Las ONGs, modernos caballos de Troya. (Última parte)
Por Christian Lamesa.
Hay algunos países, que haciendo valer su soberanía política, elaboran normas legales, a fin de regular aspectos tales como el financiamiento de las ONGs desde el exterior o la necesidad de inscribirse como “agentes extranjeros”, cuando reciben este tipo de aportes económicos y al mismo tiempo llevan adelante actividades políticas. Más adelante veremos algunos ejemplos de esto y la razón de dichas medidas regulatorias para este tipo de organizaciones.
Sin embargo, en países como la Argentina, las autoridades parecen no encontrar ningún motivo para poner límites al accionar de ciertas ONGs, que tienen una fuerte actividad política o que hacen lobby para la sanción de determinadas leyes, y que son financiadas por gobiernos extranjeros, incluido el del Reino Unido, el cual mantiene una ocupación ilegal en parte de nuestro territorio nacional. A continuación, veremos algunas de estas organizaciones; su nivel de influencia en la sociedad y en sectores políticos, que van desde el liberalismo hasta el progresismo; la forma en que recaudan los recursos económicos, y como muchos dirigentes políticos de ambos lados de “la grieta”, reciben beneficios de algunas de ellas.
Poder Ciudadano (Capítulo argentino de Transparency International)
La ONG Poder Ciudadano opera en la Argentina desde 1989. Como suele ocurrir con estas organizaciones, dentro de sus enunciados hay una serie de generalidades y buenas intenciones que realmente no dicen demasiado acerca de lo que exactamente hacen. En el sitio de esta fundación se puede leer: “Nuestra Misión es: Promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a través de la acción colectiva.”, “Crear una red de personas e instituciones comprometidas con los asuntos públicos a escala local, nacional e internacional en pos de sociedades democráticas e inclusivas.”, “Nuestro Objetivo es: Promover la participación ciudadana y concientizar a la población sobre los problemas de interés público que requieren del compromiso y de la participación de todos.” Todo esto, sin duda, suena muy correcto. Sin embargo, las reales intenciones y la finalidad de esta organización, son bastante más claras cuando vemos algunos detalles.
En primer lugar, siempre es revelador de los intereses que representa, el hecho de quienes la financian. En el caso de Poder Ciudadano, sus principales aportantes de dinero son la National Endowment for Democracy (NED), la Unión Europea y la empresa alemana Siemens. Resulta llamativo que una ONG que dice luchar contra la corrupción, tenga entre sus benefactores a una firma que en 1996 protagonizó un escándalo por el pago de sobornos, en relación a la licitación pública para la confección de los documentos de identidad en la Argentina. Y en el caso de la organización “madre” de Poder Ciudadano, Transparency International, ésta recibe fondos, entre otros, del Departamento de Estado de EEUU, del gobierno del Reino Unido, de la Comisión Europea, del International Republican Institute (brazo del Partido Republicano dentro de la NED) y de la Open Society de George Soros. Con estos sponsors, no llama la atención que Laura Alonso, referente política del partido del ex presidente Mauricio Macri, se haya desempeñado como directora de Poder Ciudadano. Durante dicho periodo, la “activista anticorrupción” (con dudosa reputación al respecto), recibió fondos provenientes de la USAID, según se desprende de cables filtrados por WikiLeaks, a través de los cuales, también se supo de las reuniones de Alonso con el embajador estadounidense en Argentina entre 2007 y 2009, Earl Wayne. A través de todo este entramado, Laura Alonso habría estado implicada con el “Proyecto Cuba”, dirigido y financiado por la USAID desde 2009, para infiltrar jóvenes latinoamericanos de bajo perfil en la isla caribeña y poner en marcha un plan de desestabilización mediante la generación de noticias falsas, las cuales llevarían al descontento popular, la incitación de revueltas y finalmente el inicio de una “revolución de color”. En el marco de esta misma operación de la inteligencia estadounidense, fueron detenidos por las autoridades cubanas en diciembre de 2013, en La Habana, y posteriormente deportados a la Argentina, los dirigentes de la juventud del Partido PRO, Pedro “Piter” Robledo y Valentina Aragona, quienes, supuestamente, iban a participar de un congreso sobre derechos humanos en esa ciudad (pantalla para una de las actividades, dentro del plan llevado adelante por la USAID). Luego de la detención de Robledo y Aragona, fueron Laura Alonso y el mismísimo Mauricio Macri, por entonces jefe de Gobierno Porteño, quienes reclamaron la liberación de los dirigentes de su partido.
