La Paraestatalidad

Por Alessandra Minnicelli.

El fallo del Dr. Ramos Padilla en la causa de Dolores, cuenta con claridad de que se trata esa Organización Mafiosa Paraestatal que se hizo cargo de reforzar el discurso, vinculado a la lucha contra la corrupción del anterior gobierno y/o la lucha contra el narcotráfico.

Una organización que se ocupó de la tarea sucia de sostener a un gobierno saqueador. Para ello llevaron adelante acciones de espionaje y de inteligencia ilegal, para amedrentar, para extorsionar, para neutralizar para destruir y perseguir judicialmente opositores políticos y a todo aquel que consideraran su oponente.

El objetivo específico, en la mayoría de los casos, tenía una directa relación con los intereses del gobierno o de algunos de sus representantes y como característica permanente la de sostener. blindar y reforzar el discurso del sector político gobernante, aquel que les permitió llegar al gobierno.

Y el fallo utilizar el término “para–estatal” para definir a esta organización.

Una pormenorizada lectura , aporta datos , personas, nombres que fueron participes de esa actividad a las que seguramente se encontrara el encuadre delictual a su conducta , más allá de los imputados directos en esta causa , solo se trata de observar a estas personas, sus vínculos y sus relaciones  con el Estado , ver las decenas de operaciones que respondían, favorecían y confirmaban las práctica y el discurso instalado para perseguir y encarcelar y sin duda también para amedrentar , acallar , silenciar  o extorsionar voces que pudieran exponerlos en su dimensión mafiosa . A los actores directos y a sus mandantes.

La investigación de Dolores se centró en la organización criminal paraestatal que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior pero que sin duda no abarca a la totalidad de los involucrados en estas maniobras.

Hubo distintos tipos de operaciones, diversas y variadas alianzas con terceros, diversos recursos utilizados y disponibles sin importar su legalidad o ilegalidad y en ese marco es como deben leerse las notas de opinión del Dr. Rusconi para esta revista identidad colectiva, en las que plantea la ausencia del Estado de Derecho, la alteración y adulteración de las reglas básicas del procedimiento penal.

Es que no era posible para sus fines delictivos, respetar las leyes, por ello la organización tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los poderes del Estado y también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa, que fueron claves para el éxito de sus operaciones. Y así lo cuenta este fallo.

No se trata de un simple grupo de estafadores o extorsionadores que buscaban rédito económico aprovechándose de sus contactos con actores desprevenidos o ingenuos y actuando al margen del poder estatal. Por el contrario, un simple repaso de las distintas operaciones en las que aparecen involucrados los miembros de la organización investigada, permite concluir que las finalidades y circunstancias que rodearon cada una de estas ilegalidades excedían los intereses individuales o de grupo.

Había que reforzar y sostener el discurso con el que lograron ganar las elecciones, el discurso que hoy llaman del “odio” que permeo en la sociedad distraída, desentendida, desinformada o quizás solo opositora pero que sin duda de enterarse de estas maniobras no las avalaría, como tampoco avalaría la corrupción que imputaron a unos pocos, si fuera cierta o la extorción sobre otros para acallarlos.

Las actividades de inteligencia que desplegaron para influir en la vida personal, en la situación institucional y política del país, y en la opinión pública a través de los medios de comunicación; además de dañar personas y someterlas al peor escarnio y a la privación de libertad, viola convenios internacionales.

La violación de la convenialidad, es grave porque es el lugar desde donde nos insertamos en el mundo, desde donde nos podemos considerar ciudadanos del mundo, además de Nación soberana en cooperación internacional.

Si quien viola la convenialidad es un Poder del Estado como lo es el Poder Judicial, el escenario es de gravedad institucional. Si alguno o algunos de sus miembros implementan técnicas basadas en la manipulación de información (verdadera o no) y/o estrategias intimidatorias para lograr que terceros concreten acciones ajenas a su voluntad, tales como declarar en determinado sentido en expedientes judiciales o el pago de sumas de dinero; lo que cabe es dimensionar esta situación y actuar desde los restantes poderes del Estado para recuperar y restaurar la institucionalidad.

Ya están las pruebas suficientes para actuar, para corregir urgente estos graves desvíos, está el Estado en pleno y están además los organismos internacionales para recurrir por la violación de la Convenialidad y el Lawfare ocurrido en la Argentina durante los años 2016-2019.

Disponen de todas las herramientas tanto el Poder Legislativo, sobre el que los familiares y amigos de las victimas mantenemos expectativa y el Poder Ejecutivo, hasta ahora ausente desde sus organismos rectores.

Ahora resulta indispensable, juzgar y condenar a los culpables para que no suceda NUNCA MAS. Si no lo hacemos, la historia nos reclamará porque volverá a suceder.