La crisis alimentaria Argentina: Una propuesta para resolverla.

Por Juan E. Valerdi. Economista y docente universitario. Ha sido asesor de las presidencias del BCRA, BNA, UIF y Comisión PyME de la Cámara de Dip. de la Nación. Fue investigador del CEFID-AR en el equipo de estudio de Fuga de Capitales conducido por Jorge Gaggero.

El pasado 2 de abril el diario La Nación publicó un artículo (1) en el que el periodista Diego Cabot (el fotocopiador de cuadernos) trata de “correr por izquierda” al Gobierno y en particular al Mtro. de Desarrollo Social Nacional. En su nota, titulada “La paradoja de Daniel Arroyo: combate la pobreza, pero genera suba en los alimentos”, el periodista afirma que al transferir dinero a los beneficiarios de la tarjeta AlimentAR el Gobierno convalida y alimenta la inflación de precios minoristas de alimentos y bebidas. En este breve texto trataré de resumir una propuesta superadora que en marzo de 2020 le hice llegar, sin éxito, a funcionarios ligados al Gobierno.

Dado que, según el periodista, se transfieren unos $150 mil millones anuales en todo el país, el impacto de esa suma de dinero sobre los productos de la canasta básica alimentaria convalidaría las permanentes subas en sus precios. Al mismo tiempo, en su nota, Cabot sugiere que el Ministerio. de Desarrollo Social utiliza intensivamente el mecanismo de la Tarjeta AlimentAR porque no ha logrado un mecanismo “eficiente, rápido y transparente” para comprar alimentos secos que podría distribuir en especie y al mismo tiempo fracasó en incentivar el uso de la tarjeta AlimentAR en comercios de proximidad.

Los antecedentes del periodista y el medio en que publica hacen presumir que lo que impulsa la nota es la vuelta de las compras centralizadas y el beneficio para algunas estructuras que supongo podrían aportar pauta. Sin embargo, dada la situación actual de Argentina, con 42% de pobres y algo más de 10% de indigentes, más una posible vuelta a fase 1 por el rebrote del virus y una posible vuelta del IFE para millones de personas, ese no parece ser un camino deseable. Por ello hago pública una propuesta que podría ser una patada en el tablero de la lucha contra la inflación de alimentos y bebidas. Adicionalmente se podría volver al objetivo de impulsar las compras en comercios de cercanía y sobre todo incorporar a PyMEs en el circuito de alimentos financiados por el estado. Las PyMEs podría ser beneficiadas tanto en lo que hace a las ventas de alimentos ligados a este programa como en el financiamiento para el crecimiento y desarrollo de las mismas y de este modo combatir una de las causas de los abusos en los precios de comestibles: la producción, distribución y comercialización, concentrada y carterizada.

La propuesta es simple en su idea y, aunque compleja en su implementación, es viable dada la disponibilidad actual de herramientas tecnológicas y el uso intensificado de medios de pago electrónicos. Darían respaldo a la decisión de esta ruptura de décadas de abuso en la venta de alimentos no solo los niveles récord de pobreza e indigencia, sino también los cientos de miles de millones de pesos de recursos estatales en juego (contando los tres niveles de gobierno), la urgencia en la lucha contra la inflación, la urgencia en la promoción de desarrollo de las PyMEs en general y de las alimenticias en especial.

La propuesta

El estado debería dejar de transferir pesos dado que su objetivo es asegurar un mínimo de alimentos en la mesa de millones de argentinos, tampoco tiene sentido el delirio logístico y el foco de corrupción comprobado de las mega compras centralizadas de alimentos secos de bajo valor nutritivo. Lo que debe hacer el estado es acreditar unidades físicas de bienes mediante sistema de tarjeta/aplicación de celular y asegurarse de que puedan canjearse en cualquier comercio de modo simple y controlado. Es decir, esos miles de millones de pesos mensuales se convertirían en créditos de Kgs de verduras/frutas, carne, litros de leche, etc. Esto además tendría una ventaja adicional sobre el sistema actual, el gobierno podría influir en las decisiones de qué compran los beneficiarios aplicando promociones especiales y no limitarse, como ahora, a ver que tan bien o mal se usó la tarjeta AlimentAR respecto del valor nutricional de lo comprado (2). El estado debería pagar esos alimentos con un determinado valor definido públicamente y acordado con todos los oferentes de esos productos, así como acordar los márgenes a acreditar a los distintos intermediarios. Los pagos se realizarán de modo automático con la misma periodicidad que hoy se transfieren los fondos a la tarjeta AlimentAR, es decir quincenalmente, lo cual sin duda sería mucho mejor plazo que el que suelen imponer los hipermercados y cadenas de supermercados. Obviamente la definición de los precios de los productos sería de algún modo una guerra permanente, pero al menos en esa guerra el Gobierno discutirá esos valores cara a cara con los formadores de precios y no como ahora que se limita a pedirle un pacto de caballeros. Pacto que, por sus resultados, ha demostrado que en esta área de la economía seguro no hay caballeros.