Vital Voices Global Partnership
Esta ONG fue fundada en 1999, por las políticas demócratas y ultra belicistas, Hillary Rodham Clinton (ex primera dama de EEUU y secretaria de Estado durante la administración Obama) y Madeleine Albright (secretaria de Estado de EEUU de Bill Clinton), entre otras mujeres relacionadas con el poder de Washington D.C.
La Organización No Gubernamental norteamericana plantea que: “La misión de Vital Voices es identificar, invertir y dar visibilidad a mujeres extraordinarias en todo el mundo al liberar su potencial de liderazgo para transformar vidas y acelerar la paz y la prosperidad en sus comunidades.” Estas ONGs enuncian sus objetivos, siempre enmascaradas en buenas y loables intenciones, pero lo cierto es que, en este caso, sus principales fundadoras, Hillary Clinton y Madeleine Albright, se desempeñaron al frente del Departamento de Estado durante dos de las presidencias que más guerras e intervenciones militares desataron en el mundo, por lo tanto hablar de paz y prosperidad, entre sus anhelos, suena por lo menos descarado.
Tras el enunciado de la formación de liderazgo de mujeres en los ámbitos político, empresarial y social, lo que realmente hace esta organización, es la formación de cuadros y dirigentes mujeres, que respondan en última instancia a los intereses del Departamento de Estado, el cual, como era previsible, financia gran parte de sus programas, junto a poderosas corporaciones como Procter & Gamble, Johnson & Johnson o el Bank of America, entre otros.
Esta ONG tiene sede y opera en Argentina. Al igual que en el caso de Poder Ciudadano, acá también está involucrada la asidua visitante a la embajada de EEUU, Laura Alonso, como parte del Consejo Asesor Global, en representación de nuestro país, dentro de la organización.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
La Organización No Gubernamental defensora de los derechos humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), es presidida desde el año 2000, por el periodista Horacio Verbitsky (la alternancia que se le exige a la política, acá no aplica), aunque en la actualidad ha tomado una licencia en la presidencia de la ONG, debido al escándalo que suscitó la vacunación de éste, al aprovecharse de contactos políticos para evitar la espera de su turno para ser inoculado contra el Covid-19. Verbitsky también integra la junta directiva de Human Rights Watch – Americas, organización sobre cuya actividad, intereses y financiamiento, he hecho un resumen en la segunda parte de este artículo, y es a partir de este hecho, que quiero analizar los lazos del prestigioso (principalmente entre la progresía vernácula) CELS, con oscuras organizaciones y gobiernos extranjero, siendo esto especialmente sensible, debido al gran predicamento que tiene la organización del eterno presidente Verbitsky en los más altos círculos del poder estatal (y del otro).
En este sentido, hay dos imágenes que vienen a mi mente y creo que son las más descriptivas de su influencia en importantes decisiones de Estado, estas son: La derogación en el año 2009, de la penalización del delito de calumnias e injurias, cuando se refieren a expresiones de interés público, habiendo jugado la ONG, un papel protagónico en este hecho. Desde ese entonces me he preguntado si esta modificación a la ley, no beneficiaba a las grandes corporaciones mediáticas, ya que solo dejaba la posibilidad de la vía civil para el damnificado ante la difamación, y sabemos que el dinero no es problema para éstas, mientras que una condena penal, es una cosa muy distinta. Con esta impunidad fue como, por ejemplo, se pudo llevar a cabo la operación difamatoria que acabo con las aspiraciones de llegar a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, de Aníbal Fernández. La segunda imagen fue en ocasión de las audiencias para la reforma de la Ley de Inteligencia, que permitió la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Durante las exposiciones ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado Nacional, Horacio Verbitsky, en representación del CELS, hizo numerosas observaciones para que se efectuasen modificaciones en varios puntos del texto elaborado por los legisladores, siendo todos aceptados para su posterior sanción.
