La reinserción social como derecho (en serio)

Por Jean Pierre Matus Acuña.

El reciente homicidio de una joven, del que se acusa a un hombre convicto por dos homicidios anteriores, pero que se encontraba en libertad condicional (parole) tras haber cumplido 11 de los 27 años de su condena, ha desatado manifestaciones populares en la pequeña ciudad de Limache, donde ocurrieron los hechos, y un escándalo nacional de tales proporciones que, incluso, se vuelve a debatir la reinstauración de  la pena de muerte y algunos diputados anuncian la presentación en el Congreso una acusación constitucional para destituir a la jueza  que presidió la Comisión de Libertad Condicional que se la concedió al acusado.

Lo que viene es una historia conocida en occidente: se propondrá una nueva ley (“Ley Ámbar”, que es el nombre de la víctima) que endurezca los requisitos para obtener la libertad condicional, aumentando los plazos para acceder a ella en casos similares y restringiendo al máximo las facultades judiciales para concederla. Buena parte de los juristas profesionales y la propia Corte Suprema reclamaremos por la independencia judicial y pediremos una transformación del sistema de ejecución de penas, para que en el futuro todo el proceso esté radicado en una judicatura especial, los “Jueces de Ejecución”, como ya lo ha hecho la Ministra Vocera del Máximo Tribunal y hasta lo ha insinuado el Ministro de Justicia. El sistema político considerará esta propuesta una salida “burocrática”, que solo importará gastos que no apuntan al problema de “criterio” de los jueces que estiman subyacente en el funcionamiento actual de las Comisiones de Libertad Condicional que, en Chile, están compuestas sólo por jueces de primera y segunda instancia. Por su parte, los filósofos morales verán en las manifestaciones populares la oportunidad de levantar su voz en pos de la retribución con todas sus variantes, pues sin justicia carece de sentido el paso del hombre sobre la tierra, ¡y qué clase de justicia es esa que “solo” impone una condena de 27 años a un doble homicida para liberarlo al cumplir “apenas” 11 años de prisión! Y, por cierto, la inmensa mayoría de la opinión pública pedirá las penas del infierno para el acusado, con el respaldo de las encuestas que empezarán a aparecer a la brevedad.

Mientras tanto, los defensores de los derechos de las víctimas, de niñas, niños y adolescentes, los filósofos, los juristas, los políticos y quienes se expresan en los medios de comunicación guardarán respetuoso silencio sobre un derecho del que poco se habla, pero que, de haber sido tomado en serio, podría haber reducido la probabilidad de un crimen como el que origina esta columna: el derecho a que la ejecución de las penas privativas de libertad esté orientadas a la reintegración social del condenado.

Este derecho se encuentra en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en gran parte de Latinoamérica: El art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”; y el art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Ello no solo importa la necesidad de proveer sustituciones de las penas privativas de libertad por otras sanciones que favorezcan la reintegración social (la probation, que en Chile se expresa a través de las penas sustitutivas de la Ley 18.216), sino también contar con régimen penitenciario que prepare al condenado para la libertad mediante una acción educativa necesaria para la reinserción social, contemple la reducción de condenas por buena conducta y un régimen progresivo de salidas previas hasta su libertad condicional (o parole, en Chile regulada por el DL 321), con un efectivo acompañamiento post penitenciario que asegure la reintegración a la vida social del liberto y reduzca efectivamente las probabilidades de reincidencia.

Como parecería evidente a cualquiera que no sea abogado, un sistema de reinserción social debiera fundamentarse en una evaluación científica o al menos profesional (desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento) de las condiciones de ingreso, comportamiento y egreso de los condenados, la existencia de prisiones que ofrecieran a las condenados oportunidades de realización vital diferentes a la vida criminal, la posibilidad de adelantar o retrasar la libertad durante el cumplimiento de las penas de quienes estuvieran o no en condiciones de reintegrase a la vida social, y un efectivo acompañamiento durante los primeros años de libertad, para asegurar una adecuada reinserción. Un sistema así debería complementarse con la posibilidad de imponer una medida de seguridad con posterioridad al cumplimiento de las penas, de carácter indefinido, respecto de quienes se demuestre sean refractarios a los procesos de reintegración y cuya libertad constituya un peligro para terceros, como sucede típicamente con los enfermos mentales y las personas que sufren trastornos antisociales graves (psicópatas y sociópatas).

