La dignidad política de redignificar a la justicia: Barajar y dar de nuevo

Por Maximiliano Rusconi.

Hay algunas frases de la tradición popular que tienen la virtud de reflejar con maravillosa lealtad nuestro estado de ánimo.

Todas y todos los que pertenecen a mi generación, de niños, a menudo hemos escuchado, con tono trágico, la frase “acá hay que barajar y dar de nuevo”. Con ello se quería decir que se había llegado a un límite, que era necesario producir un cambio, un cambio profundo.

Esa frase refleja algunos momentos de los procesos sociales o individuales.

Esas instancias también existen en los caminos institucionales, aún observados desde las máximas jerarquías.

Son momentos trascendentes, de urgencia cívica, que colocan a los líderes políticos en una encrucijada y siempre uno de los caminos implica enorme riesgo político, requieren de descomunal generosidad, invitan a trascender las coyunturas, obligan a poner todo el capital individual y político arriba de la mesa y llevan a los líderes a comenzar un camino que pretende dar respuestas al futuro, dialogar con quienes evaluarán esas decisiones en 40 o 50 años, extender una mano a nuestros bisnietos, a los bisnietos de nuestros hermanos.

Se trata a veces de asegurar que aquellos que sólo figuran en el inmaterial pero perpetuo papel en donde el destino escribe los próximos pasos de cada uno y de quienes nos seguirán, van a poder disfrutar de un país que enaltece la dignidad de vivir en el marco de una ética comunitaria que no es otra cosa que la expresión grupal de los principios de nuestras propias convicciones.

Ahora surge una pregunta, ¿cuáles son las señales que nos demuestran que ese momento ha llegado? Yo no estoy seguro de poder dar una respuesta satisfactoria a esa pregunta. No podría generalizar.

Las crisis institucionales siempre presentan escenarios cambiantes y responden a las debilidades culturales de cada sociedad. Y cada sociedad posee debilidades culturales que son a su vez cambiantes en el tiempo.

Pero sí creo poder decir que, por lo menos bajo mi mirada, es bastante claro que hoy, en nuestro país, ha llegado el tiempo de un cambio. Creo que la necesidad de una transformación judicial es impostergable.

Ahora bien, ¿cuáles son las razones para decir esto último? Tiene que ver con destellos de nuestra realidad actual.

Hoy lo que detectamos sin esfuerzo nos debe preocupar, entristecer y nos debe obligar a una respuesta inmediata.

Pero nos equivocamos si creemos que éste es un problema de juristas, o de jueces, o de fiscales, o de abogados con capacidad de elevar la voz. Gran error.

Cada ciudadano tiene la posibilidad y el deber de reclamar por una justicia digna. Esto no es sólo una frase elegante, sino una consigna de lucha cívica. El hombre de la calle no es sólo una persona, sino que es un individuo con un armamento muy potente en una democracia republicana: una dignidad individual que, gracias a un poder judicial independiente, ni el estado más poderoso puede avasallar.

Esta convicción surge de realidades coyunturales tan graves como imperdonables. Se trata de situaciones que no debemos permitir nunca más en el futuro.

¿Ejemplos?. Pues bien, debo confesar que ya no quiero ver más en la Argentina a una Cámara de Apelaciones que un día, en un caso, se le ocurre ser muy estricta a la hora de evaluar la imparcialidad del Juez, cuando un mínimo sobrevuelo hacia atrás hace difícil observar tanto celo en fallos anteriores donde se denunciaban cosas aún peores.

En tren de contar intimidades ya no quiero ver fiscales federales que cuando les interesa un caso, vaya uno a saber las razones, que tramita en otra jurisdicción, se ponen extremadamente quisquillosos a la hora de definir los objetos procesales y la razón o sinrazón de que un caso se desarrolle en un lugar u otro, cuando esos mismos fiscales permitieron que Jueces de su jurisdicción, para decirlo de modo irónico, investigaran en Marte un homicidio realizado en Venus, o investigaran un homicidio como falsedad ideológica porque el DNI del agente policial que intervino en las primeras actuaciones parecía apócrifo.

Para continuar esta catarsis, me indigna ver a diputados o importantes representantes de la clase política denunciar cualquier cosa, sin importar la veracidad de lo denunciado, ni la legitimidad del origen de la información, y concentrarse sólo en sortear de modo ilícito la sana incertidumbre del azar en la asignación del juez, para lograr, cueste lo que cueste, que el juez amigo del Gobierno sea el que felizmente reciba el caso y ordene prontas detenciones violando sin límite todas las garantías constitucionales.

Pero más me indigna que esos casos, no reciban el mínimo control por parte de las autoridades judiciales que, al contrario, permiten que esas denuncias tramiten, estigmaticen y sean fuente de destrucciones periodísticas durante décadas.

Me ha llenado de desilusión, asimismo, ver como el gobierno anterior, que se llenaba la boca con el pseudo-neologismo “meritocracia”, alentaba y se ocupaba de que las diferentes vacantes judiciales en lugares estratégicos se llenaran con funcionarios sin más méritos que la oferta de fidelidad vergonzante y de encierros a mansalva de ex funcionarios que debían ser perseguidos para el favorecimiento del gobierno de turno.

Todos hemos visto como se instalaron doctrinas ridículas pero criminales para darle apariencia de legitimidad jurídica al uso de la prisión preventiva como herramienta política –con construcciones falsas de los riesgos procesales en complicidad con sectores del poder ejecutivo-, así como hemos asistido a pactos de corresponsabilidad entre juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y cámaras de casación penal, para tornar de imposible revisión los manipuleos escandalosos de los procesos, con producción de prueba ilícita incluida, en los jueces federales a cargo de la instrucción.

