No nos olvidemos de Dolores

Por Maximiliano Rusconi y H. Gabriel Palmeiro.

Escuchá a Maximiliano Rusconi y a Gabriel Palmeiro en «No nos olvidemos de Dolores» acá.

Una de las situaciones más graves que podría suceder en los momentos de recuperación republicana es olvidarnos de los desastres institucionales que sucedieron cuando quienes tenían a su disposición la conducción de los mecanismos del poder decidieron abandonar la senda del Estado de derecho.

En el juzgado federal de Dolores que dirige el juez Alejo Ramos Padilla se investiga uno de los conflictos institucionales más trascendentes de las últimas décadas.

Esto no sólo tiene que ver con la gravedad de los delitos que allí se investigan para el mantenimiento de una sociedad democrática y respetuosa del Estado de derecho, algo que vamos a describir y recordar sucintamente en este texto, sino que se relaciona con la cantidad de obstáculos, persecuciones mediáticas, descréditos y ataques personales que ha tenido que sufrir un juez solamente por ser independiente.

Es por eso que en homenaje a ese esfuerzo personal que tuvo que manifestar el juez a cargo de una instrucción en un caso de trascendencia institucional, el periodismo sano y honesto, los juristas preocupados por el resguardo de las garantías individuales y los funcionarios que ejercen tareas de responsabilidad institucional debemos no olvidar nunca esta faena y acompañar hasta el último segundo esa actividad desarrollada por un juez independiente en una República y siempre dejar en claro a nuestros conciudadanos lo que está en juego en un caso de estas características.

En este caso hemos visto con una crudeza digna de mejores circunstancias los extremos más espantosos del denominado Lawfare.

En primer lugar, la generación de información de inteligencia interna de origen absolutamente ilegítimo, indigno, que es puesta al servicio de la persecución penal a un sector político o de empresarios, a efectos de generar un sistema extorsivo de ventajas económicas o políticas. 

Luego, esa información de origen absolutamente espurio es blanqueada en un complejo proceso en el que intervenían en primer lugar un conjunto de inmorales con carnet de periodista que iban publicando a cuenta gotas la información de origen ilícito. Esa información casualmente era tomada por un conjunto de representantes políticos, normalmente parlamentarios, del gobierno de turno. Esa información era manipulada a efectos de poder generar el famoso “forum shopping” (elección del juez y fiscal amigo”).

De ese modo desde el sistema judicial se convocaba al supuesto periodista que había publicado la información que había llegado “seguramente de modo anónimo” a manos de alguna diputada de “look republicano” (solo el look). El periodista nunca revelaría el origen ilicito de su fuente, pero la informacion quedaba “blanqueada”.

Luego hemos visto, fiscales “muy duros” que cuando les toca enfrentar cuestionamientos se esconden detrás de la defensa corporativa mas baja, dando un ejemplo, ahí sí, muy triste de impunidad de algunos.

Hemos asistido al colmo de la persecución de abogados, escuchas telefónicas de las conversaciones que los privados ilegalmente de su libertad tenían con sus defensores y amigos.

Veamos con mayor precisión qué se investiga en la causa de Dolores.

En este derrotero, debemos recordar que desde un comienzo el objeto de investigación principal consistió en la actuación de una organización criminal dedicada a realizar múltiples tareas vinculadas al espionaje, que incluyeron investigaciones ilegales, extorsiones, “ablandes”, “puestas en pánico”, “aprietes”, “carpetazos”, “falsas denuncias”, entre otros modos de coacción e intimidación, todo ello con fines económicos y políticos.

Las dimensiones, vínculos, integrantes y usuarios siempre fueron evolucionando en un marcado ascenso, pero desde el mismo inicio, se encontró acreditado que la mencionada organización tenía fuertes vínculos con agencias estatales, funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, abogados y periodistas cuyo grado de responsabilidad se fue determinando a medida que se avanzó con la investigación.

En función de ello, también se logró determinar que la organización se desarrollaba especialmente en los los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico, y su actuación se verificó en diversos lugares del territorio nacional e internacional. Para llevar cabo tal cometido, también poseían las suficientes conexiones y vínculos para llevar adelante aquello que, entre los miembros de la organización, denominaban “operaciones”.

Como esa forma de “trabajar” de la organización ahora investigada, estaba tan ramificada y enquistada en diversas instituciones, para poder seguir adelante con la investigación, el arduo trabajo de ese Juzgado Federal Nro. 1 de Dolores, debió soportar paradojalmente múltiples “operaciones” de diverso tipo y pese a ello, se logró verificar, la actividad de forma organizada y con permanencia en el tiempo de una asociación ilícita que ha llevado adelante maniobras y operaciones tales como: 1.-) la realización de tareas de inteligencia e investigación criminal sin que sus miembros posean facultades legales para ello ni ejerzan funciones públicas por nombramiento de autoridad competente; 2.-) la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política, pertenencia partidaria, actividad profesional lícita, etc.; 3.-) la captación de comunicaciones, registro de migraciones y acceso a información reservada sin la debida autorización judicial; 4.-) la realización de maniobras coactivas e intimidatorias; 5.-) la realización de actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, el patrimonio y la situación institucional y/o política del país, para lo cual poseían vínculos con agentes y/o ex agentes de inteligencia -orgánicos y/o inorgánicos- pertenecientes a agencias de inteligencia nacionales y/o internacionales; 6.-) poseían relaciones con miembros de los poderes judiciales y los ministerios públicos –nacionales y provinciales-, las fuerzas de seguridad –nacionales y provinciales- los poderes políticos y los medios de prensa; y así las lista podría continuar con mayor detalle atendiendo a las particularidades que se advierten en cada uno de los Legajos en los que se investigan por separado cada una de esas maniobras. Sí, entendieron bien, son tantas y con diferente grado de complejidad, que tuvieron que separarlas en los mencionados legajos y así poder llevar adelante el trabajo de manera más eficiente.

