Las ONGs, modernos caballos de Troya (Segunda parte)

Por Christian Lamesa.

Como pudimos ver en la primera parte de este artículo, las poderosas Organizaciones No Gubernamentales, United States Agency for International Development (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED), están ligadas y responden indudablemente a los intereses, planes y estrategias geopolíticas del gobierno de EEUU y reciben directrices de trabajo del Departamento de Estado, y sus fondos para operar, directamente de organismos estatales de ese país, como por ejemplo, del Congreso estadounidense. 

Este sistema tiene un sentido práctico y es que al ser organizaciones por fuera de la órbita gubernamental, están libradas de la burocracia, la lentitud para la toma de decisiones o las necesarias aprobaciones para cada paso, las cuales son habituales dentro del funcionamiento estatal. Esta “independencia” les otorga el dinamismo imprescindible para tener la capacidad de actuar en escenarios mundiales cambiantes y poder modificar el rumbo de sus acciones fácilmente en cualquier circunstancia. Sin embargo, esto no debe distraer nuestra atención y es necesario tener en cuenta siempre, que cuando hablamos de la NED y la USAID, estamos hablando del Estado mismo del país norteamericano y son estás las principales organizaciones, junto con la Open Society de Soros, las que financian y apoyan los programas y actividades de numerosas ONGs en todo el mundo, siempre y cuando, sus actividades y posiciones políticas les sean afines o funcionales a sus intereses, en campos tan aparentemente diversos como, derechos humanos, libertad de expresión, transparencia política, ambientalismo, feminismo, o los variopintos grupos LGBTIQ+. 

Creo que es obvio el hecho de que ninguna persona u organización le otorgaría generosos donativos o un permanente sostenimiento económico a una fundación o a un grupo de personas que llevan adelante actividades reñidas con sus convicciones o intereses. Partiendo de esta verdad de Perogrullo, vamos a poder analizar el entramado de vínculos económicos y políticos entre algunas de las más célebres organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, la NED, la USAID y la omnipresente ONG del oscuro magnate húngaro.

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) 

Estas dos poderosas e influyentes Organizaciones No Gubernamentales tienen muchas cosas en común, además de la “defensa de los derechos humanos” y disponer de fondos millonarios para sus actividades, muchas veces más parecidas a planes de negocios que a tareas humanitarias.

Ambas manifiestan, orgullosamente, no aceptar financiamiento de gobiernos o partidos políticos, sin embargo, según información de NGO Monitor, una organización israelí, cuyo slogan es: “Making NGOs Accountable” (Hacer que las ONGs rindan cuentas); la realidad es muy distinta. 

En 2019, Amnistía Internacional tuvo ingresos que totalizaron los 317 millones de euros, mientras que sus gastos totales fueron de 319 millones de la misma moneda. Entre los aportantes de esta enrome cantidad de dinero, están el Departamento de Desarrollo Internacional del  Reino Unido (DFID), la Comisión Europea, el Reino de los Países Bajos, los Estados Unidos y Noruega, tal como se desprende de la información publicada por la ONG con sede en Jerusalén. 

Entre los mayores benefactores privados de Amnistía Internacional (aunque con fuertes lazos con agencias de inteligencia gubernamentales occidentales), se encuentra el inefable George Soros, a través de su Open Society Foundations. En diciembre de 2017, una de estas donaciones desató un escándalo en Irlanda, debido a que la ONG británica había recibido la suma de 160 mil dólares, como parte de la financiación para la campaña “Mi cuerpo, mis derechos”, que llevaba adelante para la legalización del aborto en la República Irlandesa, en medio de un referéndum convocado para que la ciudadanía se pudiera pronunciar al respecto. 

La controversia surgió cuando la agencia estatal Standards In Public Office Commission (SIPOC), le ordenó a la ONG devolver el dinero que le había donado la fundación de Soros, ya que al recibirlo había violado la Ley Electoral irlandesa del año 1997, que prohíbe el financiamiento extranjero de las campañas para referéndums o elecciones de autoridades. Sin embargo, que haya vulnerado la legislación local, no fue lo más grave que hizo Amnistía Internacional, ya que como respuesta al reclamo del organismo irlandés, respondió que de ninguna manera devolvería los 160 mil dólares, ya que esto sería una violación a su libertad de expresión y un peligroso antecedente, demostrando una vez más la soberbia con la que, no solo se consideran por encima de los gobiernos democráticamente elegidos por sus pueblos, sino inclusive, más allá del deber de cumplir las leyes, como todos los demás debemos hacer.      

