La decepción social más que “un brindis que no debió haberse hecho”

La tarea encomendada al Consejo Consultivo.  Cumplida y a la espera de las propuestas normativas.

Por Alessandra Minnicelli.

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El art. 4 del Decreto 635/2020 estableció que un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público debía elaborar un dictamen con propuestas y recomendaciones, vinculado a los siguientes temas: a) Corte Suprema de Justicia; b) Consejo de la Magistratura de la Nación; c) Ministerio Público de la Nación; d) eficaz cumplimento del mandato constitucional respecto del juicio por jurados; y e) finalización del proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones a los valiosos recursos humanos con los que cuenta el actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Sobre cada punto se expidió ese Consejo Consultivo asesor del Presidente con un formato de propuestas y recomendaciones por mayoría de los integrantes del Consejo Consultivo, y de propuestas y recomendaciones que cada integrante quisiera expresar de forma individual o conjunta.

No sugirieron instrumentación, solo alternativas posibles y aun hoy estamos a la espera de las propuestas normativas que viabilicen todos o algunos de los consejos dados por los expertos convocados.

Quiero resaltar que el Primer tema tratado fue el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se analizaron cuestiones relativas a

            a) El establecimiento para la selección de sus integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal.

            b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida por la Constitución Nacional ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria.

            c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine (certiorari).

            d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes.

e) Trámite de los recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente, en materia penal.

No voy a comentar aquí todos ellos, pero si voy a destacar que la propuesta de los expertos fue que se sancione una ley orgánica, a efectos de terminar con la dispersión normativa que rige en la actualidad, regule de forma integral la estructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo a su composición, organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia;

Entre los aspectos propuestos estuvo el de “Selección de integrantes y composición”. Lejos de validar el mecanismo utilizado por el ex Presidente Mauricio Macri, en la designación de dos de los miembros de la CSJN, se propuso reglamentar la facultad que confiere el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo “recogiendo los parámetros establecidos en el Decreto 222/2003” (dictado por el Ex Presidente Néstor Kirchner que significo una clara autolimitación de facultades constitucionales) y en ese marco, que la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respetara los principios de: a) paridad de género; b) integración federal y c) pluralismo ideológico,

Además, se recomendó Fortalecer el sistema de audiencias públicas en el proceso de designación del juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las que deberían ser más de una (1) y llevarse a cabo en distintos puntos del interior del país; Analizar la posibilidad de que, dentro de este proceso, se regule el deber de los/as candidatos/as de contestar las preguntas que se realicen en la audiencia sin ampararse en la supuesta “preopinión” de temas; Adoptar los mismos criterios de selección mencionados en los puntos anteriores para la designación de los conjueces que integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Regular de manera restrictiva el trámite para el nombramiento de los/las magistrados/as que hayan alcanzado los setenta y cinco (75) años de edad de conformidad con lo previsto en el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional.

Otro dato importante y urgente , sobre todo en el momento actual de vigencia del lawfare , es la recomendación de regulación de las audiencias públicas y los expertos consideraron necesario que incluya: a) su obligatoriedad en supuestos de trascendencia institucional con visión federal; b) su obligatoriedad en caso de que sea requerida por un porcentaje mínimo del padrón electoral; la mayoría de la Cámara de Diputados; el Procurador/Defensor General; el Defensor del Pueblo y entes provinciales; c) un plazo razonable para resolver si la Corte Suprema de Justicia de la Nación convoca a una audiencia pública; d) la obligación de una fundamentación en caso de rechazo ante una solicitud concreta; e) la obligatoriedad de tratar en la sentencia los argumentos vertidos en la audiencia pública, de modo que la misma no se transforme en una mera formalidad; f) el tipo de audiencias que pueden llevarse a cabo (conciliadoras, supervisión de cumplimiento de sentencia, análisis de leyes inconstitucionales); g) que las audiencias públicas se realicen en la jurisdicción donde el caso tramitó y h) obligatoriedad de llevar a cabo una audiencia pública como mínimo, una (1) vez al año en cada una de las regiones del país a efectos de analizar el funcionamiento del servicio de administración de justicia, brindar las explicaciones y recibir sugerencias.

Acá recuerdo que en uno de los Exptes. de trámite ante el juez Federal  Bonadío , un número importante de legisladores se presentó para exponer y ser oído, -no importa ahora que no hayan debatido y valorado previo al desafuero de De Vido  su gestión como Ministro- , pero esta herramienta posible de instrumentarse encuadraría ante el máximo tribunal en “ supuestos de trascendencia institucional con visión federal“, logrando el doble objetivo de un análisis integral de su gestión, cierre de las causas armadas y la posibilidad de que cada legislador en cada punto del País pudiera manifestarse. Debo decir que el Juez Bonadío rechazo aceptar a los legisladores, algo, a mi modo de ver, sin duda de extrema gravedad institucional.

Conexo para mí con ello, el Consejo Consultivo abordo un punto, en vilo para las “causas armadas” y de recurrente tratamiento mediático, cual es el vinculado a la redefinición del art. 280 del CPCCN, a partir del cual todas las decisiones de la Corte Suprema deberían cumplir con el deber de fundamentación. Algunas de las expertas recomendaron dejar de lado “la sola invocación de la norma” para fundamentar el rechazo y reemplazarlo por la expresión de las principales conclusiones del estudio de la causa, que en la práctica siempre realiza la Corte previo a proponer la aplicación de la norma del 280.

Y que, para los casos así determinados, no sería posible su rechazo aduciendo alguno de los supuestos contemplados en la norma en virtud de los derechos en juego. Estas causas serían: a) recursos por vulneración de los derechos fundamentales; b) recursos que involucren derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos; y c) recursos presentados en causas penales.

Si algunos de los candidatos a legisladores llevaran, NO TODAS, sino algunas de las recomendaciones del informe de estos expertos, como propuestas de campaña, no dudo que muchos los votaríamos “a libro cerrado“. Ello sin dejar de señalar que la inacción posterior a este Informe por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, resuena en oídos de la ciudadanía como una nueva “decepción” al pueblo todo, cuyas consecuencias sociales son impredecibles ante los problemas de abandono, pobreza, marginalidad y desempleo siendo además sometido a imágenes delirantes de “un brindis que no debió haberse hecho“.