Jubilaciones de junio: ni maple de huevos ni gato por liebre.

Por Claudio Romero. Diputado de la Ciudad.

El segundo aumento del año, concedido discrecionalmente por el actual gobierno nacional a los jubilados de todos los niveles, que se aplicará a partir de junio, resulta insuficiente desde cualquier ángulo que se mire. Cobrarán un 6,12% cuando la ley de movilidad jubilatoria suspendida en diciembre pasado indicaba que debían cobrar el 10,9%.

El haber mínimo será de $16.865. Si se analiza el poder de compra del haber mínimo a través de un producto, por ejemplo, un maple de huevos, se encuentra la siguiente evolución: en diciembre de 2019 el haber mínimo era de $14.068 y con él se compraban 90,8 maples de huevos, mientras que en junio el aumento el haber mínimo subirá a $16.865 y podrán comprarse nada más que 48,2 maples de huevos.

La comparación no es ociosa porque en ella se incluye el aumento insólito de ese producto en solo seis meses: $ 155 en diciembre de 2019 y $350 en mayo 2020 el maple de 30 huevos. En beneficio de la reforma previsional realizada por el ex presidente Mauricio Macri que estuvo vigente hasta el 10 de diciembre pasado, hay que decir que con la jubilación mínima alcanzaba hace seis meses para comprar 90,8 maples de huevo.

Desde que la Ley de Movilidad Jubilatoria de Cambiemos fue suspendida la evolución de los haberes se estancó, los aumentos se otorgaron discrecional y discriminativamente, castigando con migajas a la clase media al considerarla “rica” por cobrar más de 20 mil pesos.

Los jubilados perdieron dinero en marzo. Cuando esperaban recibir el 11,56% que les correspondía por ley solo obtuvieron un mísero 3,8%, mientras las mínimas recibieron un 13%. Tal discriminación, reconocida abiertamente por el nuevo gobierno plegado al credo progresista, tuvo efectos altamente negativos en la franja de la vasta clase media.

Para junio se pretende enmendar el daño de la discriminación, pero el aumento es exiguo: 6,12%. Este porcentaje representa apenas un poco más de la mitad de la movilidad que hubiera correspondido otorgar en función de la Ley 27.426 sancionada en diciembre de 2017, suspendida en diciembre de 2019 reemplazándola por otra denominada “Ley de Solidaridad”.

La ley 27.426 ofrecía una fórmula compuesta por el 70% de la variación de la inflación y un 30% por la variación de los salarios. Si por ella fuera el aumento de junio sería casi el doble del anunciado discrecionalmente por el gobierno actual: 10,90% versus 6,12%. De aquel 10,9% se comprende el origen. En la denominada Ley de Solidaridad, el valor del 6,12% no ofrece un fundamento claro.

El aumento de junio, de acuerdo a la ley suspendida, dependía de los guarismos del cuarto trimestre de 2019, es decir el 70% de la inflación de ese mes que fue de 11.72%, más el 30% de los salarios (RIPTE) de 8,99%. El aumento debería haber sido del 10,9%.

Se demuestra así que los jubilados cobrarán en junio apenas un poco más de la mitad de lo que les correspondería por la ley suspendida. Además, ese 6,12%, frente al aumento desconsiderado de los precios en los insumos básicos de la canasta familiar tiene el efecto de la caída de 90 maples de huevos al piso.

El problema del aumento de los precios es un problema nacional que ningún gobierno resolvió, o no puede resolver, porque es la tara que arrastra la Argentina por su permanente inestabilidad económica, sus inflaciones e hiperinflaciones recurrentes, los movimientos confusos del dólar y los cambios en el conjunto de reglas de juego cada vez que hay un cambio de gobierno.

La movilidad en las jubilaciones es un derecho constitucional, y también un derecho adquirido por si hiciera falta decir para que reflexione la actual administración que, con la contracción hacia el sector más castigado de la sociedad, económica y sanitariamente, busca rellenar los huecos de su gasto fiscal.

Las promesas de campaña electoral de Alberto Fernández, de resolver el problema de los haberes jubilatorios con un chasquido de dedos sobre los intereses de las LELIQ, quedaron en aguas de borrajas. No es fácil quitarles una tajada a los bancos para aumentar el 20% de las jubilaciones.

Por si las moscas: los intereses de las LELIQ siguieron, y siguen, pagándose normalmente a las entidades financieras.

Un viejo refrán advierte sobre el peligro que implica vender “gato por liebre “. En este caso, en tan solo 6 meses, ya queda claro que lo mejor para los jubilados, esta vez, hubiera sido quedarse con el gato.