En el caso del financiamiento de la HRW, la investigación de la NGO Monitor concluye que el origen de los fondos con los que opera, no son completamente transparentes, y el sitio web de la ONG con sede en Nueva York, solo enumera algunas organizaciones que brindan “colaboración y apoyo”. Las más notorias de ellas son: Open Society Foundations, Ford Foundation y Oak Foundation, entre otras.

En septiembre de 2010, George Soros anunciaba la donación de cien millones de dólares, a lo largo de diez años, para la organización estadounidense, con estas palabras: “Human Rights Watch es una de las organizaciones más efectivas que apoyo”, (es interesante el uso de la palabra, “efectiva”) y agregó: “Los derechos humanos fortalecen nuestras máximas aspiraciones: están en el corazón de las sociedades abiertas”.

Queda claro que la generosidad del especulador financiero húngaro y las poderosas ONGs ligadas a los gobiernos y a las agencias de inteligencia occidentales no tienen límites a la hora de apoyar económicamente a estos “intrépidos luchadores por los DDHH”, los cuales curiosamente, siempre están en sintonía con las condenas y sanciones de EEUU y la Unión Europea, a aquellos gobiernos y países que no están debidamente alineados con los intereses geopolíticos de éstos, denunciando atropellos a las libertades individuales y violaciones a los derechos humanos, legitimando de esta forma, la posiciones de Washington y Bruselas. 

Uno de los más recientes y burdos ejemplos de esta forma de actuar, fueron las declaraciones de Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, en noviembre de 2019, cuando, para justificar el golpe de Estado en Bolivia, dijo que: “Evo Morales fue víctima de una contrarrevolución diseñada para defender la democracia contra el fraude electoral y su propia candidatura ilegal. El ejército le retiró su apoyo porque no estaba dispuesto a disparar al pueblo para mantenerlo en el poder.” Considero innecesario agregar cualquier comentario.

Evidentemente, tampoco reviste un problema ético, para muchas ONGs, el hecho de recibir dinero procedente de la fundación de Soros, quien ha promovido la desestabilización de muchos gobiernos, especialmente en Europa oriental, y ha financiado cruentos golpes de Estado en varios países. Esto es así, porque en muchos casos, estamos hablando de organizaciones cuyos principales directivos pasan de una organización a otra e inclusive cuentan entre sus antecedentes profesionales, con el desempeño en altos cargos de gobierno, revelando verdaderos vínculos endogámicos entre el poder real y las ONGs. Para ejemplificar esto, a continuación describiré brevemente algunos casos.    

El abogado alemán nacionalizado estadounidense, Aryeh Neier, fue director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ONG defensora de los derechos civiles en EEUU). En 1977, durante la conducción de Neier de la organización, ésta defendió ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, el “derecho a la libertad de expresión” del Partido Nacionalsocialista de América a marchar con uniformes y simbología nazi, por las calles de la pequeña localidad de Skokie, Illinois, la cual estaba habitada por un gran número de judíos sobrevivientes del holocausto. En este punto debo admitir que seguramente anida en mi un carácter totalitario que me impide comprender la razón por la cual, debe ser entendida como libertad de expresión, el someter a otras personas a tener que sufrir la violencia de un discurso de odio, y más aún, siendo que lo habían sufrido en los hechos, en carne propia, con enormes padecimientos y tortura, muchos de ellos habiendo perdido a todos sus familiares por el criminal accionar del régimen nazi. Sin duda una forma muy particular de valorar los derechos humanos, por parte de quien fue cofundador de Human Rights Watch en 1978 y se desempeñó como su director ejecutivo hasta 1993, año en que se convirtió en presidente de la Open Society Foundations. 