Este hecho podría no llamar la atención de nadie, e inclusive resultar lógico recabar la opinión y el consejo de una organización que trata especialmente temas jurídicos y de derechos humanos. Sin embargo, creo que resulta inquietante que una ONG que recibe cuantiosos aportes de dinero de gobiernos extranjeros, tenga la posibilidad de prácticamente elaborar leyes de las que depende, en gran medida, la seguridad nacional (siendo que no han sido electos por los ciudadanos de nuestro país).
El Centro de Estudios Legales y Sociales tiene numerosos “benefactores” que con su dinero le permiten operar y realizar sus proyectos. Veamos quienes son algunos de ellos:
Comisión Europea. Organismo de la UE que suele tener políticas injerencistas y sancionatorias contra los Estados que no responden a sus lineamientos. En 2019 reconoció como legitimo al gobierno golpista de Jeanine Áñez en Bolivia, a la cual considera una presa política en la actualidad, debido a que está en prisión a la espera de ser juzgada por los hechos ocurridos durante la ejecución del golpe de Estado, la represión y las matanzas ejecutadas contra quienes se oponían a la usurpación de la Presidencia del país andino.
Ford Foundation. Fundación de la automotriz norteamericana que durante la última dictadura cívica-militar de nuestro país, facilitó sus instalaciones para la detención y tortura de delegados gremiales, habiendo sido condenados por estos delitos dos ex directivos de la empresa. Más oscuro aún es el vínculo de admiración mutua que unía a Henry Ford con Adolf Hitler, además de haberse beneficiado económicamente con el trabajo esclavo de prisioneros, durante la Segunda Guerra Mundial, a través de su filial alemana, Ford Werke A.G.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la entrega anterior del presente artículo, pudimos ver los vínculos endogámicos de la oficina dirigida por la ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, con el Departamento de Estado, a través de ex funcionarios de la diplomacia estadounidense, que más tarde se desempeñan en cargos directivos de ONGs como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
Open Society Foundations. Las actividades desestabilizadoras y golpistas de esta ONG, financiando sus famosas “revoluciones de colores”, parecen no ser un impedimento ético, para recibir millonarios fondos de parte del omnipresente y muy bien vinculado a las agencias de inteligencia norteamericanas y británicas, George Soros.
Avina Americas. Esta fundación estadounidense de origen suizo es, posiblemente, la más ignota de la lista, pero me resultó curioso que sea un aportante del CELS, debido a la estética y al contenido de su sitio web, que la hace parecer una organización ambientalista, e inclusive por los objetivos que manifiesta perseguir, los cuales son: “impulsar procesos colaborativos que generen cambios sistémicos en favor de la dignidad humana y el cuidado del planeta.”, y agrega como su visión: “Un mundo sostenible, próspero, democrático y justo, inspirado en su diversidad.” Para conseguir estos nobles fines, y también colaborar económicamente con otras organizaciones como el CELS, Avina Americas recibe fondos, entre otros, de la Ford Foundation, de la National Endowment for Democracy, de la Open Society Foundations, de la Unión Europea, de la oficina brasilera de la USAID y del Gobierno de los Estados Unidos.
Embajada de Alemania en Buenos Aires. En este punto, me permito expresar que me parece inadecuado que una organización, con tal grado de influencia en la política nacional, reciba fondos de un gobierno extranjero, el cual, como es lógico, tiene sus propios intereses geopolíticos y la sociedad argentina desconoce hasta qué punto, las acciones que desarrolla el CELS, pueden estar influenciadas por aquellos que los sostienen financieramente, y ya vimos cómo, directa o indirectamente, en el caso de Avina Americas, recibe dinero de la Casa Blanca y del Congreso en Washington, gracias a este sistema de “Matryoshkas”, que como con las encantadoras muñecas rusas, la más grande tiene una más pequeña en su interior, la cual contiene a otra y esa a otra más. Muchas ONGs que reciben aportes para poder funcionar, a su vez sostienen a otras con parte de esos fondos. Esto muchas veces busca ocultar el verdadero origen del dinero que reciben.
