La intervención en la economía de la ortodoxia y la fortuna de Britos

Por Mariela Montiel.

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El 20 de noviembre pasado, falleció el banquero Jorge Britos, dueño del Banco Macro, con abultadas acciones en el sector inmobiliario, energía y el agro, daría la sensación que la historia tiene sus ironías: en el día de la soberanía nacional parte a mejor vida un tipo que hizo su fortuna en base a la liberalización de la economía y la especulación financiera. Este empresario era un holding en sí mismo, siendo uno de los mejores clientes de Alfredo Martínez de Hoz.

Lo que llama la atención es el uso político que se da a la muerte del banquero. Por un lado, los sectores liberales y oligárquicos hablan de “la fortuna lograda por este empresario” y lo asocian al kirchnerismo. Mientras que en medios que supieron levantar las banderas del campo nacional, mencionan por arriba que la fortuna es de dudoso origen, pero que acrecentó la misma en estos últimos años de gobierno macrista, según la revista Forbes en 2017, Britos ingresaba al ranking de los más ricos del mundo, siendo el quinto argentino en aquella lista. De ambos lados se refleja lo funcional que son a la estructura de poder financiero. Es tan comprometida la relación carnal que existe entre el sector político, financiero, judicial y mediático que hemos llegado a la situación en que a nadie le conviene hablar de los negocios de Britos.

Este banquero ha sido muy hábil en la década del 70. Cuando los medios de comunicación hacen referencia al mérito y la astucia que tuvo este hombre para concentrar una de las riquezas más grandes de nuestro país, omiten el rol del estado liberal sancionando leyes de liberalización económica, ejemplo de ello son dos leyes fundamentales que dieron lugar al neoliberalismo salvaje y antipopular. Hablaremos de ello en las líneas que siguen. Para los liberales, son los gobiernos populistas de izquierda los que regulan el mercado ocasionando gasto público y asistencialismo, sin embargo, ocurre similar situación con las políticas económicas del establishment, la diferencia es que como el pueblo no recibe justicia social en administraciones parasitarias, se atreven a ocultar como es que el estado regula la economía a favor de la especulación financiera y la fuga. Que quede claro, la economía siempre se encuentra regulada por alguien, si el ministro de economía tiene rasgos heterodoxos regulará con mayor decisión en beneficio de una redistribución de la riqueza, mientras que, si proviene de escuelas ortodoxas, lo hará a favor de banqueros y terratenientes. La deuda externa no depende directamente del gasto público, por el contrario, se acrecienta por sostener un modelo económico primarizado que siempre arrojará un déficit en la balanza comercial, vendemos sojas, compramos autos.

Retomemos el caso de Britos que nos permite confirmar que todos los gobiernos intervienen en la economía. Luego de 1955 con el golpe de Estado de Aramburu con el apoyo de EEUU y Gran Bretaña, comienzan a aplicarse medidas que apuntaron a la desindustrialización, destrucción del poder económico y cultural de los trabajadores y el disciplinamiento social por medio de la represión y censura en primera instancia y al terrorismo de estado, después. El Ministro de Economía de la dictadura genocida, Alfredo Martínez de Hoz, asume el 2 de abril de 1976 y al presentar el «Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina» se apoyó en dos principios rectores: “eliminar la excesiva e irracional intervención del Estado en la economía y reemplazar el sistema de economía cerrada por otro abierto”. Analicemos, cuando habla de recuperación de la economía solo está pensando en los dueños de centenares de hectáreas de tierra que vieron reducidas sus ganancias durante el periodo de industrialización, mientras que saneamiento implicó limpiar la economía del monopolio estatal que regulaba a favor del desarrollo económico. En este marco se lleva adelante la reforma financiera de 1977 que requirió la implantación de dos leyes. La ley 21.495 de descentralización de depósitos (esta derogaba la ley peronista de 1973 que había recuperado el monopolio de la emisión monetaria para el BCRA) es decir que cualquier entidad financiera podía emitir deuda, y la ley 21.526 sobre entidades financieras que permitió la asociación entre empresas dando como resultado que de 800 entidades que existían antes de la sanción confluyeron en 78 empresas especulativas. Por otro lado, se desregula la tasa de interés, esto implicó la liberalización de la tasa y, por ende, los intereses que daba el banco eran más dulces que invertir en producción y aperturas de fábricas.

En este contexto de tanta facilidad para la oligarquía de acceder a préstamos en el extranjero y luego asociarse con otras familias para fundar un banco en la Argentina, es que Britos y su cuñado Jorge Ezequiel Delfín Carballo, reciben un préstamo de US$ 10.000 que le otorgó la madre de Jorge. Al poco tiempo, la sociedad pasó a llamarse Anglia y sería la semilla del futuro Grupo Macro. Vos te preguntarás ¿tan fácil fue esto? Sí. El esfuerzo y sudor es característica del pueblo, no de la oligarquía.

La ley de entidades financieras prohibía en su artículo 39 revelar las operaciones de las entidades bancarias. El artículo 21 rezaba que quedaban permitidas “todas las operaciones que no sean expresamente prohibidas” y el 56 garantiza que el Estado se hacía cargo de las deudas de aquellas empresas que presentaron quiebra. ¡Te podrás imaginar, duro un año porque 19 bancos acusaron quiebra”, Martínez de Hoz dijo que los empresarios no fueron responsables y lo eliminó!

Con un estado regulando a favor de la especulación, llegamos a 1988 cuando José Luis Machinea aprobó la habilitación para convertir en mayorista al Banco Macro. En la década del 90 los negocios de la familia Brito se multiplicaron. La deuda externa crecía y las relaciones carnales entre el presidente Carlos Menem y la administración norteamericana dejaron la economía en manos de las recetas de los organismos de crédito internacional, principalmente del FMI y en agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, que fue lo que permitió la privatización de más de 60 empresas estatales, algunas de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, gas, electricidad y transporte. Leyes que permitieron a los Britos primero, incursionar en el negocio agropecuario y luego, en 1996, ampliar sus dominios financieros con la primera compra de un banco provincial, el de Salta. No sería el único. Sumaría el de Jujuy y el Mayo en los siguientes tres años. En 1976, existían unas 148 empresas públicas, bajo el control del Estado nacional y unas 149 bajo control de Estados provinciales, municipales y mixtas. En 2001 sólo quedaban 15 en funcionamiento.

Durante los cuatro años de cambiemos con la reducción de las retenciones, la liberalización de la economía y la fuga de divisas, la agencia Bloomberg publicó “el banquero argentino Jorge Horacio Brito se acaba de convertir en billonario y debe agradecerle por ello al presidente Mauricio Macri”. Explicó que su fortuna personal superó los mil millones de dólares por ser dueño del 20 por ciento de las acciones de Macro, que subieron un 21 por ciento en lo que va del año.

La fortuna de Britos nunca dejó de crecer, en gran parte se debe a que ningún gobierno logra reformar una estructura financiera con fuertes poderes internacionales, cada vez más enraizados y diversificados. Las oligarquías financieras han seducido a los políticos flojitos de convicciones, mientras el pueblo intenta sobrevivir colectivamente frente a las deudas de la democracia liberal (manejada por estos especuladores). Mientras la riqueza se genere dentro de una entidad financiera, la producción industrial no será viable.