La inclusión laboral y productiva, clave para el camino de salida
Por Daniel Arroyo. Ministro de Desarrollo Social de la Nación.
El mundo está atravesando uno de los momentos más críticos de la historia con la pandemia de Covid-19, que se ha cobrado miles de víctimas y ha generado un declive económico generalizado. Sin dudas, los Estados deben atender la emergencia sanitaria y social provocada por el coronavirus, pero quienes tenemos la vocación pública también debemos trazar estrategias que brinden un horizonte de salida, especialmente para quienes hoy más sufren las consecuencias de este escenario tan difícil.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, estamos trabajando en tres líneas centrales de políticas públicas pospandemia.
En primer lugar, lanzamos el programa “Potenciar Trabajo”, que busca motorizar el proceso productivo de abajo hacia arriba. Queremos vincular planes sociales y trabajo, y orientar los esfuerzos a cinco sectores que pueden ayudar a la inclusión socioproductiva: la construcción y el mejoramiento de servicios y espacios públicos; la producción de alimentos y la agricultura familiar; el textil; la economía del cuidado; y el reciclado. En esos cinco sectores estamos generando una serie de mecanismos para que las provincias y los municipios tengan fondos para máquinas y herramientas, para que puedan financiar proyectos productivos; y puedan dar créditos a tasas bajas para la gente capacitada en estos rubros. En estos días, por ejemplo, firmamos un convenio de más de 300 millones de pesos con la provincia de Córdoba que representa un gran avance en esa dirección.
El segundo eje es abrir el debate público acerca de la implementación de un ingreso único o renta básica. Se trata de una herramienta que ya se está pensando y llevando adelante en diferentes países, con el objetivo de generar un piso común de ciudadanía. En nuestro país hay mucha gente que se ha quedado sin ingresos en estos meses. Me refiero no sólo a quienes hacían changas y se les complicó, sino también a quien coloca durlock, o el mozo, el taxista, o distintos trabajadores que vieron una merma en sus ingresos por la pandemia. Es fundamental que el Estado brinde una ayuda para mantener los ingresos de estos sectores.
El tercer punto pasa por la urbanización de los cuatro mil barrios populares. Hoy la Argentina tiene cuatro mil villas, barrios, asentamientos donde viven cuatro millones de personas. Quedó muy claro que el hacinamiento y la falta de agua y otros servicios básicos, no sólo hacen circular más el virus, sino que son compatriotas que viven en una situación de pobreza extrema. La urbanización representa garantizar derechos y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de generar un gran plan de empleo.
En esas tres dimensiones está la salida y la política de reconstrucción social que requiere nuestro país en los próximos años. Estamos abriendo una serie de diálogos con diferentes actores políticos, sindicales, sociales, académicos para avanzar en este esquema, porque necesitamos consensos amplios y perdurables para generar un nuevo horizonte de futuro para todas y todos los argentinos.