Como si todas estas fuentes de financiamiento no fueran poco objetables, el Centro de Estudios Legales y Sociales también recibe fondos del gobierno del Reino Unido, tal como se desprende de la nota titulada: “Juan Grabois: “Verbitsky recibe financiamiento de la Fundación Ford, National Endowment for Democracy y el British Council”, publicada en el portal kontrainfo.com cuyo link les dejo a continuación: https://kontrainfo.com/juan-grabois-verbitsky-recibe-financiamiento-de-la-fundacion-ford-national-endowment-for-democracy-y-el-british-council/
Tal como se puede ver en la imagen, en el listado de aquellos a quienes, textualmente, “el CELS reconoce gratamente el apoyo brindado durante los últimos años por las siguientes fundaciones”; en el noveno lugar figuran la Embajada británica en Buenos Aires y el Foreign and Commonwealth Office, Departamento del Gobierno del Reino Unido, encargado de proteger y promover los intereses británicos en todo el mundo. Para cualquier argentino debería ser inadmisible este tipo de vínculos con un Estado extranjero que tiene ocupado ilegalmente, parte de nuestro territorio nacional, y más aun tratándose de una ONG con tal grado de influencia política en las esferas estatales y en áreas tan sensibles como la justicia, la seguridad y la inteligencia (como quedo claro con la participación del periodista Verbitsky durante la elaboración de la ley que dio lugar a la creación de la AFI, en reemplazo de la antigua SIDE).
Fundación (RAP) Red de Acción Política
Esta Organización No Gubernamental tiene una serie de particularidades que la hacen muy interesante para el análisis y al mismo tiempo nos permite ver el grado de permeabilidad que tiene nuestro país, a la injerencia de los sectores del poder de las corporaciones y de algunos gobiernos extranjeros, sobre un gran número de referentes de la clase política argentina, mientras este hecho parece pasar desapercibido o ser naturalizado como algo normal.
La Red de Acción Política, fundada en 2002, en su sitio web manifiesta ser: “una Organización de la Sociedad Civil apartidaria y con pluralismo ideológico”, que busca: “propiciar la generación de Amistad Cívica entre políticos de distintos partidos”, para “llevar adelante con ellos actividades de formación, análisis, diálogo y construcción de consensos sobre temas centrales que hacen al desarrollo sustentable e inclusivo del país, al fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, y a la generación de una cultura de integridad y transparencia.” Algunos de sus objetivos los define así: “RAP busca ayudar a los políticos que forman parte de la red a capacitarse y formarse”. Y de esta forma detalla algunas de las acciones que organiza para conseguir sus metas: “Entre estas actividades se encuentran ciclos de talleres de capacitación; ciclos de seminarios de políticas públicas; encuentros con personalidades destacadas del ámbito local e internacional; el otorgamiento de becas académicas; la organización de visitas a países del exterior para conocer mejores prácticas y generar vínculos internacionales, etc.”
Finalmente, destacan entre sus proyectos a los Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario y los describen como: “una iniciativa que promueve el análisis, el diálogo y la búsqueda de acuerdos sobre siete temas centrales para el desarrollo sustentable e inclusivo del país a largo plazo: Educación, Infraestructura Institucional, Desarrollo Sostenible, Inclusión Social, Federalismo, Inserción Internacional y Seguridad y Crimen Organizado.”
Tal como se repite en la totalidad de las ONGs, en la descripción de sus finalidades y objetivos, siempre abundan las buenas intenciones, generalidades y muchas expresiones plagadas de corrección política, a las que casi nadie del común de la gente, podría oponerse o mucho menos desconfiar de estas nobles almas, capaces de tan arduos planes por el bien de la sociedad. También es un factor común, lo que observamos cuando vemos de donde provienen los recursos económicos con los que estas organizaciones financian sus actividades, y el caso de la RAP, no es la excepción. Sin embargo, esta fundación tiene una particularidad que no deja de asombrarme. Esta característica es que más de doscientos dirigentes políticos argentinos de prácticamente todo el arco ideológico la integren, y sean beneficiados con becas, cursos, capacitaciones y diversos tipos de actividades con todos los gastos pagos, en países como EEUU, el Reino Unido, España, Canadá, Australia, Chile y Colombia, entre otros (siempre todos ellos, dentro de la órbita ideológica y de intereses de Washington y Londres). Estos dos aspectos veremos a continuación.
