¿Hay un Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito para la Ciudad de Buenos Aires?: Yo creo que no ¿Y Usted?

Por Maximiliano Rusconi

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Por algún fenómeno mágico o por lo menos metafísico, quienes se embanderan en propuestas políticas o ideológicas calificadas de centro derecha, derecha, liberales (en el peor sentido), o algo parecido a eso, tienen a su favor cierta imagen pública de que ellos sí sabrán qué hacer con la inseguridad ciudadana, de la calle, etc.

Estas expresiones ideológicas cuentan con algunos prejuicios tan instalados como mentirosos: como siempre la culpa de los delitos la tiene la escasez de pena amenazada y lo que se llama el pensamiento garantista.

Hay alguna tendencia en ciertos sectores comunitarios y casi la totalidad de los medios de comunicación masiva a ver con empatía a quienes lo primero que hacen es reclamar un aumento de pena, acordarse de las llamadas garantías de las víctimas y denostar al supuesto pensamiento garantista.

Para ellos los llamados garantistas estarían manipulando el universo para que se cometan delitos, ellos queden impunes y festejar como un logro de las garantías constitucionales que el autor de un delito (si es violento y publicitado mejor) se revele contra las normas y las crueles amenazas punitivas.

En este sentido quien quiera seguridad en serio debería votar (si su ansiedad no supera su compromiso democrático) a un candidato que se ubique bien, bien a la derecha.

Debemos decir que todo esto es más ficción que realidad.

Si le preguntáramos a los políticos y/o funcionarios de este sector ideológico sobre cuál es su propuesta en materia de seguridad y sólo les pidiéramos encarecidamente que eviten utilizar dos caminos tan superficiales como fraudulentamente demagógicos como ser: más poder y remuneración al sistema policial y aumento de las penas, las respuestas se esconderían en el silencio o en balbuceos sin ninguna trascendencia.

¿Cuál es la política pública en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, del espacio que lidera el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

¿Hay alguna política pública en materia de seguridad?

Si la hubiera, ¿cómo se mide su impacto? Antes que se entusiasmen nuestros eventuales interlocutores habría que avisarles que no vale acudir cuando conviene y coyunturalmente a las estadísticas sin más ni más: nada demuestra que una eventual baja en los homicidios, por ejemplo, no depende hoy día y protagónicamente de que, en verdad, en cuarentena los porteños se exponen menos en la vía pública y que este tranquilizador dato no se encuentra condicionado por la destreza de los planes de prevención del Ministro de Seguridad porteño.

En primer lugar, la ciencia del derecho penal (en sentido amplio) ha demostrado que los aumentos de pena tienen casi ninguna incidencia en la prevención del delito.

En segundo lugar, y gracias al funcionamiento erosionante de algunos medios masivos de comunicación de las instituciones republicanas, al llamado garantismo no le es fácil llegar a lugares en donde se desarrollan las políticas públicas (el poder).

Por el contrario, pareciera que para algunos funcionarios la seguridad y el delito son problemas de la institución policial.

En ello consiste la perspectiva mono-policial-cuantitativa: más presupuesto y facultades para la policía, más equipamiento, más personal, más presencia en las calles, etc. 

Esta visión parece pretender un diseño de ciudad binario: zonas de disfrute comunitario, de consumo, en donde la policía está allí para la custodia del vecino a la vista del resto de los vecinos de bien, y zonas de control y vigilancia donde la policía muestra su cara más amarga y donde allá custodió aquí persigue.

Normalmente este modelo se ilustra epidérmicamente: pieles ricas son custodiadas, pieles pobres son perseguidas.

Este modelo es insostenible y no muestra chances de éxito preventivo. En verdad no se trata de un verdadero plan de seguridad como política pública, sino una reproducción de los modelos selectivos que han llevado a la fragmentación social y a la crisis policial, judicial y penitenciaria.

En materia de seguridad ciudadana yo propondría, para mejorar las entendederas, cierto corte transversal, que depende de si encaramos el problema y las soluciones desde una postura simplista y superficial o compleja y comprometida.

La política de seguridad ciudadana y prevención del delito deben nacer en primer lugar de un diagnóstico certero.

Para hacer ese diagnóstico debemos cruzar varias fuentes de información.

Una fuente hoy casi no usada de modo productivo es la que genera el sistema judicial en los casos que, justamente, fracasan judicialmente, los llamados procesos con autor desconocido (NN).

Esos casos NN, dejan, sin embargo, mucha información.

Esta información, analizada en conjunto, sobre zona del hecho, características urbanísticas del lugar del episodio, nivel de violencia, tipo de daño, modus operandi del autor o de los autores, hora, sistema de desplazamiento, coordinación con otros hechos cercanos temporal y territorialmente, etc., es extremadamente útil para el diseño de políticas de prevención del delito.

Estos datos, además, deben ser cruzados con el resto de la información policial y aquella que tienen los centros barriales de modo informal, entre otras.

Todo ello permite descubrir las zonas de baja actividad comunitaria, poco iluminadas, o de difícil acceso, o lejanas a las vías de transporte público, o que tienen salida estratégica a vías de huida.

¿Alguna vez se han preguntado los genios de la prevención del delito que coquetean con las ideas de derecha qué características tienen las localizaciones urbanas puntuales de altos niveles de seguridad?: ¿luminosidad? ¿alta densidad de actividades sociales y/o culturales? ¿correcta distribución de punto de vigilancia policial? ¿buena calidad de vida social e institucional de los vecinos? ¿interacción comunal?  ¿re-colonización de los vecinos de los espacios verdes y/o lúdicos y/o deportivos? ¿gerenciamiento y promoción institucional y pública de las interrelaciones y coordinación vecinales?  ¿una correcta localización de oficinas de gestión gubernamental? 

Un plan de seguridad requiere el desarrollo de un camino crítico, como se ve, de mucha mayor complejidad que la que impera en las visiones tradicionales y tradicionalmente fracasadas.

Ya es hora que las propuestas de gobierno de mayor compromiso comunitario y social superen el complejo de inferioridad, en este tema, respecto de las propuestas de la derecha latinoamericana. 

Del otro lado del jardín no hay nada: sólo descompromiso democrático e insensibilidad comunitaria.