La justicia no se mancha

Por Natalia Salvo.

La teoría del derrame

Sin modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su composición, cantidad y procedencia federal de sus miembros, cualquier reforma del sistema de justicia está confinada a la impasibilidad de la declamación.

La teoría del derrame en materia judicial no participa de las mismas condenas empíricas que soporta el “laissez fairelaissez passer” en la economía, donde potenciales derramadores de riqueza acopian y fugan. La Corte Suprema, en tanto máximo tribunal, actúa como última garantía de derechos. El derrame es esencial para su funcionamiento.

Si la cúpula, donde se remiten la resolución última de las causas huele mal, derramara podredumbre.

Una Corte amplia y con funciones específicamente delimitadas, es una Corte que asegura la tutela judicial efectiva, a tiempo y adecuadamente. Tampoco sucede en un tribunal que no tiene plazos para dictar sentencias.

Argentina tiene una corte de cinco miembros, dos de ellos prestaron conformidad para ingresar por DNU en contra de la Constitución Nacional, el actual presidente de ese tribunal es un personero de quién fuera uno de sus clientes (multimedio Clarín), otra supera la edad máxima dispuesta por esa misma ley fundamental y asegura su permanencia por un amparo de un juez amigo y, para sumar oscurantismo, otro miembro es el padrino de jueces de Comodoro Py que propició fuertes lazos con la embajada de EEUU para la formación de magistrados.

Es imposible que una Corte Suprema de 5 miembros decida integralmente el destino de los conflictos de más de 40 millones de argentinos y argentinas, ya por imposibilidad fáctica de atenderlos en tiempo y forma, ya por ausencia de variedad en formación jurídica de sus integrantes (derecho tributario, impositivo, ambiental, laboral, civil, comercial, penal, etc.).

Pero, además, la selectividad de tratamiento y oportunidad de pronunciamiento convalidan su actual alianza con el poder real. Ejemplos de esto último abundan en tiempos en que esta Corte pavonea su poder político, por ejemplo, con la confirmación de la condena a Milagro Sala en el caso de las bombachas, la plancha del art 280 del CPCCN ante el pedido de revisión de la sentencia a Amado Boudou, y el relegamiento de las causas por delitos de lesa humanidad.

  • El poder real siempre elige el dispositivo de opresión

La dictadura militar iniciada en 1976 utilizó el Estado como instrumento de consumación del terror. El fin era implementar un modelo económico rentístico-financiero. Precisaba entonces destrozar los derechos conseguidos al calor del Estado de Bienestar en una sociedad altamente politizada. No son procesos dictatoriales que se instalan visiblemente; necesitan de un humo de legalidad. Esa función la cumplió la Comisión de Asesoramiento Legislativa (CAL), con asesores que hoy continúan pululando en las universidades como eméritos catedráticos o forman parte de un poder judicial vitalicio.

En ese entonces, las Fuerzas Armadas tomaron con apoyo de la pata civil empresarial al Estado como instrumento de supresión física y eliminación.

El Plan Condor, pergeñado desde EEUU, tenía por objetivo suprimir los gobiernos populares. Instruyeron a las fuerzas de seguridad con la Escuela de las Américas. Los medios de comunicación dominantes cooperaron con su silencio al igual que cierto sector del poder judicial.

Con la misma finalidad, 50 años después, usaron el sector cómplice del poder judicial.

Cambiaron los medios, no los fines.

El plan sistemático y estructural de persecución política del macrismo, requirió de una mesa judicial que utilizó una parte del Poder Judicial, un Procurador General de la Nación connivente (Eduardo Casal, puesto luego de la persecución sistemática sobre Alejandra Gils Carbo), un Consejo de la Magistratura de la Nación inquisidor de jueces renuentes a ceder a las presiones, y las diferentes reparticiones estatales (AFIP, AFI, UIF, SPF, DNM, etc) puestas al servicio del espionaje político, fiscal, financiero, penitenciario y migratorio.

  • Una reforma sin cosmética y desde todos los ángulos.

Una genuina reforma del sistema de justicia exige tiempo -con organización-, a contramano de las exigencias de una sociedad de control regida por los tiempos inminentes de satisfacción del capital.

Es necesario abordar distintas dimensiones. La académica, social y también legal.

El poder judicial es un poder del Estado integrado por abogados y abogadas, formados por universidades cuyas currículas premian y giran en torno a un derecho economicista, que menosprecia el abordaje social y entroniza la lógica de intercambio en el derecho, naturalizando esa perspectiva e identificándola con el purismo jurídico. Todo lo social “contamina” desde esta cosmovisión y, contradictoriamente, es a esas relaciones sociales “contaminadas” a las que el derecho está destinado a regular.

Desde el aspecto social, es necesario desandar el encanto aristocrático de clase que arrastra de tiempos pretéritos el valor simbólico de la profesión de abogado/a, proyectada en el Poder Judicial, y viceversa. Esta cosmovisión es la que está inscripta en el inconsciente colectivo, que observa en el juez o la jueza una figura sacro santa incuestionable. Ayuda el lenguaje ortodoxo y encriptado.

Desde la dimensión legal, es necesaria la justa ponderación de la praxis del derecho al momento de seleccionar jueces y juezas, sin sobrevalorar la doxa jurídica que desdeña la formación del abogado/a de a pie conocedor/a de las prácticas jurídicas.

Esta movilidad es fundamental en el único poder del Estado que no se democratizó luego de la última dictadura cívico militar. El juez Riggi, por ejemplo, fue nombrado en el año 1978 por Videla.

La importancia del Poder Judicial no reside en su quintaescencia que pretenden erigir sus miembros con vocación de casta, sino en la última garantía de efectivización y reconocimiento de derechos fundamentales. Usaron el Poder Judicial porque vinieron a implantar un modelo económico para pocos, y para lograr ese objetivo, necesitaban despejar el tablero de opositores políticos, organizaciones sociales y gremiales, cortar el lazo colectivo a través del discurso meritócrata e individualista, y de la aquiescencia de un poder judicial que asegurara el recorte de derechos. Solo así podían garantizar el enriquecimiento a costa de los argentinos y argentinas.

Por eso, para la CSJN en tanto cabeza del poder judicial, aplica la frase de Diego Maradona “La Selección es un Rolls Royce lleno de tierra, hay que limpiarlo”.

Como decía Jauretche, no vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos. No vamos a abdicar del Poder Judicial complaciendo al discurso anti Estado. Si fueron y son instrumentos del poder real, que respondan ante la sociedad, pero la justicia no se mancha.