Hemos asistido a escenas en las cuales abogados defensores, experimentados, formados, serios, responsables, que una y otra vez planteaban cuestionamientos sin más, pero también sin menos, fuerza que la que provenía de una lectura genuina de las garantías constitucionales, sentirse como inexpertos aprendices frente al autoritarismo de jueces y funcionarios que pasaban del maltrato a la falta de respeto sin solución de continuidad.

Hemos visto como el principio de igualdad ante la ley una y otra vez se mostraba como letra muerta al ver que Jueces resolvían y fiscales dictaminaban, ante casos similares, en uno u otro sentido, sólo por cercanías ilícitas a los intereses de cada una de la partes.

Todos, usted, su amigo, mis alumnos, escucharon a un Presidente de la Corte confesar las dificultades por las que había pasado, con otros jueces, para armar un tribunal que se ocupara de un caso en particular y muy importante.

Sin olvidar a una jueza federal (que hoy lo sigue siendo), en su rol de familiar de un fiscal encontrado muerto, mentir públicamente sobre la dinámica del disparo causante de la muerte, engañando a la comunidad, a los medios, y a todos. A esa misma jueza se le debería hoy preguntar por alguna causa que tramitaba en su juzgado en el mismo instante que se investigaba la muerte del fiscal y que podría haber generado alguna información relevante en la siempre útil búsqueda de algún móvil del hecho. La misma jueza que, también, nos debe una explicación sobre las razones por las cuales ya no es más querellante en ese proceso.

Aunque quizá lo más grave es que nada de esto sorprenda al sistema judicial, ni motive investigación posterior.

¿O será más grave que la familia del fiscal fallecido no sea investigada por posible vinculación con sumas muy importantes de dinero encontradas en cuentas del fiscal en el exterior?

¿O es más triste que un porcentaje de funcionarios judiciales hayan salido a la calle con carteles con la frase “Yo soy…”?

¿O será, todavía, más preocupante que gran parte del fuero federal se haya complotado para que el caso pase a la órbita desacreditada por estas mismas razones de ese fuero?

Aunque quizá en el futuro también deberemos darle una explicación a la fiscal que se ocupó de ese caso desde el comienzo. Una persona trabajadora, honesta, no influenciable, sobre las razones de por qué sus colegas no hicieron nada para defenderla de ataques tan inmorales como injustos.

Debemos decir que la sensación de que hemos llegado al momento de “barajar y dar de nuevo”, también se nutre de las omisiones: ¿podemos aceptar que la Corte Suprema de Justicia no haya intervenido en 4 años para poner un límite en el uso indiscriminado de la prisión preventiva?.

¿Podemos convivir con jueces que ni siquiera se ocupan de aquellas personas inocentes (hasta que no haya una sentencia de culpabilidad firme) que, al estar privadas de su libertad y por sus escenarios clínicos, se encuentran en riesgos elevados de contagiarse del Covid-19? ¿Hay que recordarle a estos jueces que al privar de la libertad a un ciudadano le estamos quitando la posibilidad instintiva y básica de organizar su auto-protección vital que es parte del desarrollo de cada persona de modo natural?. ¿No advierten estos señores que al privar de la libertad el Estado se transforma en garante de la salud de los internos e internas? ¿No es posible exigir a jueces y juezas el mínimo humanismo?

Una república no se puede nutrir de jueces que advierten con la certeza de lo obvio que el poder ejecutivo realiza actividades de inteligencia ilícitas, que esa información se la dan a funcionarios políticos o periodistas inmorales, y que estos la publican o la presentan con candidez vergonzosa al sistema judicial para activar el uso político de esas causas fraguadas, y que, frente a todo este sistema, no hacen, estos jueces, absolutamente nada, como si todo fuera normal.

Por eso, debo insistir, le toca a nuestro presidente, al igual que le tocó a Alfonsín en cuanto a la consolidación del sistema democrático, reconstruir el estado de derecho. Y esa reconstrucción será un legado no para algunos y no para lo inmediato. Esa reconstrucción será un camino iluminado para todos y para las próximas generaciones.

En el futuro deberemos ver a un nuevo Ministerio Público Fiscal que organice la actuación de los fiscales bajo una política criminal basada en la ley y en las prioridades comunitarias, abierto a los controles verticales y horizontales y que contenga jurídica y no políticamente a las víctimas.

Observaremos a jueces y fiscales con tantos méritos como independencia.

Conviviremos con sistemas de justicia más cercanos a los conflictos penales, con capacidad de control sobre la actividad policial. Habrá jueces y fiscales que no crean que cercanía comunitaria es igual a demagogia punitiva.

Tendremos funcionarios y magistrados que ya no van a creer que haber llegado a determinadas instancias implica tener dominio feudal de sus funciones o la innecesariedad de la capacitación permanente.

En el futuro el sistema judicial responderá a modelos orgánicos que prioricen la eficacia y el control de esa eficacia, la gestión transparente de los asuntos, la posibilidad de auditorías funcionales, el fomento del uso de un lenguaje comprensible, la anulación de cualquier formalismo de tinte monárquico.

Si recorremos el camino transformador de redignificar a la justicia, seguramente podremos despedir a los modelos actuales de delegación de funciones (responsabilidades que la Constitución reserva para jueces y fiscales, que son ejercidas por sujetos con muy buena voluntad pero que, no son ni jueces ni fiscales).

Seguramente ese futuro nos mostrará un modelo de justicia que nos haga sentir a los ciudadanos que la plataforma ius-humanista de los tratados de protección de los derechos fundamentales son un mínimo ético a superar día a dia y no una utopía tan deseable como inalcanzable.