Juez enjuiciado

Por Gustavo Feldman.

– Que hiciste Víctor? ¿te volviste loco?

– Hermano, se lo dieron a Boudou porque tenía buena conducta estando preso y los análisis le dan mejor que a Messi…después de eso…

– Pero con esto largas a mil tipos de un saque….

– Primero, no son tantos; segundo, es mientras dure el aislamiento, tercero, sólo a los grupos de riesgo y además excluí a los delitos pesados…de sangre

– Te van a matar, te van a pedir el jury, si es que no te denuncian penalmente.

– Y bueno…era eso o correr el riesgo de que el virus se meta en las cárceles de la provincia, y eso sería un desastre…

Me apuro a aclarar que el diálogo es totalmente ficticio, producto de mi imaginación; aunque no me extrañaría que haya existido.

En la Provincia de Buenos Aires su Constitución dice del enjuiciamiento de magistrados- que no sean los de la Suprema Corte de Justicia de la provincia – lo siguiente:

Artículo 182.- Los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados.

 Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en acto público, en cada caso; los legisladores por el presidente del Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos los abogados que reúnan las condiciones para ser conjueces.

La ley determinará la forma de reemplazar a los abogados no legisladores en caso de vacante.

Artículo 183.- El juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su cargo desde el día en que el jurado admita la acusación.

Artículo 184.- El jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, declarando al juez acusado

culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen.

Artículo 185.- Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa se remitirá al juez competente para que aplique la ley penal cuando corresponda.

A su vez, la ley 13.661 articula la manda constitucional bonaerense con disposiciones sobre la composición del tribunal de enjuiciamiento, procedimiento, designaciones, plazos y pasos que deben cumplirse para llevar adelante este “antejuicio” y para arribar a una resolución sobre la responsabilidad del magistrado y eventualmente su destitución; anqué la remisión de lo actuado a la justicia penal. Preside el tribunal de enjuiciamiento el Presidente de la Suprema Corte provincial.

Si la denuncia reviste una entidad tal que merezcan ser investigados los hechos y no se archiva se abre todo un procedimiento análogo al de cualquier juicio penal, pero con algunas singularidades.

Una de las primeras cuestiones a estudiar es si lo que resuelva el “jury” o tribunal de enjuiciamiento es revisable por la Justicia. Es decir, si el propio estamento sentado en el banquillo a través de un representante puede revisar lo que ocurra con este particular proceso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado numerosos casos de magistrados provinciales indicando primero que nada que sí, que la decisión del “jury”-que es tanto de naturaleza jurídica como política-puede ser revisada en Justicia. Lo primero que me viene a la mente es que esta revisión solo puede ser instada por el enjuiciado y en el caso de prosperar alguna sanción disvaliosa para él; y no a la inversa.

En la causa Fiscal de Estado G. H. de S. y otro c. Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de Minería de la 5ta. Nom. de San Juan s/ denuncia, del 9 de agosto de 2016, la Corte Federal termina de delinear la esencia y estructura de los enjuiciamientos a magistrados provinciales, y entre otras cosas resalta la supremacía normativa de la Constitución Nacional en esta materia.

Instituye que para la Corte Federal revise la decisión emanada de los estamentos del estado provincial: “deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15 de la ley 48).

Ahora bien, ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha delineado la posibilidad de prosperidad de este particular instituto, y ha limitado las posibilidades de destitución de un magistrado integrante del poder judicial sea de los estados nacionales, sea de los estados provinciales:

“el derecho internacional ha formulado pautas sobre las razones válidas para proceder a la suspensión o remoción de un juez, las cuales pueden ser, entre otras, mala conducta o incompetencia”.

Cuando la Corte IDH menciona el término “incompetencia” se refiere a falta de capacidad o idoneidad de ejercer el cargo judicial, no al hecho de haber actuado pese a carecer de “competencia” en términos procesales. Siguiendo la mejor y mayoritaria doctrina habría mal desempeño ante la existencia de: “un perjuicio grave al servicio público”, “la deshonra al país o a la investidura pública”, “el obstáculo al ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”, “afectación a los intereses generales de la Nación”; además debe ser “notorio”, “reiterado”. (casos “Tribunal Constitucional c/Perú”, año 2001 y “Tribunal Constitucional c/Ecuador” del año 2013).