Pero como los juristas carecemos de las competencias para realizar tales diagnósticos, ofertas de tratamiento y evaluaciones técnicas, solemos inclinarnos a su negación. Al respecto, es conocida entre los profesores de Derecho penal la sentencia que niega la existencia “peligrosómetro”; con absoluto desconocimiento de que éste está vivito y coleando en los test diagnósticos psiquiátricos y psicológicos. Ello explica que, según los antecedentes disponibles, en el caso del acusado de la muerte de la joven Ámbar, su liberación se decretase por la Comisión respectiva tomando en cuenta únicamente el tiempo de cumplimiento de la condena y la buena conducta en el establecimiento penitenciario, los criterios objetivos y legales sobre los cuales un magistrado se puede pronunciar, sin atención al informe negativo del equipo técnico del servicio de prisiones nacional (ya se sabe, el “peligrosómetro” no existe).

Ni qué decir tiene la negación absoluta de un sistema de ejecución penitenciaria basado en la reintegración social por parte de los defensores de la retribución en todas sus variantes, para quienes las razones utilitaristas en esta materia no son de ninguna manera siquiera objeto de discusión: “¡cómo se le puede ocurrir a alguien que renunciaremos a la “justicia” por la posibilidad de reinsertar a un condenado a la sociedad o de prevenir que una persona peligrosa cometa nuevos delitos!”. Un argumento común (y algo populista, hay que decirlo) en contra de hacer realidad lo que los tratados internacionales imponen es la afirmación de que la función resocializadora no sería posible frente a delincuentes de cuello blanco, complotadores civiles y militares y funcionarios públicos corruptos, quienes por su formación profesional no requerirían resocialización. Sin embargo, ¿en dónde está escrito que la posesión de un título profesional, la pertenencia a una clase social o al servicio público sea el único antecedente para afirmar que una persona no presenta, por ejemplo, caracteres psicopáticos o una ambición que no pueda refrenar y que se expresen en atentados contra otras personas o el orden público y constitucional? Tales personas, si bien puede que no se encuentran limitadas psicológica o socialmente, sí pueden presentar rasgos de personalidad, hábitos, destrezas, cargos, profesiones y relaciones que hagan más probable su reincidencia y a los cuales deba apuntar un programa de reintegración social para evitarla. Es más, incluso Beccaria consideraba necesaria hasta la pena de muerte contra quien “tenga tales relaciones y tal poder que comprometa la seguridad de la nación; cuando su existencia pueda producir una revolución peligrosa en la forma de gobierno establecida”.

A esa negación filosófica y jurídica de la reinserción como finalidad de las penas (y la consecuente oferta de tratamientos al efecto, como derecho del condenado), se sumó en los años setenta una crítica demoledora proveniente de la criminología norteamericana: la idea de que nada funcionaba en materia de reintegración social (Nothing Works). A pesar de que esta idea fue desmentida posteriormente por su propio difusor, Martinson, y en la actualidad existe bastante evidencia en las ciencias conductuales acerca de que funciona y qué no, permanece como excusa para no tomarse la resocialización en serio.

Si ponemos todo esto en la batidora de la discusión política y presupuestaria, el resultado es el siguiente: ¿para qué vamos a gastar en implementar un derecho que supone construcción de cárceles habitables, contratación de profesionales capacitados para ofrecer tratamientos conductuales que funcionan y una gran inversión en establecer y restablecer redes laborales y sociales para que los condenados puedan volver a la sociedad sin cometer nuevos delitos, si muchos juristas y filósofos niegan que eso sea lo que la justicia manda y hasta algunos criminólogos dicen que intentar su implementación es inútil? ¿no es más barato mantener a los presos bien encerrados por el mayor tiempo posible y no enterarnos de qué sucederá cuando lleguen a salir (total, si comenten un nuevo delito, los volvemos a encerrar, porque es justo ¿o no?)? Y si nos presionan, ¿Por qué mejor no establecemos jueces de ejecución penitenciaria, para que controlen su “justa” ejecución, un gasto mucho más acotado que los de los sistemas carcelarios orientados a la reintegración social y que, además, traspasa a los jueces la responsabilidad política por los delitos que pudieran cometer los libertos anticipadamente?

Pero como incluso un sistema de ejecución penal con jueces penitenciarios importa gastos y una tramitación más o menos larga, la salida política, por ahora, es la previsible en en Latinoamérica: representantes de todos los partidos estarán de acuerdo en subir las penas para delitos como el que origina esta nota y aumentar los años para acceder a la libertad condicional o parole en tales casos (“Ley Ámbar”). Además, se discutirá sin mucho sentido sobre el restablecimiento de la pena de muerte para esa clase de delitos (las limitaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos no lo permitirán sin su denuncia); y quienes busquen un chivo expiatorio y una exposición que asegure la reelección o el aumento de la votación para sus partidos llevarán adelante la anunciada acusación constitucional contra la jueza que presidió la comisión que otorgó la libertad al acusado. Todo ello con el mínimo gasto posible y sin enfrentar en modo alguno el drama de un sistema carcelario que parece ser más un factor criminógeno y predictor de reincidencia antes que una puerta a la reintegración social que favorezca la reducción de los delitos y la paz social.