No fue magia

Por Daniel Prassel.

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Hoy vamos a conversar un poco sobre lo que paso en Bolivia, donde si bien festejamos en grande la vuelta al poder del MAS, ha quedado bastante tela por cortar en cuestiones de índole humanitaria.

El caso boliviano se inscribe como un capítulo más del coletazo neoliberal actual, donde más allá de broncas y dolores, debemos auto exigirnos para realizar los análisis y diagnósticos que nos acerquen a estrategias y decisiones que puedan contrarrestar estos nuevos embates que se produjeron y que seguramente se estén preparando para tiempos venideros.

Primero quiero contextualizar que se pudo hacer en pleno gobierno de Evo en materia de DDHH. En 2017 la ex ministra de salud boliviana Nila Heredia asumía la presidencia de la Comisión creada en pos de reconstruir lo que pasó durante la larga dictadura (1964-1982) que azotó al pueblo hermano en el marco del Plan Cóndor.

Es importante resaltar la importancia que tuvo la cooperación con nuestro país y sus organismos de DDHH, dado que en el caso boliviano las investigaciones se encontraban en una etapa muy incipiente por lo que la experiencia argentina fue enriquecedora y vital para que puedan seguir revisando las violaciones a los DDHH que se sufrieron como Pueblo.

Pudieron también avanzar en la sistematización de los testimonios con el objetivo de ir elaborando ese informe final que sea punta de lanza para conseguir la tan ansiada justicia.

Teniendo en cuenta la cantidad de desapariciones forzadas en Bolivia, que fue de menor magnitud que las de otras dictaduras en el Cono Sur, la población boliviana también sufrió matanzas masivas por parte de los militares. Una de las más recordadas fue la masacre de San Juan, en 1967, en la que el ejército disparó indiscriminadamente contra los trabajadores de la mina Siglo XX Cataví, sus mujeres y sus hijos tras los festejos de San Juan. La orden la había dado el entonces presidente de facto René Barrientos por sospechar que en las minas se estaba gestando un movimiento guerrillero similar al de la guerrilla Ñancahuazú, del Che Guevara.

Se estima que en Bolivia hubo más de 150 desaparecidxs y miles de asesinadxs durante la etapa dictatorial.

Depuesto Evo del poder, claramente este proceso de memoria, verdad y justicia de nuestro hermano país se vio truncado.

Dicho y esto vamos a contar que sucedió durante el gobierno de facto de la Dictadora Añez, donde no solo se violaron sistemáticamente los derechos humanos, sino que también volvieron los encarcelamientos políticos, las persecuciones y las matanzas masivas.

En este periodo, se iniciaron causas contra muchas dirigentes y adherentes al Movimiento al Socialismo (MAS) por delitos graves y poco definidos, como terrorismo y sedición, con fuertes irregularidades. Entre ellas se encuentran el ex presidente Evo Morales, su apoderada, Patricia Hermoso, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. En el mismo lapso se multiplicaron las detenciones arbitrarias de distintos líderes sociales, sindicales y campesinos por expresarse contra el gobierno de Áñez y organizar protestas.

Hubo además asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, represión a la protesta y ataques a la libertad de expresión de ese noviembre de 2019 que esperan ser juzgados y revisados. Entre estos casos se encuentran los de dos argentinos. El de Sebastián Moro, periodista de Página 12, sigue sin investigarse a pesar de los elementos contundentes que indican que fue asesinado por ejercer su profesión y por sus opiniones políticas. El fotoperiodista Facundo Molares queda arbitrariamente detenido hasta el día de hoy, con riesgo de vida.

Como olvidarse de las masacres de Sacaba y Senkata, donde existe abundante evidencia que da cuenta de que, en ambas, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno dictatorial de Áñez y en defensa de la wiphala, que dejaron un saldo de al menos 21 personas muertas y más de 70 heridas.

Recordando cómo, el 14 de noviembre, un día antes de la masacre de Sacaba, Áñez firmaba un decreto para garantizar la impunidad de las Fuerzas Armadas. No se brindó atención médica a las víctimas de la represión. Al contrario, en las dos masacres, los recuentos de testigos relatan que quienes se acercaron a brindar socorro también recibieron disparos. La violencia continuó en los hospitales: las víctimas fueron acosadas por policías y por el mismo personal de salud, que las humilló por su supuesta afinidad con el MAS y con ofensas racistas.

Advertimos entonces, que conjuntamente con el gobierno democrático que triunfo en las pasadas elecciones, devolviendo al MAS al poder, se inicia un arduo y trabajoso camino de reconstrucción de todos estos hechos que constituyen sin ninguna duda, delitos de lesa humanidad.

Sera crucial como decíamos en párrafos precedentes, la colaboración internacional para llegar a la verdad y condenar a los responsables, porque también la situación boliviana nos enseña que la lucha por la plena vigencia de los estados de derecho, no se termina nunca.

La democracia y el respeto a los DDHH es una amalgama que debe resignificarse permanentemente, fortaleciendo los organismos de DDHH, la cooperación entre Pueblos, depurando los sistemas judiciales, desactivando las operaciones mediáticas y fomentando siempre, la mayor participación popular en los procesos políticos de los estados.

Este proceso de cambio es sin retorno; digan lo que digan, hagan lo que hagan. No volverá el neoliberalismo a Bolivia”

Cro. Evo Morales Ayma

Más Estado, Más Solidaridad, Más Comunidad como nuestrxs 30.000 nos enseñaron.