La defensa a la propiedad privada con fines acumulativos, esconde un modelo de país

Por Mariela Montiel.

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Esta semana, lamentablemente a nivel judicial, no hemos obtenido victorias, sin embargo, se logró instalar el debate acerca de la propiedad privada. Los medios de comunicación gritaban a los cuatro vientos que el peronismo no respeta la propiedad. Vamos a derribar esa zoncera.

Entre 1947 y 1955, los dos primeros gobiernos de Perón, en los que se dictaron la Ley de Propiedad Horizontal en 1948 y la primera Ley Nacional de Vivienda dentro del 2º Plan Quinquenal, se construyeron alrededor de 500 mil viviendas. No todas a través de acción directa, en general con componente importante de subsidio y dirigida a los sectores de menores ingresos, sino también por acción indirecta por medio de créditos del Banco Hipotecario Nacional para otros sectores con capacidad de ahorro. Como vemos, el peronismo no solo que respetaba la propiedad, sino que la garantizaba, así es que la constitución de 1949 la incorpora en el artículo 14 bis y la concibe como un bien socialmente justo. En el 2012, durante otro gobierno peronista se crea el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear) que ha planteado la incorporación progresiva de 100 mil créditos cada año hasta llegar al 2016. El Estado Nacional aportó 1.700 hectáreas de terrenos fiscales en todo el país a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).” En conclusión, lo que le jode al gorilaje es que todos tengamos los mismos derechos.

Darle un rol social a la propiedad privada es sacarla de la lógica liberal, sabemos que las burguesías son las que imponen su voluntad de conservar lo que le han quitado a la nobleza con la sangre del campesinado. Nos chamuyaron con el lema “Libertad, igualdad y fraternidad” de la Revolución Francesa para terminar con los privilegios de las clases nobles y parasitarias. Pero claro, la libertad que respetan desde aquel entonces es la libertad individual de acumular riquezas, primero fue en metales, posteriormente en la libertad de explotar la mano de obra barata y ahora es la libertad que tienen El Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza y los amiguitos de Macri de comprar y vender dólares y fugarse 86 mil millones de verdes en cuatro años de Cambiemos.

La igualdad, por consecuencia es la que les dejan a los pueblos oprimidos, a los que primeramente se los liberó de la órbita de las monarquías monopólicas para convertirlos en consumidores y consecuentemente en asalariados que perciben haberes por debajo de lo que se gasta en una canasta básica. Finalmente, la fraternidad es para ellos y entre ellos, las oligarquías financieras y los intermediarios locales. Unidos y organizados para concentrar riqueza y democratizar la pobreza.

Así, bajo las democracias liberales, toda persona tiene el derecho de tener una vivienda, pero ningún gobierno lo garantiza. Todos son genios y expertos en respetar las instituciones, excepto cuando están a favor de los humildes.

Quedan varias cuestiones para analizar de esta semana. La primera es de orden social, la propiedad privada debe ser un derecho de todos y dejará de ser el blanco de debate cuando los todos los argentinos podamos acceder a ella, de lo contrario, las tomas serán un acto de justicia. Respecto a cómo se abordó el tema en los medios, observamos una selección arbitraria en cuanto a una dirección unisectorial de argumentar la protesta, hemos escuchado “se está violando el derecho a la propiedad”, pero nunca escuchamos la violación sobre el derecho a un trabajo digno, derecho a la cultura, a la infancia, etc.

En cuanto a lo político y las fuerzas que han jugado en el conflicto, no caben dudas de cómo opera la izquierda gorila. Se oponen a todo, menos a ser funcional a la derecha. Cuestionen todo, menos su acción histórica de incansable apoyo a los oligarcas de siempre y hasta dictadores. Por otro lado, los cuervos carroñeros y cipayos que juegan por medio de Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta, que reprimieron cada expresión social cuando fueron gobierno (Indoamericano, Hospital Borda, Reforma Previsional, verdurazo, etc.)  alentaron la Doctrina Chocobar y el uso de las Taser, acrecentaron la desocupación, llevaron la pobreza al 35%, especularon con el dólar Nos dejaron un país devastado, ahora aparecen haciendo críticas y proponiendo lo que jamás hicieron desde que entraron a la política para hacer negocios.

A nivel agroindustrial, queda muy claro que el Proyecto Artigas de llevar adelante una agricultura libre de tóxicos, sería un mal ejemplo y dejaría por fuera del negocio a los laboratorios que ponen a la ciencia en función del capital. Un informe del Ministerio de Salud de mayo de 2012 (casi una década atrás) lo confirma. En las poblaciones expuestas a los agroquímicos hay un 30 por ciento más de casos de cáncer que en las que no lo están. El número de malformaciones en las áreas fumigadas también es mayor. Aun así, las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos, utilizados en la explotación de cosechas de alta rentabilidad, suelen perderse entre la polémica. El negocio es por los fungicidas y por las drogas oncológicas que serán necesarias para combatir la enfermedad.

Finalmente, cuestionamos la idea de resolver todo en el marco del “institucionalismo”. Recordemos que la Constitución del 49 era un marco jurídico que reflejaba una concepción de la política antiimperialista, garantizando la justicia social y ponía la filosofía justicialista como modelo civilizacional. Eso era institucional, sin embargo, por medio de un golpe de estado, la dejaron fuera de la historia para volver al “Institucionalismo liberal”. Las instituciones republicanas, históricamente son únicamente herramientas que defienden intereses de quienes concentran el poder económico, judicial y mediático. Los únicos dos proyectos políticos que intentaron industrializar al país, que accedieron al poder por medio del voto popular y dejaron índices estadísticos que lo reflejan, fueron derrocados por la oligarquía cipaya bancada desde afuera por Inglaterra y Estados Unidos en 1930 y 1955. Esperar que con el Institucionalismo y el diálogo se resuelvan los problemas estructurales de nuestro país, es de gorila.

Dejar en manos del poder judicial la redistribución de riquezas, es como pedirle a un genocida que respete los DDHH. Las institucionalidades permiten, por un lado, que un juez gane 600 lucas por mes, no pague impuesto a la ganancia y que permanezca con ese privilegio de por vida y también, ese institucionalismo avala que el salario mínimo de un trabajador sea de 16.875 pesos mientras el valor de la canasta básica ronda los 40 mil pesos.