En primer lugar, me permitiré una digresión para decir que si pudiéramos otorgar el primer premio a la mejor de las ONGs que estamos analizando, la Red de Acción Política debería ser galardonada con “El Caballo de Troya de Oro”, ya que sinceramente, no le falta nada, incluso el hecho de ser poco conocida para la mayoría de la gente, siendo esto, una de las cosas que más le agrada al poder real, el hecho de manejarse desde la sombra.
En este caso es interesante ver algunos de los nombres de aquellos que integran y dirigen a la Red de Acción Política. Alan Clutterbuck es cofundador, presidente de la fundación desde su creación y actualmente ocupa el cargo de director general, máximo responsable de la ONG. Su trayectoria laboral lo conecta con la poderosa Organización Techint del italiano Paolo Rocca y es socio de Poliarquía Consultores, la empresa de análisis y consultoría política preferida por los grupos de medios Clarín y La Nación, entre otros, para la realización de encuestas, no siempre certeras en sus resultados. Además de Clutterbuck, también podemos citar los nombres de Santiago Kovadloff y Marcos Aguinis como parte del Consejo Asesor de la ONG, resultando llamativo que éstos integren una organización que dice: “propiciar la generación de Amistad Cívica entre políticos de distintos partidos”, siendo que ambos escritores, durante la última década y media, estuvieron entre aquellos que más expresiones de descalificación e intolerancia han lanzado hacia aquellos sectores políticos a los que llaman populistas y acusan de haber causado todos los males del país, eludiendo cualquier tipo de debate o dialogo civilizado, donde se prescinda de la ofensa hacia el otro.
Los recursos económicos de que dispone la RAP, parecen no tener límites, teniendo en cuenta los gastos que afronta al pagar los viajes “All Inclusive” de decenas de políticos RAP (así los llama la fundación), por América y Europa. La última actividad llevada a cabo antes de la pandemia de Covid-19, fue un simposio en Inglaterra, realizado en Londres y en la ciudad de Oxford, del que participaron veinticinco políticos argentinos y el mismo número de directivos de las principales empresas de la Argentina, todo solventado por la ONG.
Cuando comenzamos a identificar a los donantes, adherentes e instituciones que apoyan las operaciones de la Red de Acción Política, nos explicamos de donde provienen las montañas de dinero que gastan, al mismo tiempo que se dejan ver, los intereses a los que responden. La lista es enorme, por eso voy a enumerar a los nombres más notorios que figuran en el informe de rendición de cuentas de 2014 (último año que se muestra en el sitio web de la ONG): Louis Dreyfus Commodities, Nidera, Dow, Aceitera General Deheza, Bagó, Banco Ciudad, Banco de Galicia, Banco Santander, Banco Patagonia, Grupo Techint, Telefónica de Argentina, Pan American Energy, Ledesma, Barrick, Minera Alumbrera, Pampa Energía, YPF, Farmacity, La Anónima, Swiss Medical, Massalín Particulares, Nobleza Piccardo y Arcor. Entre los apoyos institucionales se destaca el de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), cuya Comisión Directiva está integrada, entre otros, por Héctor Magneto del Grupo Clarín, Paolo Rocca de Techint, Julio César Saguier de La Nación, Marcos Galperín de Mercado Libre y Cristiano Rattazzi de Grupo Módena.
