Ministerio Público: ¿Qué estamos debatiendo?

Por Maximiliano Rusconi.

Las discusiones recientes sobre la reforma del ministerio público fiscal y el tan mencionado sistema de elección del procurador general de la nación, a pesar de que muestran algunos de los tradicionales vicios de lo peor de la mala dirigencia política, no dejan de sorprender. 

No es que nos puedan sorprender los vicios en sí mismos sino el grado de intensidad con el cual se manifiestan. 

La mentira, el cinismo, la ignorancia, el fraude de etiquetas, las trampas argumentales son, hay que decirlo, segmentos de un paisaje al cual estamos muy acostumbrados. Sin embargo, hay ciertos niveles de gravedad con el que aparecen estos fenómenos que nos llevan a preguntarnos si todo ello puede ser tan evidente y no sonrojar a nadie. 

Últimamente siento que la realidad me obliga a recordar obviedades, en estos aportes, que en el futuro me generarán vergüenza propia. Es por ello que, a pesar de que no puedo evitar mi deber cívico de formular lo obvio en la actualidad, lo haré de modo breve para reducir al mínimo mis autocríticas futuras. 

En primer lugar, es necesario recordar que el actual procurador general interino lo es porque nadie lo eligió para ocupar ese lugar.

Para ser claro, hay dos jueces de la corte suprema que si se hubiesen quedado en sus lugares por imperio de los vergonzosos decretos del poder ejecutivo que los propuso tendrían mayor legitimidad que el actual e interino Procurador. En definitiva alguien los eligió (aunque claro está violando la ley fundamental). A este interino procurador nadie lo eligió para estar en el sillón que, por ahora, ocupa. 

En segundo lugar, a pesar de los impostados gritos parlamentarios, la elección de un procurador no es un buen camino para generar alguna impunidad: ello sólo podría suceder si el procurador emitiera instrucciones particulares de que alguna causa no siga adelante. Ello sería ilegítimo y ningún fiscal, por ejemplo de instrucción, soportaría ser sometido a esa instrucción que, en sí misma, sería un delito y, si lo hace, el problema reside mucho menos en el procurador y mucho más en el obediente fiscal.

Por otro lado, en la mayor parte de los países serios, la función de ser jefe o jefa de los fiscales no dura toda la vida –al estilo de los roles monárquicos-, sino que se ejercita por períodos –la duración de esos períodos es una cuestión menor-.

La permanencia en el cargo hasta el límite de la vejez no es un dato propio de una república, sino todo lo contrario. 

La conducción del ministerio público requiere un dinamismo enorme, una gran vocación de trabajo y ello genera gran desgaste. 

La función pública requiere entregarse con alma y vida a la comunidad y ello es algo que debe ser auditado, por lo menos, a través de los mecanismos de la democracia representativa. 

Ello lo entendieron muy bien quienes hoy se oponen a esta reforma cuando enviaron un proyecto en el mismo sentido del que hoy critican. El único dato que cambió de un momento al otro es que cuando se envió ese proyecto de ley, quienes antes eran oficialismo y hoy son oposición querían desplazar a una procuradora que sí había sido elegida por el poder ejecutivo y con acuerdo del senado. 

Ahora, la actual oposición debe defender a un procurador que ocupa de modo, pareciera, muy conveniente, el rol desde un débil pero útil interinato ¿Quién busca la impunidad? 

Llama la atención que los legisladores que hoy debaten estos extremos, son los mismos que incumplieron el deber de poner en funcionamiento la comisión parlamentaria que debía controlar la gestión del ministerio público y a la cual, todos los años, el jefe o jefa del ministerio público fiscal y del ministerio público de la defensa deben rendir cuentas. 

Por otro lado, a nadie parece importarle que los casos ingresados al sistema judicial son sólo un porcentaje menor de los ilícitos cometidos en la realidad (cifra negra), que sólo un mínima expresión de los casos ingresados llega a juicio oral y que el sistema sigue maltratando a las víctimas de delitos complejos.

Nadie repara en que los organismos no gubernamentales no tienen ningún acceso al ministerio público, que la calidad del trabajo de las investigaciones deja mucho que desear, que los dictámenes de ese organismo son en ocasiones insostenibles, que a veces hay contradicciones frente a casos idénticos, que los fiscales no ejercen casi ningún control sobre la actividad policial y que la duración de los procesos llega a cifras descomunales. 

Ninguno se preocupa por el sesgo de las actuaciones de oficio de los fiscales (¿hay objetividad?), ni por el respeto a las garantías individuales. 

Debo hacer otra pregunta: ¿hace cuánto que no se hace una investigación de los niveles de éxito de las investigaciones? Aunque fuere anónima ¿Hay estadísticas confiables? Ello es indispensable para construir las bases de una gestión exitosa. 

Debo seguir preguntando: ¿alguien interrogó al actual e interino procurador sobre cuáles son las bases de la política criminal del organismo? ¿qué advierte el señor procurador respecto de los problemas de la criminalidad en nuestro país y su impacto social? ¿Qué opinan los señores legisladores?

¿Está claro que todo es una vergüenza o debo seguir con estas preguntas, nuevamente, retóricas?