La ley del juego nuevamente hizo estallar a Juntos por el Cambio en Cordoba

Como en 2019 y 2021, Mauricio Macri lo hizo de nuevo: dinamitó la versión cordobesa de Juntos por el Cambio. El miércoles, en la última sesión del año, la Legislatura de Córdoba, con el voto de la coalición schiarettista Hacemos por Córdoba legalizó las apuestas clandestinas a través de las aplicaciones on line, un proyecto presentado por el legislador radical Orlando Arduh -muy cercano al macrismo- y Silvia Paleo (PRO), hecho a medida de Daniel Angelici y Federico de Achával, empresarios del juego y operadores del ex presidente. “El Tano” Angelici explota Atlántica de Juegos y De Achával, Binbaires, dos de las siete operadoras que estarán a cargo de los juegos en línea en la provincia mediterránea. En términos legislativos, la ley fue aprobada por 46 votos a favor, 17 en contra y una abstención, mientras que pegaron el faltazo seis legisladores de Hacemos por Córdoba.

Detrás de la legalización del juego a través de las plataformas electrónicas subyace un acuerdo electoral con vistas a 2023 entre el ex presidente Macri y el gobernador cordobés Juan Schiaretti, lo que hizo estallar la interna de Juntos por el Cambio.

Darío Capitani, jefe del bloque PRO, verdadero impulsor de la ley que legaliza las apuestas en línea, trajo a Córdoba la misma norma que la Legislatura bonaerense aprobó en 2017 cuando María Eugenia Vidal era gobernadora. Los macristas Capitani, Paleo, Raúl Recalde y Alberto Ambrosio y el radical Arduh, firmantes del proyecto, cosecharon el apoyo de casi todo el bloque de Hacemos por Córdoba y el rechazo de las dos bancadas de Juntos por el Cambio: Juntos por Córdoba, que preside el propio Arduh; y la UCR; además del Frente de Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Encuentro Vecinal.

Mientras se afinaban los detalles para que saliera la ley del juego a través de plataformas digitales, el ex presidente Mauricio Macri fue entrevistado el miércoles por la señal cordobesa de Radio Mitre y se mostró a favor de la iniciativa presentada por sus legisladores: “¿Acá cuál es el problema? ¿El juego online que ya existe y uno lo puede hacer por Internet jugando en plataformas del exterior o la falta de credibilidad acerca de cómo se licita?”.

Macri también opinó sobre la postura contraria de la Iglesia hacia la explotación de los sectores más vulnerables a manos de los barones del juego y dio una explicación inentendible: “Ésta siempre ha sido una posición de la Iglesia, ¿no?, porque antes era que en el pueblo, el bingo del pueblo vaciaba de recursos al pueblo y ahí se veía mucho más claramente; porque por ahí el dueño del bingo no era un habitante del pueblo y no reinvertía en el pueblo lo que ganaba y la plata se iba del pueblo. Ahora el problema es que la tecnología ha universalizado el juego, que existe en el exterior por internet y ahí claramente no queda ningún recurso para la Provincia, que es lo que debe haber buscado. Lo que digo, es imparable por el hecho de que ya existen plataformas en Internet y que no tributan en Argentina. Lo que creo es que tiene que haber una absoluta transparencia en la competencia para conseguir esa licencia”.   

Rápidamente, el senador Luis Juez le marcó la cancha a Macri y al PRO cordobés por haber impulsado esta ley en acuerdo con Schiaretti: “El juego no es un problema de la Iglesia sino de la sociedad. Con el acceso que tienen los chicos a la tecnología ¿cómo hacés como padre para controlar un casino en tu casa?”.

El senador de Juntos por el Cambio apuntó: “Lo escuché a Macri el miércoles; no puedo creer que piense esto. Los dirigentes políticos tenemos que estar un paso adelante de la sociedad para ayudar, para alimentarla de otra manera, para darle otras herramientas. Es un negocio ruinoso; se hacen millonarios con la desgracia de nuestros hijos”.

Esta era una ley a la medida de Daniel Angelici, principal operador judicial de Macri y empresario del juego y que el ex presidente no podía estar ajeno a la negociación, Juez lo excusó: “Este fue un negocio de cinco pícaros del PRO con Schiaretti, no creo que Macri hubiera estado al tanto. El juego es un negocio de Schiaretti y Schiaretti debía pagar el precio. Estos cinco pícaros le hicieron el trabajo sucio”. Y agregó: “Yo con esos tipos no tengo nada que ver, me parece perfecto que 20 meses antes de las elecciones se saquen la careta y muestren cómo y para quién juegan”.