Otro adalid de la lucha por los derechos humanos, es el indio Salil Shetty, quien en 2010 reemplazó en el cargo de secretario general de Amnistía Internacional, a la bangladeshí Irene Khan, egresada de las universidades de Manchester y Harvard. Curiosamente, Khan al desvincularse de la ONG recibió un pago extraordinario de 533 mil libras esterlinas (866.500 dólares), sobre lo cual, Peter Pack, presidente del comité ejecutivo internacional de la organización, comentó que: “el pago se realizó como resultado de un acuerdo confidencial entre Amnesty International Ltd. e Irene Khan”. Agregando: “Parte de este acuerdo contempla que ninguna de las partes podrá hacer más comentarios al respecto”. Por lo menos para mí, resulta llamativo que se realicen esta clase de “acuerdos de confidencialidad”, dentro de una organización que aparentemente aboga por la transparencia, pero seguramente estarán interesados en mantener ciertos vínculos y relaciones alejados del conocimiento público. En la actualidad Irene Khan trabaja en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, organismo dirigido por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, el cual siempre está dispuesto a refrendar y apoyar las posiciones de EEUU, respecto de los países que no le son afines. 

Shetty, el sucesor de Irene Khan, al igual que ésta, se formó en el Reino Unido, como suele suceder con las élites sociales de las ex colonias británicas, manteniendo de esta forma, una importante influencia por parte de Londres, en las clases dirigentes locales. El posicionamiento político del secretario general de la ONG británica, queda plasmado claramente en declaraciones de Salil Shetty, de 2018, último año de su estancia en la organización, en las que señala que: “Los pasos atrás de Trump en materia de derechos humanos son un precedente peligroso para otros gobiernos que podrían seguirlo”.  También responsabilizó al ex presidente norteamericano de generar una corriente xenófoba por haber comenzado su mandato con un veto migratorio a ciudadanos de países de mayoría musulmana. Sin pretender hacer una defensa de Donald Trump, quiero mencionar que Shetty no hace referencia a dos detalles fundamentales. En primer lugar, que la administración Trump, fue la única en los últimos cuarenta años que no inició ninguna guerra, dato que no debería ser menor para alguien que supuestamente defiende los DDHH, y en segundo lugar, durante la era Obama, se llevó adelante una política mucho más agresiva hacia los extranjeros en EEUU, con números de deportados, que en promedio superaron ampliamente a los expulsados del país norteamericano durante la presidencia del republicano.

Salil Shetty también agregó que Trump: “preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias”, y a continuación embistió contra los enemigos favoritos de aquellos que ejercen el poder real en Washington, enfatizando: “Y ahora se ciernen sobre el mundo los fantasmas del odio y el miedo”. “Mientras que los gobiernos que salen en defensa de los Derechos Humanos son pocos, hay líderes como el egipcio Abdelfatah al Sisi, el filipino Rodrigo Duterte, el venezolano Nicolás Maduro, el ruso Vladímir Putin y el chino Xi Jinping, entre otros, que menoscaban sin piedad los derechos de millones de personas”. 

Resulta llamativo, por lo menos para mí, que los mandatarios mencionados fueron electos en sus respectivos países, de acuerdo a las leyes y los sistemas electorales vigentes, muchos de ellos por abrumadoras mayorías, pero en el caso de quien hace estas fuertes acusaciones, carece de cualquier tipo de representación delegada de forma democrática y popular, representando intereses muy poco claros.

Lo que si resulta claro, es que el ex secretario general de la ONG británica y ex funcionario de la ONU, hace muy bien su trabajo y dentro de poco días, el indio tendrá un nuevo, y seguramente mejor remunerado empleo, tal como se puede leer en un comunicado, en el sitio web de la fundación de Soros: “9 de junio de 2021 – NUEVA YORK – The Open Society Foundations anunció hoy que Salil Shetty asumirá el nuevo rol de vicepresidente de Programas Globales, el 1 de septiembre de 2021. En este nuevo cargo, Shetty guiará el trabajo programático global y proporcionará liderazgo intelectual en temas críticos para la misión de las Fundaciones en todo el mundo.” Como podemos ver, parece que todos los caminos conducen a Soros y al Departamento de Estado.

Para terminar este breve muestrario de abnegados luchadores por los derechos de los oprimidos, vamos a ver parte de la trayectoria de Suzanne Nossel.

La abogada, escritora y activista de derechos humanos, Suzanne Nossel, actualmente es la directora ejecutiva de la organización para la libertad de expresión, PEN America. Antes ocupó el cargo de directora de operaciones de Human Rights Watch y además se desempeñó como directora ejecutiva de la filial estadounidense de Amnistía Internacional. 