A esta altura, ya podemos hacernos una idea más o menos clara acerca de cuáles son los intereses de aquellos que sostienen económicamente a la RAP, desde dentro de nuestro país. En cuanto a los aportantes extranjeros, los nombres de algunas de las instituciones no dejarán ninguna duda respecto a quienes responde la ONG, al recibir fondos de la National Endowment for Democracy (NED), a través del Instituto Nacional Demócrata (Partido Demócrata de EEUU), la cada vez más desacreditada Organización de los Estados Americanos (OEA), Fundación Avina (la misma ONG que redistribuye fondos de la NED, la USAID y la Open Society, entre otros, y es uno de los financistas del CELS) y el David Rockefeller Center for Latin American Studies. Por último, se debe sumar a la lista, el aporte de dinero por parte de los gobiernos de Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Sudáfrica, a través de sus respectivas embajadas en Buenos Aires.
Para terminar de entender este entramado, debemos conocer los nombres de, por lo menos, algunos de los principales y más influyentes “políticos RAP” y sus respectivos partidos.
PRO (Juntos por el Cambio): Esteban Bullrich (Senador Nacional), Soledad Acuña (Ministra de Educación, CABA), Rogelio Frigerio (Ex Ministro del Interior), Gabriela Michetti (Ex Vicepresidenta de la Nación), Federico Pinedo (Ex Senador Nacional), Carolina Stanley (Ex Ministra de Desarrollo Social de la Nación), Eduardo Amadeo (Dirigente), Sebastián Bragagnolo (Intendente de Luján de Cuyo), Martín Yeza (Intendente de Pinamar), Diego Valenzuela (Intendente de 3 de febrero) y Nicolás Massot (Ex Diputado Nacional). Cuarenta y nueve integrantes del PRO son políticos RAP.
Unión Cívica Radical (Juntos por el Cambio): Rodolfo Suárez (Gobernador de Mendoza), Eduardo Costa (Senador Nacional), Oscar Aguad (Ex Ministro de Defensa), Ernesto Sanz (Dirigente), Ricardo Buryaile (Diputado Nacional), Inés Brizuela y Doria (Intendenta de la Ciudad de la Rioja), Tadeo García Salazar (Intendente de Godoy Cruz), Mariano Campero (Intendente de Yerba Buena), Luis Picat (Intendente de Jesús María), Dionisio Scarpin (Intendente de Avellaneda) y Ulpiano Suárez (Intendente de Mendoza). Cincuenta y tres integrantes de la Unión Cívica Radical son políticos RAP.
Coalición Cívica: Pablo Javkin (Intendente de Rosario). Siete integrantes de la Coalición Cívica son políticos RAP.
Frente Renovador (Frente de Todos): Daniel Arroyo (Ex Ministro de Desarrollo Social de la Nación) y Julio Zamora (Intendente de Tigre). Diez integrantes del Frente Renovador son políticos RAP.
GEN: Margarita Stolbizer (Dirigente). Cuatro integrantes del GEN son políticos RAP.
Partido Justicialista (Frente de Todos): Omar Perotti (Gobernador de Santa Fe), Dalmacio Mera (Senador Nacional), Guillermo Snopek (Senador Nacional), Leonardo Grosso (Diputado Nacional), Marcelo Sain (Ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe), Leonardo Gioja (Diputado Provincial, San Juan), Luis Castellano (Intendente de Rafaela), Martín Llaryora (Intendente de Córdoba), Alejandro Salvatierra (Asesor en la Sec. de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), Martin Buzzi (Ex Gobernador de Chubut), Pablo Kosiner (Presidente del Partido Justicialista de Salta) y Juan Manuel Urtubey (Ex Gobernador de Salta). Sesenta y tres integrantes del Partido Justicialista son políticos RAP.
Partido Socialista: Osvaldo Caffaro (Intendente de Zárate), Emilio Jatón (Intendente de Santa Fe), Alicia Ciciliani (Dirigente) y Monica Fein (Ex Intendenta de Rosario y Secretaria General del Partido Socialista). Nueve integrantes del Partido Socialista son políticos RAP. Los fallecidos Hermes Binner y Miguel Lifschitz, ambos Ex Gobernadores de la Provincia de Santa Fe, también formaban parte de la ONG.