“Nuestra política desde que fui intendente de Córdoba, fue no permitir que ingrese el juego a la ciudad. Le dijimos no a (José) De la Sota y a Cristóbal López, acá el juego no entra. Lo nuestro no es oportunismo, siempre fuimos claros con el tema juegos de azar, y coincidimos con lo que dice la Pastoral Social, esta ley favorecerá un negocio que se aprovecha de la fragilidad de los más vulnerables. El Estado debe proteger al frágil, no exprimir su fragilidad; no se puede ni se debe justificar el negocio del juego con el argumento de que una parte de lo recaudado por el Estado, a través de esta ley se destinará a ayuda social, eso es perverso”, dijo Juez.

Una alta fuente del Frente Cívico, el partido creado y liderado por Juez confió que “esta oposición al juego es un freno, una marcada de cancha al PRO, a Macri, a Bullrich, a Vidal y a Larreta; de que no todo vale y de que en Córdoba no van a hacer lo que quieran. El PRO necesita al peronismo de Schiaretti en su armado nacional y nosotros en Córdoba tenemos nuestra propia estrategia electoral para 2023”.

Denuncias, renuncias y premios

Durante el debate en el recinto, Darío Capitani, el legislador macrista que importó la ley del juego desde la Provincia de Buenos Aires, atacó al líder del Frente Cívico: “Luis Juez nos maltrató, nos hizo acusaciones violentas. Se la da de paladín de la verdad, de hombre honesto. Miente por la fama de tener dos minutos en televisión y, si es en medios nacionales, mejor”.

El legislador macrista adelantó que denunciará penalmente a Juez: “Nos acusa de corruptos, no solo que no tiene media prueba, sino que habla porque se cree que es el dueño de la verdad. Es un difamador compulsivo, ha hecho de su lengua larga un dirigente de supervivencia, pero es un vulgar y un mediocre chanta, y el dolor tiene que ver porque usó todas nuestras acusaciones hacia nosotros con cero argumentos de la realidad, lo pudo los cinco minutos de fama”.

También, luego de la votación de la ley, las legisladoras radicales Daniela Gudiño y Patricia de Ferrari, anunciaron su renuncia al bloque de Juntos por Córdoba que preside Arduh y que integra Capitani: “Se cruzó un límite que no estamos dispuestas a tolerar. Legisladores del bloque impulsaron y votaron a favor la regulación del juego online, desobedeciendo reiteradamente el pedido del Comité Provincia y del Congreso Provincial del radicalismo y desoyendo el pedido de los partidos políticos que conforman Juntos por el Cambio de retirar el proyecto”, señalaron las legisladoras en un comunicado.

En el escrito, Gudiño y De Ferrari le apuntaron al PRO: “Esto es algo más que una agenda diferente, nosotros no somos ni seremos funcionales al oficialismo, ni por acción ni por omisión. No podemos permanecer en un bloque donde ya nada nos une, con valores claramente diferentes al mandato de los cordobeses que nos votaron”.

La decisión de las legisladoras radicales va en sintonía con la decisión del Comité Provincia de la UCR, que le suspendió la ficha de afiliación a Orlando Arduh. Suspendido por su partido, rechazado por sus correligionarios, Arduh tuvo su premio: en la misma sesión legislativa del miércoles, a instancias de Hacemos por Córdoba, Arduh fue designado vocal por la oposición en el nuevo Tribunal de Conducta Policial (TCP); un organismo mixto entre civiles y policías que debería investigar acciones impropias de los agentes de la Policía de Córdoba y del Servicio Penitenciario de Córdoba. Un dato que no pasó desapercibido es que Arduh, vocal designado por la oposición, no fue votado por los legisladores opositores.

El Tribunal de Conducta Policial es una de las instituciones más desprestigiadas de la Provincia, ya que muy pocas veces resolvió hechos que atentan contra la moral de los integrantes de la fuerza. Por caso, los policías que dispararon y asesinaron a Blas Correas (17) el 6 de agosto de 2020; Lucas Gómez (32) y Javier Alarcón (32) debían estar suspendidos y sin uso de armas acusados de otros delitos que habían cometido; pero el TCP nunca avanzó y los dos oficiales siguieron en tareas operativas.

Gómez está siendo juzgado ahora por encubrimiento al violador serial Leandro Castañares, condenado en 2018 por, al menos, seis violaciones ocurridas en la ciudad de La Calera, en el Gran Córdoba. Y Alarcón fue denunciado por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “lesiones leves” pero la investigación del TCP nunca avanzó.

El debate por el juego online adelantó las internas en la coalición derechista, y de acá a 2023 habrá que seguir de cerca cómo siguen los realineamientos cordobeses que tendrán impacto en el armado nacional.