La hora de la Corte (pero de la Suprema de Justicia de la Nación).

Por H. Gabriel Palmeiro[i].

La situación en las cárceles está lejos de haber encontrado una solución.

A principios de esta semana que ya se nos va, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictó una resolución que generó gran revuelo mediático y, para muchos sectores, también satisfacción y tranquilidad. Fue en el marco de la causa del Habeas Corpus Colectivo y Correctivo del Tribunal de Casación Provincial[1] o más conocida como el “fallo que beneficia a todos los presos” dictado unipersonalmente por el Juez de la Casación Provincial, el Dr. Víctor Violini.

El Supremo Tribunal Provincial, unánimemente[2] decidió declarar procedente la queja deducida por el Fiscal Carlos Arturo Altuve, y aceptó el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra lo decidido por el Dr. Violini, siendo que, lo que más repercusión mediática ha generado y de allí el supuesto beneplácito de gran parte de la sociedad convulsionada por la discusión fue que, como consecuencia de ello, se dispuso suspender los efectos de la decisión cuestionada, sus aclaratorias y ampliatorias de acuerdo a las consecuencias establecidas en la ley[3] para una decisión de ese estilo.

Aunque resulta a esta altura conocido por todos, resulta importante antes de continuar, recordar brevemente en qué consistía el fallo que hacía lugar al Habeas Corpus Correctivo y Colectivo y cómo se llegó a este pronunciamiento.

En términos sencillos y en lo que aquí nos interesa, el pasado 8 de abril, solo durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional y únicamente en relación a las personas que se encuentran en grave riesgo[4], se estableció el arresto domiciliariopara aclarar, esto sería, seguir privándolos de la libertad de manera NO carcelaria– de las personas imputadas y condenadas por delitos leves y, asimismo, se remitió a los jueces naturales de las causas para que definan las medidas a implementar, en caso de corresponder, respecto de imputados de delitos graves. La decisión de Violini, fue luego acompañada por la intervención de otro de sus pares en el Tribunal, el Dr. Borinsky, quien mantuvo su vigencia y efectos inmediatos además de darle carácter general a la medida.

De los fundamentos del fallo, se advierte la excepcionalidad de la medida a causa de la emergencia sanitaria que se atraviesa por la pandemia declarada a partir del alto nivel de contagio y la facilidad en la propagación del COVID-19, lo cual, naturalmente, impacta más fuerte y rápidamente en los ámbitos carcelarios conforme a lo que han declarado una innumerable cantidad de organismos internacionales.

En términos sencillos, el riesgo de parte de la población carcelaria de contraer COVID-19 debido a circunstancias particulares de la enfermedad y el estado de las cárceles es altísimo y sus consecuencias inmanejables, pudiendo ser en la mayoría de esos irreparables.

Debido a que lo resuelto, según el Fiscal Altuve, entre otras cosas, “…ha conmocionado a la opinión pública…”, como así también generó “…la proliferación de manifestaciones masivas de parte de la ciudadanía en repudio del fallo en cuestión…”, decidió recurrirlo.

En esa lógica y por considerar que existía así “…gravedad institucional…”, porque además se había inobservado la Ley Nacional 27.372, de los Derechos de las Víctimas de Delitos –cabe aclarar, no vigente en la provincia–, todo lo cual resultaría, siempre en palabras del Fiscal, “…de imposible o muy dificultosa reparación ulterior…”, es que “…solicitó… la suspensión de los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación…”.

Conforme surge de la lectura de su recurso, parece que la mayor motivación en su actuación estuvo dada por la respuesta social que tuvo el fallo, evidenciando así, a nuestro juicio, un grave inconveniente con la objetividad que debe primar en la actuación de un representante del Ministerio Público y, en definitiva, con la independencia de actuación de los magistrados, sean estos, integrantes de dicho organismo o del Poder Judicial.

Es que la intervención del cimero Tribunal no estuvo despojada de los condicionamientos y los problemas evidenciados en el Ministerio Público, entrando, adicionalmente y como veremos, en autocontradicción.

Así es como, llegado finalmente el trámite recursivo al Superior Tribunal provincial, luego de hacer una análisis de lo sucedido, propio de toda resolución judicial, establece su admisibilidad formal y acepta su tratamiento, reconociendo la existencia de sentencia definitiva, en el entendimiento que con la decisión de Casación “…se ha clausurado el debate jurídico sobre la posibilidad de resolver del modo en que lo hiciera el órgano casatorio…” y se perjudicaba la distribución de competencias establecidas por la Constitución provincial, en detrimento del principio del juez natural.