Hasta acá podríamos pensar, que de acuerdo a lo que hemos visto, es más o menos habitual estos cambios de empleos, pero Suzanne Nossel también ocupó importantes cargos durante las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama, dos de los presidentes más funcionales a los intereses del complejo militar industrial norteamericano, los cuales con sus guerras e incursiones militares, perpetraron innumerables violaciones a los derechos humanos en muchos países. Durante la presidencia de Clinton, Nossel fue adjunta del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. En este cargo desempeñaba una tarea de suma importancia, ya que era la principal negociadora para saldar los atrasos que tenía Estados Unidos con el organismo mundial. 

A lo largo del primer mandato de la Administración de Barack Obama, Suzanne Nossel fue subsecretaria de Estado adjunta para Organizaciones Internacionales. Desde esta posición, dirigió la participación de Estados Unidos en las Naciones Unidas y en las instituciones multilaterales sobre derechos humanos y cuestiones humanitarias (posiblemente esto ayude a entender la buena predisposición de estos organismos, con las políticas de EEUU, en estas áreas). 

Durante su desempeño en el Departamento de Estado, Nossel jugó un papel fundamental para hacer prevalecer los intereses de Washington en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluida la implementación de “innovadoras” resoluciones sobre derechos humanos para Irán, Siria, Libia y Costa de Marfil, entre otros. Es bien conocida por todos, la suerte que les siguió a algunos de estos países. 

En el sector privado, ocupó el cargo de vicepresidenta de desarrollo comercial para EEUU, de Bertelsmann Media, gigantesco grupo empresario alemán de los medios de comunicación, uno de los más importantes a nivel mundial, el cual abarca desde servicios de radio y televisión, hasta la impresión de revistas, libros y material educativo. El paso de la activista Nossel por la Vicepresidencia americana del gigante mediático alemán sería tan solo un antecedente laboral, de no ser porque la editorial Bertelsmann, logró consolidar su posición empresaria y amasar enormes ganancias durante el Tercer Reich, dado que el director de la editorial, Heinrich Mohn pertenecía al círculo de empresarios patrocinadores de la organización paramilitar nazi SS, lo que le brindó privilegios a la hora de obtener contratos para la impresión de libros escolares y otros textos que difundían las ideas de Adolf Hitler, además de haberse beneficiado del trabajo esclavo de los prisioneros judíos y soviéticos, que eran obligados a trabajar en plantas de impresión ubicadas en Lituania, de las que se proveía para la producción de sus libros, durante la Segunda Guerra Mundial. Seguramente para Suzanne Nossel no represento una contradicción ética o un conflicto moral este hecho, ya que su paso por la otrora empresa nazi, es uno de los hitos que se destacan de su carrera en el sector privado, en su currículum profesional. 

Por último, quiero destacar el doble estándar que aplican estas organizaciones para condenar o justificar situaciones análogas, según su conveniencia y los intereses geopolíticos de aquellos que los financian. Para esto voy a analizar los sucesos que siguieron a las elecciones en Bielorrusia y en EEUU, las denuncias de fraude y las movilizaciones de protesta en ambos países, y como fueron tratados, de manera sesgada, por Amnistía Internacional y especialmente por Human Rights Watch. 

El año pasado, en 2020, con pocas semanas de diferencia, se votó para renovar la Presidencia de Bielorrusia, el 9 de agosto, y de los Estados Unidos el 3 de noviembre. 

