La reestructuración de la deuda con la sostenibilidad como propósito
Por Mercedes La Gioiosa.
El día 16 de abril el gobierno argentino presentó formalmente una oferta de reestructuración de la deuda externa denominada en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, como fruto del consenso alcanzado respecto de que el feroz proceso de endeudamiento de la gestión presidencial de la alianza Cambiemos vis a vis sus negativos resultados en materia de crecimiento de la economía, habían dejado un país sin capacidad para enfrentar el cúmulo de vencimientos de corto plazo en materia de deuda pública.
Como corolario del mencionado proceso de endeudamiento, que llevó la relación entre deuda y PBI desde el 52,6% en el 2015 al 89,4% en 2019, la propuesta argentina para reestructurar alrededor de 66.000 millones de dólares contempló, en una versión simplificada, una quita del 62% en los intereses y del 5,4% en el capital, y el establecimiento de un período de gracia de 3 años para empezar a pagar.
Organismos internacionales, como la CEPAL, consideraron la oferta como “audaz, razonable y oportuna” y hasta el propio FMI declaró su interés en que el acuerdo prospere dado que considera el escenario actual de deuda como “no sostenible”. Su directora, Kristalina Georgieva, aseguró que ve “un gobierno que quiere hacer lo correcto por su propia gente y por su papel en la región y en la economía mundial” en un contexto de doble crisis: Crisis de deuda y crisis del Coronavirus.
Por el lado del mercado, en tanto, durante las últimas semanas los acreedores hicieron sentir su poder de lobby para expresar una aparente disconformidad con la propuesta, incluso a través de editorialistas de medios comunicacionales que no casualmente tienen en su poder bonos soberanos. El gobierno, por su parte, repitió que la sostenibilidad es el objetivo buscado y en ese marco, el default puede ser menos perjudicial que un mal acuerdo. Sin embargo y más allá del supuesto malestar que dejaron entrever los emisarios de los bonistas, lo cierto es que no existió ninguna contraoferta por parte de estos.
Entrando en un terreno bastante relativo según la óptica con que se mire, la propuesta argentina si bien posee una fuerte quita de intereses, sitúa el rendimiento de los bonos en la órbita de los títulos de países como Chile, Brasil o Perú. Es decir, no genera pérdidas a los bonistas si no menores rendimientos.
Aunque esto último pueda ser considerado por los acreedores como una pérdida, es innegable que la reducción de los rendimientos en pos de la sostenibilidad del esquema de pagos es un objetivo noble, puesto que, como dijo alguna vez Néstor Kirchner ante la Asamblea General de la ONU, nunca nadie les pudo cobrar a los muertos.
Cierto es que no deberemos esperar mucho tiempo para tener novedades. El día 22 de abril venció un pago no abonado de us$ 500 millones que colocaría al país en situación de cesación de pagos hacia el 22 de mayo, dados los 30 días de gracias. Mientras tanto, el gobierno buscará adhesiones a la propuesta para alcanzar el 75% de aceptación que le permita disparar la “cláusula de acción colectiva” que impida a los acreedores reticentes litigar contra el país en el futuro.
Más allá de las tensiones propias de cualquier negociación, vale decir que existe en el proceso de reestructuración de la deuda argentina un elemento central que podría sentar un precedente para el sistema financiero internacional. Esto es si dicho sistema ha logrado incorporar el criterio de sostenibilidad, aspecto siempre importante y más aún en un contexto donde una pandemia ha empujado a las economías del mundo a las peores recesiones de su historia y aumentado la presión sobre sus finanzas públicas.
El gobierno ha hecho una propuesta basada en esa premisa, resta ver si la arquitectura financiera mundial expresada a través de los acreedores convocados, ha evolucionado en el entendimiento que un buen acuerdo es aquél que beneficia a ambas partes de manera sostenible.
