La contracara de la reparación: la Ciudad de Buenos Aires PRO

Por Silvina Caputo.

Mientras la alegría de la media sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados se imponía por estos días a lo que se sumaba el aniversario del primer año de gobierno de Alberto Fernández que vino no sólo a reparar la enfermedad pandémica sino también el daño moral que vivió la Argentina tras cuatro años de macrismo, en la Legislatura porteña, “pasaron cosas”.

Silenciosamente, desde la cúpula del poder porteño, votaciones no reflejadas en los medios comprados con pauta amarilla, siguieron signando el destino de los porteños que no sólo deberán pagarle más impuestos al alcalde, sino que también ahora contarán con otros exfuncionarios nacionales devenidos en salvadores de la Ciudad de Buenos Aires.

En el paquetito impositivo de Larreta aprobado esta semana figura el impuesto del 1,2 por ciento en el pago de todos los consumos realizados con tarjeta de crédito. Esto incluye no sólo a las compras furtivas sino también a todos los gastos que se realicen bajo esa modalidad, siempre que el titular tenga domicilio en CABA. Así les va a los porteños, tan adinerados ellos.

Además de otros impuestitos, todos justificados en el recorte del dinero que la Nación transfería al distrito para una policía de la Ciudad que deja bastante que desear, también se aprobaron otros temas llamativos, con mucho menos notoriedad.

Uno de ellos fue que durante el debate del Presupuesto 2021 en la Legislatura porteña, el Gobierno de la Ciudad incluyó en ese cálculo de gastos una inversión de $4.800 millones para “infraestructura” en el predio de Costa Salguero-

Esto se hizo pese a que la rezonificación está en debate en el parlamento y depende también de las audiencias públicas que se vienen desarrollando con participación vecinal.

Pero Larreta avanza y fueron los propios legisladores del Frente de Todos, Javier Andrade y Manuel Socías, quienes denunciaron esta situación.

Andrade señaló que, junto con Socías, encontraron “una perlita” dentro de las planillas que el Ejecutivo presentó como parte del Presupuesto General de Cálculos y Recursos.

“En el Plan Plurianual de Inversiones figura una inversión $4.800 millones para ´Infraestructura Costa Salguero´ a ser ejecutado entre 2021, unos $1.715 millones, y 2022, unos $3.085 millones”, detalló el legislador.

El destino del predio de Costa Salguero, junto con el lindante de Punta Carrasco, ambos situados en la Costanera Norte, es analizado actualmente por la Legislatura porteña en una audiencia pública que se extenderá hasta el 27 de enero con más de 7000 inscriptos.

La propuesta del Gobierno porteño es cambiar las actuales normas urbanas en esos terrenos para habilitar allí la construcción de edificios de hasta diez pisos de altura.

Como si esto fuera poco, en una sesión especial, la Legislatura aprobó la designación de la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley en el cargo de Asesora General Tutelar en la Ciudad, el organismo porteño encargado de asistir a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y aquellos que son víctimas de delitos.

Larreta presentó esta propuesta hace un mes y tuvo un tratamiento exprés en 48 horas.

Conjuntamente a la candidatura de Stanley, se trató el expediente. también del jefe de Gobierno, que impulsó a Marcela Millán para la Defensoría General.

Ambos organismos forman parte del Ministerio Público de la Ciudad, que se completa con el cargo de la Fiscalía General que ocupa en la actualidad Juan Bautista Mahiques. Si, si, Mahiques.

Pero hay más, convenios con privados para habilitar construcciones en altura, modificaciones al código de edificación y un régimen de regularización de obras en contravención, también se aprobaron el jueves pasado.

Se trata de dos convenios firmados con empresas privadas, que cambian las normas urbanísticas de dos parcelas, una en el barrio de Palermo y otra en Puerto Madero, para habilitar allí edificaciones que, por su altura y capacidad constructiva, no están permitidas.

Uno de los convenios, firmado con Arkinver S.A. y Kilómetros S.A, habilita la construcción de una torre en una parcela contigua al Campo Argentino de Polo, en el barrio de Palermo.

A cambio, el Gobierno porteño recibirá 2.500.000 de dólares para “solventar los gastos erogados como consecuencia de la emergencia sanitaria” -no sabemos muy bien a qué inversiones se refiere- y un espacio público verde de 6.500 metros cuadrados. 

No obstante, según indicó el legislador porteño del Frente de Todos Leandro Santoro  en medio del debate del Presupuesto 2021,  “el verdadero agujero fiscal” de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta “es el gasto de la Justicia” que, según precisó “se lleva el 48% de todo lo destinado a la administración” de la Ciudad.

“Esta es la verdadera caja negra de la política”, dijo y resaltó que “esta hipertrofia del Poder Judicial porteño es un secreto a voces. Lo sabe la política, lo sabe la casta judicial, lo sabe el círculo rojo, lo saben los periodistas. A partir de hoy, también lo sabe la gente”.

Por último, mencionó “partidas como los $2.400 millones destinados a Propaganda y Publicidad, y en las compras escandalosas que se dieron este año, cuando se pagaron $3.000 por barbijo o cuando se contrataron los hoteles de la hermana de Larreta”.