En el caso bielorruso, el presidente Aleksandr Lukashenko competía por su sexto mandato, ganando por el 80,10% de los votos, mientras que en segundo lugar quedó Svetlana Tijanóvskaya, tan solo con el 10,12%, con una participación popular del 84,17% del padrón electoral. Estos números no asombran a nadie que conozca los resultados de los comicios presidenciales anteriores, en los que la performance de Lukashenko siempre se mantuvo en esos niveles de adhesión por parte de los votantes. Sin embargo algo sucedió, y la candidata opositora bielorrusa denunció que el gobierno había hecho fraude en las elecciones, comenzaron a llamar a manifestaciones opositoras y varios gobiernos occidentales anunciaron que desconocerían los resultados de la votación, respaldando a Tijanóvskaya, con su magro 10,12% de los votos. Con el pasar de las horas y los días, las movilizaciones en Minsk y otras ciudades del país comenzaron a generar algunos hechos de violencia que fueron reprimidos por la policía, generando la detención de un gran número de manifestantes. Todos estos sucesos fueron denunciados con vehemencia por las ONGs defensoras de los DDHH, las cuales pedían todo tipo de sanciones para el país eslavo y su gobierno, al tiempo que calificaba a los militantes opositores movilizados, como luchadores por la libertad y la democracia, que reclamaban pacífica y legítimamente ante lo que creían, un fraude a la voluntad popular, a pesar de que, al mismo tiempo que todo esto sucedía, las fuerzas de seguridad de Bielorrusia habían logrado desactivar un complot que iba en paralelo a las protestas, y planeaba derrocar por la fuerza al presidente Lukashenko y luego asesinarlo junto a sus tres hijos.     

A pesar de esto, el 26 de agosto de 2020, Amnistía Internacional y otras dieciséis ONGs internacionales y bielorrusas expresaron en una carta abierta que: “El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe convocar urgentemente un periodo especial de sesiones para abordar la crisis de derechos humanos en Bielorrusia, donde las autoridades han lanzado una represión en gran escala tras las controvertidas elecciones presidenciales”. 

Paradójicamente, en el mismo comunicado, las ONGs señalan que: “Desde el 12 de agosto, las autoridades han tomado medidas para apaciguar la situación, absteniéndose de realizar detenciones en masa y liberando a todas las personas detenidas. Sin embargo, las amenazas contra manifestantes pacíficos realizadas recientemente por el presidente Aleksander Lukashenko y sus subordinados, junto con el reciente despliegue de las fuerzas armadas en la capital del país, Minsk, y otros lugares señalan una posible nueva espiral de violencia acompañada de violaciones de derechos humanos”. Esto es como decir que, a pesar no estar realizando nuevas detenciones de manifestantes y haber liberado a los que se encontraban detenidos, van a seguir insistiendo con que se están violando los derechos humanos; por las dudas…  

En los Estados Unidos la situación tenía similitudes y algunas diferencias. El presidente Donald Trump contaba con una gran popularidad entre amplios sectores de la sociedad norteamericana, especialmente los sectores trabajadores de las zonas del interior del país, otrora industrial, pero muy deterioradas por las políticas neoliberales que comenzaron con Ronald Reagan, continuaron los siguientes gobiernos republicanos y que profundizaron aún más las administraciones demócratas. Esto no nos debe sorprender, si entendemos que estos lineamientos, al igual que la política exterior de Washington, están determinados por las grandes corporaciones y los intereses globalistas, que son los que determinan el rumbo de la economía en función de la maximización de sus ingresos, en detrimento de los trabajadores, sin importar la nacionalidad de éstos. Es debido a este hecho, que Trump fue para la política norteamericana, una anomalía, con su “Make America Great Again” y la exigencia a las grandes empresas para que la producción industrial, que se había llevado a países con mano de obra barata, se recuperase para los trabajadores estadounidenses. 

En este contexto, no llama la atención que, a pesar de los grandes problemas desatados por la pandemia, trump contase con un apoyo que se tradujo en una inusitada presencia del 66,70% de participación electoral, en un país, donde históricamente, la apatía ante los comicios era la regla. Según los números oficiales, Donald Trump obtuvo el 46,91% de los votos, mientras que Joe Biden lo superó con el 51,38%. Sin embargo, estas elecciones estuvieron plagadas de situaciones tan extrañas, como la llegada de votos por correo varios días después de finalizados los comicios, los cuales de todos modos se sumaban al escrutinio. Esto curiosamente sucedía en estados gobernados por demócratas y los sufragios rezagados, eran mayoritariamente favorables a ese partido; hecho este, que en otros países sería juzgado como una irregularidad grave o un fraude descarado. 