A su vez la ley nacional 26.080, modificatoria la ley orgánica del Consejo de la Magistratura de la Nación del año 2006, enumeró algunos supuestos de mal desempeño:

“1. El desconocimiento inexcusable del derecho. 2. El incumplimiento reiterado de la Constitución nacional, normas legales o reglamentarias. 3. La negligencia grave en el ejercicio del cargo. 4. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. 5. Los graves desórdenes de conducta personales. 6. El abandono de sus funciones. 7. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias. 8. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo” (art. 25).

¿El contenido de un fallo puede ser considerado mal desempeño?, ¿el sentido de un fallo puede dar lugar a la destitución de un magistrado?

El caso de Víctor Violini, Juez de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires es la expresión política y en parte social del rechazo al otorgamiento de los arrestos domiciliarios por y durante la pandemia.

Fundamentalmente se apoya en haber dispuesto arrestos domiciliarios en el marco de un habeas corpus correctivo (se supone que dicho instrumento es para mejorar las condiciones de detención “carcelaria” y no para disponer un lugar “ad exteros” de las dependencias penitenciarias); la decisión en sí de “sacar” de las cárceles a algunos reos considerados peligrosos para la sociedad; y fundamentalmente no haber anoticiado ni escuchado a la víctima-en el caso de los presos condenados- como lo manda la llamada Ley de los condenados por sentencia firme- Derechos de las Victimas, ley nacional 27. 372, que en su artículo 12 dice:

Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a:

a) Salidas transitorias;
b) Régimen de semilibertad;
c) Libertad condicional;
d) Prisión domiciliaria;
e) Prisión discontinua o semidetención;
f) Libertad asistida;
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones.

Y en su artículo 37 dice:

ARTÍCULO 37: Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a readecuar su legislación procesal a efectos de garantizar en sus jurisdicciones los derechos de las víctimas que se reconocen en la presente ley. –

Entonces puede afirmarse: primero que para el caso de personas no condenadas por sentencia firme la ley nacional no impone la obligación de anoticiar a la víctima para tratar y eventualmente conceder el arresto domiciliario ni la excarcelación. Segundo que, para el caso de condenados por sentencia firme, en etapa de ejecución de pena, si es obligatorio anoticiar a la víctima. Tercero:  EN NIGUN CASO LA POSTURA QUE ADOPTE LA VÍCTIMA OBLIGA AL TRIBUNAL A DENEGAR U OTORGAR EL ARRESTO DOMICILIARIO.

Ahora bien, hoy en día, la ley nacional de la Víctima no es derecho positivo en la Provincia de Buenos Aires, por cuanto este estado provincial no ha adherido a dicha ley, en virtud del mecanismo creado por el art. 37 más arriba transcripto. Es decir que los legisladores de la Provincia de Buenos Aires, algunos de ellos seguramente integrante del “jury” de enjuiciamiento a Violini-si es que llega a conformarse y se inicia – no han tenido la voluntad de incorporar este dispositivo legal al derecho positivo de su provincia.

Esto puede gustar poco, mucho o nada; pero lo cierto es que no era exigible para Violini anoticiar a las víctimas-reitero solo en los casos de condenados con sentencia firme en etapa de ejecución de pena- del pedido canalizado a través del hábeas corpus correctivo que fallo.

El componente social y político, además del jurídico, de la cuestión es innegable y reflota un debate sempiterno en la política y la sociedad argentina. Cierto es que la obligación de los Estados nacional y provinciales respecto de la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general también tiene respaldo y exigibilidad jurídicos; mas no resulta viable la destitución-a mi juicio- ni el enjuiciamiento de un magistrado por no haber realizado un acto al cual no estaba legalmente obligado.

La reacción rápida y más simbólica que fáctica del Presidente de la Cámara de Diputados le ha dado una repercusión a la cuestión-el pedido de enjuiciamiento- superior al que hubiera tenido de no haber participado el diputado nacional Sergio Massa. Pues esto último tampoco debería tener relevancia jurídica en la cuestión.

El tema del estado de las cárceles, de la protección y contención de las víctimas, del alcance del art. 18 de la Constitución Nacional y las normas internacionales protectivas de derechos humanos de las personas privadas de libertad; en general el tema de la vigencia del Estado de Derecho; no se encaminan y no se dirimen en un pedido de “jury” de un magistrado, que, en el acierto o en el error, no incurrió en delito alguno, ni siquiera en mal desempeño.