El caso de la provincia de Santa Fe es particularmente llamativo, ya que de los últimos cuatro gobernadores, solo uno no formaba parte de la RAP. Además, las ciudades más importantes están conducidas por intendentes de diferentes partidos políticos, pero todos ellos dentro de la denominación de “políticos RAP”, sin contar una gran cantidad de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto debería haber redundado en la consecución de todos aquellos logros que la ONG dice propiciar, debido a la “Amistad Cívica entre políticos de distintos partidos”. Sin embargo, desgraciadamente la provincia está lejos de haber logrado concretar algunos de los siete temas centrales que señalaba la RAP, como objetivos para el desarrollo sustentable. El ítem indicado como “Seguridad y Crimen Organizado”, sin duda presenta en la provincia de Santa Fe una de las peores situaciones a nivel nacional, en lo que se refiere al narcotráfico y a las bandas criminales, siendo esta situación, casi endémica.
Algo en lo que sí parece haber funcionado la “Amistad Cívica” de los políticos RAP, es en la defensa de los intereses de la empresa agroexportadora Vicentín, la cual luego de tomar créditos multimillonarios de forma poco clara durante el gobierno de Macri, gran parte de ellos con la banca pública estatal, terminó al borde de la quiebra. Debido a esta situación, el presidente Alberto Fernández decidió su estatización, lo que la hubiera convertido en una empresa testigo del sector agropecuario, pudiendo así regular el comercio exterior de la principal exportación de nuestro país, y al mismo tiempo intentar controlar el contrabando de granos, lo que genera un perjuicio millonario al fisco nacional, situación que claramente seria contraria a los intereses de algunas de las poderosas multinacionales que operan en la Argentina.
La reacción del gobernador Perotti fue sabotear el plan de Fernández con una propuesta alternativa que carecía de cualquier efectividad, además de ser contraria a los intereses nacionales, y por su parte, el intendente Dionisio Scarpin, de Avellaneda (donde está la sede de la empresa Vicentín), se puso a la cabeza de numerosas marchas, e inclusive de actos de intimidación para impedir la intervención de la agroexportadora quebrada. Finalmente, el posicionamiento del gobernador peronista y del intendente radical, lograron quebrar la voluntad de cristal del inquilino de la Quinta de Olivos.
También es posible que la “Amistad Cívica” haya funcionado entre la ex ministra de desarrollo social, Carolina Stanley y el dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, a lo largo de los cuatro años del gobierno de Macri, durante los cuales se destruyó el trabajo de los argentinos y tantas empresas pequeñas y medianas debieron cerrar sus puertas, mientras muchos dirigentes sociales se mostraban muy dóciles ante esta situación.
Conociendo a algunos de los aportantes económicos de la RAP, no resulta sorprendente, que determinados políticos, afines ideológicamente a los poderes corporativos y a las políticas de Washington, reciban beneficios como los que hemos visto que les proporcionan grandes corporaciones y gobiernos extranjeros, a través de esta fundación. Sin embargo, lo que no se logra comprender fácilmente, es que dirigentes políticos que dicen representar y defender los intereses de los trabajadores, de los sectores populares y la soberanía del país, también formen parte de esta ONG, siendo que ésta representa, indudablemente, los intereses de empresarios que incansablemente han sostenido la necesidad de precarizar el trabajo y reducir los salarios, como manifestaron tantas veces Paolo Rocca, Cristiano Rattazzi o Marcos Galperín, por mencionar solo algunos. A pesar de que esto es grave, peor aún es el hecho de que políticos argentinos reciban beneficios que, en parte, tienen su origen en gobiernos extranjeros; llegando a la inmoralidad, cuando se trata del Estado británico, el cual continua usurpando parte del territorio nacional, y aún hoy, muchos veteranos de la Guerra de Malvinas continúan sufriendo las secuelas traumáticas del conflicto.
Sería muy bueno, más aún en el periodo electoral que estamos atravesando, que los “políticos RAP” le aclarasen a los electores su pertenencia a esta fundación y les dieran una explicación acerca de que intereses piensan representar realmente. También sería oportuno que el gobierno nacional y los legisladores tomen medidas que impidan estas prácticas, que no son otra cosa más que la infiltración de gobiernos extranjeros en la política de la Argentina y la vulneración de nuestra soberanía, a través de organizaciones que son pantallas para agencias de inteligencia o herramientas de éstas.
