La necesidad de una agenda democrática en seguridad y justicia

Por Maximiliano Rusconi.

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Los últimos acontecimientos producidos en nuestro país nos deben llevar a una reflexión profunda, a una autocrítica urgente y al desarrollo inmediato de una agenda en materia de seguridad y justicia que responda al modelo social y económico que desde el gobierno se pretende impulsar y consolidar.

Si analizamos el problema de la seguridad, y su vinculación con los modelos de justicia, vamos a ver que hay cinco dimensiones que deben ser consideradas de modo global, sistemático e interrelacionado.

En primer lugar, hay que llamar la atención sobre el modelo policial y el modelo penitenciario. Sin lugar a dudas, en las últimas décadas se ha desarrollado un trabajo enorme en materia de reforma judicial en la Justicia Penal. Se ha trabajado en la reforma de los códigos penales en toda la región, de los sistemas procesales, de leyes orgánicas del Ministerio Público o de la organización judicial, por ejemplo. Se ha trabajado en la utilización más racional de la prisión preventiva. Se ha trabajado en la potenciación de los modelos de defensa pública.

Sin embargo, es muy llamativo como en las dos dimensiones donde el poder penal se manifiesta en modo más trágico, en el comienzo del caso, en lo que llamamos el modelo policial, y al final del caso, en lo que llamamos el modelo penitenciario, no hemos logrado ninguna reforma relevante. Es indispensable que advirtamos con todo el esfuerzo desarrollado en la región en varias instancias de los sistemas de justicia, el modelo policial y el modelo penitenciario se mantienen idénticos, gozan de una autonomía digna de mejores causas y reflejan lo peor del sometimiento de los ciudadanos, son gestorías de violación de los derechos individuales, de los Derechos Humanos fundamentales.

Que, a pesar de todo lo hecho en materia de reforma judicial, en materia de derecho penal en la región, no hayamos podido modificar justo en los dos momentos más trágicos del caso, en la instancia policial y en la instancia penitenciaria, nada relevante en esas dos dimensiones, nos debe llamar a una reflexión. No habrá un verdadero proyecto de justicia y seguridad en la Argentina si no transformamos el sistema penitenciario y el sistema policial.

El tercer protagonista al cual hay que referirnos en la construcción de una agenda que esté destinada a potenciar el Estado de Derecho es lo que llamamos Medios de Comunicación.

Es llamativo como, si vinculamos Medios de Comunicación y el problema de la seguridad, estaríamos facultados para afirmar que, en gran medida, y si cambiamos la perspectiva usual desde donde se ve el problema, en realidad los medios construyen inseguridad ciudadana.

No me refiero al debate usual entre sensación de inseguridad ciudadana e inseguridad dura en sentido de un sector importante de la comunidad que son víctimas de delitos. No me refiero a esa discusión. No estoy diciendo que la inseguridad sea una sensación, al contrario, lo que estoy diciendo es que los medios de comunicación construyen inseguridad, definen inseguridad e instalan modelos de inseguridad.

Sin lugar a dudas, es evidente que el concepto de inseguridad y el concepto de delito, por ejemplo, son dos conceptos ambiguos y manipulables que permiten ciertas distorsiones. Pero, en verdad, estas distorsiones muchas veces son utilizadas por los medios de comunicación a efectos de generar ciertas lesiones institucionales sin que los sistemas de gobierno tengan verdaderas herramientas para resistir esos intentos de lesionar la institucionalidad, por parte de los medios de comunicación.

Es evidente que si tomamos el concepto de inseguridad ciudadana en su sentido más profundo, en el que por ejemplo: introduzcamos los bienes jurídicos más trascendentes, como la integridad física, la vida en sí misma de los vecinos, se legitima la pregunta de ¿Cuánta inseguridad han producido los medios de comunicación potenciando las invitaciones de ciertos sectores políticos a participar en manifestaciones contrarias a las políticas de prevención de la salud?, de aseguramiento del nivel sanitario, manifestaciones destinadas, en definitiva, con dolo o con imprudencia, a aumentar los niveles de inseguridad pandémica.

Se justifica la pregunta de ¿cuántos muertos hoy están o deben ser atribuidos, con dolo o imprudencia, a estas invitaciones políticas?, estas instigaciones mediáticas a salir a la calle de modo imprudente, forzar contactos comunitarios muy riesgosos, a cuestionar la necesidad de instrumentos de autoprotección frente a la pandemia, ¿Cuánto daño han producido estas manifestaciones? Y ¿Cuántos muertos hay que atribuirles?

En cuarto lugar, un protagonista esencial de una agenda de seguridad y justicia tienen que ver con los ministerios públicos fiscales, la pandemia hubiera requerido una conducción inteligente del sistema penal, no a efectos de criminalizar sino al contrario a efecto de controlar el contacto monopólico que han tenido las fuerzas policiales con la comunidad, quizás una de las razones, por lo menos argumentadas, de la última crisis policial de la provincia de Buenos Aires. Es llamativo la ausencia de los representantes de los ministerios públicos más trascendentes de la República Argentina, que no han asumido este problema y la necesidad de una conducción de la cuestión de la seguridad desde la construcción de una política criminal racional y respetuosa del Estado de Derecho. Hay una decisión corporativa en la cabeza en el ministerio de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Publico de la Nación de no intervenir y dejar que todos los costos institucionales lo paguen quienes se ocupan desde la política de la inseguridad /seguridad.

Sin embargo, era indispensable, y la comunidad merecía, una actuación protagónica del Ministerio Público, muchas veces para racionalizar, para optimizar y para limitar el uso de la violencia policial.

Y, por último, el sistema judicial. Una justicia que, en los sectores más sensibles, en los sectores más vinculados, más condicionantes del poder político han decidido jugar el famoso partido del lawfare. Jueces que hasta el último segundo están demostrando su decisión de proteger a un sector político, darle garantías e incluso hasta estimularlo a una participación más importante que es vista muchas veces como la única alternativa de defensa corporativa.

Y sumarle en este marco del lawfare, una persecución que sigue ejecutándose quizás de un modo menos mediatizado, quizás de un modo un poco más sutil, pero la verdad es que en primer lugar hay que decir que no se han reducido ni en un ápice la persecución penal de quienes, un poco menos de un año han reflejado la oposición política y han sido perseguidos por el poder que estuvo en Argentina hasta fines del año pasado.

Frente a esta situación, en el modelo penitenciario, en el modelo policial con el monopolio total del contacto comunitario, un modelo policial que es la única cara frente a la comunidad, que no tiene un verdadero control contemporáneo, que tiene discrecionalidad en el uso de la fuerza, medios de comunicación que construyen inseguridad, que han decidido intervenir políticamente sin ningún tipo de límites, un Ministerio Público que también manipula su intervención o su omisión en la intervención del desarrollo de la política criminal y Jueces que son los líderes de este lawfare.

Frente a esto es indispensable que el gobierno enfrente este escenario con una verdadera agenda completa de reconstrucción de un Estado Social y democrático de Derecho.

Si esto no sucede la democracia sufrirá día tras día.