En términos más sencillos, la Suprema Corte, en un nuevo preanuncio de lo que finalmente terminará resolviendo la semana que comienza, entendió que lo resuelto por Casación, de manera directa en relación al arresto domiciliario, “desnaturalizó” la ley y ello genera que sus consecuencias se proyecten “…a un sinnúmero de causas y de situaciones jurídicas que provocarían trastornos en la administración de justicia penal y producirían un serio déficit en la regularidad y estabilidad de los procedimientos y en la seguridad jurídica en el acceso a tal sistema”. En los sustancial, por estos argumentos, se admitió formalmente el recurso y se dispuso la suspensión de la decisión que tanto malestar parece haber causado en la sociedad.

La potencialidad en la afirmación, está dada en que desconocemos cuál es la medición de la opinión pública a la que hace referencia el Fiscal y, en cierto punto, admite la Suprema Corte al suspender la aplicación de una medida que, en definitiva, tenía como objetivo preservar un derecho, al cual tienen, precisamente, derecho las personas privadas únicamente se su libertad, como lo es el derecho a la salud y a la vida. No sabemos si existe alguna manera concreta de evaluar la alarma argumentada por el Fiscal o ella se desprende del seguimiento y repercusión mediática que se le ha dado a la problemática carcelaria que, vale resaltar, aún persiste y sin duda continuará.

Como ya anticipamos, de acuerdo al modo en el que ha intervenido el máximo tribunal de la provincia, en los próximos días se conocerá una nueva decisión en la que, ahora sí, ya sobre el fondo, se deje sin efecto –o al menos reduzca los efectos de– la decisión de casación que intentaba ser una contribución a gran parte del problema del COVID-19 dentro de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, y con la premura que la solución necesita.

Ojalá nos equivoquemos, pero seguramente la pretendida protección a la garantía del Juez natural y la independencia de los jueces que llevó a los miembros del Superior Tribunal a intervenir en este tema, será la misma que no se respetará, ni intentará preservar con tanta firmeza, pero ahora en relación al supuesto clamor popular y/o gran parte de la opinión pública, dictando entonces un fallo que sea conteste “al reclamo”, y de este modo tranquilizador para ese sector de la sociedad, sin duda, también fogoneado por algunos sectores políticos.

Esa decisión, también muy probablemente, no sea el último episodio. El Defensor Oficial ante la Suprema Corte provincial, el doctor Mario Luis Coriolano, hizo reserva del caso federal, dejando plasmada la existencia de cuestiones que garantizarán un eventual tránsito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si desde la declaración de la emergencia sanitaria a mediados del último marzo hubo uno de los tres poderes de la Nación ausente, ese sin duda, fue la cabeza del poder judicial a nivel nacional, el cual, más allá del dictado de Acordadas o resoluciones meramente administrativas que ordenaban o recomendaban manejar el conflicto en las instancias inferiores dentro de la jerarquía del poder judicial, no intervino o quizás no le llegó la “existencia de un caso” para poder decidir de manera definitiva y activamente, evitando el desastre que puede llegar a generar el impacto del virus dentro de las cárceles. Posiblemente, este lo sea. Llegó la hora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dios quiera que no sea tarde. –

 

 

[1] Causa Número 102.508.
[2] Suscripto con fecha 5 de mayo de 2020, por los Sres. Jueces Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Eduardo Julio Pettigiani, Eduardo Néstor De Lazari, Luis Estéban Genoud y Roberto Daniel Martínez Astoriano.
[3] Si bien es cierto que el efecto que genera …la procedencia de la queja y la admisión de la vía de inaplicabilidad de ley es el común para todos los recursos, esto es la suspensión de la ejecución de los actos procesales hasta que se resuelva sobre la procedencia del reclamo, según establece el art. 431 del C.P.P., lo es menos que decisiones de este tipo no con las que se toman con habitualidad. Comúnmente los Superiores Tribunales y la Corte Suprema realizan su intervención en un solo acto, esto es, admiten la vía recursiva y pasan a resolver sobre el fondo de la cuestión planteada. Aquí, más tratándose de la suspensión de una decisión que posibilitaría la libertad de las personas privadas de ella, en las que la premura, vigencia e inmediatez debe ser la regla, la segmentación en el tratamiento dispuesta por la Suprema Corte Provincial, claramente funciona como una anticipación de lo que se decidirá sobre el fondo.
[4] En concreto, se refiere al grupo de persona que, ya sea por la edad que poseen o por la existencia de enfermedades preexistentes, siendo que de esta manera se encuentran absolutamente expuestos ante las consecuencias de la enfermedad, integran los listados específicos aportados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, ambos de la Provincia de Buenos Aires.
[i][i] Abogado. Especialista en Derecho Penal. Profesor Adjunto Interino de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires.