legitimidad de garantías como los fueros, y apelando a oscuros complots que buscaban la “impunidad de Cristina”.

Al final del día, si algo nos queda claro es que la reforma judicial es una herramienta necesaria e imprescindible para dejar de ser colonia. Es Patria o lawfare.