La justicia federal argentina y los “siete de Chicago”.

Por Maximiliano Rusconi.

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Netflix nos trae el recuerdo de un episodio histórico que no hay que dejar pasar para poder evaluar, interpretar y reaccionar frente a lo que estamos viviendo muchos abogados defensores en los últimos años en nuestro país.

Sólo hay que ver, y lo recomiendo efusivamente, la película “El juicio a los 7 de Chicago”.

El hecho es conocido y no es la primera vez que accede al formato de la llamada pantalla grande.

Transcurría el año 1968 y el clima en los Estados Unidos no era el mejor. Uno de los conflictos que generaba mayor resistencia y mal humor comunitario era la Guerra de Vietnam.

El Partido Demócrata debía elegir candidato presidencial.

La presión policial en la ciudad de Chicago, la crítica social a una guerra que iría a producir una enorme cantidad de muertes y que se desarrollaba tan lejos de los hogares estadounidenses y algunos otros condimentos generaron la decisión en un conjunto de organizaciones pacifistas de realizar una movilización a esa ciudad.

A los manifestantes se les prohibió expresarse en el lugar donde se llevaba a cabo la Convencion Demócrata y asimismo se les impidió la organización de un festival musical.

Todo ello generó disturbios, como era previsible y quizá esperable tanto por los manifestantes como por el sistema represivo.

El gobierno demócrata decidió no imputar a nadie por los hechos. Se justificó en que en gran medida había sido responsabilidad de un mal manejo policial.

Cuando asume Nixon la postura frente a los disturbios provocados cambió radicalmente. El partido republicano quería sancionar esa expresión popular e instalar la idea del orden y el disciplinamiento social.

Se decidió someter a Juicio a todos los líderes de la protesta.

Los que se oponían a la guerra, integrantes de los Yippies, el fundador del partido revolucionario negro más activo, las Panteras Negras, etc.

Desde el comienzo se supo que el caso tenía una dimensión política que podía enturbiar el logro de una solución justa.

Lo que pasó en ese Juicio es aleccionador acerca de cómo, incluso a través de las formalidades de un Juicio oral, y de todos sus imponentes símbolos, es posible esconder las arbitrariedades mas espantosas.

Quien vea la película sentirá parte de la impotencia que se siente cuando un Tribunal decide condicionar a las defensas, no dejarlas hablar, impedir el desarrollo eficiente de la defensa técnica, influir y determinar las preguntas a los testigos y a sus respuestas y bloquear caminos para saber la verdad.

Como se advierte en esa película, el odio, los prejuicios, el autoritarismo pueden disimularse dentro de una toga judicial.

Sólo quiero terminar con dos advertencias y un recordatorio final.

La primera advertencia: hay que recordar que esto mismo ha pasado en casi todos los casos que integran lo que se ha descrito muy correctamente como lawfare (en la causa del “Gas Licuado”, de “los cuadernos”, en el Juicio oral de Once 1, en el Juicio oral de Once 2, en el actual juicio sobre “obras de vialidad”, etc., etc.).

Ha habido muchísimos “juicios” como el de Chicago en los últimos años en nuestro país.

La segunda advertencia: el hecho de que estos desatinos sucedan con ropas, muebles, formas, olores, texturas, símbolos y procedimientos de un juicio oral, no puede nunca ocultar que se trata de uno de los caminos más angustiantes, dañinos y desesperanzadores de la barbarie del poder.

Quiero cerrar subrayando algo obvio: nuestro país ha asumido la responsabilidad de que en su territorio rijan un conjunto de garantías y principios fundamentales de la máxima trascendencia humanitaria que se encuentran garantizados en el sistema regional de protección de los derechos humanos. Esa responsabilidad y la certeza universal de que ello se cumpla es una las obligaciones del Presidente de la República como cabeza del Poder Ejecutivo.