En este sentido, son varios los gobiernos que ya han trabajado al respecto o lo están haciendo, como la República de Nicaragua. Tal como lo establecen las leyes y la Constitución del país centroamericano, la Asamblea Nacional aprobó una ley que clasifica como “agente extranjero”, a las personas físicas o jurídicas nacionales o foráneas “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”, según expresa el texto de la ley. Del mismo modo, establece que los “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, por responder a intereses externos, aunque sean nicaragüenses.
Como podía preverse, la ley ha sido criticada por los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la oposición local y las ONGs de Nicaragua. Justamente, todos los que participan en el entramado de desestabilización a través de estos modernos caballos de Troya.
El Salvador es otro ejemplo, a través de las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele, como parte de la lucha del Estado contra la corrupción. Una comisión especial de la Asamblea Legislativa está investigando el destino de cuantiosos fondos que durante años han sido derivados desde el Congreso hacia ONGs, de forma discrecional y sin ningún control. El Ministerio de Hacienda ya informó que entre 2010 y 2021, trescientas sesenta organizaciones de este tipo, recibieron 273 millones de dólares, en un país con enormes carencias en sus sistemas de salud, educación y en la infraestructura de país. La comisión especial también investida los vínculos económicos de las Organizaciones No Gubernamentales con partidos políticos, diputados, ex funcionarios u otras instituciones de la llamada “sociedad civil”. El resultado de la investigación será presentado ante la Fiscalía General de la República para que se puedan iniciar los procesos penales que correspondan. Esta decisión le ha valido al presidente Bukele, como no podía ser de otra manera, duras críticas de Washington y de las ONGs, especialmente de la Open Society de George Soros.
También Bielorrusia ha tomado medidas para evitar este tipo de infiltraciones en el país eslavo, a raíz de la desestabilización y la ola de disturbios organizados luego de las últimas elecciones presidenciales, por varias organizaciones financiadas desde la Unión Europea y Estados Unidos, que tenían como objetivo final el derrocamiento del gobierno de Aleksandr Lukashenko.
El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Vladímirovich Putin, fue quizás el primero en detectar esta nueva forma de operar de las agencias de inteligencia extranjeras y el peligro que esto implicaba para el país, viendo cómo se sucedían las “revoluciones de colores” y la “Primavera Árabe”, movimientos golpistas y subversivos, financiados desde Washington y Londres, a través de organizaciones instaladas en aquellos países que luego desestabilizarían. El 21 de noviembre de 2012, entró en vigor la “ley de agentes extranjeros”. Esta norma legal introdujo el requisito de que todas las ONGs, que recibieran financiación desde el exterior, debían registrarse como organizaciones que desempeñan actividades como agentes extranjeros e identificarse como tales en todos sus documentos públicos. El texto de la ley también dice que para que estas organizaciones sean consideradas “agentes extranjeros”, deben desarrollar actividades políticas.
En mayo de 2015, el Kremlin adoptó medidas adicionales, mediante una ley que impide que organizaciones extranjeras que representen un peligro para la seguridad del Estado y el orden constitucional, puedan actuar en el país o financiar ONGs rusas. A continuación, la Fiscalía General anunció que las operaciones que llevaba a cabo la National Endowment for Democracy (NED) en la Federación Rusa pasaban a ser ilegal y le solicitó al Ministerio de Justicia que inscribiera a la fundación norteamericana como “organización indeseable”. De este modo, el gobierno del presidente Putin tomó las medidas necesarias para restringir las operaciones de desestabilización, orquestadas desde Washington y Londres, cortando el ingreso de fondos a sus agentes en Rusia.
Como vimos, en nuestra región hay países que están tomando medidas similares en defensa de su soberanía política. Sería bueno que el resto de nuestros países sigan este ejemplo, o por lo menos que los gobiernos que no tienen las agallas de tomarlas, no se expresen en contra de aquellos que sí toman decisiones soberanas para evitar la injerencia extranjera en su política interna.