Adicionalmente las PyMEs podrían recibir pagos especialmente incrementados, con menores plazos o beneficios fiscales asociados a su facturación por este medio y podrían utilizar esos flujos de ventas para obtener financiación del estado y así invertir para reducir el poder de los monopolios y cárteles. Se podría fomentar la venta directa de esas PyMEs a los consumidores e incluso combinarlo con los otros programas del Ministerio, vinculados a compras comunales.

Las herramientas tecnológicas no solo están disponibles, sino que en este último año la utilización de medios de pago electrónicos ha dado un salto que usualmente llevaría décadas. El beneficio de ese salto se encuentra hoy en manos privadas embarcadas en una guerra de promociones. Mientras tanto el estado parece confirmar la acusación típicamente liberal de ser “bobo” al no aprovechar esta coyuntura y sus miles de millones de pesos de transferencias para implementar un medio de pago propio y utilizarlo como herramienta simultánea para la lucha contra el hambre y la malnutrición, contra monopolios y oligopolios que abusan en los precios de los alimentos. Instrumento que además permitiría apoyar activamente el desarrollo de las PyMEs que no solo ayudarán a ampliar la competencia, sino que generarán empleo genuino y de modo federal. Las provincias y municipios podrían ser socios del Gobierno Nacional en el sistema y aportar promociones propias relacionadas con los productos de mayor consumo en su región, así como apoyo a las PyMEs regionales. Finalmente nada obliga a que este sistema se limite a los beneficiarios de asistencia social tradicional, podrían sumarse como usuarios a los que reciben cualquier tipo de transferencias de dinero como AUH, IFE, Asignaciones Familiares, etc. e incluso, por qué no, abrir a la compra voluntaria del público de canastas alimentarias o productos a través de este canal facilitando los mecanismos de venta a PyMEs y controlando los precios efectivamente pagados no solo por los pobres sino también por la clase media que busque hacer rendir su devaluado salario.

Para buscar antecedentes de este tipo de sistema no debe mirarse la historia de la URSS, sino un sistema mucho más rústico y rígido utilizado en la guerra por países centrales y desarrollados como EEUU (3), las cartillas de racionamiento. Y alguien podrá decir que no estamos en guerra, pero mi respuesta es que 42% de pobreza y 10% en un país con los recursos que posee argentina no es una guerra, pero sí una catástrofe y una que no es debida a la naturaleza. Si a esto se suma la excepcionalidad del rebrote de la pandemia y un Gobierno en manos de un frente que asegura tener a los 44 millones de argentinos como prioridad uno, entonces se hace difícil que las autoridades no tengan en cuenta las palabras de Einstein: “esperar resultados diferentes usando los mismos métodos representa locura”.    

El artículo de Cabot mencionado en el texto se puede ver en:

https://www.lanacion.com.ar/economia/la-paradoja-de-daniel-arroyo-combate-la-pobreza-pero-genera-suba-en-los-alimentos-nid02042021/

La tarjeta AlimentAR funciona de hecho como una tarjeta de débito a través de los sistemas de pago de los Bancos Nación, Provincia de Bs As y otros. Ese sistema de ningún modo obtiene datos de en qué productos se gastaron los fondos, sino sólo en qué establecimiento y por qué monto. Para elaborar informes relacionados con los productos comprados se utilizan datos de grandes comercios que aceptan abrir el detalle de sus tickets en los que se utilizó ese medio de pago. Ver por ejemplo: https://www.telam.com.ar/notas/202001/425043-el-60-de-lo-gastado-con-la-tarjeta-alimentar-fue-para-comprar-alimentos-recomendables.html

Gran parte del sistema de administración de precios en EEUU durante la 2da guerra mundial fue dirigido por un gran economista, John K. Galbraith. Digno de admiración por su voluntad para desnudar a “los economistas útiles al poder”, título de una de sus más famosas alocuciones. (puede verse ese discurso en:

https://www.eumed.net/cursecon/textos/galbraith-poder.htm