De acuerdo a la descripción que se realizó, se impone con claridad que se incurriría en un reduccionismo obtuso si se sostuviese que en la mencionada “causa de Dolores”, la investigación solo se circunscribe a lo actuado por un determinado fiscal o a lo ocurrido en un expediente puntual. Por ello, resulta imprescindible comprender el verdadero alcance, el real impacto, la profunda dimensión dañina que tuvieron este tipo de actividades paraestatales y la forma en que éstas afectan el normal funcionamiento de las instituciones de nuestra argentina.

Aunque cada uno de esos Legajos contiene un sinnúmero de ilegalidades que ocasionó múltiples perjuicios a diferentes ciudadanos, como anticipábamos, la multidimensionalidad en la que se desplegaron este tipo de operaciones generó un daño irreparable a los poderes del Estado; en la vida institucional del país; en la importancia y trascendencia diaria de los medios de comunicación; en la actividad económica y finalmente, en la credibilidad de la sociedad en su conjunto en cada una de ellas.

En este sentido, no podemos olvidar que de la mano de la “operación GNL” se delineó la forma en la que se llevaría adelante la construcción de hechos para generar la detención de un diputado nacional en ejercicio. En esta maniobra se investiga la intervención de un Juez Federal, un Fiscal Federal y el falso abogado —que resulta ser el protagonista principal de la investigación y es el nexo con el resto de los intervinientes—, mediante la cual pergeñaron “darle vida” a la causa conocida como la del Gas Natural Licuado, que ya había sido anulada por la justicia federal de Comodoro Py a raíz de la intervención de peritos que se vieron tentados de utilizar informes provenientes de portales de internet destinados a estudiantes secundarios e incurrieron en falsedades que fueron finalmente descubiertas.

Así, la operación mencionada tuvo por finalidad mantener virtualmente vigente una investigación carente de todo elemento de prueba, para a partir de ella, solicitar la detención y desafuero del diputado Julio De Vido, afectando así el normal desarrollo de las instituciones y vida democrática de nuestro país.

El mismo Fiscal federal que participó activamente de esa operación es el mismo que de haber aplicado su propio criterio en el ejercicio de la función pública que todavía hoy desempeña en el edificio de Comodoro Py, debió haber concurrido al juzgado de Dolores esposado, atento a la inocultable obstaculización al desarrollo de una investigación judicial en progreso, negándose a concurrir a un simple y “primer acto de defensa” como era su indagatoria.

Aunque parezca increíble, es real. El Sr. Fiscal federal tuvo que ser llamado en siete oportunidades y ser declarado en rebeldía, antes de que se efectivice su indagatoria, la cual esquivó hasta que se vio cercado, invocando siempre la vigencia de derechos y garantías constitucionales que, con habitualidad, le niega a los justiciables sometidos a sus dictámenes.

En este repaso casuístico, no puede pasarse por alto la llamada “operación Cifuentes”. Este caso se destaca a los fines de ilustrar elementos comunes que permiten reconstruir el modus operandi de la asociación ilícita, en particular en el ámbito empresarial. Así, en esa forma de actuación, se observa la detección de una persona-objetivo —un empresario, con ciertas condiciones particulares— y la oferta de resolverle un problema que puede ser real, engañoso o incluso generado por la propia organización, el típico ardid al que tanto hace referencia el falso abogado allí imputado en los diálogos encontrados y acreditados en el expediente.

Es aquí, en este tipo de operaciones, en los que se expone con mayor claridad los vínculos mediáticos y judiciales que se analizan en la causa. En esos lazos se apoyan la operación psicológica que se realiza respecto del “objetivo”; por ejemplo, el posible hostigamiento judicial a nivel comercial o penal, la oferta para solucionar dicho hostigamiento, y el ejercicio de presión e intimidación a partir de la publicación de notas periodísticas en medios de prensa. También, naturalmente, se observa la exigencia dineraria como elemento común a otros casos analizados.

Estás conductas que encontraron como víctima al empresario Mario Cifuentes —entre varios otros que aparecieron con posterioridad—, llevó al procesamiento del falso abogado y al “periodista estrella” de un multimedio monopólico, pudiéndose demostrar en el expediente la convergencia subjetiva, que se requiere para poder imputarles hechos ilícitos determinados como los de coacción y extorsión que en ese Legajo se verificaron.

Como una triste pero real muestra de los mecanismos diseminados por diversos sectores institucionales, vale señalar que el primero de los procesados mencionados solía utilizar en sus embustes y coacción psicológica, ¡¡¡¡¡¡¡afirmaciones similares a que “…los jueces le temen más… al director de redacción… [del multimedio monopólico] que al colegio de la magistratura!!!!!!!”.

Razonablemente tenemos un límite para esta columna, pero sin duda alguna, el estudio pormenorizado de cada uno de los supuestos de hecho que se investigan en la causa Dolores, tiene particularidades que dejarían atónitos hasta al más sagaz y experimentado de los lectores. Pero lo peor no es ello, sino lo que seguramente esté por venir; los Legajos que se sigan sumando a la larga nómina ya existente y que por el estrecho vínculo ya demostrado entre este tipo de organizaciones y las prácticas Lawfare en nuestro país —entre las que aparecen causas como la de la “Tragedia de Once”, “las fotocopias de los cuadernos de Centeno”, entre muchas otras—, hacen que la vida republicana, democrática e institucional de nuestro Estado de derecho, necesite que no nos olvidemos de Dolores.