O hacemos algo o el último que apague la luz

Por Maximiliano Rusconi.

Son tiempos en donde se pone a prueba el compromiso institucional, la valentía cívica y la voluntad política. Ya no se puede perder ni un minuto más.

Creo que todos aquellos que somos juristas, profesores de derecho o tenemos un mínimo de convicción republicana, hemos recibido suficientes señales de la destrucción del estado de derecho.

Ya ha quedado claro que la Cámara Nacional de Casación Penal (salvo emocionantes excepciones) se ha transformado en un vil instrumento de persecución política de algunos y de protección de la impunidad de otros.

También ha sido evidente que la Corte Suprema de Justicia (salvo en causas que responden a algún interés inconfesable de algún cortesano) oscila entre las antiguas señales de luz verde para el escandaloso comportamiento de algunos jueces y camaristas federales y las actuales demostraciones de la clara decisión de no intervenir para dar a este escenario de aniquilación del sistema de reglas de nuestra comunidad ningún carril reparador (a pesar de la ilusa y optimista frase de la actual responsable de la cartera ministerial de “Justicia y derechos humanos” referida a que “los problemas de la justicia deben resolverse en la Justicia”.

Frente a este escenario, lamentable, deprimente y poco esperanzador, sólo pretendo hacer algunas preguntas.

Hoy está claro que los tres ministerios públicos (institución que agrupa a los fiscales que deben investigar los delitos) más trascendentes en envergadura del país (Capital Federal, Nacional y de la Provincia de Buenos Aires) tienen algunos déficits de legitimidad. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, por ejemplo, está conducido por un señor que no ha sido elegido según el camino constitucional.

El Procurador de la Provincia de Buenos Aires, para seguir con los ejemplos, ha sido durante mucho tiempo un importante funcionario del partido opositor.

Frente a ello, ¿el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, han demostrado alguna voluntad de evaluar el por lo menos altamente sospechoso comportamiento de los dos Procuradores Generales?

Por otro lado, ¿Qué ha hecho hasta el día de hoy la Comisión Bicameral que estipula la ley orgánica del Ministerio Público?

¿No es momento de elegir al Procurador General de la Nación?

¿Esa comisión bicameral le ha pedido explicaciones a la Defensora General de la Nación sobre las medidas adoptadas frente a casos como el de algún defensor que ha cumplido un rol bastante cómplice de los excesos de la justicia federal?

¿Por qué se ha regulado una extensión de la “vacatio legis” para la implementación del nuevo código procesal penal de la nación? Ello es importante porque su implementación posibilita una reorganización funcional que impida hacia el futuro que la justicia federal siga siendo una fuente inagotable de prevaricatos (decisiones ilícitas).

Creo que es trascendente darle objetividad al diagnóstico según el cual ha habido lo que llamamos “Lawfare”: ello es sencillo.

Se podría convocar a los mejores juristas del mundo (España, Italia, Alemania, EEUU, etc.), a efectos de que opinen y emitan un dictamen sobre la lesión de garantías en los casos más emblemáticos (vialidad y obra pública, caso de la tragedia de Once, el llamado caso de la ruta del dinero, el del “memorándum”, el del “dólar futuro”, el de las “fotocopias de los cuadernos”, etc., etc. Allí estos juristas intachables podrán opinar si esas violaciones han sido sólo tecnicismos banales o lesiones enormes a los principios fundamentales, insoportables en un estado democrático de derecho.

¿Por qué no se hace?

Si se demuestra que esas violaciones han sucedido, ¿cuál es la razón para no usar el indulto? ¿Si el poder ejecutivo utiliza este instrumento constitucional no está evitando futuras condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Hay instrumentos que se usan muy poco, casi nada. Nos referimos al juicio político, a las denuncias ante el Consejo de la Magistratura y las denuncias por el delito de prevaricato.

¿Por qué se espera que sea el abogado defensor de la víctima del abuso del poder quien inste a esos controles? ¿Una justicia digna interesa sólo al imputado o su defensor?

Me parece que a veces nos olvidamos que por estos desastres, por estas injusticias injustificables, por estos desatinos antirrepublicanos, en nuestro país hay presos. Presos que deberían estar libres, prisiones ilícitas, presos injustos en democracia, presos por sus ideas, por haber acompañado un proyecto político que tuvo unos años de desdicha y que hoy está en el poder.