Ante esta situación, siendo desoídos sus reclamos por la justicia competente, censuradas sus declaraciones en las redes sociales, supuestamente por tratarse de mentiras y generar violencia (cuando bien sabemos en la Argentina, que hay personajes y dirigentes políticos que dicen barbaridades irreproducibles y nunca han sido censurados por ninguna red social), entonces Donald Trump llamó a sus seguidores a manifestarse libremente en contra del fraude electoral, tal como él lo entendía y como también había hecho la bielorrusa Tijanóvskaya. 

Así pues, los trumpistas se dirigieron a Washington con la intención de impedir, el día 6 de enero de 2021, la proclamación de Joe Biden como presidente de EEUU, y lo que ellos creían que era un fraude a la voluntad popular, al igual que los manifestantes opositores en Bielorrusia. 

El resultado de la ya célebre “Toma del Capitolio”, fue que varios miles de ciudadanos norteamericanos ingresaron por la fuerza al Congreso, algunos de ellos con atuendos excéntricos y se fotografiaron en los recintos y despachos que habían sido abandonados por los congresistas que huyeron presa del pánico, ante la llegada de la horda trumpista. La orden de las autoridades del Capitolio para que la policía reprimiese a los simpatizantes del presidente republicano, dejó un saldo de un policía y cuatro manifestantes muertos. Ashli Babbitt era uno de ellos, la mujer que estando desarmada y sin ejercer ningún acto de violencia, recibió un disparo en el cuello, por parte de un policía dentro del Congreso. Esta mujer de 35 años era una ex militar de la Fuerza Aérea y veterana de varias guerras (ninguna iniciada por Trump), la cual había brindado al servicio de su país, catorce años de su vida.

Desde el 6 de enero, más de quinientos manifestantes han sido identificados y arrestados en todo el país por la “Toma del Capitolio”, y más de ciento cincuenta ya fueron imputados por estos hechos. Paul Allard Hodgkins de 38 años, es el primer manifestante en recibir una sentencia y deberá cumplir ocho meses de prisión. El juez reconoció que el acusado, quien se declaró culpable, no había participado en ningún acto violento, y tan solo se había paseado por el recinto del Congreso con una bandera partidaria de Donald Trump, pero sostuvo que esta debía ser una condena ejemplar, para evitar que estos hechos se repitieran en el futuro. O sea, para que nunca más los ciudadanos que consideren que son víctimas de un fraude electoral, vuelvan a tener la voluntad de manifestarse. 

Ante esta situación de represión violenta, detenciones masivas, enjuiciamientos y sentencias tan severas, seguramente una enérgica y airada condena por parte de las ONGs defensoras de los DDHH, sería lo esperable, pero no…   

El director de Human Rights Watch, Kenneth Roth (el mismo que defendió el golpe de Estado en Bolivia, alegando un fraude por parte del presidente Morales), repudió el llamado de Trump a sus seguidores y agregó que: “Sin ninguna pretensión de legitimidad para sus falsas afirmaciones de victoria, Trump exhorta a sus seguidores a usar la fuerza para detener la certificación de la victoria electoral de Biden. Este asalto a la democracia es despreciable, al igual que el respaldo de tantos senadores y representantes republicanos”.

Por último, la directora de los programas de Human Rights Watch en Estados Unidos, Nicole Austin-Hillery, fustigó a Trump y a sus partidarios por el “esfuerzo inútil para anular unas elecciones nacionales legítimas”, aunque nunca quedó claro que parámetros usan en HRW para determinar la legitimidad en EEUU y lo contrario en Bielorrusia, y agregó que: “Esto es lo que sucede en otras naciones gobernadas por autócratas sin ley que movilizan brigadas para intimidar y atacar a los oponentes políticos”. Resumiendo, los manifestantes en Minsk protestando por un supuesto fraude y reclamando el derrocamiento de Lukashenko, son luchadores por la libertad. Los manifestantes en Washington protestando por un supuesto fraude e intentando impedir la legitimación de este acto, son brigadas para intimidar y atacar a los oponentes políticos. Por favor, ¡no vayan a creer que esto es doble estándar! 

Así es como muchas ONGs, esgrimiendo un prestigio ficticio, influyen en los gobiernos y manipulan a la opinión pública en aquellos países que nada hacen para impedir esto. En la tercera y última parte de este artículo, veremos como estas organizaciones también operan en la Argentina y en la región, y de qué manera algunos países enfrentan la infiltración del Departamento de Estado, a través de estos mecanismos.