¿Hacia una CONADEP del LAWFARE o el ocultamiento burocrático de un pedazo de nuestra historia más dramática?

Por Maximiliano Rusconi.

He elegido un título que seguramente dispará críticas despiadadas de uno y otro sector.

Un sector, debo decir, me importa mucho y me daría tristeza que allí no se comprendiera correctamente lo que propongo en este artículo.

El otro sector, también debo decir, me importa menos.

Para los del primer sector necesito decir que no pretendo comparar como alguna vez dijo mi amigo Rafael Bielsa en un debate con Mauricio Macri, “papas con días jueves”, y comprendo perfectamente el rol histórico que ha ocupado la CONADEP en el devenir de la nuestra redignificación comunitaria. Sólo uso el ejemplo de esa comisión a la hora de buscar un camino creativo a un problema de gravedad y que no ofrece una salida visible.

Pero sugiero ir por partes.

En primer lugar creo fervientemente que la utilización de la justicia penal federal para la persecución de un sector ideológico en la Argentina entre los años 2015 y la actualidad ha lesionado de una forma dramática no sólo al Estado de Derecho (en cuanto manifestación institucional del sistema de reglas de convivencia democrática), sino también a los contenidos esenciales del sistema de garantías constitucionales y de derechos humanos (en cuanto manifestación en la piel y el alma de cada una de las personas encarceladas, perseguidas, destrozadas moralmente, separadas de su familia, amenazadas en el centro de su corazón familiar con daños insolucionables a hijos, padres, hermanos, tíos o, simplemente amigos).

No estamos hablando de detalles, ni de chicanas de defensores con estrategias criticables, ni de un reclamo basado en la idea de que quienes gobernaron antes eran los únicos buenos y entonces merecen impunidad cuando gobiernan los malos. No. Para ese diagnóstico tan real como verificable, y tan contundente como trágico, sólo hay que pararse en algún sistema de reglas que unos y otros consideren insospechados. ¿Será la Constitución Nacional de 1853/60?, ¿Será el Pacto de San José de Costa Rica? ¿Será la declaración Universal de los Derechos del Hombre? ¿O será el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Da igual, pero elijamos uno o dos (todos rigen nuestra vida comunitaria) para establecer una referencia y poder dialogar.

Todos estos instrumentos tienen la virtud de establecer un conjunto de requisitos que el Estado debe cumplir si quiere someter a un ciudadano a algo definitivamente tan grave como el riesgo de un enjaulamiento penal. No quiero parecer soberbio, pero que ESTO ES ASÍ, NO ES OPINABLE.

Nadie puede ser sometido a una pena sin una sentencia firme de condena.

Nadie puede ser condenado sin una ley previa al hecho que defina con exactitud lo que se sanciona.

Nadie puede ser llamado al proceso sin que se le defina con absoluta precisión el acto que se investiga.

Nadie puede ser indagado sin que se le muestre toda la prueba de cargo (la que lo perjudica) que existe en el proceso.

Nadie puede ser condenado sin que tenga la más amplia posibilidad de ofrecer prueba de descargo (la que lo beneficia).

A ningún imputado se le puede sugerir que cambie a su abogado defensor de confianza por un defensor oficial más amigable para el Fiscal.

Nadie puede ser sometido a proceso más de una vez por el mismo hecho.

Nadie puede ser juzgado por Jueces parciales o que tengan una opinión formada sobre la culpabilidad del imputado.

Nadie debiera pasar casi todo el proceso penal encarcelado en prisión preventiva, 3 o 4 años, años en los que la parte inmoral de la justicia penal federal aprovecha para armar prueba de dudosa legitimidad mientras nada puede hacer el sometido a ese encierro infame.

En defintiva, nadie puede ser condenado sin un debido proceso legal ni sometido a la suerte de un dictamen pericial producto de la pluma de peritos sometidos a una presión descabellada del tambièn descabellado juez federal que los obliga a mentir y a tener que sostener esa mentira en el juicio oral, ante Tribunales orales que deben cumplir mandas del Poder de turno, resida donde resida ese poder.

Nadie debiera ser condenado o procesado usando como base la declaración de otros acusados que han sido vilmente extorsionados.   

Todas estas exigencias, a no dudarlo ni por un segundo, han sido violadas, ninguneadas, dejadas de lado aquí y allá en una enorme cantidad de procesos a favor de una innoble búsqueda de poder político.

Usted, lector, me dirá: “bueno, pero para revisar todo eso está la Corte Suprema de Justicia de la Nación?  Justamente, nadie debería poder ser condenado en el marco de un sistema de administración de justicia que no garantice esa posibilidad de revisar un alejamiento de los principios fundamentales básicos. Estos casos son de aquellos que generan posibles condenas al país de la Corte del sistema de protección interamericano de los Derechos Humanos. Esas condenas son una afrenta a nuestra moralidad comunitaria ¿Hay algo que tenga mayor gravedad institucional? Yo no lo creo, pero para los integrantes del “Máximo” tribunal sólo hay gravedad institucional cuando dos o tres jueces cercanos a alguna coyuntura del poder, luego de ocupar ilegalmente cargos judiciales que no les corresponden, se quejan guiados vaya uno a saber por qué rara motivación. Allí sí la Corte ve una “gravedad institucional” y decide intervenir con una premura casi graciosa.

Pero esa misma Corte suprema ni se acerca a casos en donde todo este sistema de derechos fundamentales ha sido lesionado.

No hay nada (por lo menos bueno) que los Argentinos podemos esperar de esta Corte Suprema de justicia, por lo menos que yo pueda ver aquí y ahora.

No perdamos tiempo ni gastemos esperanzas.

Es por eso que todos, unos y otros, necesitamos que un conjunto de personas de alta calidad moral, académica, espiritual, sean convocados por el Poder ejecutivo, para alcanzar el objetivo, tan pequeño, como esencial, tan humilde como indispensable, de ayudarnos a conocer la verdad. La verdad es necesaria incluso para aquellos que hacen del escepticismo un posicionamiento inclaudicable.

Imagino una comisión compuesta por representantes de la comunidad civil organizada, en particular organismos de derechos humanos, representantes de los cultos religiosos representativos de nuestra sociedad, académicos de las Universidades Nacionales. Imagino una comisión equilibrada, honesta, un grupo de personas que en sí mismo sólo inspire respeto.

En unos pocos meses, producto del trabajo de esa comisión, con el auxilio de los especialistas que sean convocados, debemos esperar un informe que sólo nos cuente a todos la verdad.

Por culpa de un conjunto de jueces, fiscales y defensores oficiales, un grupo reducido pero muy poderoso, el poder judicial ha perdido la oportunidad de ejercer la enorme responsabilidad de contarles la verdad sobre estos procesos a los argentinos.

Sepamos la verdad, creamos en esa verdad y despues decidamos como seguir.