Hoy, la falta de acceso a la justicia, tiene rostro de mujer

Por Francisco Durañona, Senador Provincial por el Frente de Todos.

En lo que va del año -un mes y 10 días- cada 27 horas una mujer es víctima de femicidio en la Argentina. Según las estadísticas del Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, solo durante el mes de enero asesinaron a 26 mujeres y hubo más de 36 intentos de femicidio. El año pasado se perpetraron 329 asesinatos de mujeres, travestis y trans de los cuales 270 son femicidios directos, femicidios vinculados y trans- travesticidios. En cuanto al vínculo con el agresor, el 40% de los femicidios fue consumado por la pareja, el 19% por la ex pareja y el 15% por un familiar. Otro dato a tener en cuenta es que durante el 2020, el 19 % de mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor previamente, mientras que en enero de este año la cifra asciende un 25%, el 17% de ellas contaba con medidas de restricción perimetral.

Estas cifras, las realidades que ellas expresan, son escalofriantes. Además de evidenciar la urgencia de este flagelo, nos exige a quienes tenemos responsabilidades políticas a actuar, a idear más y mejores herramientas, eficientes y rápidas para prevenir y erradicar todo tipo de violencia sexista. El femicidio de Úrsula muestra la peor cara del Estado: el abandono y la indiferencia. Con esta premisa tenemos que trabajar para generar cercanía a lo largo de todo el proceso, desde la denuncia hasta la consagración de la justicia, evitando la revictimización, la postergación y la indiferencia.

Úrsula Bahillo realizó más de una docena de denuncias contra Matías Ezequiel Martínez, policía de la bonaerense que ya tenía otra acusación por violencia de género realizada por su ex pareja. Sin embargo ninguna exposición de ellas sirvió para mantener alejado a su agresor, por el contrario, consiguió lo que decía: asesinar a una de ellas. Las amenazas, lamentablemente, son constantes y los miedos de las mujeres son aún mayores.

Los gritos afónicos para pedir ayuda no alcanzan y la indiferencia resulta ser el factor común en la justicia que lejos está de cumplimentarse como un derecho para la ciudadanía. El caso de Úrsula no es aislado y en Rojas la falta de acompañamiento a la víctima, o mejor dicho el reconocimiento y actuación contra la violencia de género tampoco. Laura en 2013 debió huir de la ciudad por, también, amenazas de su ex pareja a quien le había realizado unas cincuenta denuncias.

La pandemia que azotó al mundo tampoco dio tregua a la violencia machista. Según informó el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, los llamados por violencia de género a la línea 144 durante 2020 aumentaron un 21,4% respecto a 2019, el 90% de ellos están vinculados a casos de violencia doméstica: el año pasado terminó con la mayor cantidad de femicidios y travesticidios que los años anteriores. Además, según datos del Indec, la pandemia dejó como saldo, también, la creciente feminización de la pobreza en la que mujeres, travestis y trans representan el 66% de las personas más pobres, generando mayores condiciones de vulnerabilidad que impiden la salida de la violencia. Estas condiciones de vulnerabilidad se acentúan aún más en los municipios del interior donde las instituciones del Estado, lamentablemente, están más lejos.

El arraigo es una de las estrategias que, de a poco, puede ir subsanando las múltiples asimetrías que existen en nuestro amplio territorio, donde la ciudadanía podría sentirse más segura y con el pleno ejercicio de sus derechos en el lugar que eligió vivir. Necesitamos, de manera urgente, avanzar en una reforma judicial que garantice el acceso a la justicia ilimitado e irrestricto, algo que de manera evidente no está sucediendo. En la inmensa mayoría de los municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires hay un acceso a la justicia deficiente. Hay que recorrer decenas y cientos de kilómetros para recurrir a un defensor oficial, un fiscal, o un juez que atienda una causa de violencia de género, o cualquier otro hecho criminal. Y aún pudiendo realizarla, no siempre hay funcionarios y funcionarias preparadas y con una perspectiva de género para la correcta atención de la demanda. De nuevo, el caso de Úrsula no es aislado.

Vivimos en una sociedad machista con gobiernos locales que no cuentan con las suficientes políticas de género que puedan ser claras y visibles para su comunidad, y que deberían tener por objetivo reeducar a la población en estas temáticas, que a fin de cuentas a todos y todas nos comprometen. Al no hacerlo, se replica la violencia y el patriarcado sigue siendo la única forma de vida posible. Entonces, son las políticas nacionales, provinciales y locales insuficientes, en algunos casos, que conviven con una justicia ausente y de nula accesibilidad; y que además cuentan con una gravísima falta de perspectiva de género en los y las funcionarias a cargo de los juzgados de faltas, de los tribunales y hasta de los propios municipios. Resulta urgente continuar con la formación integral y la capacitación permanente, de modo que se garantice el efectivo acceso a la justicia de una manera clara, segura y eficaz, tal como sucede con la Ley Micaela.

El arraigo será posible cuando se garantice en cada territorio el pleno ejercicio de los derechos a las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ que también sufren estas injusticias, y es allí donde debemos estar como Estado. Los gobiernos locales deben atender las demandas y preverlas para que la violencia machista no exista, para escucharlas y protegerlas con políticas públicas más eficientes que garanticen un verdadero federalismo.

Las muertes, lesiones y afectaciones a la integridad corporal, psíquica, laboral, sexual y económica de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ pueden y deben prevenirse con el compromiso real de los gobiernos provinciales dictando líneas claras y concretas de intervención acercando, además, la justicia a los territorios. Esto debe realizarse a través de los gobiernos locales porque es en los municipios donde los vecinos y vecinas trasladan sus demandas a las autoridades y son ellos el primer mostrador y quienes mejor conocen el territorio para llevar a cabo la efectiva implementación de las políticas públicas.

Nuestro compromiso en la Legislatura bonaerense y desde Movimiento Arraigo es trabajar en una justicia territorial que se ocupe de los problemas con cercanía a la comunidad. Sabemos que la respuesta, para quienes sufren de violencia de género y posteriormente de la justicia patriarcal, debe ser urgente. Deben aplicarse penas de cumplimiento efectivo ante la primer violación de medidas de restricción perimetral y deben ser oídas las voces de aquellas víctimas dando curso a su demanda teniendo a la justicia al alcance de la mano.

El caso de Úrsula es un punto de inflexión que nos debe mover para ajustar las clavijas que haya que ajustar en el Estado, para encaminarnos a la definitiva erradicación de la violencia sexista y machista que solo reproduce violencia y desarraigo. En esta construcción de la pospandemia en la que nos encontramos, este flagelo debe estar en agenda y ya no por los casos sino por la necesidad imperiosa y los gritos de las mujeres, especialmente del interior, donde todo llega de manera insuficiente y tardía. Debemos adelantarnos, el Estado debe llegar primero para que las violencias no ocurran, debe garantizar el acceso equitativo y comprometido de una justicia con perspectiva de género. Son los gobiernos locales en quienes debemos apoyarnos ya que son ellos los que conocen el territorio y son los municipios quienes deben contar con los recursos suficientes para atender las demandas de la comunidad que no pide más que poder vivir con sus derechos cumplidos.